Las columnas políticas hoy, sábado 6 de febrero de 2021

Olga Sánchez y la sombra de Mario Marín/ Reforma

En 2007, la entonces Ministra Olga Sánchez Cordero votó en contra de un dictamen sobre Mario Marín. 

En noviembre de 2007, la Corte rechazó condenar al ex Gobernador poblano Mario Marín por la supuesta violación grave de garantías contra la periodista Lydia Cacho.

Cacho aseguró que la funcionaria votó en contra de la resolución del Ministro Silva Meza, lo cual impidió que hubiera juicio político 

Empero, de haber sido aprobado, el dictamen únicamente hubiera resultado en una declaración de la Corte. No tenía efectos penales ni podía resultar en acusaciones por algún delito contra alguna persona, aunque podría haber tenido consecuencias políticas.

El Ministro Fernando Franco, de reciente ingreso a la SCJN, se había declarado impedido para votar el asunto.

Seis de los 10 ministros restantes votaron en contra del dictamen por considerar que no existió violación grave de garantías, en el sentido generalizado y amplio del artículo 97 de la Constitución, que en esa época preveía la facultad de de investigación del máximo tribunal.

Sánchez Cordero afirmó que hubo violaciones a las garantías de Cacho, mientras que Luna Ramos consideró que pudo haberlas, y muchas.

No obstante, las dos sostuvieron que fueron violaciones que ocurren con frecuencia en los procesos penales, reparables mediante el juicio de amparo, no las violaciones extraordinarias que ameritaban una declaratoria de la Corte.

(Por lo que) El sufragio de Sánchez Cordero no fue decisivo. Incluso, si la Ministra hubiera apoyado el dictamen de Silva Meza, el presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia hubiera tenido voto de calidad para romper el empate a cinco votos. Lo anterior, según prevé el articulo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

https://www.youtube.com/watch?v=xScXrQ17sVw&feature=emb_logo

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Gobierno federal baja cartón alterado de AMLO y que no fue autorizado por monero Rapé

No autoricé publicación de cartón sobre AMLO desde cuenta de gobierno; pido “respetuosamente” que la bajen: Monero Rapé

Luego que Rafael Pineda, conocido como Monero Rapé, aclarara que no había autorizado que un cartón alterado suyo se publicara en la cuenta de Twitter del gobierno federal en donde se mostraba al presidente López Obrador vestido con un uniforme de beisbol y bateando una figura que representaba el Covid-19, el cartón modificado fue bajado de la cuenta del gobierno federal.

El dibujo fue alterado, puesto que en el original -publicado de 2018- en vez de una figura del virus, se encontraba un gráfico que mostraba a un representante de las clases altas.

Tras casi 12 horas de haberse publicado  y sin ninguna explicación o disculpa fue retirado de las cuentas oficiales del Gobierno de México.

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Exigen separar a Alcalde acosador

Activistas y colectivos feministas exigieron separar del cargo al Presidente Municipal de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada Mendoza.

Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco indicó, en un comunicado, que que planteará ante la Asamblea Electoral Estatal que Quezada Mendoza quede fuera de cualquier posibilidad de reelección, de cara a los comicios electorales de junio.

Aparte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en Jalisco instó a las autoridades a atender el caso.

"Su comportamiento (de Quezada Mendoza) denota un desconocimiento de la violencia de género y minimiza la violencia mientras justifica y normaliza la violencia del funcionario", concluyó la dependencia.

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Las columnas políticas hoy, sábado 6 de febrero de 2021

Templo Mayor/REFORMA

EL ÚLTIMO grito de la moda en este sexenio son los "criterios de oportunidad", figura legal a la que se acogió el ex director de Pemex Emilio Lozoya, en el caso de Odebrecht, y también Emilio Zebadúa con "La Estafa Maestra".

Y AHORA, hasta el empresario Alonso Ancira ya quiere subirse al tren de los "testigos protegidos" en el asunto de la planta chatarra de Agronitrogenados.

EN TEORÍA, la FGR ofrece privilegios procesales y sentencias reducidas a quienes colaboren para llevar ante la justicia a otros involucrados en los delitos de los que se les acusa pero, en la práctica, no se ve claro que ni Lozoya ni Zebadúa hayan cumplido con entregar a los "peces gordos" que prometieron.

NO POR NADA, al fiscal general Alejandro Gertz ya le apodan "El Capitán Ahab", por aquello de que se la pasa persiguiendo a una graaan ballena blanca que nomás no aparece por ningún lado.

COMPLICADA se le está poniendo la "Operación Cicatriz" al dirigente de Morena, Mario Delgado, en Baja California, donde su partido quedó partidísimo después del proceso para elegir candidata a la gubernatura.

CUENTAN que Marina del Pilar Ávila no ha podido limar asperezas con su principal rival, Arturo González, y que tampoco tiene amarrado el apoyo del gobernador Jaime Bonilla, quien no la quería como su sucesora.

ADEMÁS, el PES, franquicia electoral que a nivel federal es un satélite morenista, se les salió del huacal en esa entidad y lanzó a Jorge Hank Rhon, personaje que podría poner en aprietos a Ávila en el escenario de una elección cerrada entre ella y quien abandere a la coalición PAN-PRI-PRD.

YA SE VERÁ si a Delgado le alcanzan el tiempo y la habilidad para poner a punto a la maquinaria electoral que arrasó en esa entidad en el 2019, pero cuyo modelo 2021 nomás no carbura.

POR MÁS que en Palacio Nacional digan que en la vacunación contra el Covid-19 no hay mezquindad ni intención electoral, parece que muchos "entusiastas" de la 4T no recibieron el memorándum.

EN REDES SOCIALES, grupos de correo y mensajería se multiplican las historias de adultos mayores que han recibido llamadas telefónicas en sus casas para "registrarlos" para la inmunización y, de paso, hablarles maravillas del gobierno, del Presidente y de Morena.

LO RARO es que la Secretaría de Salud dejó bien claro que el proceso de registro es personal y sólo se puede hacer a través del sitio web creado para ese fin. Lástima que aún no hay vacuna contra la hipocresía y la simulación.

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Los tres de AMLO que no dan información

Bajo Reserva/ El Universal

Nos cuentan en el INAI que hay tres instituciones que se resisten como “gatos boca arriba” a entregar la información pública sobre la adquisición de la planta de Agronitrogenados: Pemex, obviamente, porque se ha resistido a hacer visible a todos el contrato de compra-venta que celebró en su momento. Pero los casos de Bancomext y Nafin sí que son sorprendentes, pues estos sujetos obligados de plano recurrieron al amparo para no entregar ni el mínimo detalle de los créditos y avalúos otorgados para la planta. Nos dicen que estas dos entidades financieras serían un buen ejemplo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga válida su promesa de atender los pedimentos de información en 72 horas, ¿o acaso hay excepciones a la transparencia en su gobierno?

Fraude a familias de mexicanos en el extranjero

Hay focos rojos en algunas embajadas de México en Europa como Noruega, Francia, Alemania, porque se han detectado varios casos de fraude cometidos a familias de paisanos en México. El engaño consiste en que los delincuentes roban información personal de los mexicanos en el extranjero, crean cuentas falsas o toman control de las existentes y, una vez suplantada su identidad, piden dinero a sus familias en México con el pretexto de una emergencia. Las representaciones diplomáticas han comenzado a lanzar las alertas a la comunidad mexicana en aquellas naciones para que sepan que el fraude se realiza desde Facebook, principalmente en la herramienta mensajería de esa red social: Messenger. Las autoridades en México están informadas, nos dicen, y deberán estar alertas ante el posible aumento de casos.

Sigue el recorte de organismos

a amenaza de desaparecer organismos autónomos cobró ayer por la noche una nueva víctima. Nos detallan que, como ocurrió en junio pasado —cuando el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la entonces titular, Mara Gómez Pérez, entregó su renuncia— este viernes la Secretaría de Gobernación informó que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, renunció a su cargo de “mutuo acuerdo”. Sin embargo, nos aseguran que en realidad su baja se debe al nulo respaldo presidencial sobre el Sipinna, al que el presidente López Obrador señala de hacer funciones similares a las del DIF. Con esta renuncia de quien fue el creador de la institución, este organismo se encamina a la extinción.

Señales de no cambio

Hay un lugar en Guatemala, la embajada de México en ese país, donde dan señales claras de que la relación con Estados Unidos en materia migratoria no cambiará en el corto plazo. La representación diplomática no deja de lanzar exhortos para que los migrantes procedentes del denominado "Triángulo del Norte" (Guatemala, Honduras y El Salvador) que pretendan ingresar a México, lo hagan de manera regular, con respeto a las disposiciones migratorias y a los protocolos sanitarios establecidos... es decir: Ni se acerquen.

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 Frentes Políticos/Excelsior

1. ¿Y la justicia? La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, no desestimó la posibilidad de que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pueda obtener el perdón del gobierno si es sujeto a un criterio de oportunidad y reparara el daño por 200 mdd por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados. “Si se acoge a un criterio de oportunidad sí, y si devuelve todo lo que costó esta planta”, expresó.  La funcionaria señaló que el actual Sistema de Justicia Penal Acusatorio sí le permitiría a quien se le decretó prisión preventiva en el Reclusorio Norte, tener acceso a un proceso legal que le otorgue el perdón al aceptar que fue parte de enriquecimiento ilícito. ¿Devolviendo al pueblo lo robado se salvan de pisar la cárcel por corruptos? ¿Y entonces las leyes para qué?

2. Una cosa es una cosa… La todavía embajadora de México en EU, Martha Bárcena, no considera que la buena comunicación que logró López Obrador con Trump sea un obstáculo para entablar una buena relación con Biden. La diplomática destacó que lo que consiguió López Obrador con Trump demuestra que en persona el Presidente de México es muy comprometido y empático. Señaló que, en su opinión personal, López Obrador y Biden tienen muchas cosas en común: los dos alcanzaron la Presidencia después de varios intentos, cuentan con una larga carrera política y están comprometidos con problemas que los unen. Bárcena se va de la política y la diplomacia, ¿con la satisfacción del deber cumplido? ¿O le faltó?

3. Están chavos. Justo cuando los encargados de la logística para la aplicación de vacunas debían demostrar que están capacitados, fracasaron en el intento. Y esto es imperdonable en una situación de emergencia como la que vive el país. Son tales las deficiencias de la página web para registrar a adultos mayores que recibirán la vacuna contra covid-19 que, después de su “caída” en las primeras horas de operación, los técnicos continuaban realizando correcciones, afirmó Felipe García, especialista en sistemas informáticos y redes sociales. “Se especulaba que se trataba de una pantalla fachada, para  dar la apariencia de que ya estaban haciendo el procedimiento, la realidad es que sí estaban implementando, torpemente, el sistema”, dijo. ¿No saben ni montar una página web?, no nos hagan pensar que estamos fritos.

4. Soluciones urgentes. Pasan los meses y la justicia no llega y, lo que es peor, ni siquiera se asoma. Normalistas de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopista del Sol de Palo Blanco, La Venta y la de Paso Morelos para recaudar fondos, pues aseguran que el gobierno federal realizó recortes a las normales del país. El grupo de jóvenes removió al personal que cobra y dejó el paso libre a los vehículos, pero al final de la caseta pedían una cooperación “voluntaria” de 100 pesos. Esta práctica no ha podido ser detenida por autoridad alguna, como si les pesara aplicar justicia. Aseguran que las escuelas normales recibieron un recorte del 95% en el presupuesto, lo cual los “obliga a tomar las casetas y recaudar fondos para pagar los gastos del plantel de Ayotzinapa”. El gobierno les sigue quedando a deber. ¿Algún día cicatrizará esta herida?

5. Cuentas claras. Ante los cuestionamientos, Olga Sánchez Cordero, la titular de la Segob, descartó contender en 2024 por la Presidencia de la República. La encargada de la política interna del país manifestó que no tiene interés en ocupar otro cargo acabando su actual gestión. En su lugar, dijo que prefiere alejarse de los puestos de gobierno. “Yo tengo ya muchos años y no tengo ninguna expectativa de esta naturaleza, por supuesto que no. Terminando esta responsabilidad quisiera dedicarme a estar más tiempo con mi familia”, declaró. Eso sí, aseguró que las mujeres tienen una gran posibilidad de acceder a puestos de liderazgo de gobierno en el país, incluida la Presidencia de la República. A más de tres años de la decisión, comienzan los descartes, ¿tan temprano?

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 De la “fiscalía que sirva” a la Fiscalía de Gertz/Salvador García Soto

De un plumazo, Gertz Manero propone desaparecer lo que se creó como contrapeso y equilibrio al poder del fiscal

El Universal, 06/02/2021;

Con apenas dos años en el cargo y sin haber hecho siquiera el esfuerzo por implementar el nuevo modelo institucional con el que se creó la Fiscalía General de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero se propone desmantelar, desaparecer y cancelar la mayoría de los cambios y avances que propusieron especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que participaron en el diseño de la “Fiscalía que Sirva” y, con su iniciativa para una nueva Ley Orgánica de la FGR que presentó al Senado, propone volver a una fiscalía vertical y en la que el titular tenga el control absoluto de las decisiones y elimine equilibrios, transparencia y contrapesos ciudadanos.

La propuesta de ley presentada por Gertz y que se disponen a discutir los senadores en este proceso, ha encendido las alarmas de juristas, expertos y sociedad civil, que ven en la iniciativa para modificar el actual modelo de la Fiscalía, una amenaza de regresión a las épocas de la desaparecida PGR, cuando ni siquiera se logró concretar la transición entre la antigua Procuraduría y la nueva Fiscalía General de la República. Incluso dentro del gabinete del presidente López Obrador, hay un grupo de funcionarios de áreas jurídicas y de seguridad, que no están de acuerdo con las reformas que pretende el fiscal y están operando para que su iniciativa no sea aprobada por la mayoría de Morena.

Y es que, de un plumazo, Gertz Manero propone en su iniciativa de Ley Orgánica desaparecer el Consejo Ciudadano de la FGR, creado para ser un contrapeso y equilibrio al poder del fiscal, elimina la facultad de crear Grupos interdisciplinarios con expertos internacionales para coadyuvar en investigaciones de casos de alto perfil, como ocurrió con el GEI en el Caso Ayotzinapa; desaparece también la Fiscalía Especial para la Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevintra) y plantea también eliminar las instancias y obligaciones de transparencia que hoy tiene la FGR.

Gertz quiere que el fiscal concentre todas las decisiones que se tomen en la Fiscalía y para ello en su propuesta le resta la autonomía que hoy tienen la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), elimina la presencia ciudadana y las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas las reduce, con lo que, en los hechos, desmantela y desecha el modelo institucional con el que se diseñó entre 2017 y 2018 y con el que nació la nueva Fiscalía General de la República.

Es como si, en esencia, con las reformas que discutirá el Senado, retrocediéramos a la antigua PGR, cuando ni siquiera se hizo el esfuerzo, en estos dos años que lleva el fiscal Gertz, por implementar todos los cambios que proponía la ley para tener una fiscalía moderna, con capacidad de investigar los delitos y procurar justicia, con un servicio civil de carrera que la distinguiera de la antigua procuraduría y le diera capacidades técnicas y científicas en la actuación del Ministerio Público.

La propuesta de Ley Orgánica de la FGR no sólo es cuestionada por integrantes de la sociedad civil y expertos en derecho y procuración de justicia que alertan sobre el retroceso que se causaría en un tema prioritario y urgente para la sociedad mexicana, como es el acceso a la justicia, hay también integrantes del gabinete como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que han expresado, en reuniones internas con el presidente López Obrador, serias dudas sobre lo que propone el fiscal Alejandro Gertz, e incluso algunos de esos funcionarios se aprestan para participar en un ejercicio de Parlamento Abierto en el Senado, para manifestar su desacuerdo con la iniciativa de ley y los riesgos que representa.

Veremos cómo el tema es procesado por la mayoría de Morena en el Senado, que encabeza el líder Ricardo Monreal, y qué tanto se escuchan las voces que alertan de un retroceso, no sólo las de la sociedad civil sino también las que vienen del interior de la 4T, en donde hay mucha inconformidad y molestia por la poca efectividad que hasta ahora ha mostrado la Fiscalía General de la República a la que se le acumulan las denuncias sobre delitos de corrupción y otros, sin que se vean avances en las investigaciones y la judicialización de expedientes, como los del Caso Lozoya y Odebrecht, que se mueven “a paso de tortuga” bajo la gestión de Gertz Manero.

NOTAS INDISCRETAS…

A propósito de la lentitud con la que avanzan los casos en la FGR. En Palacio Nacional les llamó mucho la atención que en el único expediente que ha judicializado del caso Odebrecht y Lozoya, el del ex senador panista Jorge Lavalle, acusado de recibir sobornos de Emilio Lozoya para votar a favor de la Reforma Energética de Peña Nieto, la Fiscalía haya pedido “posponer” la audiencia judicial en la que debía comparecer el exlegislador campechano. De 70 personajes mencionados y más de 7 denuncias ya  presentadas por la Secretaría de Hacienda y la UIF contra igual número de personajes, el único caso que había avanzado, el de Lavalle, ¿se pospone sin una razón clara? Eso ha hecho que surjan versiones que se comentan tanto en el gabinete, como en el Senado, de que el fiscal Gertz Manero habría hecho un “pacto” con la bancada del PAN para que votaran a favor de su iniciativa de Ley Orgánica a cambio de alargar y posponer las denuncias ya presentadas, pero aún no judicializadas por la FGR, en contra de varios panistas encumbrados. ¿Pues no que ya habían terminado los tiempos de la politización de la justicia y de la judicialización de la política?...A propósito de panistas, el que ya siente que le llega el agua a los aparejos es el exsenador Roberto Gil Zuarth, las denuncias que presentó en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos actos de corrupción, ante la investigación de sus manejos financieros y una serie de transferencias y gastos millonarios que no corresponden a sus ingresos fiscales de los últimos años. Qué tan avanzado irá el tema en la Fiscalía Anticorrupción que esta semana Gil Zuarth ya sintió los efectos de la inminente judicialización de su caso, primero con la decisión del PAN de eliminarlo de sus listas de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados, donde ya tenía un lugar pero se lo quitaron de último momento por aquello de que lo acusen formalmente y le abran un proceso, y segundo ante la decisión que él mismo tomó de renunciar al cargo de Secretario Técnico de la Alianza Federalista de Gobernadores que en un principio había aceptado pero del que se retiró esta semana, como para desligarse del bloque crítico de los mandatarios opositores. Roberto Gil es abogado y tiene su propio despacho en donde, además de operar asuntos políticos –muchos de ellos contra la 4T—también litiga, así que ahora tendrá que litigar pero para defenderse a sí mismo…Y hablando de Pluris, las listas del PRI y del PAN para las diputaciones de representación proporcional levantaron muchas cejas y dudas de sí con los mismos rostros y nombres de siempre, los dos partidos principales de la oposición realmente piensan que podrán combatir con éxito a Morena y a López Obrador en las elecciones del 6 de julio. Demasiados “cartuchos quemados” los que llevan los panistas y priistas a una batalla en la que claramente están en desventaja ante el aparato político oficial que se mueve a favor del morenismo. Pero de las dos listas, la blanquiazul y la tricolor, la que más revuelo levantó fue la del PRI. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente, no sólo se despacho con su propia candidatura pluri, que ahora le permiten los estatutos que él mismo ordenó reformar, para poder ser al mismo tiempo dirigente nacional y diputado, sino que además entregó las posiciones más importantes en las 5 circunscripciones a su aliado José Murat, con nombres como el de Eduardo Murat y Guadalupe Alcántar, por no mencionar la reelección pluri de Rubén Moreira y la candidatura de su esposa, Carolina Viggiano. Casi apenas algunos priistas mexiquenses, que también son aliados de “Alito”, alcanzaron buenos lugares en las listas, además del hijo de Emilio Gamboa, Pablo Gamboa. Adentro del PRI ya hay una especie de revuelta porque denuncian un “agandalle” del grupo que controla al partido y ya incluso hubo renuncias como la del dirigente del PRI en Colima, José Manuel Romero, que a pesar de que se creía parte del grupo de Moreno Cárdenas, lo dejaron fuera de las listas, por lo que le aventó la dirigencia estatal y se regresó a sus negocios como empresario. “Ese PRI habla de nadie. El PAN sí hizo un esfuerzo de inclusión, el PRI se repartió su miseria. Los panistas nacieron en la oposición y saben construir desde ahí, acá en el priismo es complicidad, antes de capacidad”, comentó a esta columna un exdirigente nacional del viejo partido. Ayer ya había priistas que pedían la renuncia de Moreno Cárdenas, aunque es muy probable que, como siempre pasa en el PRI, no termine pasando nada y los cuates se queden con sus cuotas… Los dados mandan Escalera doble. Buena semana. 

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 “¿Quién nos salva de los salvadores?”

Arsenal/FRANCISCO GARFIAS

Excelsior, 06 de Febrero de 2021

Me llamó poderosamente la atención un artículo publicado ayer en la página del NYT, versión en español, sobre líderes políticos de América Latina que ascendieron al poder debido al hartazgo social.

El autor del texto, Juan Fonseca, puso ejemplos: Jair Bolsonaro, Brasil; Nicolás Maduro, Venezuela; Daniel Ortega, Nicaragua; y Andrés Manuel López Obrador, México.

El artículo, titulado Adiós a los cínicos, dice que estos mandatarios  han traicionado la confianza de su pueblo y han actuado con cinismo durante la crisis sanitaria.

Agrega que quitamos a los gobiernos anteriores porque nos hundían, afirma que las oposiciones en esos países son flacas y pregunta: “¿Quién nos salva de los salvadores?”.

Me detuve en lo que escribió sobre el presidente mexicano y su “zar anticovid”, Hugo López-Gatell. Ambos, asegura, se niegan a admitir el fracaso de su respuesta ante el virus.

“Desestimaron la severidad de la crisis y pronosticaron repetidamente el fin de la progresión de la enfermedad, sólo para ser desmentidos, una y otra vez, por un número ascendente de enfermos y muertes”, dice.

Concluye que no es casual que Brasil y México sean dos de las tres naciones con más muertes por la pandemia. “Se explica por ignorancia, improvisación y, en el fondo, cinismo”, remata.

*En México, las estadísticas sobre la pandemia hablan. Dicen mucho más que las mañaneras. Ocupamos el tercer lugar en muertes totales, con 164,290.

Tenemos una letalidad de 8.6 por ciento, mientras que el promedio mundial es de 2.3 por ciento.

Somos el primer lugar en defunciones de personal sanitario: cabús en apoyos al sector productivo para cuidar empleos y el ingreso familiar.

En el tema de las vacunas estamos en el limbo. El último censo del Inegi dice que somos 126 millones de mexicanos. Sólo el 0.52 por ciento de la población ha podido inocularse (alrededor de 700 mil personas).

En el video que el Presidente grabó el pasado jueves para mostrar que ya salió de su enfermedad por covid, dijo que la semana que entra llegarán más vacunas.

Nada más incierto. Nos enteramos ese día del retraso de la llegada de la famosa Sputnik V. No se ha logrado cerrar el acuerdo. Le van a hacer unas “enmiendas”.

Ni siquiera López-Gatell se ha atrevido a pronosticar si la vacuna rusa llegará antes que la interrumpida de Pfizer, que promete reanudar el 15 de febrero. “Hay que hacer una quiniela, no lo sabemos”, dijo con desparpajo.

Hoy nos anuncia el canciller Marcelo Ebrard que ya se solicitó a Cofepris la autorización de uso de emergencia de la vacuna CanSino, aplicada con éxito a 14,425 voluntarios en México desde octubre de 2020. “Es de una sola dosis”, presumió.

¿Cuándo llega a México? Hay que hacer otra quiniela. 

Del mal manejo de la pandemia hablamos ayer con el exsecretario de Salud, Salomón Chertorivski. Nos dijo textual:

“El punto de partida está en la incapacidad de corregir, recapacitar, pivotear, cuando se tuvo y se tienen nuevas evidencias científicas, mejores prácticas. Seguir con lo mismo es el punto central del fracaso absoluto de la gestión de la pandemia”.

 *Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización que ha ayudado a visualizar casos como la Estafa Maestra, las empresas fantasma de Javier Duarte, Odebrecht y Paradise Papers.

Ni el espionaje ni las auditorías ni el acoso sufrido en esos años la detuvo. 

Hoy sufre una nueva embestida. Leí ayer en la nota principal de la Jornada, diario cercano a la 4T, que Mexicanos contra la Corrupción está en evasión fiscal y usan empresas fantasmas. Citan como fuente al SAT.

Casi simultáneamente llegó a mi correo un desmentido de MCCI:

“Se ha activado una campaña, a través de voceros y espacios informativos afines al gobierno federal, que pretende establecer que el SAT investiga o acusa a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de irregularidades fiscales. No es el caso. Campañas de este tipo buscan distorsionar o manipular hechos o declaraciones de funcionarios y actores públicos, para generar corrientes de opinión adversas a organizaciones de la sociedad civil o simplemente para acosar a quienes consideran adversarios. Todo ello, por desgracia, a costa de la verdad.

“MCCI conduce sus investigaciones, su actividad y sus finanzas con estricto apego a la legalidad, bajo criterios de transparencia y con apertura permanente a las revisiones de la autoridad, particularmente del SAT, que hasta el día de ayer, 4 de febrero de 2021, emitió su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, en relación con la situación fiscal”.

Sin comentarios.##

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 ¿Puede el PAN enfrentar a Morena?

Retrovisor/IVONNE MELGAR

Excelsior.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, decidió sumar sus canicas con las de Alejandro Moreno, del PRI, y Los Chuchos Zambrano y Ortega, del PRD, bajo la expectativa de sobrevivir al poderoso y popular presidente López Obrador

Eso de que la pandemia nos hizo resilientes no aplica a un PAN que sólo aspira a sobrevivir. Por eso a la hora de las candidaturas se impusieron los de siempre: gobernadores, alcaldes y dirigentes que vienen administrando lo que quedó de aquel partido después de 2018.

El excandidato Ricardo Anaya se replegó desde entonces y ahora dice que construirá una opción. Veremos si lo consigue al margen de la resistencia electoral que, en 2021, terminará por fortalecer a los gobernadores mejor calificados: Mauricio Vila, en Yucatán, y Diego Sinhue Rodríguez, en Guanajuato.

Así que el dirigente del PAN, Marko Cortés, decidió sumar sus canicas con las de Alejandro Moreno, del PRI, y Los Chuchos Zambrano y Ortega, del PRD, bajo la expectativa de sobrevivir al poderoso y popular presidente López Obrador, quien ha masificado la satanización del pasado a cambio de la esperanza en un mejor porvenir. Y desde el pragmatismo opositor se concretó la candidatura a diputada federal de Margarita Zavala, con el voto unánime de los 62 de la Comisión Permanente del PAN, incluido Ricardo Anaya. Esa es la apuesta empresarial y partidista de Sí por México: aglutinar a los perdedores y resistir, con el expresidente Felipe Calderón a bordo, el personaje del pasado al que la 4T no ha logrado descarrillar con expedientes mediáticos.

¿Podía la oposición reinventarse? Suena imposible cuando la disputa se encuentra centrada en un presidente cuyo triunfo se sustentó en el reciclaje de la vieja clase política y en la cooptación de caciques locales. Más imposible cuando esa dinámica se ha reactivado hacia el 6 de junio que, en el caso de la renovación de la Cámara de Diputados, se resume en un dilema para el elector: darle o no más poder a López Obrador en su proyecto de ir concentrando atribuciones y recursos para alinear a ministros, magistrados, jueces, legisladores, gobernadores, partidos, organismos autónomos y prescindir, como hasta ahora, de la sociedad civil organizada, el diálogo político, el consenso y los acuerdos.

Y el arrastre del mandatario es tal que no necesita pedir apoyo. Gremios y factores de poder desplazados, como el SNTE y su vertiente partidista Nueva Alianza, se ofrecen de aliados y de satélites. Es el caso del PES, Fuerza por México, de Pedro Haces, con influencia en organizaciones sindicales, y Redes Sociales Progresistas (RPS), de los herederos de Elba Esther Gordillo. Con matices, los tres aspiran convertirse en alfiles del presidente.

Y no sólo las encuestas reportan lo bien posicionada que está la marca Morena. También el chapulineo de diputados del PES y de Movimiento Ciudadano confirma que la expectativa del poder gravita alrededor de López Obrador, quien sigue purificando trayectorias.

Así que los supuestos impresentables de la oposición se vuelven indispensables para la 4T, como lo demostró el paso del exdiputado del PRD, Julio César Moreno, a Morena.

Es tan dispareja la disputa de las reputaciones que mientras ese cacique de la alcaldía Venustiano Carranza fue recibido con honores por Mario Delgado, otro perredista del mismo corte, Leonel Luna, alguna vez con dominio en Álvaro Obregón, se convirtió en blanco de descalificaciones de la alianza por su candidatura panista a diputado en Cuajimalpa.

La cosa es que los políticos de siempre, con negocios paralelos —inmobiliarias, notarías, despachos, constructoras—, siguen ahí, reciclándose, principalmente en Morena, donde Carlos Lomelí, señalado por Función Pública por sus negocios farmacéuticos, va de candidato a la alcaldía de Guadalajara. Y donde prefieren a los priistas por encima de sus militantes, como en Nuevo León, con Clara Luz Flores a la gubernatura.

Nada de caras nuevas. Quieren garantizar votos con gente probada. Y en la oposición hacen lo propio con sus respectivos fontaneros electorales. De manera que la puja que viene se trata de reciclados que se purificaron en la 4T, contra reciclados que todavía resisten como opositores.

Aunque sus convicciones son de plastilina. Vean al senador Víctor Fuentes que, al perder la candidatura del PAN en Nuevo León, se prepara para un reciclamiento morenista. Es una resistencia volátil en una elección sin propuestas, porque todo se resume a ser parte de la hegemonía presidencial o desafiarla. Y, en los hechos, sólo el PAN se ha mantenido firme.

Ahora va en una resistencia coaligada que, según susurros de panistas que rechazaban la alianza, durará poco porque los sobrevivientes del PRI terminarán entregándose a López Obrador, con sus gobernadores.

Para colmo de sus males, en un triunfo discursivo más del Presidente, al PAN le reclaman —intelectuales, comunicadores y ciudadanos de lo políticamente correcto— una pureza política que Morena no tiene y que, por lo visto, tampoco necesita.

Así que, con todo en contra, los panistas van a las urnas como el único logo que preocupa al presidente López Obrador, en tanto es el único que por sus antecedentes de resistencia puede abanderarla.

Porque todos los demás partidos ya fueron o son potencialmente suyos.

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“Alojamiento” de migrantes y solicitantes de asilo ante la SCJN/Santiago Corcuera Cabezut

El Universal, 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, emitió en mayo del año pasado, su 11ª deliberación general, sobre la privación arbitraria de la libertad en el contexto de la emergencia de salud pública. 

El capítulo VIII de esta deliberación se refiere a la detención en el contexto de la migración.

Indica, que “la detención en el contexto de la migración sólo se permite como medida excepcional y de último recurso, lo cual es un umbral particularmente elevado a ser satisfecho en el contexto de una pandemia u otra emergencia de salud pública.”

Además reitera que “las personas solicitantes de asilo no deberán ser detenidas en lugares de privación de la libertad durante su procedimiento de determinación de su estatus de refugiado. Las autoridades del Estado receptor deben proteger a los refugiados y no detenerlos.” 

En México esta obligación internacional se viola de manera recurrente, reiterada y sistemática, lo cual se debe, no solamente a una política pública, sino a una base legal inconstitucional y contraria a las normas internacionales en la materia.

En efecto, el artículo 99 de la Ley de Migración establece que las personas extranjeras deben presentarse en las estaciones migratorias en tanto se determina su situación migratoria. La ley utiliza el ridículo término de “alojamiento temporal” para referirse a lo que, de hecho, constituye un vil encarcelamiento: “la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante el cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.” 

Ante la falta de un mecanismo adecuado de control de la detención, existe el riesgo que, una persona solicitante de asilo sea privada de su libertad de manera automática y pueda estarlo durante todo el tiempo que dure el procedimiento ante la COMAR. 

Igualmente, si una persona migrante interpone recurso en contra de su deportación, permanecerá privada de su libertad durante todo el tiempo que dure el procedimiento.

Esto puede implicar que las personas solicitantes opten por el desistimiento de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y su consecuente deportación a países en donde corre peligro, violándose así el principio de no devolución. 

La SCJN, tiene en sus manos un caso, promovido por la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, en representación de una persona refugiada, precisamente alegando estas cuestiones.

Se refiere a una persona venezolana solicitante de asilo (hoy ya reconocida como persona refugiada), que fue privada de su libertad; sin embargo, con la asistencia de la clínica de la Ibero, promovió un amparo, en el que afortunadamente, el juez ordenó que la persona fuera puesta en libertad en tanto se determinaba su condición de refugiado.. Vergonzosamente, las autoridades mexicanas impugnaron dicha decisión judicial, a través del recurso de revisión, por lo que el caso llegó a la SCJN para su decisión final.

Sobre este caso, puedo consultarse el excelente artículo de Luis Xavier Carrancá, defensor de la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y de Jorge Iván Mercado, alumno voluntario de la misma Clínica. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=12551

Además, la primera sala de la Suprema Corte ha atraído otro caso de un menor no acompañado, (Yerik David “F”) que resulta particularmente relevante, por tratarse de un niño, y porque las autoridades mexicanas no cumplieron con las medidas de protección que establecen las normas internacionales en la materia.

Estaremos muy pendientes de que la SCJN cumpla con su obligación de aplicar las normas conforme a estándares internacionales y brindando la protección más amplia a las personas migrantes y solicitantes de asilo. 

Profesor de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

@CORCUERAS

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Muertes Covid: 10% no fue al hospital, murió en casa, ambulancias, la calle…/Juan Pablo Becerra-Acosta M.

¿Qué pasó para esas 11 mil 409 personas que no fueron a un hospital para que sus seres queridos fueran atendidos?

El Universal 06/02/2021 ;

Entre enero y agosto del año pasado, 108 mil 658 personas fallecieron en todo el país por la enfermedad Covid-19, de acuerdo a la información contenida en más 670 mil certificados de defunción revisados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En realidad se trata de quienes murieron entre el 18 de marzo y el 31 de agosto, ya que esa es la fecha (18 de marzo) en la cual, según el gobierno federal, falleció en México la primera persona a causa del virus SARS-CoV-2.

Solicité al Inegi la información de cuántas personas, entre de toda esa gente, fallecieron fuera de un hospital, y resulta que la cifra es considerable: diez de cada cien personas (el 10.5%) que murieron por Covid en ese periodo, NO perecieron en un hospital.

Se trata de 11 mil 409 personas que, contagiadas, murieron en sus casas, en ambulancias, en la calle, en un coche particular, en el transporte público, pero no en un hospital, de acuerdo a datos provisionales del INEGI, que dará a conocer hasta octubre de este año las cifras definitivas de los muertos Covid durante 2020.

¿Qué pasó en el seno de las familias de esas 11 mil 409 personas, que no fueron a un hospital para que sus seres queridos fueran atendidos? ¿Qué sucedió? No he encontrado respuestas, solo tengo preguntas, porque es muy difícil creer que el virus haya inoculado una especie de actitud suicida en amplios sectores de la población. Tampoco resulta verosímil que la fe religiosa haya provocado una fatal resignación colectiva.

¿O sí sucedió eso?

En una enfermedad tan despiadada como la Covid-19, que empieza a asfixiar a la gente que está grave, que comienza a obstruir el trabajo de los pulmones para generar oxígeno, cuesta trabajo pensar que tanta gente decidió observar morir lentamente a sus seres más amados, sin hacer nada, como si se tratara de una inobjetable tortura impuesta por Dios.

¿Miles de personas observaban sin aire a sus padres, madres, abuelos, hermanos, hijos, y no hacían nada? No supimos que hubiera escasez de tanques de oxígeno en ese tiempo (marzo-agosto del 2020). Entonces, ¿ahí se se quedaban cientos y miles de personas pasmadas, viendo sufrir angustias y pánico a los suyos, presas todos de una especie de histeria colectiva paralizante?

Lo dudo. Todavía hay muchas cosas por indagar acerca de lo ocurrido en esta pandemia.

¿Toda esa gente tenía miedo de llevar a sus familiares a un hospital? ¿Creían que si los internaban, fatalmente iban a morir ahí? Hemos visto casos así en reportajes, pero, ¿tanta gente? ¿Creían que ir a un hospital era una sentencia de muerte segura para sus parientes?

¿O tuvo algo que ver lo que se decía al inicio de la pandemia, en las conferencias de prensa vespertinas, eso de que no había que ir a saturar los hospitales innecesariamente, que solo fueran quienes ya tuvieran dificultades para respirar y fiebre considerable, y que los demás se quedaran en casa? ¿Por eso mucha gente tardó demasiado en pedir una ambulancia, dilató más de lo debido en subir a su coche para trasladar a sus seres queridos?

¿O en realidad había más saturación en los hospitales de la que se nos decía cada tarde, por ejemplo durante mayo y junio, en aquellos picos de contagios y muertes, y mucha gente intentó infructuosamente que atendieran a sus familiares, como vimos en algunas historias periodísticas? ¿Acaso cientos y miles de personas resignadas volvieron a sus casas, como también vimos en varias crónicas, luego de no poder entrar a un hospital?

En el mismo periodo (enero-agosto del 2020), el 80.8% de quienes murieron de enfermedades del corazón fallecieron fuera de un hospital, según el Inegi. Se entiende, se trató de infartos fulminantes la hora que fuera y donde fuera. Lo que no se explica es lo sucedido con tanta gente que, padeciendo el lento ataque del virus, murió lejos de las manos de médicos y enfermeras. ¿O usted sí cree saber qué pasó?

Habrá que indagar qué ocurrió con tanta gente enferma de la Covid que murió lejos de un hospital, porque seguramente, con lo sucedido en noviembre, diciembre, y ahora en enero y febrero, con la saturación de hospitales y tanta gente en casa con tanques de oxígeno, ese porcentaje del 10% se va a disparar. Veremos…

jp.becerra.acosta.m@gmail.com

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El Plan B si todo falla/Jorge Ramos Ávalos

en REFORMA, 06 Feb. 2021

Eran las cinco de la mañana del 20 de enero del 2021 y Joe Biden y Kamala Harris todavía no tomaban posesión como Presidente y vicepresidenta de Estados Unidos. Pero la nueva Casa Blanca ya había publicado un ambicioso plan de reforma migratoria. Así Biden cumplía su promesa de enviar al Congreso, dentro de sus primeros 100 días como Presidente, una propuesta para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales son mexicanos.

El temor es que esta puede ser otra burbuja que nos reviente en la cara. Esto ya lo hemos visto muchas veces y es una historia de fracasos.

La nueva propuesta de Biden incluye la residencia permanente (o green card) a los cinco años para los indocumentados que hayan pagado impuestos y no tengan antecedentes criminales. Y tres años después, si hablan inglés y cumplen otras condiciones, se podrían convertir en ciudadanos de Estados Unidos. "Es lo más amplio que yo he visto en todos mis años intentando lograr una reforma migratoria", me dijo en una entrevista el senador Bob Menéndez, quien va a patrocinar en el Senado el plan del presidente Biden. "Yo espero que en las próximas dos o tres semanas podamos presentar la propuesta legislativa".

Ahí es cuando todas las esperanzas pueden explotar.

La propuesta debe pasar en la Cámara de Representantes, que tiene una clara mayoría demócrata. Pero las arcaicas reglas del Senado requieren el apoyo de 60 senadores para terminar un debate e ir a votación. Y los demócratas -que solo son 50 en el Senado- no tienen esos votos. En un país tan dividido y en medio de una pandemia, resulta casi imposible que 10 republicanos quieran ayudar a los demócratas en un tema tan polémico.

Entonces ¿qué se puede hacer? Un Plan B.

"Actualmente los demócratas tienen una muy pequeña ventaja", me dijo Frank Sharry, el fundador y director ejecutivo de America's Voice. "Hay que ser realistas. El Partido Republicano es el partido de Trump, del poder, de la plutocracia y del racismo... Los demócratas tendrán que hacerlo solos si quieren producir cambios que cambien vidas". Sharry ha luchado durante décadas por una reforma migratoria integral, tal y como propone el presidente Biden. Pero si políticamente no se puede conseguir ahora, él cree que hay que cambiar de estrategia y darles otra victoria, aunque sea parcial, a los latinos.

"Estamos totalmente comprometidos con un camino a la ciudadanía para los 11 millones", me escribió en un correo electrónico Lorella Praeli, presidenta de la organización Community Change Action y quien comenzó su carrera como activista indocumentada en Connecticut. "Pero estamos dejando atrás la estrategia del todo o nada que no funcionó en el pasado... Ahora lo que parece más realista es utilizar un proceso de reconciliación presupuestaria para legalizar a la mayor cantidad de gente posible, incluyendo a trabajadores esenciales, dreamers, gente con protección temporal (TPS) y campesinos. Creemos que el paquete económico que se podría aprobar esta primavera es la mejor manera de hacerlo".

Esta es una estrategia similar a la que culminó en el 2012 con el programa conocido como DACA, que protege a unos 700 mil jóvenes de la deportación y les permite trabajar.

Ahora el Plan B de inmigración busca lo mismo: legalizar o proteger a la mayor cantidad posible de inmigrantes mientras se encuentran los votos necesarios en el Congreso. Millones de mexicanos se beneficiarían. No es lo ideal pero es lo que hay.

En esta pandemia ha quedado demostrado el valor de los inmigrantes, desde sus contribuciones a la ciencia y el cuidado de los enfermos de Covid-19 hasta en las peligrosas labores de limpieza. Son "esenciales" para unas cosas pero no a la hora de legalizarlos. Y muchos, incluyendo a los dreamers, en realidad son estadounidenses pero no tienen un papel para demostrarlo. Por eso urge protegerlos.

No hay que darse por vencidos antes de empezar. La primera opción debe ser el tratar de conseguir los 60 votos en el Senado para legalizar a los 11 millones. Pero si no hay apoyo en el Congreso a corto plazo, entonces hay que probar nuevas ideas y hacerlo en partes. Como dice un conocido refrán latinoamericano: poco a poquito se llena el jarrito.

@jorgeramosnews

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Al asalto/ Jorge Volpi

Al día de hoy, entre 7 y 9 de cada 10 votantes republicanos siguen creyendo en el fraude electoral

REFORMA, 06 Feb. 2021

Pirómanos en el cuerpo de bomberos. Aunque el asalto al Capitolio pueda parecer un acontecimiento menor si se le compara con otros más espectaculares o estruendosos -apenas un puñado de muertos frente a los miles del atentado contra las Torres Gemelas-, en realidad concentra los mayores conflictos de nuestro tiempo. Si el 11-S señaló la vulnerabilidad de la primera potencia mundial frente a un pequeño grupo de terroristas, el 6-E revela tanto la profunda debilidad de la democracia como las tensiones provocadas en una sociedad que ha cedido el espacio público -y la difusión del conocimiento y la información- a gigantescas corporaciones privadas.

¿Cómo es posible que una turba enloquecida, formada por toda suerte de resentidos y creyentes en las más absurdas teorías de la conspiración, haya logrado irrumpir en el mayor símbolo de la democracia en el planeta? ¿Cómo es posible que se haya abierto paso hasta el Congreso y el Senado estadounidenses, que haya profanado sus emblemas y haya puesto en peligro la vida de sus miembros? La asonada no puede explicarse como un error de coordinación policiaca o como producto de un descuido de seguridad nacional: se trata, más bien, de la exitosa culminación de un largo proceso de radicalización.

Trump fue, sin duda alguna, su instigador, pero no solo en las horas o en las semana previas, durante las cuales no dejó de insistir en que había sido despojado de la victoria por un burdo fraude electoral, sino en los largos años en los que tanto él como sus seguidores -y sus predecesores, por ejemplo en el Tea Party- se dieron a la tarea de construir una realidad alternativa que terminó por ser abrazada por millones. Si el mecanismo de sugestión de masas no es novedoso -el nazismo o el estalinismo y sus maquinarias de propaganda fueron ejemplares-, su exacerbación en una época donde la información fluye de manera más veloz que nunca lo vuelve aún más eficaz y poderoso.

Desde hace décadas, los sectores más reaccionarios de Estados Unidos se dieron a la tarea de crear una narrativa que se opusiera a aquella enarbolada por los sectores liberales: la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI no serían, así, una era en la que los derechos humanos lograron expandirse y en los que la desigualdad se combatió por todos los medios, particularmente a través del lenguaje, sino un tiempo de degradación en el que unos pocos -las minorías- se aprovecharon de estas herramientas para desplazar y arrinconar a los verdaderos dueños de la nación: la población blanca que fundó y controló Estados Unidos por decenios.

Pero solo en una sociedad que cedió por completo la vida pública a unos cuantos actores tecnológicos -Google, Facebook, Twitter, etcétera- podía haberse instaurado con tal rapidez la idea de un fraude masivo que, al arrancarle el triunfo a Trump, acentuaba el despojo sufrido por los blancos a lo largo de este periodo. Como ha escrito Shoshana Zuboff, a todas estas compañías lo único que les interesa es aumentar el flujo de información que les permite apoderarse de nuestros datos personales -nuestra riqueza que se convierte en suya-, sin importarles si esa información es verdadera o falsa. Así fue como permitieron, durante estos cuatro años, y en especial durante las últimas semanas, que millones fueran infectados por el virus trumpiano: al día de hoy, entre 7 y 9 de cada 10 votantes republicanos siguen creyendo en el fraude electoral. La repentina decisión de bloquear a Trump resulta, por ello, tan cínica: las mismas empresas que permitieron e impulsaron la difusión de esta realidad alternativa -de la Gran Mentira- de pronto decidieron bloquearla. Ya lo sabemos: tapar el pozo... O, más bien, ocultar el sol...

La toma del Capitolio debería ser, sobre todo, una advertencia: mientras sigamos permitiendo que nuestras vidas -y datos- financien a estas empresas, privatizando en todos los sentidos el espacio público, la posibilidad de que otros líderes autoritarios infecten con sus grandes mentiras a millones -y destruyan para siempre a la democracia- es inminente.

@jvolpi