Ayotzinapa el encubrimiento; Peniley Ramírez

 Alejandro Encinas @A_Encinas_R

Solicito a la @FGRMexico  que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración. ( publicada por Peniley Ramírez en Reforma)

12:01 p. m. · 24 sept. 2022

Ante la publicación de información del documento testado, Encinas condenó la “lamentable filtración” de la información entregada a la FGR por la Comisión de Ayotzinapa.  

“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

El mensaje es a la columna de Peniley Ramírez y la nota de Guadalupe Irizar:

Ayotzinapa el encubrimiento

LINOTIPIA / Peniley Ramírez

en REFORMA,  24 de septiembre de 2022

Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo.

A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente. Disolvieron a cinco. A los demás los cortaron en trozos, con machetes, y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe.

Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, seis jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron días después, por órdenes del entonces coronel del Ejército José Rodríguez.

La decisión de matar a los normalistas se tomó en la noche del 26. Los criminales creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería a ningún estudiante vivo. "Los nacos hicieron enojar a mi papá. Dijo que recuperaran la mercancía y que los chingaran a todos. Nunca vi a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar", escribió la hija de Abarca a una amiga.

Días después, el escándalo por la desaparición de los estudiantes crecía. Abarca avisó a sus contactos en el Ejército que Tomás Zerón, enviado por Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y que luego lo sacarían del país.

A partir del 29 de septiembre, comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre, seguían desenterrando y moviendo cuerpos.

Han pasado ocho años. Hace unas semanas, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública, donde está testada casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes.

Obtuve una copia de ese informe, sin testar. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana, que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país.

El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre.

Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios dónde buscar los restos.

La Comisión cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de sus restos al campo militar, días, semanas y meses después de los asesinatos.

La defensa de Zerón me dijo que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto, no negoció con él, ni le ofreció nada. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La fuente que me compartió el documento me dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas.

Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Ayotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos casi nada.

@penileyramirez

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Revelan: Peña Nieto propuso a Abarca sacarlo de México

Peniley Ramírez y Guadalupe Irízar

Reforma, Cd. de México (24 septiembre 2022).- Días después del asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, criminales junto a miembros de los Gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, montaron una operación para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería, según un informe sin testar de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa de la Presidencia, cuya copia obtuvo REFORMA.

"Se van a llevar los cuerpos de aquí para manipular a sus anchas", escribió una persona, que el informe identifica como el ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

"Aquí no se va a poder hacer mucho por temas de familiares, prensa" (sic), dice el documento donde se revela además un intento de protección del propio Abarca.

El 29 de septiembre, el Edil, identificado en los mensajes como "A1" habría escrito que negociaba con autoridades federales. Según A1, el entonces Presidente Enrique Peña "mandó a su sirviente" o "gato" (como identifica a Tomás Zerón), para negociar con Abarca y que "pida licencia y desaparezca".

Zerón, dice uno de los mensajes, "coordinó todo absolutamente y van a crear una historia muy realista". La defensa de Zerón dijo a REFORMA que su cliente nunca habló con Abarca antes de ser detenido y no negoció absolutamente nada con él.

La oferta para A1 incluía "que quede yo como actor intelectual sólo unos meses y me saca del País". Abarca pidió licencia a su cargo el 30 de septiembre y fue detenido en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2014.

El interlocutor de Abarca, dice el informe, era José Martínez Crespo, un ex Capitán del Ejército, hoy preso.

Zerón era entonces el jefe de la Agencia de Investigación Criminal y ahora vive en Israel, donde busca no ser extraditado a México.

En la misma conversación, "A1" añade que el Gobierno federal también ofreció una negociación a dos células criminales que trabajaban con Guerreros Unidos.

El informe reconstruye, hora por hora, los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes. En esa reconstrucción se expone por primera vez en detalle cuál habría sido la participación de militares, oficiales de seguridad de Huitzuco, el Gobierno de Guerrero, entonces a cargo de Ángel Aguirre Rivero, y el Gobierno federal.

Descuatizados y disueltos en ácido

De igual modo, el informe sostiene que la mayoría de los jóvenes fueron asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados entre Iguala y Huitzuco.

Los últimos seis estudiantes, agrega el documento, estuvieron cautivos en una bodega varios días hasta que miembros del Ejército "se ocuparon de ellos".

Varios militares que aparecen identificados en los mensajes están detenidos por otros cargos, como delincuencia organizada, no por el caso Ayotzinapa.

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'Nadie entra ahí al campo militar'

Reforma,

En informe de la Comisión de la Verdad apunta a detalle el papel del 27 Batallón de Infantería en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

Guadalupe Irízar

"Al campo militar nadie entra", esa fue la idea central para encubrir, proteger, simular y engañar sobre el papel central que tuvo el 27 Batallón de Infantería del Ejército, con base en Iguala, Guerrero, en la desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa íntegro, sin testar, sin reservas, da cuenta del intercambio de mensajes capturados de los teléfonos de militares, funcionarios, políticos, delincuentes, que crearon una red para actuar en contra de los estudiantes.

Todos sabían del caso, del negocio, y todos fueron cómplices.

Todos sabían, pero todos callaban, particularmente los militares.

Todos estaban coludidos, de acuerdo con los mensajes con los que la Comisión de la Verdad documenta, sustenta e inculpa a los militares de ese Batallón, hoy presos.

Entre ellos el de más alto rango, el entonces Coronel y hoy General Brigadier preso, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, quien estaba al frente de esa zona militar de Iguala, en cuyo entorno tuvo lugar la desaparición y muerte de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Pero también están señalados y hay evidencias de colusión con los hechos criminales, del Capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.

La serie de mensajes incluidos en el informe dan cuenta de su participación en la desaparición y muerte de los estudiantes, con omisiones y participaciones para apoyar, dejar hacer, y hasta ofrecer sus instalaciones para resguardar los cuerpos de los estudiantes.

Instalaciones blindadas para poder operar con la intención de no ser incriminados, hasta que se les acabó la protección.

Un mensaje documentado del 28 de septiembre de 2014, entre el Capitán Crespo, adscrito al Batallón, y uno de los líderes de Guerreros Unidos, David Cruz Hernández, "El Chino", deja ver la estrecha relación que mantenían.

"Que no se apure negro, al campo militar nadie entra, ya al rato vemos donde los echamos, ya mandé limpiar algunas cosas".

Era el momento cuando la mayoría de los estudiantes ya habían sido asesinados, y luego de una operación para deshacerse de sus cuerpos, el militar ofrecía las instalaciones del batallón para resguardarlos y luego decidir qué hacer.

Aparente nerviosismo, decisiones de liquidar días después a seis estudiantes que le atribuyen al entonces Coronel Rodríguez.

"Rodríguez está muy inquieto, mano, puede ser contraproducente y dice él que nos podemos ir todos entre las patas, yo pienso lo mismo tú y María ya tienen una salida", dice un mensaje de José Luis Abarca, entonces Alcalde de Iguala.

Y sobre la desaparición de los seis estudiantes después de unos días, el Capitán Crespo le comenta a "El Chino" que ellos se encargarán de "limpiar todo" y que ya se encargaron de los seis estudiantes que estaban en la bodega.

Un blindaje militar que consideraron eterno, pero que tuvo un punto final cuando se dio la orden de abrir las instalaciones e integrar expedientes que hoy tiene presos a los mandos.

El informe reconstruye los hechos de los estudiantes de Iguala desde el 26 de septiembre. La presencia de los militares fue constante a lo largo de la descripción de los acontecimientos, y la red documentada de comunicaciones da cuenta de un contacto constante de líderes de Guerreros Unidos, militares, policías municipales y funcionarios de diferente nivel.

La sospecha de que en los autobuses en los que viajaban los estudiantes había "una carga" y la intención de recuperarlos fue otro de los elementos que se pusieron en el centro de la agresión a los jóvenes.

El informe da cuenta también de presuntos nexos del responsable del Batallón, el General Rodríguez, con los integrantes del crimen organizado, a partir de los mensajes intercambiados entre algunos de los participantes en los hechos.

Desde el informe público se señaló que "del análisis de estos mensajes se identifica la participación de elementos del 27 Batallón de Infantería".

En las conversaciones entre "El Chino" y el "Coronel" (se presume que se hace referencia al Coronel José Rodríguez Pérez, quien estaba al mando del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala durante los hechos) se comenta que "El Negro" ya pactó con "El Coronel' para que a él no le hagan nada.

El Chino indica: "pinche negro traicionero y pinche coronel tanto dinero ke recibió que to personalmente le llevé hasta el 27, pero son traicioneros" (sic).

Y es que cuando delincuentes, políticos y militares empezaron a intercambiar culpas y responsabilidades, luego de la desaparición y muerte de los estudiantes, las acusaciones y posibles delaciones se multiplicaron.

"El 29 de septiembre 'El Chino' comenta con 'El Gordo' que un halcón vio a 'El Negro con el Coronel entrar al 27 batallón". "Y que Iva como sin nada, me dijo el paletero que se metió al 27 y que el se aprontó a su casa y que no salió", señala el mensaje de celular.

"El Capitán Crespo le confirma por mensaje a 'El Chino' que ya como quiera el Alcalde está al tanto de todo" (sic), con obvia alusión al José Luis Abarca.

Los mensajes dan cuenta de la familiaridad con la que intercambiaban comunicaciones militares y criminales.

"El Chino", "La Gorda" y "El Negro" están en la lista de los 24 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos mencionados en el informe como parte de esta operación en contra de los 43 estudiantes.

Las instalaciones y el 27 Batallón, al parecer, estaban blindadas hacia el exterior, pero no hacia el crimen organizado.

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Perdonan a militares por caso Ayotzinapa

FGR desistió ante un juez de 16 órdenes de aprehensión contra militares a quienes había acusado de estar implicados en el Caso Iguala.

Nota de Abel Barajas/

Reforma, 

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes en un principio acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.

El pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró originalmente 20 órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, el 14 de septiembre la misma FGR volvió a ir con el juez y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.

Durante los 26 días en que esos mandamientos estuvieron vigentes, ni la FGR ni el Ejército ni ninguna otra corporación federal detuvo a uno solo de los militares.

Las únicas órdenes de captura que la FGR decidió no retirar son las de cuatro militares que, coincidentemente, se entregaron a partir del mismo día de la cancelación de las aprehensiones contra sus compañeros.

Hoy solamente están en la cárcel y procesados el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el Capitán José Martínez Crespo; el Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el Soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.

Según la causa penal 15/2022, el militar de más alto rango contra el que la FGR se desistió de la acción penal es el Coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería.

Al igual que el General Rodríguez Pérez, Hernández Nieto fue señalado de manera vaga y aislada por el testigo protegido "Juan", quien afirma que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba la "nómina" del 41 Batallón de Infantería a un militar al que identifica por su grado de Coronel y el apellido Nieto.

Pero no está claro el criterio de la FGR para desistirse sólo de la orden contra Hernández Nieto y no la de Rodríguez Pérez.

El resto de los militares a quienes les cancelaron las órdenes pertenecen al 27 Batallón de Infantería de Iguala.

Las restantes fueron giradas contra los ex Alcaldes de Iguala y Cocula, José Luis Abarca y Erick Ulises Ramírez Crespo, así como contra la esposa del primero, María de los Ángeles Pineda Villa.

También se giraron las capturas contra Iñaky Blanco y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex Procurador y ex Secretario de Seguridad Pública estatales, así como cuatro funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, incluida su ex presidenta, Lambertina Galeana Marín.

Además, el juez ordenó las capturas de 4 agentes de la Policía Ministerial, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuatro directores y subdirectores de policías municipales, 25 agentes municipales de Huitzuco, 1 de Iguala, 2 de Tránsito de este mismo municipio y 11 presuntos miembros de Guerreros Unidos