Un crimen que expone la corrupción en la Marina

Un crimen que expone la corrupción en la Marina

Una carta de denuncia. Eso fue todo lo que necesitó el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar para firmar su sentencia de muerte.

El 14 de junio de 2024, el contralmirante envió una misiva confidencial al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, denunciando a sus propios sobrinos políticos, Roberto y Fernando Farías Laguna. Los acusó de usar su influencia para controlar operaciones ilícitas de contrabando y huachicol en Tampico, Tamaulipas.

Guerrero Alcántar, con una sólida trayectoria en la institución —trabajó en la Aduana de Veracruz y la Agencia Nacional de Aduanas—, no dudó en señalar directamente a Roberto, quien, según la denuncia, manipulaba la designación de marinos en las aduanas a través de los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz —alias "Capitán Sol"— y Climaco Aldape Utrera. La denuncia era grave, pero la única respuesta fue el silencio. El asunto simplemente "quedó ahí", un presagio ominoso de lo que vendría.

La muerte llegó sin aviso

La historia del contralmirante dio un giro siniestro con el cambio de sexenio. El 1 de octubre, se le instruyó presentarse con el nuevo secretario, Raymundo Morales; acudió puntual a la cita el día 10 a las 13 horas; días después, el 8 de noviembre, mientras disfrutaba de vacaciones que había notificado a sus superiores, Guerrero fue asesinado mientras conducía su auto por las calles de Manzanillo, Colima. Dos sicarios en moto le vaciaron sus cargadores.

Lo escalofriante es que la tragedia no fue un hecho aislado. Semanas antes, el 21 de octubre, también fue ejecutada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR. La Fiscalía vinculó ambos crímenes al constatar que fueron perpetrados con la misma pistola y el mismo modus operandi.

Lo más inquietante es que la propia FGR señala en su investigación que las únicas personas que sabían la ubicación exacta del contralmirante eran miembros de la Marina. Esto lleva a la escalofriante inferencia de que "los actores materiales (del homicidio) pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos".

La justicia bajo la lupa

La carta de denuncia de Guerrero, encontrada en su oficina en la 22 Zona Naval en Puerto Madero, Chiapas, se convirtió en una prueba clave. Al vincular a proceso a diez marinos y funcionarios aduaneros por presunta delincuencia organizada, el juez Mario Martínez Elizondo, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, otorgó "eficacia demostrativa" a la carta denuncia.

El juez también advirtió que la muerte de Guerrero y Nava "puede tener un efecto inhibidor" sobre quienes pudieran aportar más información, un claro llamado de atención sobre el peligro de denunciar la corrupción desde dentro.

Las investigaciones señalan a Miguel Ángel Solano, conocido como el "Capitán Sol", como el posible autor intelectual del crimen. Actualmente, existe una orden de aprehensión en su contra.

El plazo de seis meses para la investigación complementaria fijado por el juez es una oportunidad crucial. Sin embargo, el caso del contralmirante Guerrero no es solo una investigación penal; es una prueba de fuego para las instituciones de procuración de justicia. Su asesinato subraya una verdad dolorosa: en México, alzar la voz contra la corrupción puede ser una sentencia de muerte, incluso para aquellos con el más alto rango.

Este caso nos obliga a preguntarnos: ¿hasta dónde llega la red de corrupción que el contralmirante intentó destapar? Y, lo más importante, ¿quién protegerá a los próximos valientes que se atrevan a seguir su ejemplo?