Otálora: la última llama de dignidad que se apaga en el TEPJF
La magistrada Janine Otálora Malassis confirmó su salida del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este 31 de octubre, un acto de profunda congruencia que exhibe la cesión de la institución ante el poder político. Otálora se apega al plazo original de su nombramiento (2016-2025) y rechaza la prórroga hasta 2027 que, por conveniencia política, le "otorgó" la reforma judicial impulsada por la administración de López Obrador.
Al dejar el cargo, Otálora marca una clara distancia ética y legal de cuatro de sus colegas que sí optaron por extender sus mandatos. Su partida, como señala Carlos Marín en Milenio, deja al TEPJF huérfano de su "último reducto de dignidad".
Entra en vigor prohibición de EU a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero (Bloomberg, NY)
Bloomberg Nueva York, Estados Unidos (20 de octubre de 2025)
Una orden emitida por el Departamento del Tesoro de EU en junio y dirigida a tres firmas financieras mexicanas —CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA— entró en vigor este lunes 20 de octubre. La medida prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a estas instituciones, señaladas de presuntamente ayudar a cárteles de la droga a lavar dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.
La prohibición, que representa el primer uso de las facultades otorgadas a la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) por la Ley de Defensa contra el Fentanilo, ha provocado el desmantelamiento y venta por partes de las tres firmas.
Repercusiones y desmantelamiento de las empresas
Las tres instituciones han visto una estampida de clientes, quienes han movido sus negocios (principalmente en divisas) a otras entidades financieras. El proceso de liquidación y adquisición se ha desarrollado de la siguiente manera:
CIBanco: Su licencia bancaria fue revocada a principios de este mes. BanCoppel está adquiriendo su cartera de préstamos para automóviles, y Banco Multiva asumirá el negocio fiduciario. CIBanco era un fiduciario clave para la mayoría de las emisiones de certificados de capital privado y fideicomisos de inversión inmobiliaria (FIBRAS) en el país, lo que obligó a estas a cambiar rápidamente de fiduciarios.
Intercam Banco: Kapital Bank está en proceso de adquirir una parte significativa de sus operaciones.
Vector Casa de Bolsa: Ha transferido parte de sus activos y clientes a Casa de Bolsa Finamex.
Más allá de las firmas afectadas, la acción del Tesoro de EU ha puesto en alerta máxima al sistema bancario mexicano en general. Los prestamistas han reforzado sus controles internos, purgado clientes sospechosos y mejorado la comunicación con los reguladores de ambos países para evitar convertirse en el próximo blanco de la ofensiva de la administración Trump contra los cárteles.
Según Craig Timm, ex abogado del Departamento de Justicia y director de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero:
"Esto fue una advertencia para los bancos: que el Tesoro tiene esta herramienta y tiene la intención de usarla. No querrán ser los siguientes, porque, como estamos viendo con estas instituciones, se convierte en una amenaza existencial en el momento en que se hace público."
Funcionarios del Tesoro han reiterado en repetidas visitas a México que la política es de tolerancia cero ante cualquier ayuda a narcotraficantes para blanquear fondos vinculados a la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
Reacción del gobierno Mexicano
La presidenta Sheinbaum declaró la semana pasada que EU no había entregado pruebas convincentes que vincularan a las empresas con el narcotráfico. Afirmó que los reguladores mexicanos solo encontraron fallas de carácter administrativo y "nada que ver con lavado de dinero".
A finales de junio, en sintonía con las órdenes estadounidenses, los reguladores mexicanos multaron a los bancos por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero, mientras que Vector enfrentó multas relacionadas con la actualización de la información de sus fondos.
En medio de esta intensificación de la represión, los bancos a nivel global están aumentando el escrutinio de las transacciones, prestando especial atención a aquellas que involucran a empresas chinas que podrían estar vinculadas al comercio de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.
##
Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, denunció que por presiones de una consejera del CPC se ordenó eliminar de las redes sociales el posicionamiento en el que integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) piden a las autoridades verificar las denuncias sobre posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado.
“Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana y yo lanzamos esta mañana un comunicado, fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del senador Adán Augusto López.
“Pero ante presiones de una consejera del Comité CPC y acoso al equipo de apoyo, se ordenó bajarlo de las redes. Como mexicana que lucha por la integridad en mi país, rechazo la censura”, escribió en su cuenta personal de X, con los hashtags #CeroImpunidad e #IntergridadPública.
La solicitud de investigación es dirigida a la Mesa Directiva y al Órgano Interno de Control del Senado, al Sistema de Administración Tributaria, a la Auditoría Superior de la Federación, al ente de fiscalización de Tabasco, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
##
Estrictamente Personal
Lemus, investigado por Estados Unidos/Raymundo Riva Palacio
El Universal, octubre 20, 2025 |
El martes pasado, fuerzas federales detuvieron a Nazario Ramírez, líder de los transportistas afiliados a la CTM en Jalisco, en un operativo en una colonia de Guadalajara. La captura de Ramírez, quien presuntamente utilizaba el control de las rutas del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero, golpeó al gobernador Pablo Lemus, al aparecer en una fotografía abrazado con él.
En una entrevista con Carmen Aristegui, Lemus se deslindó del líder sindical. Lo conocía por haber coincidido con él en varios eventos públicos, dijo, pero no tenía relación con el dirigente obrero y mucho menos le brindaba protección.
Sin embargo, no es lo que piensa el gobierno de Donald Trump, cuya relación con el dirigente sindical Ramírez es una de las razones por las que lo están investigando por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La aparición de Lemus en las investigaciones estadounidenses genera una mancha, cuando menos de sospecha –por ahora– sobre Movimiento Ciudadano, que se presenta como una alternativa electoral a Morena, PAN y PRI, distanciándose siempre de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, la relación entre Lemus y Ramírez se remonta a su periodo como presidente municipal de Guadalajara, cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro. El nombre del exgobernador, que vive fuera de México, que también tenía relación con Ramírez, no ha figurado en lo que ha trascendido, como una persona que también estén investigando en aquel país.
Lemus presuntamente forma parte de una larga lista de 300 nombres de políticos, empresarios, artistas y deportistas que le proporcionó el gobierno estadounidense al mexicano, aunque no se encuentra en una relación más corta –de 12– contra los que desde Washington se ha pedido a México que inicien investigaciones y los sometan a proceso en este país.
El nombre del gobernador de Jalisco no había trascendido a la opinión pública hasta la detención de Ramírez, al que señalan las autoridades mexicanas como operador del CJNG, quien se encargaba de extorsiones, el cobro de piso y distribución de droga.
Las investigaciones estadounidenses señalan que Lemus presuntamente recibió dinero del CJNG a través de Ramírez para campañas políticas, además de movilizar a sindicalistas con el apoyo del cártel en los procesos electorales, a cambio de haber otorgado contratos que aseguran beneficiaron al líder sindical. El dirigente de los transportistas en Jalisco recientemente estuvo en el informe de gobierno del alcalde de Oriental, en Puebla, donde nació el morenista Fidel Flores Concha. En ese municipio sí hay registro de haber participado en obra pública y de tener una relación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lo que no se ha encontrado hasta este momento en Jalisco.
El gabinete de seguridad mexicano informó tras la captura sobre la relación de Ramírez en Oriental, que coincide con parte de la investigación estadounidense contra Lemus, para establecer si sus presuntas actividades criminales tienen un vaso comunicante con Puebla. No se sabe cuándo comenzó la investigación contra el gobernador de Jalisco, pero se extiende varios lustros atrás, que incluye información que viene desde los 80, sobre su suegro Hugo Salvador Villa Manzo, de quien tienen documentado que tuvo una estrecha relación con grupos de extrema derecha, como Los Tecos, una organización que el columnista Manuel Buendía describió como un grupo de choque secreto, vinculado a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una ideología ultraconservadora y anticomunista.
La razón de esta línea, de acuerdo con la investigación, es para poder determinar si aquella relación con Los Tecos se inscribía sólo en el tema ideológico y sus nexos con la jerarquía eclesiástica de Jalisco, o formaban parte de una estructura criminal. Lemus, su esposa y su suegro Villa Manzo tienen la mitad de las acciones de Caabsa, una empresa constructora que, según reportes de prensa, ha sido la contratista más importante de los gobiernos locales de Zapopan y Guadalajara, que gobernó Lemus de 2015 a 2018, y de 2021 a 2023, respectivamente.
Los investigadores también están revisando los presuntos negocios que tuvo Lemus con el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, con quien coincidió algunos años cuando fue alcalde de Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara. Sandoval fue asesinado en un restaurante en Puerto Vallarta en diciembre de 2020, después de haber terminado su periodo como gobernador. Tres años después, el Ejército abatió a una persona identificada como Saúl Alejandro que, de acuerdo con el exfiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, era el jefe de esa plaza del CJNG y autor intelectual del crimen.
Adicionalmente, las investigaciones en Estados Unidos abarcan también a notarios y empresarios en Jalisco, por presuntas operaciones en beneficio del CJNG y en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, que conecta con exfuncionarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en otros textos futuros se profundizará.
El interés del gobierno de Estados Unidos por Lemus es subrayado por el hecho del control del CJNG en Jalisco y la forma como se ha extendido, aprovechando la implosión del Cártel de Sinaloa, especialmente en Michoacán, donde están probando tecnología de punta, utilizada por Rusia en Ucrania, para el manejo de drones letales que vuelan sin poder ser detectados. De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho, opera en 84% de los municipios de Jalisco; es decir, en 105 de los 125 que hay en el estado.
El nombre de Lemus, según las investigaciones, no figura en la lista de 50 políticos y funcionarios de Morena y una docena de militantes de otros partidos, a los que se les canceló la visa para entrar a Estados Unidos, pero de acuerdo con lo que ha trascendido, se está evaluando si el Departamento de Estado toma esa medida en su contra. De ser así, sería el segundo gobernador en funciones, después de Marina del Pilar Ávila, a quien se la retirarían.
Lemus no ha figurado en las investigaciones del gabinete de seguridad mexicano sobre el CJNG y posibles relaciones criminales, como sí se han seguido pistas para establecer esos nexos con el exgobernador Alfaro. Pero las alertas sobre el gobernador existían desde hace meses.
##
Un tribunal sin Otálora ni dignidad
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio.
Pudiéndose quedar dos años más en el cargo sin el riesgo de pasar por una tómbola de feria o ser favorecida con acordeones por el oficialismo, la magistrada Janine Otálora formalizó ayer su renuncia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del 31 de octubre.
Es la juzgadora más especializada en asuntos democráticos y la única que votó contra la sobrerrepresentación en el Congreso, agandalle que ha propiciado la extinción de la separación de los poderes republicanos.
Encarna el último reducto de dignidad que queda por unos cuantos días en una instancia judicial entregada al lopezobradorismo.
En junio pasado adelantó en La Jornada que no continuará en el cargo aun cuando la reforma judicial le permite (también a sus pares) continuar hasta 2027 en la máxima instancia electoral: “Así lo pienso, tengo un nombramiento original hasta el 31 de octubre y lo voy a ejercer, me atengo a mi primer nombramiento”.
En agosto de 2024, el constitucionalista Diego Valadés opinó de ella que “su intervención le dará un sitio de honor en la Judicatura”, porque Otálora consideró que la interpretación de la normas constitucionales creó una sobrerrepresentación anticonstitucional a favor de Morena.
Y es que por cuatro votos contra el de Otálora, el Tribunal avaló la repartición de las diputaciones plurinominales hecha por mayoría en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con lo que los nacionalpopulistas están haciendo con la Constitución y las leyes lo que les da la gana.
Para el irreprochable Valadés, aquel voto le asegura ese “lugar de honor” a Janine, ya que su intervención, “lúcida y bien fundamentada”, la retrata como “una jurista que defendió los principios de la democracia, la igualdad ciudadana y la dignidad de la toga”.
Su salida dejará otra vez incompleta la Sala Superior con seis integrantes en lugar de siete y, cuando los magistrados empaten, el voto decisivo (y predecible a favor del oficialismo) lo tendrá la presidenta Mónica Soto.
A Janine Otálora le tocará todavía recibir a los magistrados electos Gilberto Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, y en su lugar quedará quien el 1 de junio haya quedado en tercer lugar.
“Ya estamos ante un nuevo diseño de instituciones del Poder Judicial Federal”, ha declarado, y empezará una nueva etapa en las salas regionales (que se renuevan totalmente) y la Superior (parcialmente).
“Me tocará esta transición histórica”, comenta la magistrada.
Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ciencias Políticas por la Sorbona de París, Janine se ha caracterizado por su congruencia al fijar una posición distinta del bloque mayoritario, inclusive cuando señaló que los partidos políticos incurrieron en “fraude a la ley”, al hacer actos anticipados de campaña con miras a elegir desde 2023 a sus candidatos presidenciales.
Sin ella, el Tribunal pierde lo que le quedaba de honra…
#
El desamparo de la comentocracia
Los derechos hoy/Arturo Zaldívar
Milenio,
El pasado 16 de octubre se publicaron las reformas a la Ley de Amparo. Es una buena noticia para quien cree en una justicia cercana, eficaz y sin atajos para el privilegio. Sin embargo, asistimos a una campaña de desinformación: se repiten etiquetas —“regresiva”, “autoritaria”, “contraria a derechos humanos”— con la esperanza de que, a fuerza de eco, se vuelvan verdad. No lo son. Con las reformas que propuso la presidenta Sheinbaum el amparo no se reduce: se moderniza, se agiliza y se devuelve a su sentido original.
El problema no está en las y los legisladores, sino en cierta comentocracia. No hay análisis: hay consignas. Se vende alarmismo donde hay claridad técnica; sospecha donde hay equilibrio. Lo que se busca es convencer de que el amparo está en riesgo, cuando lo cierto es que se fortalece.
Basta con revisar los cambios más importantes. Primero, los tiempos y las herramientas. Se acortan plazos y se consolida la justicia digital: actuaciones por portal, notificaciones más rápidas, procedimientos menos laberínticos. Eso no restringe derechos; los potencia. Un amparo que tarda años es una promesa vacía. Uno que resuelve con celeridad es una garantía viva.
Segundo, el interés legítimo no se estrecha: se recogen sus elementos esenciales conforme a lo que ya dijo la Suprema Corte. Se reconoce su dimensión individual y colectiva, con la exigencia mínima de toda buena puerta de acceso: una afectación real, actual y diferenciada. Los colectivos ambientales, las comunidades indígenas y las organizaciones civiles no quedan fuera; al contrario, obtienen certeza.
Tercero, la suspensión. Se afirma que “sin suspensión el amparo no sirve”, como si la reforma la hubiera borrado del mapa. Falso. La suspensión sigue siendo la regla general, con dos límites puntuales y razonables: evitar que se utilice para blindar recursos de origen ilícito —garantizando siempre el mínimo vital: salarios, pensiones, obligaciones esenciales—; e impedir que, sin permiso, licencia o concesión federal, una suspensión sustituya a la autoridad reguladora. Es de sentido común: el juez de amparo no expide permisos.
La pieza favorita del alarmismo es el bloqueo de cuentas de la UIF. Se dice que se invierte la carga de la prueba y se deja indefensa a la persona. No es así. Lo que se evita es la suspensión automática que permitía lavar dinero con sello judicial. Quien no pertenece a una organización delictiva y acredita licitud, obtiene la medida cautelar. Quien sí lo hace, no puede usar el amparo como coartada financiera. Esa es la diferencia entre garantizar derechos y premiar la simulación.
En materia fiscal, la reforma tampoco “desarma al contribuyente”, como se ha señalado. Lo que hace es concentrar defensas para evitar el calvario de impugnaciones seriales con un solo objetivo: dilatar por años el pago de créditos ya firmes. Defenderse sí; eternizar el litigio, no. Se acortan rutas de evasión procesal sin tocar el derecho de defensa.
Viene luego el ardid de la supuesta “retroactividad encubierta”. Se ha querido vender la idea de que las nuevas reglas aplicarán para reescribir lo que ya está decidido. Otra falsedad. El transitorio es claro: las etapas concluidas y los derechos adquiridos se rigen por la ley vigente cuando nacieron; sólo las actuaciones futuras se sujetan a la reforma. Es la doctrina constitucional de siempre, no una trampa.
En suma: plazos más cortos, justicia digital, certeza en el interés legítimo, suspensión responsable con mínimo vital garantizado y defensa fiscal sin laberintos dilatorios. El amparo sale de la telaraña y vuelve a ser escudo. Quienes lo denostan no defienden a la ciudadanía: defienden un sistema de atajos que lucró con la demora y con el formalismo. Por eso vociferan. Porque se les acabó el negocio.
La reforma de la presidenta Sheinbaum no desprotege a la persona: la defiende mejor. Quien vive de la estridencia dirá lo contrario. Pero la justicia no se mide por el volumen del micrófono, sino por la eficacia de sus remedios. Y ahí, si se lee sin prejuicios, intereses o consignas, el veredicto es simple: el amparo se fortalece y la sociedad queda menos a merced del abuso y más cerca de sus derechos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario