Aniversario del bombardeó en Gernika.
70 años después/Xabier Irujo, Pedro Ibarra y José Manuel Castells
Tomado de EL CORREO DIGITAL, 26/04/2007;
El 26 de abril de 1937 la aviación alemana bombardeó Gernika hasta reducir la villa a escombros. Como el propio H. W. Goering manifestaría años más tarde ante Maier y Sander en el juicio de Nüremberg, fue un experimento. El objeto del ataque era comprobar la eficacia de la aviación alemana: concretamente, valorar el daño material que un ataque de esa naturaleza podía llegar a causar sobre una población de alrededor de 8,000 habitantes en las mejores condiciones climatológicas y tácticas (una ciudad abierta, sin dispositivos antiaéreos); cronometrar el tiempo en que se podía llevar a cabo y estudiar el rendimiento de tal acto; y la productividad de una masacre se estima en virtud del porcentaje de muertos sobre el total de la población. Hablamos de víctimas civiles todas ellas, en su mayoría ancianos y menores de edad. Por ello se eligió que el día del ataque fuera un lunes, día de mercado en Gernika, lo cual garantizaba una presencia mayor de habitantes en el exterior. La estrategia del bombardeo estuvo asimismo tasadamente calculada a fin de causar el mayor número posible de víctimas mortales.
Escudándose en el principio político de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, el Comité internacional de No-Intervención procuró, desde un principio, subrayar el carácter civil y español del conflicto. La prensa secundó dicha formulación y la historiografía oficial continúa utilizando el término Guerra Civil española. Si bien todos y cada uno de los pilotos que participaron en la masacre eran o alemanes o italianos. Narciso Bassols e Isidro Fabela, representantes del Gobierno mexicano en el seno de la Sociedad de Naciones, denunciaron ante la Asamblea que la tesis del Comité de No-Intervención, que la guerra en la Península era un conflicto civil, era falso. Por el contrario, el Gobierno británico, árbitro del citado Comité, procurando evitar que la difusión de los detalles del bombardeo provocase una guerra mundial a destiempo, rubricaba el Acuerdo italo-británico en abril de 1938, en virtud del cual las tropas italianas abandonarían la Península Ibérica al final de la contienda a cambio del reconocimiento de la soberanía italiana sobre Abisinia. A un mismo tiempo, Anthony Eden, ministro de Exteriores británico, debía poner en duda la autoría del bombardeo, sin negar por otro lado del todo los hechos. Eden dimitió en protesta y por vergüenza. Sería rápidamente sustituido por Lord Halifax, a quien no incomodó añadir a lo anterior la firma del Tratado de Múnich con el régimen nazi el 29 de septiembre de 1938. Todos mentían en aquel comité, cuya propia denominación era una gran farsa. Nadie sería juzgado por el bombardeo de la población vasca.
Y de mano de la mentira llegó la guerra, porque adulterando la naturaleza de los asuntos políticos no se solucionan los conflictos humanos, simplemente se dilata en el tiempo su solución. El Comité de No-Intervención no detuvo la guerra, ni evitó los sucesos de Durango y Gernika. Más adelante sufrirían los habitantes de Londres y Liverpool los efectos de los experimentos nazis en suelo vasco; Churchill, político pragmático, no logró evitar el derrumbamiento del Imperio Británico. Su estrategia no le permitió ganar la guerra sino, a lo sumo, participar de la victoria. La ‘realpolitik’ de la clase gobernante de la segunda mitad de siglo XX no condujo, en fin, a la obtención de los objetivos fijados con anterioridad al conflicto mundial y no evitó la muerte de millones de personas entre 1936 y 1945.
Durango, Gernika y Otxandio constituyen tres expresiones sangrientas del conflicto político vasco, víctima asimismo de la llamada política pragmática, sustentada las más de las veces en falsedades zurcidas por sistemas autoritarios o totalitarios, alejados en cualquier caso de la voluntad popular. Desde 1789 no existe una sola generación de vascos que no haya conocido la guerra y el exilio ligados directamente a razones de orden político. Y, a pesar de todo ello, hay en España quien se aventura a negar la mera existencia de un conflicto político vasco. Y se resuelve: el pueblo vasco es un pueblo violento. Una mentira más, causante de la dilación del conflicto y de la perpetuación de la injusticia, y también sufrimiento, en nuestro país.
Los sucesivos gobiernos españoles, en los que ha primado lo pragmático, han renunciado a actuar sobre el conflicto político vasco de forma directa, mediante el diálogo y la consulta popular. Un sector importante del pueblo vasco desea afirmarse como una nación soberana; si este sector es o no mayoritario es algo que sabremos cuando el pueblo sea consultado. Pero no consultar al pueblo no va a hacer variar su opinión.
Sustentar un principio político por encima de los derechos humanos significa, entre otras cosas, impedir el ejercicio del derecho a votar en referéndum cuál debe ser el estatus político de nuestro pueblo. Y supone asimismo afirmar y reafirmar todo aquello que nos aleja de la resolución del conflicto: que España es una nación y no un Estado plurinacional; que los ciudadanos vascos son o españoles o franceses; que no existe un conflicto político vasco y, por ende, que no hay lugar para una solución política al conflicto fruto de una negociación; los vascos han de saber hablar, leer y escribir en castellano o en francés y, si lo desean y dependiendo de dónde residan, también en euskara (pero no en todos los órdenes de la vida). Sobre todo ello, se rubrica, utilizando los mismos pretextos esgrimidos por los sectores más reaccionarios de siglos anteriores dirigidos a evitar el sufragio universal, la libertad de credo, la igualdad de sexos u otros derechos de la persona, que no conviene dotar al pueblo vasco del derecho de libre determinación, ni permitir el diálogo como medio de resolución del conflicto. Que es preferible ser realistas, que en ocasiones consultar de forma directa al pueblo puede crear desequilibrios y divisiones, que es preferible dedicarse a solucionar los problemas reales de esta sociedad y, que sean cuales sean éstos, no deben sobrepasar el principio de unidad del Estado: confundiendo éste con ‘las reglas del juego democrático’. Pero, suscribimos, la democracia no es un juego, ni los derechos de la persona deben tener límites impuestos por principios políticos.
A 70 años de los bombardeos de Gernika, Durango, Otxandio y otros muchos lugares vascos y no vascos, la clase política española debería saber hoy madurar sus reflexiones y la ciudadanía española, valorar si no es preferible construir un Estado de Derecho en el que se respeten las decisiones de los ciudadanos que lo componen sobre el único fundamento del bienestar común, antes que continuar apuntalando la idea de un Estado monárquico indivisible, sustentado más allá de los valores y las vidas humanas; una idea que no es compartida por muchos españoles, catalanes, gallegos y vascos. Resulta ciertamente difícil comprender que siendo el conflicto político vasco, como muestran las encuestas, una de las principales preocupaciones del pueblo y del Gobierno español, se niegue su existencia, se opongan tantas trabas a su resolución o se apueste abiertamente desde algunos sectores políticos por la negación del diálogo como vía de resolución de los conflictos humanos.
Escudándose en el principio político de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, el Comité internacional de No-Intervención procuró, desde un principio, subrayar el carácter civil y español del conflicto. La prensa secundó dicha formulación y la historiografía oficial continúa utilizando el término Guerra Civil española. Si bien todos y cada uno de los pilotos que participaron en la masacre eran o alemanes o italianos. Narciso Bassols e Isidro Fabela, representantes del Gobierno mexicano en el seno de la Sociedad de Naciones, denunciaron ante la Asamblea que la tesis del Comité de No-Intervención, que la guerra en la Península era un conflicto civil, era falso. Por el contrario, el Gobierno británico, árbitro del citado Comité, procurando evitar que la difusión de los detalles del bombardeo provocase una guerra mundial a destiempo, rubricaba el Acuerdo italo-británico en abril de 1938, en virtud del cual las tropas italianas abandonarían la Península Ibérica al final de la contienda a cambio del reconocimiento de la soberanía italiana sobre Abisinia. A un mismo tiempo, Anthony Eden, ministro de Exteriores británico, debía poner en duda la autoría del bombardeo, sin negar por otro lado del todo los hechos. Eden dimitió en protesta y por vergüenza. Sería rápidamente sustituido por Lord Halifax, a quien no incomodó añadir a lo anterior la firma del Tratado de Múnich con el régimen nazi el 29 de septiembre de 1938. Todos mentían en aquel comité, cuya propia denominación era una gran farsa. Nadie sería juzgado por el bombardeo de la población vasca.
Y de mano de la mentira llegó la guerra, porque adulterando la naturaleza de los asuntos políticos no se solucionan los conflictos humanos, simplemente se dilata en el tiempo su solución. El Comité de No-Intervención no detuvo la guerra, ni evitó los sucesos de Durango y Gernika. Más adelante sufrirían los habitantes de Londres y Liverpool los efectos de los experimentos nazis en suelo vasco; Churchill, político pragmático, no logró evitar el derrumbamiento del Imperio Británico. Su estrategia no le permitió ganar la guerra sino, a lo sumo, participar de la victoria. La ‘realpolitik’ de la clase gobernante de la segunda mitad de siglo XX no condujo, en fin, a la obtención de los objetivos fijados con anterioridad al conflicto mundial y no evitó la muerte de millones de personas entre 1936 y 1945.
Durango, Gernika y Otxandio constituyen tres expresiones sangrientas del conflicto político vasco, víctima asimismo de la llamada política pragmática, sustentada las más de las veces en falsedades zurcidas por sistemas autoritarios o totalitarios, alejados en cualquier caso de la voluntad popular. Desde 1789 no existe una sola generación de vascos que no haya conocido la guerra y el exilio ligados directamente a razones de orden político. Y, a pesar de todo ello, hay en España quien se aventura a negar la mera existencia de un conflicto político vasco. Y se resuelve: el pueblo vasco es un pueblo violento. Una mentira más, causante de la dilación del conflicto y de la perpetuación de la injusticia, y también sufrimiento, en nuestro país.
Los sucesivos gobiernos españoles, en los que ha primado lo pragmático, han renunciado a actuar sobre el conflicto político vasco de forma directa, mediante el diálogo y la consulta popular. Un sector importante del pueblo vasco desea afirmarse como una nación soberana; si este sector es o no mayoritario es algo que sabremos cuando el pueblo sea consultado. Pero no consultar al pueblo no va a hacer variar su opinión.
Sustentar un principio político por encima de los derechos humanos significa, entre otras cosas, impedir el ejercicio del derecho a votar en referéndum cuál debe ser el estatus político de nuestro pueblo. Y supone asimismo afirmar y reafirmar todo aquello que nos aleja de la resolución del conflicto: que España es una nación y no un Estado plurinacional; que los ciudadanos vascos son o españoles o franceses; que no existe un conflicto político vasco y, por ende, que no hay lugar para una solución política al conflicto fruto de una negociación; los vascos han de saber hablar, leer y escribir en castellano o en francés y, si lo desean y dependiendo de dónde residan, también en euskara (pero no en todos los órdenes de la vida). Sobre todo ello, se rubrica, utilizando los mismos pretextos esgrimidos por los sectores más reaccionarios de siglos anteriores dirigidos a evitar el sufragio universal, la libertad de credo, la igualdad de sexos u otros derechos de la persona, que no conviene dotar al pueblo vasco del derecho de libre determinación, ni permitir el diálogo como medio de resolución del conflicto. Que es preferible ser realistas, que en ocasiones consultar de forma directa al pueblo puede crear desequilibrios y divisiones, que es preferible dedicarse a solucionar los problemas reales de esta sociedad y, que sean cuales sean éstos, no deben sobrepasar el principio de unidad del Estado: confundiendo éste con ‘las reglas del juego democrático’. Pero, suscribimos, la democracia no es un juego, ni los derechos de la persona deben tener límites impuestos por principios políticos.
A 70 años de los bombardeos de Gernika, Durango, Otxandio y otros muchos lugares vascos y no vascos, la clase política española debería saber hoy madurar sus reflexiones y la ciudadanía española, valorar si no es preferible construir un Estado de Derecho en el que se respeten las decisiones de los ciudadanos que lo componen sobre el único fundamento del bienestar común, antes que continuar apuntalando la idea de un Estado monárquico indivisible, sustentado más allá de los valores y las vidas humanas; una idea que no es compartida por muchos españoles, catalanes, gallegos y vascos. Resulta ciertamente difícil comprender que siendo el conflicto político vasco, como muestran las encuestas, una de las principales preocupaciones del pueblo y del Gobierno español, se niegue su existencia, se opongan tantas trabas a su resolución o se apueste abiertamente desde algunos sectores políticos por la negación del diálogo como vía de resolución de los conflictos humanos.
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