El Chompiras

Juan Pablo Becerra-Acosta entrevista a Ruben Figueroa

• A 13 años de la masacre de Aguas Blancas

El más triste acontecimiento de mi vida política: Figueroa

El ex mandatario asegura que la matanza “fue un acto de contrainsurgencia del EPR y un grave error policial... es falso que yo haya querido matarlos y que me haya ufanado de lo ocurrido”.
Publicado en Milenio Diario, 1 de julio de 2008;

Luego de 13 años de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995 en el municipio de Coyuca de Benítez, donde 17 campesinos murieron y 21 más resultaron heridos bajo fuego policial, el ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, accede a hablar del tema en entrevista con MILENIO.

De acuerdo con su interpretación de los hechos, esto fue lo que ocurrió:

—Fue una provocación del EPR. No lo digo yo, lo dijeron los guerrilleros en una entrevista publicada hace unos meses en la revista Día Siete de El Universal, dijeron que lo de Aguas Blancas se trató de su mejor acto de guerra, su mejor trabajo de contrainsurgencia en el que tontamente, erróneamente, cayeron los policías. Porque eso es la contrainsurgencia: provocar que el enemigo cometa un error.

—Las dos personas que brincan del camión con la pistolita y el machete fueron preparados por ellos. La policía cayó en la provocación y reaccionó con una violencia desmedida.

—El director de Gobernación, Esteban Mendoza, llevaba a un auxiliar que no me acuerdo de su nombre. Era un tipo de Chihuahua que iba armado, sin tener por qué estar armado, y fue el primero que disparó ante la provocación. Este tipo se dio a la fuga y nunca lo aprehendieron ni apareció. Y entonces los policías lo imitaron y se generalizó la balacera en la que murieron todas esas personas inocentes que no tenían nada que ver (con la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS).

Le leo a Figueroa lo que este lunes se publica en MILENIO: la trascripción de dos llamadas telefónicas que supuestamente se dieron entre él y María de la Luz Núñez Ramos —según la versión de ésta—, quien a la sazón era alcaldesa de Atoyac de Álvarez, lugar al que se dirigían los campesinos de la OCSS para manifestarse aquel día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio por buena la versión de Núñez, ya que la incluyó en su informe final sobre el caso. —En la primera llamada, un día antes de la matanza, usted le dice a la alcaldesa que al día siguiente montaría un operativo policial para detener, “a como de lugar”, a los campesinos de la OCSS…

—No, no es cierto. Es una distorsión de la plática. Yo le dije que íbamos a hacer todo lo posible para detenerlos, pero no a detenerlos “a como dé lugar”. En las reuniones de la casa de gobierno del día anterior previmos que si esas personas se ponían excesivamente violentas, las dejábamos pasar. La manifestación era contra ella, no contra mí. Esa fue mi instrucción y está en todas las actas de la investigación que tiene la Corte. Yo tenía que hacer todo lo posible para evitar un conflicto entre el ayuntamiento y esas personas, pero eso no quiere decir que los fuéramos a matar. Es una verdadera tontería…

—En la segunda llamada, el día de los hechos, al explicarle a la alcaldesa lo que ocurrió, usted dice: “¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos autoridad o no somos?”… —le leo a Figueroa. Se molesta muchísimo.

—¡Es una mamada, cómo voy a decir eso! ¡No es cierto, eso no es cierto! ¡Nombre!…

—Daba la impresión de que usted se ufanaba… —lo interrumpo, y él no oculta su enojo.

—Es una de tantas mentiras que esta señora declaró y los ministros que llevaron el caso la tomaron como verdad, pero en la Corte desmentí eso. En mi declaración precisé que eso no era exacto, que no era correcto, y que era una mentira. ¡Punto!

—¿Cómo fue entonces?

—Yo le dije lo que había ocurrido, y ya. Punto. Nada más. ¡Qué voy a estarle diciendo que “guerra”, que o no sé qué! ¡Si no estoy loco! ¡Cómo voy a decir ese nivel de tonterías!

—Ella dice que no quiere revivir heridas, pero asegura que usted dijo eso…

—Ella tiene su verdad porque tiene su posición y cosechó de ahí para su vida pública y política. Aprovechó este acontecimiento triste en la vida de los guerrerenses, y triste en mi vida política, porque eso terminó con mi vida política en Guerrero y en el país.

—Políticamente lo sepultó…

—No, no me sepultó… Terminó con mi vida política en Guerrero y en lo nacional. Jamás quise volver a participar en la vida política, porque era una cosa que a mí me había dejado seriamente lesionado en lo personal, y en mi prestigio político también. Ya no tuve, por edad física, como por voluntad personal, deseos de seguir en la vida pública y me dediqué a mis actividades personales. Y ya… —agrega con voz firme pero con cierto pesar en la mirada.

—¿El Presidente le pidió que se fuera?

—No, cuando el Presidente le pide a la Corte que investigue, pedí licencia, porque dije: “Si esto quiere el Presidente, pues me voy”. ¿Por qué? Porque yo no voy a dar margen a que crean que maté a estas personas, que sería lo último que podría pasar en un caso así. Yo fui a gobernar mi estado, no a matar a mis coterráneos al amparo de ser gobernador. Preferí irme y dejar que se hiciera la investigación libremente y se viera que yo no tenía absolutamente nada que ver, como fue.

—Quedó usted marcado en la historia como el que lo hizo. ¿O no quedó marcado?

—Yo pienso que no. Al paso del tiempo las cosas se colocan en su lugar. La historia y el tiempo van ubicando lo que pasó verdaderamente. Ahí están los mismos grupos armados dándome la razón 13 años después, diciendo que ellos generaron eso y la policía, por un error tonto, manejó mal la provocación y cayó en el acto de contrainsurgencia. Nosotros nos equivocamos, pero reitero: aunque te hayan hecho la provocación de contrainsurgencia, fue un error de la policía que costó la vida a 17 gentes que no tenían nada que ver… Pero todos los que participaron tuvieron una sanción.

Fueron sentenciados a 20 años y penaron 10 o 12 años. Todos. Y a mi procurador (Antonio Alcocer) y a mi secretario de Gobierno (Rubén Robles Catalán) los removí de su puesto, aunque no habían participado en el operativo... Se queda un momento en silencio y repite: “Todos tuvieron una sanción… Yo la mía: terminar con mi vida pública y terminar con mi gobierno”.

—¿Está tranquilo en su conciencia?

—Estoy tranquilo porque no tuve jamás el deseo de que se cometiera un acto tan atroz y tan tonto: tan así, que me costó a mí mismo mi gobierno. Ni modo que quisiera atentar contra mí mismo ni que estuviera yo loco… Pero bueno, así es la vida política de las personas, y así fue mi destino, y se acabó… Esta triste historia la han aprovechado muchos para llevar agua a su molino en su vida pública. Yo no. Yo la recuerdo como el más triste acontecimiento en mi vida política en la que perdieron la vida 17 personas que no tenían por qué haberla perdido y no he dejado de lamentarlo siempre… —dice con la mirada que parece genuinamente dolida.

—¿No teme que el EPR lo ajusticie? Porque usted está en su lista…

—Yo pienso que no hay motivo ni razón para que eso ocurra, pero… En la vida uno tiene un destino: no sé cuál vaya a ser el mío, pero tampoco tengo ni preocupación ni miedo. Del destino, como decía la película, nadie huye, mano....

Juan Pablo Becerra-Acosta

McCain

John McCain, en campaña en Colombia.

El candidato republicano para el gobierno de los EE UU, fue recibido este martes por el Presidente Alvaro Uribe, y tras dialogar durante casi dos horas con él, McCain se ha mostrado "orgulloso" por el trabajo que ha hecho Colombia en su lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
"Agradecemos sus esfuerzos y queremos que se logre liberar a esos ciudadanos que están secuestrados por las FARC, incluyendo especialmente a los tres norteamericanos, y creemos que eso se va lograr con su esfuerzo", ha dicho el candidato republicano.
Asimismo, ha indicado que la lucha contra las drogas y el terrorismo "no se ha acabado y todavía hay un largo camino por recorrer", aunque se ha logrado "bastante éxito".

McCain ha señalado que en caso de llegar a la presidencia de EE UU impulsará el Tratado de Libre Comercio con Colombia, que está a la espera de ser aprobado en el Congreso estadounidense.

En tanto, Uribe ha agradecido la visita de McCain y ha recordado que el senador ha dado "su apoyo permanente a Colombia"; subrayo, por si las dudas, que la relación de EE UU con su país ha sido siempre de una "política permanente bipartidista".
McCain viaja acompañado por su esposa, Cindy, y los senadores Joseph Lieberman, independiente, y el también republicano Lindsey Graham.

¿Quién es John McCain?, perfil de la revista SEMANA, Juan Carlos Iragorri, reportero.

John McCain es el clásico héroe de guerra norteamericano. Su vida ha estado marcada por la milicia. Hijo y nieto de almirantes de la Armada, el candidato presidencial del partido republicano nació en Coco Solo, una base aérea en la Zona del Canal de Panamá el 29 de agosto de 1936. En aquella época, su padre, John Sidney McCain, cumplía tareas militares en el istmo, que se encontraba bajo control estadounidense. Vivía con su mujer, Roberta Wright, con quien había formado una familia cuyos antepasados incluyen un ayudante de campo del general George Washington y al mismísimo rey Robert the Bruce que se batió contra los ingleses en el Medioevo para que Escocia proclamara su independencia.
Tras haber pasado por casi veinte colegios debido a la carrera del papá, el joven McCain recibió su cartón de bachiller en un colegio episcopaliano (esa es su religión) del norte del Estado de Virginia, a las afueras de Washington D.C. Luego se entrenó como piloto en Pensacola (Florida) y terminó su preparación en 1958 en la Academia Naval de Annapolis, cerca de la capital del país. No fue un alumno brillante. “Era muy relajado, especialmente en matemáticas”, dice Mark Halperin, analista político de la ABC en Estados Unidos, en su libro ‘La guía de los votantes indecisos para las próximas elecciones’.
Seis años después se casó con Carol Shepp, una modelo de Filadelfia, y adoptó los dos hijos de ella. Posteriormente tuvieron una hija, Sidney, que nació en 1966. La vida en familia duró poco. En 1967, McCain fue destinado a la guerra de Vietnam, donde sobrevivió milagrosamente al ataque contra el ‘USS Forrestal’, en el que murieron 130 soldados norteamericanos. La suerte le cambió en cuestión de días. El 26 de octubre, mientras pilotaba un avión en su misión número 23, un misil tierra-aire lanzado por la guerrilla norvietnamita del Vietcong alcanzó de lleno el aparato. McCain se salvó gracias a que pudo oprimir el botón que lo lanzó por los aires.
Con lesiones diversas, fue capturado en el agua por el enemigo y conducido al campamento de Hoa, próximo a Hanoi, donde fue torturado largamente. Sufrió la fractura de sus brazos, lo que explica que hoy no pueda levantar las manos para peinarse en las mañanas o lavarse los dientes como los demás mortales. Sus captores no tardaron en darse cuenta de quién era. Artículos de portada en ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’ dieron la noticia. Los del Vietcong le ofrecieron la libertad inmediata, pero McCain se negó con el argumento de que, según las normas de la guerra, se iría a casa siempre y cuando liberaran primero a quienes habían sido detenidos antes que él. Le contestaron ‘no’, y McCain siguió preso, sufrió disentería y estuvo a punto de pegarse un tiro.
El drama terminó en 1973, después de cinco años y medio, cuando McCain volvió a Estados Unidos para someterse a un tratamiento sicológico tras el cual resquebrajó a base de infidelidades su matrimonio con Carol Shepp. El divorcio se hizo oficial en abril de 1980 y un mes más tarde se casó nuevamente con Cindy Hensley, casi veinte años menor que él, heredara de Anheuser-Busch, una firma distribuidora de cerveza. Al año siguiente, pidió la baja en la Armada y se mudó al estado de Arizona, donde ha vivido desde entonces con Cindy, que sigue a su lado y con quien tiene tres hijos aparte de Bridget, una niña huérfana nacida en Bangladesh que decidieron adoptar.
Fue en Arizona donde lo picó el bicho de la política. Primero llegó a la Cámara en 1983, y después, en 1987, logró un escaño en el Senado luego de que el célebre dirigente republicano Barry Goldwater dejara su curul. Como senador, ha formado parte de comités importantes como el de Relaciones Exteriores y Servicios Armados y se le ha conocido por diversas posiciones de centro, más bien alejadas de la derecha tradicional de los republicanos. “Por eso es que ‘The New York Times’ lo llamó ‘el subversivo’ alguna vez”, anota Halperin. De ahí que su reto sea convencer a los republicanos más derechistas de que él es miembro del partido.
Y es que McCain ha promovido la legalización de los inmigrantes indocumentados, se ha opuesto a los recortes tributarios impulsados por George W. Bush y ha sido partidario de que las campañas cuenten con financiación oficial. Pero, por contraste, se ha situado en la orilla contraria de quienes promueven los matrimonios homosexuales, se ha mostrado a favor de los tratados de libre comercio y ha sido uno de los mayores apoyos de Bush en la guerra en Irak. No sólo respaldó la invasión desde un principio, sino que votó ‘sí’ cuando el presidente pidió más tropas y más dinero para seguir en tierras iraquíes.
No es la primera vez que McCain se lanza a la presidencia. Lo hizo en 2000 y perdió frente al propio Bush. “No estoy haciendo campaña para ser alguien. Estoy haciendo campaña para hacer algo”, dijo en ese momento. Muchos los respaldaron inicialmente, ganó en New Hampshire a comienzos del año, pero cuando llegaron las elecciones primarias de Carolina del Sur fue literalmente aplastado por el actual inquilino de la Casa Blanca. Ahora, con casi 72 años, y no piensa que su edad (sería el dirigente más viejo en llegar a la Casa Blanca) vaya a convertirse en un escollo. Por algo lleva a su madre a las manifestaciones. A sus 95, está vivita y coleando.
Ya McCain tiene el número de delegados necesario para que la convención republicana le dé la bendición como candidato el próximo 5 de septiembre en St. Paul Minnesota. Le falta escoger su compañero de fórmula y terminar la campaña el 6 de noviembre, fecha de los comicios presidenciales. Es un hombre sencillo, de apuntes divertidos, pero hay quienes afirman que sufre accesos de cólera. No lo tiene fácil. Según todas las encuestas, su rival demócrata Barack Obama lo supera por seis puntos porcentuales o más. Eso no significa que esté pedido. Las cosas pueden cambiar. Lo dice la frase famosa: “Una semana, en política, es una eternidad”.

Carta de Human Righs Watch a McCain

Human Rights Watch insta a McCain a pronunciarse a favor de instituciones judiciales colombianas
Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, le envió una enérgica carta al candidato republicano a la Presidencia que visita Colombia, en la que critica al gobierno, y advierte sobre peligros que aún se ciernen sobre la democracia colombiana.

Publicado en la Revista SEMANA, 27/06/2008;

Kenneth Roth, director ejecutivo de la prestigiosa ONG Human Rights Watch, le pidió John McCain, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, que durante su visita a Colombia, " no se deje confundir por el aluvión de información selectiva y manipulada que probablemente recibirá" del gobierno Uribe, y que se refiera a los preocupantes problemas que amenazan la democracia. Entre los problemas que describe, cita el creciente desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, las presiones políticas del alto gobierno a magistrados de la Corte Suprema que con valentía investiga la parapolítica, el asesinato a sindicalistas, entre otros.

El siguiente es el texto completo de la carta enviada el pasado 27 de junio:

Estimado Senador McCain:

Me complace enormemente comunicarme con usted una vez más.

A través de los años, usted ha defendido los derechos humanos y las libertades democráticas en varias oportunidades, tanto al oponerse a la tortura en Estados Unidos como a la represión política ejercida desde Birmania hasta Uzbekistán o Rusia. Valoramos el trabajo que ha llevado a cabo en relación con estas materias y hemos tenido el privilegio de trabajar con usted en varias de ellas.
En esta ocasión, me dirijo a usted para solicitar su atención a varios problemas sumamente inquietantes en relación con la grave situación de los derechos humanos en Colombia, estado que hemos monitoreado durante más de dos décadas y que, según tengo entendido, usted visitará próximamente.

Espero que aproveche su visita para expresar públicamente su preocupación sobre estos serios problemas y la importancia del respeto a los derechos humanos, tal como lo ha hecho en otras regiones del mundo. A diferencia del gobierno totalitario de Cuba —el único de América Latina que actualmente reprime prácticamente todas las formas de oposición política—, Colombia es una democracia en términos formales.

Sin embargo, se trata de una democracia débil que permanece inmersa en un brutal conflicto armado que lleva ya mucho tiempo e involucra a guerrillas de izquierda, grupos paramilitares y las fuerzas militares colombianas. Justicia por graves violaciones a los derechos humanos casi no existe, y el estado de derecho aún no se ha establecido en buena parte del país. Actualmente, las frágiles instituciones democráticas colombianas se encuentran frente a graves amenazas y desafíos. Algunos de estos provienen de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, como sabe, aterrorizan a la población civil colombiana desde hace tiempo.

No obstante, tal vez sean los grupos paramilitares, también vinculados al narcotráfico, los que representan un desafío más profundo; al igual que las guerrillas, estos grupos integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras elaborada por Estados Unidos, pero suponen una amenaza para la democracia colombiana ejercida desde adentro, a través de la corrupción y la infiltración del estado colombiano. De hecho, instituciones clave como el Congreso Colombiano actualmente atraviesan una profunda crisis de legitimidad —que no tiene precedentes en Colombia ni en ninguno de los países de América Latina—, ya que más del 20% de los representantes del Congreso están siendo investigados por colaborar con los paramilitares.

Las instituciones judiciales del país, en especial la Corte Suprema, se han encontrado casi solas al hacer frente, con gran valentía y contundencia, a la amenaza paramilitar. El poder judicial ha tenido que luchar constantemente por defender sus fueros y su independencia. Le instamos, Senador McCain, a que se pronuncie a favor de la protección y defensa de las instituciones democráticas de Colombia, en especial, sus instituciones judiciales, frente a estas amenazas como una de las principales prioridades durante sus reuniones con el gobierno colombiano. Lamentablemente, es probable que el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe no le de mucha información acerca de lo que se conoce como los escándalos de la “parapolítica”. Seguramente el Presidente tampoco hará mayor referencia al verdadero alcance de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia.

Por el contrario, el gobierno colombiano y sus grupos de lobby en Washington suelen citar cifras que parecen impresionantes y hacen comentarios acerca de sus políticas que pueden llevarlo a concluir que Colombia está bien encaminada en materia de derechos humanos y justicia. Una breve visita a los barrios de estratos altos de Bogotá o Medellín podría parecer confirmar esa conclusión.

Lo instamos a que no se deje confundir por el aluvión de información selectiva y manipulada que probablemente recibirá. Detrás del spin y las tours cuidadosamente programadas se esconde una realidad profundamente preocupante. El gobierno se ha enfrentado a las abusivas guerrillas de izquierda, y el repliegue de los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN en diversas regiones ha significado una reducción notable de distintos tipos de atrocidades que estos cometen habitualmente, como los secuestros.

Sin embargo, las guerrillas continúan manteniendo secuestrados a decenas de civiles, a menudo durante años enteros. Reclutan habitualmente a niños para el combate, algunos de los cuales tienen menos de 15 años, y en los últimos años se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de heridas y muertes provocadas por las minas antipersonales, que son casi siempre sembradas por las guerrillas. A su vez, luego de un período de rápida y sangrienta expansión marcado por frecuentes masacres de civiles hasta el 2002, los paramilitares han consolidado su control y su influencia política en muchas regiones e incluso, como se ha ido descubriendo recientemente, en el ámbito nacional. Actualmente, si bien no se registran masacres de igual magnitud que en el pasado, los paramilitares ejercen su control a través de homicidios selectivos, desapariciones forzadas y amenazas, y su influencia alcanza a algunos de los más altos niveles del gobierno.

También el Ejército ha llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales de civiles, que luego reportan como muertos en combate. El desplazamiento interno de la población civil continúa siendo masivo. A continuación paso a describirle algunos de los problemas más graves a los que se enfrentan actualmente los derechos humanos y la democracia en Colombia. Al plantear públicamente su preocupación por estos problemas durante su visita, realizaría una valiosa contribución a la causa de los derechos humanos y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Los grupos paramilitares no se han desmantelado

El gobierno de Uribe probablemente le dirá que ya no existen paramilitares gracias a un proceso de “desmovilización” que se ha implementado en los últimos años. Sin embargo, la eficacia de ese proceso se ha exagerado enormemente. Si bien supuestamente se desmovilizaron más de 30.000 personas, fiscales Colombianos han encontrado pruebas que demuestran que muchas de ellas ni siquiera eran paramilitares, sino civiles reclutados con el propósito de que se hicieran pasar por tales. Casi ninguno de ellos ha sido investigado por las autoridades. Durante el último año, gracias a la Corte Constitucional de Colombia, que exigió a los responsables de delitos graves confesar si querían recibir una reducción sustancial de la pena, algunos de ellos —principalmente un grupo integrado por algunos de los principales líderes— comenzaron a hablar acerca de los delitos que cometieron y de sus vínculos con altos oficiales de las fuerzas militares y políticos. Sin embargo, gran parte del proceso de confesiones se paralizó abruptamente en mayo, cuando el presidente Uribe extraditó a casi todos los principales líderes paramilitares a Estados Unidos para ser procesados por delitos de narcotráfico. Si bien resulta positivo que estos jefes ya no puedan continuar cometiendo delitos, ahora que se encuentran en Estados Unidos no tienen fuertes incentivos para continuar cooperando con las investigaciones judiciales colombianas. Y, a pesar de que es evidente que las extradiciones han producido un impacto en las estructuras de mando de los grupos, en muchos casos nuevos jefes ya han asumido el control. Para desarticular efectivamente las complejas redes paramilitares, el gobierno de Uribe debería respaldar y promover inequívocamente las iniciativas de investigación y juzgamiento no solo de los jefes paramilitares más visibles, sino también de sus cómplices en el sistema político y las fuerzas militares, así como de quienes los financian y sus testaferros.

Lamentablemente, el gobierno de Uribe no ha demostrado estar dispuesto a tomar las medidas necesarias en este sentido, en especial en lo que respecta a funcionarios del gobierno o a sus partidarios en el Congreso, muchos de los cuales están siendo investigados por colaborar con grupos paramilitares. Influencia paramilitar en el sistema político Más de 60 integrantes de la coalición del presidente Uribe en el Congreso —incluido su primo y más fuerte aliado político, el senador y ex Presidente del Congreso Mario Uribe— han sido investigados penalmente por manipular elecciones y colaborar con los paramilitares, y más de 30 de estos congresistas ya se encuentran detenidos. El ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) también está siendo investigado por colaborar con grupos paramilitares; las pruebas en su contra son suficientemente contundentes para que el gobierno de Estados Unidos haya revocado su visa. Las investigaciones acerca de la infiltración paramilitar en el Congreso son en gran medida resultado de una iniciativa de la Corte Suprema de Colombia, que ha demostrado una independencia y un coraje notables. Lamentablemente, en vez de respaldar incondicionalmente estas acciones tendientes a fortalecer el estado de derecho, el presidente Uribe ha tomado acciones que podrían frustrar las investigaciones. A pesar de haber hecho declaraciones sobre la importancia de la verdad y de haber asignado fondos a la Corte, Uribe ha reiteradamente proferido violentos ataques públicos contra los magistrados a título personal, llegando incluso a llamarlos telefónicamente para indagar acerca de causas pendientes.

En una oportunidad, presentó una propuesta para que los políticos pudieran ser excarcelados, pero abandonó dicha propuesta cuando resultó evidente que obstaculizaría la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia. Asimismo, el presidente Uribe bloqueó recientemente un proyecto de ley que habría contribuido a restablecer la legitimidad del Congreso colombiano al impedir que los partidos políticos vinculados a grupos paramilitares conservaran las bancas de aquellos miembros que reciban condenas por colaborar con paramilitares.

Los funcionarios del gobierno de Uribe han justificado la decisión de trabar la iniciativa aduciendo que, si se implementara, Uribe perdería su mayoría en el Congreso, a pesar de que dicha mayoría está actualmente empañada por la influencia que ejercen sobre ella grupos responsables de atrocidades sistemáticas. Violencia por parte de nuevos grupos paramilitares Mientras tanto, han surgido por todo el país nuevos grupos, muchos de los cuales estan comandados por jefes paramilitares de rango medio.

La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cargo de verificar las desmovilizaciones ha identificado 22 grupos de esta naturaleza, con miles de integrantes. Estos grupos reclutan activamente a nuevos miembros y cometen numerosos abusos, como extorsión, amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados. Incluso en Bogotá, la Defensoría del Pueblo ha expresado su preocupación por el crecimiento de estos grupos, y advirtió en un informe reciente que tienen presencia en 10 de las 20 localidades de la ciudad. Este año se ha producido una repentina e inquietante ola de homicidios en la ciudad de Medellín perpetrados presuntamente por estos grupos, luego de que se registrara una reducción ininterrumpida de los indicadores oficiales de violencia.

En los últimos meses, ocho embajadas extranjeras en Bogotá y la OEA denunciaron haber recibido amenazas por parte de estos grupos.

Numerosos defensores de los derechos humanos y sindicalistas que participaron en una marcha celebrada en marzo de 2008 en contra de la violencia ejercida por los grupos paramilitares han denunciado amenazas y agresiones. Según informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los días próximos a la marcha incluso fueron asesinados algunos organizadores y participantes. Varios sacerdotes que trabajaban en proyectos de paz y desarrollo en la región del Magdalena Medio debieron abandonar provisionalmente la región a causa de las amenazas que recibían de los nuevos grupos paramilitares. Algunas víctimas que han denunciado la apropiación de tierras u otros abusos cometidos por los paramilitares han sido asesinadas; por ejemplo, Yolanda Izquierdo, una madre con cinco hijos que representaba a un grupo de campesinos desplazados que pretendían la devolución de las tierras que los paramilitares les habían robado, fue asesinada a balazos junto a su esposo frente a su casa el año pasado.

Un programa del gobierno cuyo supuesto propósito es proteger a las víctimas ofrece pocas opciones a la mayoría de las víctimas que requieren asistencia, aparte de un monitoreo por parte de la policía local, que no suele gozar de la confianza de las víctimas debido a la conocida influencia que ejercen los grupos paramilitares en numerosos sectores del Estado. Durante las últimas semanas, también se ha denunciado que los testigos contra los grupos paramilitares o sus cómplices han sido víctimas de asesinatos y amenazas. El Washington Post, por ejemplo, ha informado acerca de una conspiración por parte de un grupo de sicarios que se proponían viajar a Canadá para asesinar a un importante testigo contra políticos vinculados a los paramilitares. Se ha informado que la propia Embajada de Canadá recibió hace poco otra amenaza por parte del grupo “Águilas Negras”, al parecer por haber ofrecido asilo a un importante testigo. Violencia antisindical Durante años, Colombia ha ocupado el primer lugar a nivel internacional en lo que respecta al número de asesinatos de sindicalistas. Según datos de la Escuela Nacional Sindical, la principal organización no gubernamental colombiana dedicada al monitoreo de los derechos laborales, han sido más de 2.600 los asesinatos cometidos desde 1986. Si bien la cantidad de asesinatos cometidos cada año se ha reducido desde la década de los 90, época en que se registraron los índices más altos y en que tuvo lugar la violenta expansión de los paramilitares, más de 400 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno del actual presidente Álvaro Uribe, con 39 homicidios ocurridos tan solo en el 2007. La impunidad respecto de los casos de sindicalistas es generalizada: en casi el 97% de los asesinatos no se ha llegado a una condena y los asesinos continúan en libertad. La continua violencia contra sindicalistas reviste especial importancia en vista del TLC pendiente entre Colombia y Estados Unidos. Si bien Human Rights Watch no tiene una posición respecto del libre comercio per se, considera que el libre comercio debe basarse en el respeto fundamental por los derechos humanos y, en especial, los derechos de los trabajadores que producen los bienes que se comercializarán. Si bien postergar la aprobación del TLC constituye una medida excepcional, Colombia es en efecto un caso excepcional debido a los altísimos índices de violencia contra sindicalistas, la impunidad casi absoluta respecto de dicha violencia y el hecho de que el gobierno colombiano no ha desarticulado efectivamente a los grupos paramilitares que son los principales responsables de tal violencia. Consideramos que Estados Unidos no debería conceder el acceso permanente sin aranceles a productos que, en muchos casos, son elaborados por trabajadores que no pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados.

Quienes promueven el TLC han sostenido que es más seguro “pertenecer a un sindicato que ser un ciudadano común”, destacando que el índice de asesinatos de sindicalistas es inferior al índice de homicidios del país. Sin embargo, esta afirmación irresponsable compara dos categorías totalmente distintas: el “ciudadano común” engloba a una gran cantidad de personas en zonas de combate o expuestas a un peligro extraordinario de ser asesinadas. Además, los sindicalistas no son víctimas circunstanciales asesinadas accidentalmente o muertas en cruces de fuego. Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse al Ejército, las guerrillas o a la delincuencia común, la mayor parte de los asesinatos, según la información recabada por la Fiscalía General de la Nación y los análisis de la Escuela Nacional Sindical, son claramente cometidos por paramilitares, que perciben a la actividad sindical como una amenaza a sus intereses, y que estigmatizan a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla.

El New York Times describió recientemente la desaparición forzada de un sindicalista, que fue quemado con ácido y asesinado luego de participar en las protestas contra la violencia paramilitar que tuvieron lugar en marzo de este año. Estos homicidios selectivos, a diferencia de los delitos comunes, inhiben fuertemente la capacidad de los trabajadores de ejercer sus derechos. Los asesinatos de sindicalistas han aumentado nuevamente este año, con 26 asesinatos cometidos hasta el 30 de mayo, lo que representa un incremento del 70% respecto del año pasado, según información de la Escuela Nacional Sindical. Con fondos de Estados Unidos, el gobierno de Uribe ha establecido un programa destinado a brindar protección a los líderes sindicalistas que reciben amenazas. No obstante, durante la mayor parte de su presidencia no ha contribuido significativamente a impedir la violencia y las amenazas mediante el juzgamiento de quienes perpetraron los asesinatos y la desarticulación efectiva de las organizaciones paramilitares a las que pertenecen muchos de ellos. El índice de asesinatos de sindicalistas que recibieron condena durante el gobierno de Uribe ha sido sistemáticamente bajo: se dictaron tan solo 9 condenas en 2003, 11 en 2004, 9 en 2005 y 11 en 2006. En 2007, la cantidad de condenas ascendió abruptamente a 43. Este repentino aumento responde en primera instancia a la presión ejercida por el Congreso de Estados Unidos en relación con el TLC, que desembocó en la creación de una subunidad de fiscales especializada en la Fiscalía General de la Nación con el fin de acelerar la investigación de los asesinatos de sindicalistas, lo cual es un hecho positivo. La mayor cantidad de condenas es una señal de que si el gobierno se propone lograr resultados puede hacerlo. Pero para asegurarnos de que el incremento de las condenas producido el año pasado no sea tan solo un fenómeno exclusivo de ese año, es esencial que Estados Unidos continúe ejerciendo presión hasta que el gobierno colombiano demuestre cambios significativos en el patrón de impunidad imperante durante un período de tiempo razonable. Algunos de los partidarios del TLC han afirmado que el TLC fomentaría la causa de los derechos humanos estimulando el crecimiento del empleo y la creación de oportunidades económicas en Colombia. Independientemente de si el TLC genera efectivamente empleos, no hay motivos para pensar que reduciría como por arte de magia la violencia contra los sindicalistas y otros ciudadanos colombianos, o que permitiría un mayor número de condenas. Los paramilitares responsables de gran parte de los hechos de violencia contra agrupaciones sindicales no participan en estos actos impulsados por la pobreza o el desempleo; por el contrario, gracias al narcotráfico, la apropiación de tierras y otras actividades delictivas, han acumulado enormes riquezas (y las remuneraciones para los nuevos empleos que puedan generarse a través de un TLC no pueden competir con la riqueza que puede obtenerse a través del delito en Colombia). Otro argumento esgrimido por quienes proponen el TLC es que postergar la ratificación transmitiría un mensaje negativo a la región, que sugeriría que Estados Unidos es un aliado poco confiable.

Este argumento es absurdo, puesto que Estados Unidos ya brinda ayuda a Colombia por cientos de millones de dólares cada año, y el comercio no es la única forma de comprometerse con ese país o ayudar a su población. Además, el hecho de que el gobierno de Uribe se haya alineado con Estados Unidos sobre cuestiones regionales no constituye una justificación válida para ignorar los graves antecedentes del gobierno colombiano en materia de derechos humanos. Lograr al menos algunos avances iniciales en cuestiones como la violencia antisindical y la impunidad ha resultado sumamente difícil; por ello, consideramos que la oportunidad que supone el TLC se aprovecharía en forma más efectiva si se postergara su ratificación hasta que Colombia demuestre resultados concretos y sostenidos en su resolución. Ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Los funcionarios del gobierno colombiano suelen resaltar la reducción significativa en las cifras oficiales de homicidios perpetrados en los últimos años.

Efectivamente, la cifra global de muertes violentas producidas en Colombia se ha reducido a la par de los cambios en los patrones de violencia. Sin embargo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado que la cantidad de asesinatos de civiles cometidos en forma directa por las fuerzas del estado ha aumentado sustancialmente. De acuerdo con la base de datos de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia, se registraron 236 denuncias de ejecuciones extrajudiciales entre junio de 2006 y junio de 2007, un incremento marcado respecto de las 127 denuncias producidas entre junio de 2002 y junio de 2003, al comienzo del gobierno de Uribe.

En total, la CCJ ha registrado 955 ejecuciones de este tipo por parte de agentes del estado entre junio de 2002 y junio de 2007, así como 235 desapariciones forzadas imputables también a agentes del estado. Según el Washington Post, los fiscales trabajan activamente en la investigación de más de 500 casos desde 2002, y aún quedan por abrirse otros 500; mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación actualmente analiza más de 650 casos que datan de 2003 hasta mediados de 2007 en los que podrían estar afectadas hasta 1.000 víctimas de ejecuciones. Muchos de los casos presentan un patrón similar, en el cual miembros del ejército al parecer se llevan a civiles de sus viviendas o lugares de trabajo, los asesinan y los visten en uniformes para registrarlos como combatientes muertos en enfrentamientos.

Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las investigaciones han revelado que “estos casos... podrían estar motivados por la presión por obtener resultados”. En respuesta a la preocupación expresada por el Congreso de Estados Unidos (incluida el congelamiento parcial de la ayuda militar), el Ministro de Defensa de Colombia ha emitido directivas que reafirman que estos asesinatos están prohibidos, y la Fiscalía General de la Nación ha creado un grupo especial dedicado a la investigación de algunas de estas ejecuciones. Sin embargo, estas medidas positivas han sido debilitadas al mismo tiempo por las declaraciones del propio presidente Uribe, quien ha negado en reiteradas oportunidades y en forma pública la existencia del problema, y ha llegado incluso a afirmar —en eventos celebrados tanto en Colombia como en Washington— que los defensores de los derechos humanos que lo denuncian actúan como instrumentos de las guerrillas y que todas las denuncias son parte de una campaña deliberada para desacreditar al Ejército. Desplazamiento interno en aumento Más de 3 millones de personas han debido abandonar sus hogares y convertirse en desplazados internos en Colombia, lo que representa el grupo más numeroso a nivel internacional luego de Sudán y que supera a la población desplazada de Irak, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La gran mayoría de la población desplazada de Colombia pertenece a algunos de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los afrocolombianos, los indígenas, las mujeres y los niños en zonas rurales. Una vez que son desplazados, se ven obligados a vivir en condiciones precarias, a menudo con medios escasos para subsistir y con acceso restringido a la asistencia. Existe información creíble que indica que los grupos paramilitares, que han mantenido vínculos estrechos con las fuerzas del orden público, son responsables de una mayor cantidad de desplazamientos que cualquier otro actor —se les atribuye el 37% de los desplazamientos, según un estudio realizado recientemente como parte del seguimiento de la Corte Constitucional de Colombia de la crisis de la población desplazada.

A su vez, el índice de desplazamiento interno se ha incrementado en forma sostenida desde 2004. Según estadísticas oficiales, casi un cuarto de millón de personas denunciaron haber sido forzadas a abandonar su hogar el año pasado. Por otra parte, el año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja informó sobre un incremento de casi el 40% en la cantidad de personas a las que la organización debió prestar asistencia para su reubicación debido a las amenazas de las que habían sido víctimas. En el lejano departamento sureño de Nariño, en el que nuevos grupos paramilitares han estado creciendo rápidamente y el conflicto continúa siendo sumamente fuerte, los datos oficiales indican que más de 22.000 personas se sumaron a las filas de los nuevos desplazados tan solo durante 2007. Y según se informó, esta semana 94 personas fueron desplazadas en la empobrecida región de Chocó, aparentemente como resultado de la violencia por parte de los nuevos grupos “Águilas Negras” y “Rastrojos”.

Senador McCain, espero que tenga oportunidad de pronunciarse sobre estas materias durante sus reuniones y declaraciones públicas en Colombia. Como se mencionó previamente, así se transmitiría un mensaje claro a las víctimas y al público colombiano en general de que se trata de cuestiones de relevancia, que la verdad es importante y que ser un líder comprometido con los derechos humanos y la democracia supone hablar claramente tanto a los aliados como a los enemigos. También sugiero que durante su visita a Colombia procure reunirse con autoridades que puedan ofrecerle perspectivas sobre estos asuntos que posiblemente no le brinden los funcionarios del gobierno de Uribe. Entre estas autoridades se encuentran los magistrados de la Corte Suprema, el Fiscal General, el Procurador General, así como diversos defensores de los derechos humanos y sindicalistas. Estoy a su disposición para proporcionarle los nombres y la información de contacto de personas específicas en caso de que los requiera. Una vez más, lo insto a que no confíe en los esfuerzos del gobierno de Colombia por sugerir que las FARC representan el único desafío significativo al que se enfrentan los derechos humanos y la democracia en Colombia.

Las FARC son efectivamente una amenaza grave. Pero también lo es el poder constante que ejercen los paramilitares en gran parte del país y al interior de instituciones democráticas clave. La administración de Uribe no ha adoptado medidas serias y eficaces para poner fin a este fenómeno, lo cual merece su atención.

Le agradecemos enormemente su interés y su preocupación.

Atentamente, Kenneth Roth Director Ejecutivo

El viaje de McCain a Colombia

Los verdaderos motivos del viaje de McCain
Aunque en teoría el candidato republicano John McCain llega hoy a Cartagena para informarse sobre algunos programas del Plan Colombia y apoyar el TLC, lo cierto es que viaja a cuatro meses de las elecciones en EE UU. para realzar su imagen de hombre experimentado en asuntos de seguridad nacional y para atraer el voto hispano en su país.

Por Juan Carlos Iragorri. Especial para Semana.com
Revista SEMANA On line, 01/07/2008;

En un hecho excepcional en la historia de las campañas políticas norteamericanas, el candidato del partido republicano a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, John McCain, aterriza esta tarde en Cartagena para reunirse con el presidente Álvaro Uribe, con varios ministros y con representantes del sector privado, y para informarse acerca de algunos programas antidrogas desarrollados al amparo del Plan Colombia. Pero su visita, según los analistas, también obedece a motivos electorales.
A sólo cuatro meses de los comicios, McCain, senador de Arizona y de 71 años de edad, llegará a Cartagena en un avión procedente de Indianápolis que tocará tierra a las cinco y media en la plataforma del aeropuerto Rafael Núñez. Allí lo esperará, como un gesto amistoso pues el protocolo no lo exige, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo. “En Colombia esperamos que el senador pueda informarse bien sobre los avances de este país”, le dijo anoche el ministro a Semana.com.
Al salir del terminal aéreo, el aspirante republicano a la Casa Blanca será conducido a la Casa de Huéspedes Ilustres donde a las seis y cuarto sostendrá un encuentro de una hora con el presidente Uribe y con los ministros de Defensa, Juan Manuel Santos; de Comercio, Luis Guillermo Plata, y de Minas y Energía, Hernán Martínez. A la cita acudirán igualmente el canciller Araújo; el Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, y la embajadora en Washington, Carolina Barco.
Una vez termine la reunión, McCain comparecerá ante los periodistas a las siete y quince. Más adelante, el presidente Uribe le ofrecerá una cena en honor suyo y de su esposa Cindy, que vienen acompañados del senador independiente y candidato a la vicepresidencia de Al Gore en el año 2000 Joe Lieberman; del senador republicano Lindsey Graham, y de más de 40 periodistas. Los visitantes pasarán luego la noche en el Hotel Santa Clara, en el centro histórico de Cartagena, donde abundan las medidas de seguridad.

El miércoles temprano, McCain hablará con el ministro Araújo y, fiel a su costumbre como veterano de guerra, visitará a los soldados que se recuperan en el Hospital Naval. Después irá a la estación de Guardacostas de la Base Naval, donde le explicarán algunos programas contra el narcotráfico y la lucha antiguerrilla que han sido financiados con recursos del Plan Colombia, la iniciativa lanzada en 1999 por el presidente demócrata de los Estados Unidos, Bill Clinton, y aprobada en Washington por el Congreso, en ese entonces controlado por la oposición republicana. McCain no es ajeno a la Armada.

Hijo y nieto de almirantes de guerra de Vietnam y de la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue piloto de la Marina norteamericana en el conflicto contra los vietnamitas del norte, donde cayó prisionero y fue torturado por la guerrilla del Vietcong. Sufrió la fractura de los dos brazos, por lo cual no puede levantarlos, y estuvo cinco años en manos del enemigo. Mañana, poco antes del almuerzo, el senador se desplazará a la Sociedad Portuaria de Cartagena. Veinte minutos más tarde dará una rueda de prensa en el Santa Clara, tras la cual se sentará a manteles con los integrantes de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y con diversos empresarios del país.

A eso de las dos de la tarde tomará el avión para volar a México, segundo y último país latinoamericano en esta gira. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de la visita de McCain? ¿Hay algo más allá que revisar el Plan Colombia? Varios analistas creen que sí. Entre ellos se cuenta Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano, el ‘think tank’ más prestigioso de Washignton en lo que se refiere a América Latina, que constata inicialmente que el viaje al exterior de un candidato presidencial norteamericano en plena campaña es “bastante inusual”.

Aparte de eso, Shifter considera que “lo que McCain pretende hacer en Colombia es realzar su experiencia en temas de seguridad nacional, uno de los aspectos en los que se considera más fuerte frente a su rival en los comicios del 6 de noviembre el demócrata Barack Obama, y convencer a millones de hispanos que viven en Estados Unidos de que voten por él”. No será fácil. Para Shifter, si bien Colombia es el único país del hemisferio donde se ha sufrido tan duramente el flagelo del narcotráfico y donde las autoridades han mostrado avances mientras libran un conflicto armado, el objetivo que se ha trazado McCain es difícil de alcanzar. “En Estados Unidos, donde el senador de Arizona tiene sólo el 28% del voto latino, los hispanos están hoy más preocupados por otras cosas como la mala situación económica y la guerra en Irak”, dice.

A estas alturas, McCain sabe perfectamente que tiene la presidencia cuesta arriba. Si se promedian los últimos ocho sondeos de opinión, Obama lo supera por un promedio de 7,1 puntos porcentuales. La diferencia entre las distintas muestras es abismal. De acuerdo con la más reciente de la revista ‘Newsweek’, el candidato demócrata lo aventaja por un astronómico 15%. Pero conforme a la que hizo en días pasados el canal Fox News, la diferencia es de un 4%. McCain ha sido un viejo amigo de los gobiernos colombianos y le ha dado su apoyo al presidente Uribe. Ha dicho que respalda la continuidad del Plan Colombia y ha criticado a la bancada demócrata de la Cámara de Representantes norteamericana que con sus mayorías y bajo el liderazgo de la presidenta de ese organismo, Nancy Pelosi, aplazó indefinidamente en abril la votación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en noviembre de 2006 en Washington por Estados Unidos y Colombia. Según él, “uno no puede volverles la espalda de ese modo a los aliados, sobre todo cuando se trata de un país que es baluarte de la democracia y un faro de esperanza en una región donde hay quienes se oponen a las libertades”.

Esa posición contrasta con la de Obama, que se ha opuesto al TLC mientras exista un alto índice de criminalidad contra los sindicalistas en Colombia. Se ignora si Uribe se alineará con McCain en Cartagena a propósito del TLC y en contra de Obama, o si, por el contrario, insistirá en la importancia de preservar la neutralidad frente a demócratas y republicanos. Si hace lo primero, “sería un suicidio”, advierte Michael Shifter. Aunque la iniciativa de este viaje partió de McCain, la embajadora Carolina Barco, le confirmó a Semana.com que Uribe también ha invitado a Barack Obama, senador de Illinois, para que viaje a Colombia. En las toldas de Obama se cree que durante el senador McCain fustigará durante su visita a Cartagena al candidato demócrata por su negativa a respaldar el TLC. “Nos imaginamos que McCain criticará al senador Obama por no haberse manifestado a favor de ese acuerdo comercial”, le dijo a Semana.com el coordinador del comité encargado de las políticas hacia Latinoamérica en la campaña obamista, Dan Restrepo.

Cuando McCain aterrice, también deberá reaccionar ante la carta que le envió Kenneth Roth, el director ejecutivo de la conocida organización no gubernamental estadounidense Human Rights Watch, en la que le pide cuestionar la información que le dé el presidente Uribe y enterarse del desplazamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales y el acoso al que somete el gobierno a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

The New York Times’ dice que un asesor de McCain ha tenido intereses en Colombia
El rotativo sostiene que Charlie Black, uno de los principales asesores del candidato republicano, presidió hasta hace poco una firma de ‘lobby’ que trabajó para la sucursal colombiana de la Occidental Petroleum Corporation, una firma con una trayectoria dudosa en materia de derechos humanos.

Por Juan Carlos Iragorri. Especial para Semana.com
Revista SEMANA on line, 01/07/2008;

El diario ‘The New York Times’ le puso este martes el dedo en la llaga a la visita que el candidato presidencial del partido republicano John McCain hará hoy y mañana a Cartagena, donde se reunirá con el presidente Álvaro Uribe, varios ministros y empresarios del sector privado. Según el rotativo, Charlie Black, uno de los principales asesores de McCain, dirigió hasta hace poco una firma norteamericana que hizo ‘lobby’ en Washington no sólo a favor de la sucursal en Colombia de la Occidental Petroleum Corporation, sino también “de una ex ministra colombiana de Relaciones Exteriores que es ahora una próspera mujer de negocios”.
De acuerdo con el ‘Times’, la empresa BKSH & Associates, de la que Black fue presidente hasta el pasado mes de marzo, “se ha ganado más de 1,8 millones de dólares” al representar a la Occidental, a diversas compañías textileras y a la ex ministra. “Conforme a documentos oficiales, el señor Black hizo ‘lobby’ ante el Congreso, el Departamento de Estado y la Casa Blanca a nombre de la Occidental y con respecto a ‘asuntos generales de energía’ y ‘asuntos generales de comercio’. Su lista de actividades incluía lograr ‘ayuda exterior a Colombia y el bloqueo de un embargo económico al país, que tiene un dudoso récord en derechos humanos”, agrega el periódico.
No es la primera vez que ‘The New York Times’ centra su atención en los asesores de McCain, que es senador por Arizona. La semana pasada publicó un extenso artículo en el que demostró que varios de ellos han recibido importantes sumas de dinero como consecuencia de las gestiones de ‘lobby’ a las que se han dedicado. Este es uno de los puntos por los que McCain ha sido blanco de las críticas de su rival demócrata, Barack Obama, a quien se enfrentará en las elecciones presidenciales el 6 de noviembre. Charlie Black tampoco es ajeno a los titulares de prensa. Este mismo mes debió pedir disculpas públicas tras haber dicho en una entrevista en ‘Fortune’ que un atentado terrorista en suelo norteamericano beneficiaría la candidatura de McCain.
El artículo de ‘The New York Times’ señala además que las actividades de la Occidental Petroleum Corporation en Colombia han sido muy cuestionadas por “grupos de derechos humanos, de derechos de los indígenas y de ambientalistas, que han acusado a la compañía de haber sido cómplice en la muerte de campesinos que se sospecha simpatizaban con grupos guerrilleros que operaban en zonas de extracción de petróleo o que eran atravesadas por un oleoducto”. Según el diario neoyorkino, el episodio más polémico de la Occidental tuvo lugar en diciembre de 1998 cuando la Fuerza Aérea colombiana mató en un bombardeo a 18 personas porque empleados de la firma dieron mal las coordenadas.
La nota del The New Yor Times, July 1, 2008
McCain Heads Today for Colombia, Where Adviser Has Long Had Ties

By Larry Rohter,

At a time when the role of lobbyists and special interests are at issue in the presidential campaign, Senator John McCain leaves Tuesday on a trip to Colombia, where a senior adviser to him has long had business and political ties.
Since 1998, the lobbying firm headed until recently by Charlie Black, one of Mr. McCain’s closest confidants, has earned more than $1.8 million representing the Occidental Petroleum Corporation, the leading foreign producer of gas and oil in Colombia. The lobbying firm, BKSH & Associates, has also represented Colombian textile and apparel manufacturers and a former foreign minister and presidential candidate who is also a prominent businesswoman.
According to official filings, Mr. Black, who resigned as chairman of BKSH in March, lobbied Congress, the State Department and the White House on Occidental’s behalf regarding “general energy issues” and “general trade issues” involving Colombia. His list of activities also included winning “foreign assistance for Colombia” and efforts to block an economic embargo against the country, which has a questionable human rights record.
“Though he did not have high visibility, we encountered his shadow often,” said Larry Birns, director of the Council on Hemispheric Affairs, an advocacy group that monitors Latin American human rights and political issues from Washington.
Mr. McCain is making the trip in part to highlight his support for a free-trade agreement with Colombia that the Bush administration wants to see approved by Congress by year’s end. The senator, a strong free-trade advocate, has spoken in favor of the accord on the campaign trail.
His presumed Democratic opponent, Senator Barack Obama, opposes the deal and frequently cites it in campaign speeches as an example of what he sees as the administration’s wrongheaded trade policies. Mr. Obama has expressed environmental and human rights concerns, including what he describes as the Colombian government’s repression of labor unions.
Mr. Black has recently been at the center of campaign controversy over an interview, published in June by Fortune magazine, in which he said that another terrorist attack on the United States would benefit Mr. McCain’s candidacy. The McCain campaign declined to make him available to discuss his lobbying activities on behalf of Colombia for BKSH.
“The campaign has no connection to that firm and therefore no connection to the questions you are asking,” said Tucker Bounds, a campaign spokesman.
Occidental’s activities in Colombia have long been controversial, both within that country and among human-rights, indigenous-rights and environmental groups abroad. The groups have accused the company of complicity in the killing of peasants thought to be sympathetic to the left-wing guerrilla groups that operate in the area where Occidental has pipelines or drilling activities. They have also blamed Occidental for the polluting of rural areas and have accused it of intimidating Indian tribes seeking to prevent drilling on their ancestral lands.
Occidental has long denied the accusations, maintaining that its practices are environmentally sound and describing its critics as unrepresentative.
The most controversial episode dates from December 1998, when the Colombian Air Force dropped cluster bombs on Santo Domingo, a village near an Occidental pipeline, killing 18 people. Human rights groups and Colombian government officials say the bombing was a mistake that occurred because three employees of a Florida-based aerial security company employed by Occidental to monitor guerrilla movements had provided incorrect coordinates to the Colombian military pilots.
The American employees of the security company dropped out of sight, and Colombian government efforts to have them handed over for questioning and perhaps trial were fruitless. Frustrated by what they consider the security company’s stonewalling, human rights groups filed suit in California in 2003 and 2004 against Occidental, whose headquarters is in Los Angeles.
Occidental has denied any responsibility for the bombing of Santo Domingo, saying when the first suit was filed that it “has not and does not provide lethal aid to Colombia’s armed forces.”
Even as the Santo Domingo attack became a cause célèbre among human rights groups in Washington, as well as some lawmakers there, Congress approved a special appropriation of nearly $100 million for the protection of oil pipelines in Colombia in 2003, when Mr. Black’s firm was lobbying on Occidental’s behalf.
Atossa Soltani, executive director of Amazon Watch, a human rights group that works on behalf of Colombian Indian tribes opposed to oil drilling and pipelines on their lands, said Mr. Black was also “very active” while Congress was debating a $1.3 billion military assistance package to Colombia that became law in 2000. “We’d be making the rounds in Congress,” Ms. Soltani said, “and Oxy would be there making the rounds, too.”
Occidental has come under fire as well in connection with the 2003 killing of three Colombian labor leaders who were initially and erroneously said to be affiliated with one of the guerrilla groups that regularly attack Occidental’s installations. Three Colombian soldiers, all of them members of a special unit that guards an Occidental pipeline, were charged with murder.
Kitty Bennett contributed reporting.

El Editorial de El Tiempo,

01 de Julio de 2008
McCain en Colombia
Un verdadero acto de equilibrio será el que deban hacer el Presidente y su Canciller ante la visita del candidato republicano de E.U.
John McCain se convierte hoy, una vez llegue a Cartagena, en el primer candidato a la presidencia de los Estados Unidos en la historia que visita a Colombia en un viaje de campaña. El protagonista de este viaje es, además, miembro del Partido Republicano, en la canasta de cuya administración actual, la de George W. Bush, el gobierno de Álvaro Uribe ha puesto desde su inicio todos sus huevos. De allí el acto de equilibrio que el presidente colombiano y su gabinete deben realizar durante esta visita, habida cuenta de la importancia que tienen las relaciones con Estados Unidos para el país.
Por notable que sea el huésped e inusitado su viaje, ambos son, a fin de cuentas, menos importantes que el resultado de las elecciones del 4 de noviembre en E.U. y que la evolución futura de las relaciones bilaterales. Por razones obvias: además de que solo entonces se sabrá con cuál presidente de Estados Unidos habrá de vérselas Colombia (el demócrata Barack Obama arranca en el partidor como el más opcionado), el Congreso de ese país estará de todos modos dominado por el partido rival del ilustre visitante.
El análisis del viaje tiene dos caras. Por una parte, la del interés y los objetivos que tiene el candidato para haber escogido a Colombia. Por otra, la del efecto que el viaje tendrá -dependiendo, en buena medida, de lo que haga o deje de hacer el gobierno colombiano- en la relación bilateral.
* * * *
El Gobierno, al más alto nivel, se verá con el candidato republicano. McCain se encontrará con el presidente Uribe y con su canciller, Fernando Araújo. Habrá rueda de prensa y reunión con empresarios estadounidenses. Se ha especulado no poco sobre las razones por las cuales el candidato republicano ha decidido dedicar a Colombia dos días de su apretadísima agenda, programada minuto a minuto para los próximos cuatro meses, y que incluye también una visita a México, a donde parte mañana desde Cartagena.
Se habla de enviar una señal al voto latino en E.U., cada día más importante. Por algo, Barack y McCain hablaron hace poco ante la influyente Asociación Nacional de Latinos Elegidos y Designados (Naleo). Pero un viaje como este poco influye en ese electorado allá, más preocupado por temas económicos locales o por la suerte de los inmigrantes ilegales. McCain fue el impulsor de la fallida reforma, que el Congreso no quiso aprobarle a Bush, y, en ese sentido, tiene credenciales suficientes sin necesidad de venir a la región. Al igual que Obama, proclama que América Latina será una prioridad en un gobierno suyo. Todos los candidatos en E.U. suelen decir lo mismo y casi nunca cumplen con esa promesa: Bush mismo es quizá la mejor muestra de ello.
Más plausible es que McCain, con este y otros viajes, esté siguiendo la senda de la agenda de seguridad, guerra contra el terrorismo y libre comercio de Bush. La versión republicana -que comparte plenamente el gobierno en Bogotá- es que Colombia es una de las pocas "success stories" (historias de éxito) en el frente que definió a la administración Bush. Ni en Irak, ni en Afganistán, dice ese guión, se encuentran resultados similares en la lucha contra el terrorismo. El viaje del candidato, que ya había visitado a Colombia en dos ocasiones como senador, tiende a enfatizar ese objetivo. Con un espaldarazo a uno de los pocos aliados incondicionales que le quedan a Washington en la región. Y la promoción, de paso, de la causa del TLC y el libre comercio (que lo diferencia del candidato demócrata) -y de la apreciable inversión estadounidense en el país, en especial en el ramo minero y energético-.
* * * *
Más allá del debate sobre ese balance (hay bastantes más "resultados" en la lucha contra las Farc que contra las drogas, objetivo original del Plan Colombia), lo delicado de la visita es que el presidente Uribe y su gobierno comparten por entero esas ideas, tienen sobrados motivos para estar agradecidos con los republicanos y, en consecuencia, no les quedará fácil no mostrar su honda simpatía con quien encarna la continuidad en esta campaña electoral. Un error garrafal.
Ya le ha costado suficiente al país la "relación privilegiada" con la administración Bush como para no tomar las indispensables distancias frente a un candidato que, pese a su 'desmarque' del desprestigiado mandatario estadounidense, sería claro heredero de su administración. Más allá de que la ayuda del Plan Colombia haya servido en la lucha contrainsurgente, la triste suerte del TLC en un Congreso dominado por los demócratas es un poderoso argumento para demostrarlo. Sin hablar de la "soledad" de Colombia en una región dominada por intentos de todo tipo de marcar diferencias frente a Estados Unidos.
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Esta visita debe servir para que el gobierno colombiano dé señales claras de que no va a seguir depositando todos sus huevos en la canasta republicana. Ojalá actúe como lo hará la propia embajada estadounidense: por ley, para la delegación, una cosa es un viaje de un senador y otra la visita de un candidato en campaña, hecho que la obliga a guardar el más estricto equilibrio. Un gesto que los demócratas no dejarían de notar y apreciar. Lo mejor sería que se concretara la posibilidad de que Obama también visite al país y el Presidente y su canciller se reúnan con él. Todo ello equilibraría las cargas y dejaría a Colombia en mejor posición ante la delicada labor diplomática que le espera después del 4 de noviembre, cuando se sepa quién ocupará la Oficina Oval de la Casa Blanca.