Opinión del Procurador Medina Mora

Intervención del Procurador General de la República en el XIX Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial, 2009. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; 14 de abril de 2009;
C. Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. C. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.
C. Dra. Leticia Bonifaz Alonso, Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.
C. Lic. Ángela Quiroga Quiroga, Directora General del Instituto de Capacitación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Distinguidos magistrados y jueces:
Es un gusto estar el día de hoy con ustedes en este Ciclo de Conferencias de Actualización Judicial 2009, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Agradezco a mi amigo Edgar Elías Azar, Magistrado Presidente de este alto Tribunal, por la invitación que me ha hecho para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las reformas en materia de justicia y seguridad, y los retos y perspectivas que tenemos en el combate a la delincuencia.
Empezaré refiriéndome al contexto actual del fenómeno delictivo y las acciones del Estado mexicano para enfrentarlo; posteriormente hablaré de los esfuerzos que estamos haciendo para la transformación de nuestro marco jurídico, de la necesaria coordinación entre los tres órdenes de gobierno y de la indispensable participación de la sociedad.
Es claro que en la actualidad nuestro país vive una etapa crítica en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Actualmente, la facilidad para adquirir drogas en las calles de la mayoría de nuestras ciudades pone en riesgo la salud de nuestros jóvenes, además de que ha ocasionado una escalada de violencia sin precedentes.
Esta situación es producto de la conjunción de una serie de factores internos y externos. Por una parte, el tráfico de drogas a través de nuestro país hacia los Estados Unidos –el mercado de drogas ilegales más grande del mundo– y, por otra, la evolución de las estructuras criminales y la transformación de sus actividades ilícitas.
Entre dichos factores, se encuentran los siguientes:
1. EL ABANDONO DURANTE MUCHO TIEMPO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, ASÍ COMO LA FALTA DE UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE SEGURIDAD NACIONAL SOBRE EL FENÓMENO DEL NARCOTRÁFICO.
Durante años el narcotráfico y el crimen organizado crecieron a la vista de las autoridades y de la propia sociedad y, al mismo tiempo, se dio un proceso de diversificación del mercado de las drogas.
En muchos lugares era común que los pobladores y los vecinos vieran con naturalidad las actividades ilícitas de trasiego de drogas y, más aún, bajo un enfoque de tolerancia, conveniencia y de cierta aprobación, con motivo de la “derrama” económica que el narcotráfico generaba para el barrio o la comunidad.
La imagen del narcotraficante fue la del hombre rico, a partir de la ostentación de sus propiedades y posesiones, y poderoso por su capacidad de intimidación de ciudadanos y autoridades a través de las armas. Este fue el modelo que muchos jóvenes tomaron, que los ha llevado a una ola de violencia y a una cultura de la muerte.
Por otra parte, ya fuera a través de la intimidación o la corrupción, los grupos del crimen organizado lograron penetrar muchas de nuestras instituciones policiales, de procuración de justicia y los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común como en el ámbito federal.
La falta de incentivos y la escasez de recursos presupuestales para el sector de seguridad y justicia, han agudizado esta situación.
En estas condiciones, la inseguridad y la violencia se apoderaron de muchas comunidades en zonas rurales, y de muchos barrios y colonias en zonas urbanas. La impunidad con que se conducían los criminales puso en estado de indefensión a la sociedad en un número creciente de poblaciones.
2. DISMINUCIÓN EN LA OFERTA PREDOMINANTE DE COCAÍNA EN EUA E INCREMENTO EN EL CONSUMO DE DROGAS SINTÉTICAS.
Debido a los golpes repetidos que México y Colombia han asestado a los traficantes de cocaína, la oferta de esta droga se ha reducido en Estados unidos y se ha desplazado a mercados de mayor precio como Europa, o de menor riesgo, como México.
A ello se suma que los consumidores estadounidenses están cambiando sus preferencias en favor de drogas sintéticas y por marihuana, de la que producen cerca de dos terceras partes de su consumo.
Estos cambios en el mercado y los patrones de consumo, han ocasionado un encarecimiento de cocaína en varias ciudades de EUA.
Las cifras de la Oficina de la Casa Blanca para la Política Nacional Contra las Drogas, indican cambios importantes en los precios de cocaína y metanfetamina en las calles, es decir hacia el consumidor final, como una sensible disminución de su pureza.
De enero del 2007 a diciembre del 2008, es decir que los dos primeros años de la administración del Presidente Calderón el precio por gramo de la cocaína pura pasó en las calles de los Estados Unidos de 97 dólares a más de 200 dólares con un aumento de más de 100%, y la pureza cayó 32%.
El precio de la metanfetamina en las últimas fechas subió alrededor de 20% y su pureza disminuyó 9%.
No obstante ello, el valor agregado a la droga en cada etapa -desde su producción hasta su venta para consumo- sigue siendo impresionante. Los aumentos de precio son reflejo de una disminución de la oferta de una escasez, pues en términos de la demanda de los consumidores, pero en términos de su capacidad de producción de valor agregado implícito las cifras son realmente impresionantes.
Un kilo de cocaína pura cuesta en Colombia al mayoreo alrededor de 2,500 dólares, y el gramo de la misma al menudeo en las calles de los Estados Unidos cuesta más de 200 dólares, es decir, 200 mil dólares por kilogramo.
3. CRECIMIENTO EN EL CONSUMO INTERNO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES DERIVADO DE MODIFICACIONES EN EL MERCADO DE LAS DROGAS Y LAS PÉRDIDAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Los cambios en el consumo de drogas y las acciones emprendidas en contra de las organizaciones criminales basadas en nuestro país les han ocasionado fuertes pérdidas. Como consecuencia se han dado tres fenómenos claramente identificados:
a) El desarrollo del mercado interno en nuestro México mediante el pago en especie a los transportadores de drogas se ha generado un paulatino pero constante incremento en el consumo en nuestro país, bajo una sinergia generadora del fenómeno del narcomenudeo. Es una sinergia perversa pero al final es una sinergia que vincula los factores de este negocio ilícito.
Nuestro México, hay que reconocerlo, hay que insistir en ello, dejó de ser un país de tránsito de la droga hacia los Estados Unidos con altas tasas de crecimiento. Muestra de ello son algunos de los resultados de las encuestas aplicadas por el Consejo Nacional contra las Adicciones. Estas reflejan en sus cifras generales que ya han sido hechas públicas un crecimiento anual de consumo de anual del consumo de drogas por más de 10 años, a una tasa cercana al 20% anual. Sólo entre 2002 y 2008, el consumo de drogas creció 28.9% en promedio al año.
El consumo de cocaína en término de prevalencia entre la población entre 12 y 65 años pasó de 1.3% en 2002 al 2.5% en 2008, es decir, más del doble.
En 2002, la edad promedio en que se probaba por primera vez la droga era de 14 a 16 años. Hoy ya está entre los 10 y los 12. El sector de la población en el que crece con mayor velocidad el consumo es el que se encuentra entre 12 y 17 años.
El consumo entre las mujeres se duplicó al pasar del 0.9% a 2% en el mismo lapso.
México es uno de los consumidores más importantes de cocaína per cápita a nivel mundial, en este sentido sólo es claramente superado por los Estados Unidos, por Brasil y quizás por España, en Europa.
Un segundo elemento de esta circunstancia del narcomenudeo es que ante la disminución de los ingreso por los cambios en el consumo de los Estados Unidos y también por las acciones exitosas del Estado mexicano en su combate, la delincuencia organizada ha diversificado sus actividades criminales hacia otros delitos que no eran objeto de su atención en el pasado. El secuestro, la trata de personas, el lenocinio y la corrupción de menores, el tráfico de personas, el robo de vehículos, etcétera, la mayoría de los cuales son competencia originaria del fuero común.
La estructuración de las organizaciones criminales en células independientes unas de las otras, ha permitido a cada una ejecutar un amplio espectro de actividades ilícitas en zonas delimitadas, y competir por su control geográfico con otras organizaciones, provocando con ello un recrudecimiento de la violencia.
Este es el factor más importante de generación de violencia en los últimos años en nuestro México.
Un tercer factor, el fenómeno del narcomenudeo se encuentra estrechamente vinculado con la comisión de delitos del orden común. Este es uno de los aspectos esenciales que exigen la participación activa de las entidades federativas en el combate integral del fenómeno delictivo. Hay una clara vinculación estadística entre adicción y propensión a cometer conducta ilícita. Un dato, de 7,230 jóvenes detenidos en 2007 acusados de diversos crímenes, 50% admitió consumir drogas de manera habitual y 1,179 de ellos estaban bajo el efecto de algún enervante al momento de delinquir.
Casi dos terceras partes de las averiguaciones previas que se inician en las delegaciones de la Procuraduría General de la República en el país por delitos contra la salud, sin el agravante de la delincuencia organizada, son por tenencia o posesión con fines de consumo.
El narcomenudeo ha penetrado zonas específicas provocando el fortalecimiento de la narco-cultura entre adolescentes y jóvenes, sobre todo en aquellas zonas en las que estos grupos ejercen una influencia más importante.
Un cuarto factor es la revisión de la evolución de este fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país es el incremento de la violencia entre organizaciones criminales es quizás el factor más visible para todos nosotros en los últimos años.
El crecimiento del mercado interno y la diversificación ante las actividades ilícitas de la delincuencia organizada han llevado a enfrentamientos encarnizados entre las organizaciones criminales.
Los índices de violencia hay que subrayarlo no comenzaron en la actual administración, aunque actualmente estamos en una de sus etapas más críticas. En gran medida también, por la intensificación del acoso al que los carteles están siendo sometidos por las fuerzas públicas, y en otra dimensión por las rivalidades y ajustes de cuentas entre los grupos.
No obstante, la percepción social es de inseguridad y también de ineficacia de las autoridades.
Este es un análisis muy general del fenómeno delictivo. Lo que debemos recordar en todo momento es que los datos mencionados se deben a que la delincuencia organizada cuenta con sofisticadas redes de operación; estructuras de amplio espectro geográfico; diversificación en sus actividades ilícitas, tanto las que son de competencia federal como las del orden común; alto nivel de especialización para su ejecución; recursos financieros abundantes; capacidad de defensa jurídica para sus miembros; poder corruptor y poder intimidatorio de autoridades, de la población y también de los medios de comunicación.
Sin duda el panorama muestra una apariencia poco alentadora. Subrayo, en apariencia, pues existen múltiples razones por las cuales el Estado mexicano libra esta intensa guerra en contra de la delincuencia organizada y por las cuales indudablemente obtendrá la victoria. El poder del Estado es sin duda mucho mayor que el de todos los criminales juntos. Podremos restituir la seguridad y la tranquilidad para los ciudadanos y recuperar nuestros espacios, de manera perdurable.
Primero, porque el Estado mexicano –entendido como la unión indisoluble entre sociedad y autoridades de los tres órdenes de gobierno– por primera vez enfrenta el problema con una visión estratégica e integral, aprovechando todos los recursos disponibles, en todos los ámbitos de competencia, desde todos los enfoques y frentes, y con todas las instancias necesarias, no sólo para atacar los efectos de la delincuencia organizada, sino para resquebrajar sus cadenas operativas y los nodos de valor agregado en sus actividades.
a) La estrategia ataca los nodos de valor y cada eslabón de la cadena operativa de la delincuencia organizada; dificulta sus actividades ilícitas en todos sus ámbitos, incluidas la adquisición de armas y el financiamiento de sus actividades.
b) Todos los ámbitos de gobierno realizamos acciones para afectar la habilidad de las organizaciones criminales para obtener ganancias y poder económico, así como su capacidad corruptora y de intimidación sobre autoridades y sociedad.
Segundo, porque el Estado mexicano, como ya dije, es mucho más grande y fuerte que cualquier organización criminal o grupo de delincuentes.
a) Bajo una visión de Estado, es imprescindible fortalecer a las instituciones y consolidar condiciones de seguridad, para estar en posibilidad de construir ciudadanía, bajo una cultura de legalidad y de rechazo a las drogas y al delito.
b) La cultura de legalidad con sólidas bases es, al mismo tiempo, herramienta esencial para la construcción y consolidación de nuestras instituciones. Por ello, es imprescindible fortalecer la participación ciudadana en todos los ámbitos de gobierno, incluyendo también la función judicial.
Esta visión de Estado compartida yo creo por todos los mexicanos y por todas las autoridades de los órdenes de gobierno y de los poderes, nos ha llevado, en una acción coordinada a los Poderes del Estado mexicano a la reforma constitucional de seguridad y justicia (DOF 18-junio-2008), la que constituye el cambio jurídico e institucional en el ámbito de la justicia y de la seguridad más grande que haya ocurrido en nuestro país desde la promulgación de la Constitución de 1917. Su objetivo es contar con un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz, en el que los ciudadanos encuentren verdadera protección para la defensa de sus derechos, y en el que puedan confiar.
La reforma se dirige a ajustar el sistema a los principios de un Estado democrático de derecho, por ejemplo, dando garantías a víctimas y acusados, y a la imparcialidad en los juicios, el valor superior que estos deben tener.
Consiste básicamente en pasar de un sistema cerrado, lento, burocratizado en extremo, con poca participación de los jueces y vulnerable a prácticas de corrupción, a un sistema transparente, equitativo, con pleno respeto a las garantías procesales de víctimas e inculpados, que garantice la reparación del daño y en el que los jueces tengan el papel protagónico que les corresponde en la impartición de justicia, lo que sin duda nos permitirá recobrar la confianza de la sociedad en nuestras instituciones de justicia.
La sociedad mexicana reclama con verdadera urgencia que el sistema de seguridad y justicia se transforme desde sus raíces para cumplir con la obligación esencial de todo Estado, de garantizar la seguridad e integridad de las personas, de las familias y de los bienes, así como otorgar justicia pronta y expedita, como nos lo manda la propia Constitución General de la República.
La reforma al sistema de justicia va aparejada de una profunda transformación en nuestro sistema de seguridad pública. Ambos sistemas se encuentran naturalmente estrechamente vinculados, de forma que los aciertos y las deficiencias de uno necesariamente repercuten en el otro.
De allí que al mismo tiempo que trabajamos en la implementación del sistema de justicia acusatorio, oral y adversarial, se realicen esfuerzos sin precedentes para fortalecer a nuestras instituciones.
Como señalé al principio, una de las causas por las cuales vivimos momentos críticos de inseguridad y violencia, fue el abandono durante décadas de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
Todos los órdenes de gobierno hemos iniciado el proceso de fortalecimiento y reconstrucción de nuestras instituciones, pues por más sistema de justicia de vanguardia que parta de la presunción de inocencia y se desarrolle con base en la publicidad y la contradicción, no podremos atender los reclamos sociales sin instituciones eficaces, que actúen de manera real –y no sólo en el papel– sobre la base de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, tal como lo dispone el artículo 21 de nuestra Constitución Política.
Mientras logramos la consolidación de nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, es preciso contar con el apoyo y la disposición de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, lo que se sustenta en la necesidad de proveer ayuda en las áreas geográficas en donde las instituciones policiales y de procuración han sido rebasadas por las organizaciones criminales, con su capacidad intimidatoria.
Sin embargo, esto no será una condición permanente, sino que las fuerzas armadas habrán de reincorporarse a las tareas propias de su función en la medida en que se fortalezcan las instituciones de seguridad pública, pero sobre todo las del orden local.
Como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de las estructuras de seguridad del país, el pasado 2 de enero se expidió la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece las bases e instancias para una verdadera coordinación entre las instituciones policiales, el Ministerio Público, las autoridades encargadas de la aplicación de sanciones administrativas, las responsables de la prisión preventiva y la ejecución de penas, las competentes en materia de justicia para adolescentes y las demás que puedan contribuir a los fines de la seguridad pública, es decir, a los fines de la obligación del Estado y dar certidumbre cotidiana a los ciudadanos.
Esta nueva ley general establece el Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el Presidente de la República, e integrado por los titulares de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública y el Procurador General de la República, así como por los gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y su Secretario Ejecutivo.
• Reorganiza al Secretario Ejecutivo, que será nombrado por el Presidente del Consejo, y que contará con:
 El Centro Nacional de Información, a cargo de establecer, resguardar y administrar las bases de datos criminalísticos que ordena el artículo 21 constitucional.
 El Centro Nacional de Certificación y Acreditación, cuyo objeto es certificar que los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos de confiabilidad y técnicos para el desempeño de las funciones encomendadas a ellos.
Gradualmente se hará la depuración de los cuerpos de policía y del personal de procuración de justicia, de forma que todos los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública como los refiere la ley estén certificados en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Además, este Centro acreditará que los centros de evaluación y control de confianza de cada Institución y de cada entidad cumplan los estándares mínimos y homogéneos establecidos para el Sistema Nacional.
 Asimismo, el Sistema contará con un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el cual estará a cargo de la tarea fundamental de promover la construcción de una cultura de paz, legalidad, respeto a los derechos humanos y participación ciudadana.
• La Ley también establece las bases de organización y funcionamiento de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, así como los consejos locales y regionales, y la intervención que, con pleno respeto al principio de división de poderes, tendrá el Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas.
• Resalta la importancia de los registros y bases de datos del Sistema, a partir del Registro Administrativo de Detenciones; el Sistema Único de Información Criminal, el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Armamento y Equipo.
En el proceso de reconstrucción, fortalecimiento y consolidación de las instituciones de seguridad, a partir de las acciones emprendidas por el Estado y mediante el esfuerzo conjunto de todas las instancias de gobierno, estamos logrando debilitar a la delincuencia organizada, lo que se aprecia, en cierta medida, en los índices de violencia entre las organizaciones criminales.
Cada organización se pelea con las otras por apoderarse de las plazas y mercados para la realización de sus actividades ilícitas. Además sufren cruentas luchas intestinas por las posiciones de liderazgo y, a la vez, enfrentan a las fuerzas del Estado, todo lo cual les ha causado cuantiosas pérdidas.
En 2008 se contabilizaron más de 6,000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada; en lo que va de 2009 la cifra es de 1,900 con una disminución del 26% en los primeros tres meses de este año comparado con los últimos tres meses del años 2008.
Hay que considerar que se presume que nueve de cada diez muertes corresponden a miembros de la delincuencia organizada; uno de cada diez a integrantes de las fuerzas policiales o del Ejército mexicano, y cuatro de cada 100, se consideran civiles ajenos a las bandas de delincuentes.
Las cifras muestran un importante derramamiento de sangre y, por supuesto, la percepción pública es la del incremento generalizado de la violencia; pese a ello, nuestras estimaciones indican que es posible que dentro de algunos meses inicie una tendencia a la baja.
La acción conjunta de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia del Estado junto con las fuerzas armadas están dando resultados positivos, se requiere que afinemos el marco normativo, federal y estatal, de manera ordenada, para dotar a nuestras instituciones con mejores herramientas para cumplir sus fines esenciales.
La acción decidida del Estado nos está permitiendo romper círculos viciosos con los que la delincuencia había logrado anular a segmentos institucionales completos, o incluso ponerlos de su lado. Debemos aprovechar esta dinámica para dar los pasos decisivos en el cambio y depuración de nuestras fuerzas, federales, estatales y las de nivel municipal.
Sin aflojar el paso en la acción directa sobre el terreno contra las organizaciones criminales, hemos trabajado y seguimos haciéndolo, en una serie de reformas legales que otorgan a la autoridad mejores herramientas de investigación, muchas de las cuales desarrollan y dan contenido específico a la reforma constitucional ya en vigor. Permítanme enumerar las más importantes:
a) Reforma Miscelánea penal (DOF 23-ene-2009), la cual fortalece las capacidades de investigación de la policía, bajo la conducción y mando del Ministerio Público como lo mandata nuestro Artículo 21 de la Constitución; establece nuevos derechos para víctimas y ofendidos, y regula nuevas herramientas de investigación, como la posibilidad de recabar muestras de fluidos corporales o solicitar orden judicial para ello, así como la aportación voluntaria de investigación o el proceso de comunicaciones privadas por quienes participan en ellas.
b) Se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 73 constitucional, fracción XXI, mediante la cual se autoriza al Congreso de la Unión a emitir una Ley General contra el Secuestro, la que permitirá fijar un tipo penal uniforme, distribuir competencias y regular acciones en materia de prevención, investigación, persecución y sanción de este delito.
Bajo las premisas constitucionales, el delito de secuestro seguirá siendo del orden local, investigado, perseguido y sancionado por autoridades del fuero común, sobre bases uniformes, además de contar con técnicas especiales de investigación en la materia. En suma, lograremos un frente común en contra de este delito, que es uno de los que más lastiman a la ciudadanía.
c) El 9 de diciembre del 2008 se aprobaron reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, mediante las cuales se crea un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, y se establece la obligación de las concesionarias de telecomunicaciones de proporcionar información para la investigación de los delitos. Sin duda, una vez constituido el registro, será una herramienta ágil y muy potente para la investigación.
Otras reformas legales se encuentran pendientes de discusión y aprobación por el Congreso de la Unión. Destacan:
a) La Reestructuración de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal. Actualmente se discuten en el Congreso las Iniciativas de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de Ley de la Policía Federal, con las cuales se propone una profunda transformación institucional; las bases para sumar capacidades de investigación y de combate a la delincuencia, y el establecimiento de un nuevo marco normativo acorde con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Algunos aspectos relevantes consisten en lo siguiente:
• Ampliación de las facultades del Ministerio Público y de la policía.
• Reestructuración funcional de la PGR basada en la especialización y la desconcentración a través de la coordinación regional, atendiendo a la incidencia delictiva, las circunstancias geográficas, las características de los asentamientos humanos, el nivel poblacional y los fenómenos criminógenos.
• Depuración y profesionalización del personal.
• Creación de la figura de Oficial Ministerial como verdadero asistente del Fiscal, aspecto que constituye un avance en la implementación del nuevo sistema de justicia.
• Creación de la Policía Federal, que permitirá el incremento de la capacidad de despliegue, por la suma de recursos, y la unificación de procesos, criterios y estrategias, para lograr una operación coordinada.
En este punto, es preciso destacar el nuevo concepto constitucional de “corresponsabilidad” en la investigación de los delitos. Como ustedes saben, el Artículo 21 de la Constitución dispone que la investigación de los delitos estará a cargo del Ministerio Público y la policía, la cual actuará bajo la conducción y mando del primero en el ejercicio de esta función.
Sin embargo, la misma disposición constitucional establece, como parte de la definición de seguridad pública, la prevención y la investigación para hacerla efectiva. De allí que sea necesario potenciar las facultades de la policía preventiva en la función de investigación, a la cual contribuirá que la policía tiene mayor capacidad de despliegue que el Ministerio Público.
b) Por lo que se refiere a delitos que atentan contra la libertad de expresión, derechos humanos y la seguridad nacional, el Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma también a la fracción 21 del 73 constitucional, cuyo propósito es facultar a las autoridades federales para conocer de delitos del fuero común cuando, por sus características de ejecución, su relevancia social o su impacto en el ejercicio de la libertad de expresión, trasciendan el ámbito de las entidades federativas, sin que para ello sea necesario establecer conexidad con delitos del fuero federal.
La Cámara de Diputados ya aprobó una reforma al Código Penal Federal por la cual se adiciona un tipo penal que sanciona los hechos ilícitos en agravio de la actividad periodística. Contrario a lo que han publicado algunos medios de comunicación, esta reforma no federaliza los delitos cometidos en contra de los periodistas en razón de su actividad, sino que establece una sanción adicional, cuando el delito consumado ha sido cometido en agravio del periodista, situación que constituirá un concurso de delitos, sin que ello signifique federalización alguna.
c) La reforma al Artículo 22 constitucional establece apoyos para mermar la capacidad económica de los grupos de la delincuencia organizada, uno de ellos es la figura jurídica de la extinción de dominio de bienes.
El Distrito Federal ha sido el primero en emitir una Ley de Extinción de Dominio, la cual ya han dado los primeros resultados en las tareas de combate a la delincuencia.
En el ámbito federal, el texto aprobado por el Senado de la República es actualmente objeto de discusión en la Cámara de Diputados.
Sin duda, al igual que en el Distrito Federal, será una herramienta poderosa para combatir la capacidad financiera de la delincuencia organizada.
d) Como fue expuesto anteriormente, parte del incremento de la violencia proviene del narcomenudeo. Por ello, se discute en el Congreso de la Unión una reforma que, de aprobarse, permitirá sumar las capacidades de la Federación y de las entidades federativas, mediante el otorgamiento de competencia al Ministerio Público del fuero común para conocer de esos delitos cuando el comercio, suministro o posesión de narcóticos no excedan de una dosis multiplicada por mil.
Independientemente de la reforma, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó ya una Estrategia Nacional contra el Narcomenudeo, la cual contempla acciones de coordinación inmediata y la suma de capacidades para el combate de este flagelo, que es el que pone en riesgo de manera directa a la población, sobre todo a nuestros niños y jóvenes.
Al hablar de este tema, es preciso referirnos a las acciones que como Estado debemos adoptar, no sólo en el combate a la oferta de drogas, comúnmente en sus expresiones de tráfico y distribución, sino también en el combate a la demanda.
Como señalé antes, no somos ya sólo un país de tránsito, sino que ya tenemos un problema importante de consumo. Es por ello que debemos generar mecanismos de atención al farmacodependiente y al consumidor ocasional que, sin llegar a estigmatizarlos como delincuentes, permitan atender su enfermedad y prevenirla. Hay que atacar el problema desde todos sus ángulos.
Existen otras iniciativas que serán objeto de discusión por el Congreso de la Unión en materia de armas de fuego; seguridad interior, y de nuevos tipos penales que refuerzan la actuación de las instituciones públicas.
Podría pensarse que esta transformación y construcción jurídica ocurre sólo de arriba hacia abajo, es decir, que las reformas deben ser federales y más tarde estatales, y en cierto sentido así es, pues las nuevas leyes federales van marcando camino para las locales.
Ahora bien, son tantos los ordenamientos en los que se trabaja para modernizar nuestro sistema de justicia y seguridad, que la labor acaba por ser simultánea no sólo en los órdenes federal y estatal, sino también en el municipal.
De hecho, muchas entidades federativas nos han puesto ya el ejemplo al ser pioneras en la adopción del sistema de justicia oral acusatorio adversarial. La sociedad nos reclama mayor eficacia y no se detiene mucho a considerar si la responsabilidad es de jurisdicción federal o estatal o municipal. Lo que quiere con razón son resultados con la mayor rapidez posible. Lo que quiere es que estemos en aptitud de ponernos de acuerdo y trabajar conjuntamente. Esto nos obliga a todos, al mismo tiempo.
Son muchas las acciones que se han emprendido por el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas del Distrito Federal en el combate a la delincuencia; sin embargo, ninguna reforma, bajo un enfoque de Estado, podrá ser eficiente sin la participación de uno de sus componentes esenciales sino el principal: la sociedad.
La premisa fundamental es que son los ciudadanos los que hacen la seguridad. Cuando la sociedad se apropia de los espacios comunes, la delincuencia tiene menos oportunidades para reproducirse.
Es preciso que la sociedad asuma el rol que le toca en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. La cohesión social es la herramienta más útil para expulsar a los criminales de nuestros espacios e impedir que la cultura del delito y de la muerte se asuma como un fenómeno normal y tolerable.
Esto acontece tanto en los espacios rurales (poblaciones, comunidades, rancherías) como en los espacios urbanos (la cuadra, la calle, el barrio, la colonia).
De allí que todos juntos debemos promover una vigorosa cultura de prevención en la que participemos todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno y alentemos la participación social.
Con el fin de fomentar la cultura de la legalidad y la participación social, la Procuraduría General de la República ha lanzado un agresivo y ambicioso plan de ofrecimiento de recompensas a quienes aporten información relevante, útil, veraz y oportuna para la localización y detención efectiva de los principales líderes de los carteles del narcotráfico y de sus lugartenientes y operadores.
La estrategia parte de la premisa del anonimato, a fin de minimizar el riesgo para los ciudadanos que de manera valiente y decidida aporten información para la captura de estos criminales.
Nuestra principal fortaleza es la unidad de todos los mexicanos. Es la unidad de la sociedad con la autoridad la que constituye el Estado y, por tanto, es la cohesión social en unión indisoluble con los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, lo que permitirá recuperar la tranquilidad y la paz de nuestro México.
El éxito de la estrategia, en el largo plazo, depende de la extensión de una cultura de apego a la ley y de la participación activa de la ciudadanía. El reto es fortalecer las instituciones públicas y construir ciudadanía de manera simultánea: en suma, construir el Estado Democrático de Derecho.
De lo contrario, podremos ganar la guerra contra la delincuencia organizada, pero siempre estaremos a merced de nuevas organizaciones criminales que, de nueva cuenta, amenazarán con apoderarse de nuestros espacios y nuestras comunidades.
A las consideraciones anteriores, es preciso agregar la política internacional en materia de cooperación en el combate a la delincuencia organizada.
A ese respecto, vale la pena puntualizar que el flujo de armas y dinero ilícito de los Estados Unidos de América –el mayor mercado de drogas del mundo (35.7 millones de estadounidenses)– a México, son dos aspectos críticos en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Las armas que sostienen el poder de los criminales y multiplican la violencia en nuestro México, provienen en un 90% de los Estados Unidos, y son vendidas en su mayoría a través de las 12,000 tiendas o establecimientos registrados en los Estados Unidos, en las zonas más próximas a nuestra geografía de las casi 100 mil que hay en todo el país del norte.
Es preciso que hagamos ver a otros países, particularmente a los Estados Unidos, la necesidad de asumir a cabalidad el principio de responsabilidad compartida en la lucha contra la delincuencia organizada. Por fortuna, tenemos indicios recientes de que las autoridades del país vecino comienzan a asumir plenamente este hecho.
Los resultados de los últimos años muestran claramente que es necesario dar los pasos necesarios hacia una estrategia contra el consumo de drogas en los Estados Unidos que sea más amplia, más profunda, más decidida y de mayores compromisos compartidos.
Sabemos que el consumo de drogas se ampara en la tolerancia social, y sabemos que tal tolerancia ha sido manifiesta en muchos lugares de los Estados Unidos. Un ejemplo de ello es el uso de la marihuana para casos terapéuticos que, sin prejuzgar sobre sus resultados y valor medicinal, ha sido evidentemente un factor de tolerancia social.
Afortunadamente las autoridades estadounidenses han sido, como decía, sensibles al tema. Un primer avance, por supuesto, es la Iniciativa Mérida, pero debemos hacer mucho más de manera unida en el desmantelamiento del poder de las organizaciones criminales, en términos de capacidad de fuego, capacidad corruptora y capacidad intimidatoria.
Actualmente estamos construyendo una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y contamos con la disposición de ese país para incrementar los niveles de cooperación jurídica para fortalecer la aplicación soberana de la Ley y fortalecer en cada país el Estado de Derecho.
La visita del Presidente Obama a nuestro país en los próximos días es una oportunidad enorme para cimentar las bases de una nueva cooperación entre ambos países, a partir del nuevo comportamiento de los mercados de las drogas y de la evolución de las organizaciones criminales que, sin duda, afectan ambos lados de la frontera.
La responsabilidad compartida no es un principio que se agota en la relación México – Estados Unidos de América. El fenómeno de las drogas y del crimen organizado es de dimensión mundial. Sin la suma de todos los Estados, el combate a la delincuencia organizada provocará diversificaciones y distorsiones en los mercados, cambios de rutas y nuevos clientes, pero no lograremos vencer el fenómeno, sino trasladarlo a otro punto geográfico o a otra actividad delictiva.
En el pasado 52 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, a propuesta de México, se aprobó una Resolución que insta a todos los países a fortalecer su legislación para combatir delitos financieros ligados al crimen organizado, con medidas contra el lavado de dinero y herramientas como la extinción de dominio, e intensificar la cooperación multilateral contra este fenómeno.
Señor Presidente del Tribunal, señores Magistrados este importante foro en materia de actualización judicial reviste particular importancia en los momentos en los que estamos atravesando hoy día.
Las entidades federativas y, especialmente, sus órganos jurisdiccionales, juegan y jugarán un papel preponderante en la estrategia integral de combate a la delincuencia y de recuperación de la seguridad y la tranquilidad que todos los mexicanos reclamamos como nuestro derecho.
Únicamente mediante una verdadera visión de Estado en la que todos realicemos el papel que nos corresponde –tanto los tres Poderes y órdenes de gobierno, como la sociedad– lograremos no sólo revertir la percepción de violencia e impunidad con la que vivimos hoy en día, sino generar las condiciones perdurables de seguridad necesarias para el desarrollo individual y colectivo, es decir, para el verdadero desarrollo de México.
Muchas gracias.