Florence Cassez, posicionamiento de México

Pagará Florence Cassez su condena de 60 años de prisión en México
Lunes, 22 de Junio de 2009 Discurso
Residencia Oficial
Muy buenas tardes señoras y señores representantes de los medios de comunicación.
Agradezco mucho su presencia esta tarde, que tengo un anuncio importante que hacer a los mexicanos.
El Gobierno de la República ha llegado a la determinación de que no existen las condiciones que permitan otorgar su consentimiento para el traslado de la ciudadana Florence Cassez a Francia, su país de origen, y al cual hace referencia el Convenio de Estrasburgo.
En consecuencia, Florence Cassez pagará su condena de 60 años de prisión en México, por los crímenes cometidos en agravio de diversas personas en nuestro país.
Como ustedes saben, Florence Cassez fue detenida, juzgada conforme a derecho y condenada, en primera y segunda instancias, por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, delincuencia organizada, así como por la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La sentencia dictada por los tribunales mexicanos fue de 70 años de prisión, de los que purgará 60 años, por ser el límite máximo de reclusión conforme a la ley, además de la responsabilidad consistente en la reparación del daño correspondiente.
La señora Cassez ha podido hacer uso de todos los medios de defensa que la legislación mexicana y la Constitución otorgan a cualquier persona en situación similar.
En pleno uso de sus derechos, ha apelado las diferentes sentencias y acuerdos ante los tribunales que, con base en las pruebas y evidencias presentadas ha concluido con su culpabilidad.
Como ciudadana de otra nacionalidad, Florence Cassez ejerció también su derecho a solicitar auxilio al Gobierno de su país, Francia; así, en marzo, se acordó la creación de una Comisión Binacional México-Francia que examinara la posible aplicación del Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas del Consejo de Europa, conocido como el Convenio de Estrasburgo en este caso.
Según este Convenio, al cual México se adhirió en 2007, los ciudadanos de los países firmantes podrían ser trasladados a sus países de origen para purgar ahí las penas a las que hayan sido sentenciados por tribunales de otras naciones.
Para que esto ocurriera, se requiere que ambas naciones estén de acuerdo en el traslado y, en consecuencia, expresen cada una su consentimiento. En este caso, el Gobierno de Francia consideraba que el Convenio permitiría a Florence Cassez purgar su condena en ese país si el Gobierno de México así lo consentía.
Sin embargo, el Gobierno francés también se pronunció por reservarse para sí la competencia de tomar decisiones sobre la suspensión o reducción de la pena o sobre los medios para hacerla cumplir.
Esto abría la posibilidad de que Florence Cassez no pagara su condena de acuerdo con la sentencia que las autoridades judiciales mexicanas han determinado o que la pagara en un plazo significativamente menor.
Para México, esto resulta inaceptable. El Gobierno de México tiene el deber irrenunciable de asegurarse de que la sentencia impuesta por un juez sea cumplida en todo momento. El caso de la señora Florence Cassez no puede ser una excepción.
Así, la delegación mexicana que participó en la Comisión Binacional México-Francia concluyó que no existen las condiciones para que la pena impuesta por los tribunales mexicanos se cumpla de manera íntegra en Francia, por lo que no es posible acceder y otorgar el consentimiento mexicano para un acuerdo binacional voluntario en el marco del Convenio de Estrasburgo.
Quiero señalar que es voluntad del Gobierno mexicano dar fiel cumplimiento a las obligaciones internacionales derivadas de tratados, en concordancia con la Constitución y con las resoluciones judiciales fundadas en la misma.
Por ello, la delegación mexicana examinó todos los aspectos relativos a la posible aplicación del Convenio de Estrasburgo al caso de la señora Cassez.
Sin embargo, vale la pena recalcar que el Convenio de ninguna manera impone la obligación al Estado requerido de consentir una solicitud de traslado. Esta Administración tiene un compromiso irrenunciable con la legalidad.
Como nunca antes, hemos emprendido una lucha frontal contra la delincuencia organizada y, muy en particular, contra los delitos que lastiman gravemente a la sociedad mexicana, como es el secuestro.
Este deleznable delito no sólo afecta de manera permanente a la persona que lo sufre, sino que lacera también a las familias y a las comunidades y las condena a vivir en la zozobra y en la incertidumbre, que significa la desaparición de un ser querido.
No podemos permitir que a ese dolor y desesperación se sume la indignación y la impotencia derivada de la impunidad de los delincuentes.
Por eso, el Gobierno Federal está comprometido para que las víctimas de secuestro y sus familiares encuentren justicia.
Estamos luchando para romper el círculo vicioso de impunidad, miedo, comisión de nuevos crímenes y nueva impunidad que ha permitido que las bandas de secuestradores hayan crecido en nuestro país y dañado a la sociedad.
Que quede claro que nadie en México, independientemente de su condición social, económica o de su nacionalidad, puede sustraerse al cumplimiento de la ley. La ley es igual para todos y quien la viola tiene que pagar las consecuencias, independientemente de su credo, preferencia política o condición social, económica o nacionalidad.
Esta es la exigencia de los mexicanos y ese es el compromiso que seguiremos honrando, con hechos, cada día de esta Administración.
Muchas gracias por su atención.