Informe del Ombusman nacional

Al presentar el Informe de Actividades 2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, se comprometió ante el Congreso de la Unión a que el Organismo nacional contribuya activamente a la construcción de un Estado de Derecho y se convierta en una institución promotora del diálogo respetuoso entre todos los actores sociales y políticos.

Tras subrayar que consolidará y reorientará los esfuerzos para que la CNDH atienda los compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI, dijo que será mediante el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho como se enfrentará la compleja problemática que padece el país.

Convocó a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia, con la participación de todos los actores políticos y sociales, con gran sentido ético y de tolerancia, y a la realización de una Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos.

Puso en relieve que las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo en los campos humano, económico y social.

La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones y el entorno global incrementaron la actividad delictiva, lo que no debe suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos, sino una convocatoria para reforzar las acciones tendentes a garantizar su respeto total.

“Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional, pero reclama el compromiso para que todos cooperemos para la consecución de la paz y la armonía que exige la plena convivencia social”, aseguró.

Plascencia Villanueva habló ante diputados y senadores de todos los partidos políticos congregados en el salón “Legisladores de la República” del Palacio Legislativo de San Lázaro, quienes estuvieron encabezados por el diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Refirió que la inseguridad que se vive en el país, que ha ido en aumento en los últimos años, lastima profundamente a la sociedad y ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte, como lo demuestran ocho mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado en 2009.

“Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable y eficaz en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública”, asentó.

Se pronunció en favor de tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones más justo y equitativo.

Señaló que en 2009 la CNDH ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

El Ombudsman nacional dio a conocer que las Recomendaciones de la CNDH no fueron aceptadas por los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Tampoco por los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero, y Tijuana, Baja California, así como los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el Procurador General de la República, el Director General de Pemex, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y el del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, además del Congreso del Estado de Sinaloa.

Por ello demandó fortalecer el trabajo de la CNDH mediante reformas legales para que los funcionarios que no acepten las Recomendaciones o que no las cumplan cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y/o de Senadores para fundar y motivar sus acciones u omisiones y, en todo caso, se les puedan fincar responsabilidades administrativas y/o penales.

Dio a conocer que durante 2009 se realizaron 978 actividades de capacitación en que participaron 43 mil personas; se ejecutaron 182 actividades con organizaciones sociales con participación de 6,600 personas y se firmaron 110 convenios de colaboración en materia de derechos humanos con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

Plascencia Villanueva destacó los Informes Especiales sobre el grupo juvenil “Emos” y sobre el secuestro de migrantes, así como la emisión de Recomendaciones Generales sobre el derecho a la protección de la salud por parte de las instituciones responsables en el país; sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público y sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

“Debo expresar mi más enérgica condena por el hecho de que en 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en los últimos años. Se radicaron 105 expedientes de queja en el año, 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas, y 26 en agravio de defensores civiles”, dijo.

Detalló que en el periodo de referencia de obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para indígenas; se realizaron 214 trabajos de campo y tramitaron 14,007 solicitudes de información a autoridades federales, estatales y municipales relacionadas con desaparición de personas en que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, y se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.

También se realizaron 1,555 visitas a estaciones migratorias en que se atendió a 30,515 personas y se iniciaron 197 expedientes de queja y nueve más de oficio; se atendieron 219 quejas relacionadas con presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en esta materia a 5,815 personas.

Mencionó las 134 visitas en materia de supervisión penitenciaria, la entrega de 132,018 materiales audiovisuales sobre VIH/Sida, los 2,259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica, y enfatizó la impostergable necesidad de hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y en particular de la Ley para la Atención a Víctimas del Delito de Secuestro.

Plascencia Villanueva hizo un llamado para que al recordar la Independencia de nuestro país y la Revolución Mexicana reflexionemos sobre los mexicanos que dieron su vida porque México sea un país de leyes, donde el respeto a la ley sea norma fundamental de convivencia y la vigencia del Estado de Derecho sea una condición imperante para sustentar el desarrollo del país.

***

Presentación del informe (textual) en el pleno de la Comisión Permanente.

Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Tiene la palabra el doctor Raúl Plascencia Villanueva para rendir el informe correspondiente.

Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días, señor diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este honorable Congreso de la Unión. Señoras legisladoras y señores legisladores que conforman la Comisión Permanente de este honorable Congreso. Damas y caballeros.

Es para mí un honor presentarme ante la más alta tribuna en el país, a fin de cumplir con la obligación que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio 2009.

El 16 de noviembre del año pasado inicié mi gestión como titular de esta institución, por lo que las tareas realizadas durante el año pasado corresponden sustancialmente a la administración anterior, siendo los últimos 45 días los que corresponden a mi mandato.

Miren ustedes. Las coyunturas que en distintos órdenes afectaron la vida en México durante el año 2009 generaron un ambiente adverso al desarrollo humano, económico y social. La crisis económica, la inseguridad social, la desconfianza de la población hacia las instituciones e incluso el entorno global, incrementaron la actividad delictiva. Secuestros, robos, atentados contra migrantes, abusos contra los grupos más vulnerables, así como la imposibilidad real de disponer de recursos suficientes para enfrentar los principales reclamos sociales por parte del Estado, generaron un sinnúmero de situaciones críticas en el país.

Estos eventos sensibilizaron a la sociedad que exigió de las autoridades respuestas oportunas y eficaces para enfrentar los efectos de las diferentes crisis económica, política y social, que a todos nos golpearon.

Dichas circunstancias no deben suponer un adelgazamiento o reticencia en la observancia de los derechos humanos. Por el contrario, deben servir para convocarnos, a todos, a reforzar las acciones que permitan garantizar el pleno compromiso con el respeto de los derechos humanos.

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó activamente durante éstos últimos 12 meses en la generación de acciones y mecanismos que contribuyeron a fortalecer la confianza de los habitantes en las instituciones, procurando el interés superior de las víctimas ante cualquier arbitrariedad.

A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas en el periodo que se informa.

En el 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ofreció más de 45 mil servicios, entre los que se encuentran orientación a los quejosos, remisión a las autoridades y revisión de solicitudes en materia de transparencia. Lo anterior, significó más de 123 acciones por día y se atendieron 7 mil 713 expedientes de queja.

Las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos fueron, en primer lugar, la Secretaría de la Defensa Nacional, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Procuraduría General de la República. De igual manera, se emitieron 78 recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales.

Debo hacer mención que las autoridades que no aceptaron algunas de estas recomendaciones fueron las siguientes. Los titulares de los Poderes Ejecutivo de los estados de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca; así mismo, el jefe de Gobierno del Distrito Federal. De igual manera los titulares de los ayuntamientos de Acayucan, Veracruz; Jiménez, Michoacán; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Olinalá, Guerrero; y Tijuana, Baja California.

Por otra parte, los secretarios de Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsión Social; el procurador general del la República; el director general de Petróleos Mexicanos; el comisionado del Instituto Nacional de Migración; los directores generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía; y del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como el Congreso de Sinaloa.

Por ello es que considero oportuno fortalecer el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de reformas legales necesarias, para que aquellos funcionarios públicos que no acepten las recomendaciones o que no cumplan con las mismas, cuando hayan sido aceptadas, comparezcan ante las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, o bien, de la Cámara de Diputados, y puedan fundar y motivar sus acciones u omisiones y en su caso, se les puedan fincar las responsabilidades correspondientes por la omisión en respetar los derechos humanos.

Con la finalidad de promover una cultura de respeto a los derechos humanos se llevaron a cabo 978 acciones de capacitación, en las cuales participaron más de 43 mil servidores públicos. Adicionalmente se realizaron 182 actividades con organizaciones sociales, con una participación de más de 6 mil 600 personas.

Cabe señalar que como resultado de este acercamiento se firmaron 110 convenios de colaboración en la materia, con universidades, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y autoridades.

Esta institución organizó y participó en cerca de 5 mil actividades de este tipo, que beneficiaron aproximadamente a 395 mil personas. Igualmente, se publicaron más de 2 millones de ejemplares sobre temas vinculados con los derechos humanos.

A manera de ejemplo. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se publicó un informe especial sobre el grupo juvenil Emos, ante la creciente alerta de discriminación contra ellos. En dicho documento se dejó claro que las agresiones de algunos miembros de la sociedad, como de algunas autoridades, evidencian un problema de intolerancia social que requiere la atención coordinada por parte del gobierno en sus tres órdenes.

Otro ejemplo, es la publicación del informe especial sobre secuestro de migrantes. Miren ustedes, el adverso entorno económico fomentó de manera importante la salida de mano de obra de las zonas más marginadas del país. Durante 2009 fuimos testigos de cómo muchos hombres, mujeres y niños, paisanos nuestros, emprendieron un camino hacia Estados Unidos de América, en la mayoría de las veces bajo condiciones inhumanas y generalmente, expuestos a los abusos de las autoridades de ambos lados de la frontera; o bien, siendo víctimas del delito ante redes de delincuentes que amparados en la impunidad han encontrado en el tráfico de personas una forma de vida.

La muerte, el abuso o la desintegración familiar son sólo algunos de los costos por conseguir este objetivo.

Ante esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe especial sobre el secuestro de migrantes. En este trabajo se dejó en claro que existe ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como ineficacia de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, en lo que además debe quedar expresada una garantía de no repetición.

Otro ejemplo de las acciones realizadas en 2009 fue la emisión de recomendaciones generales relativas a eventos de trascendencia nacional con el fin de que se promuevan las modificaciones normativas y prácticas administrativas que propician violaciones a los derechos humanos.

En el periodo que se informa se emitieron tres recomendaciones de este tipo. La primera de ellas, recomendación 15, sobre el derecho a la protección de la salud relativa a las condiciones bajo las cuales se presta ese servicio por parte de las instituciones responsables en el país.

La segunda, la 16, sobre el plazo para resolver una averiguación previa por parte del Ministerio Público; y la tercera es la que más puede afectar el desarrollo de un país. Es precisamente sobre el caso de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente.

En este sentido deseo expresar la más enérgica condena por el hecho de que durante el año 2009 se haya presentado el mayor número de atentados y agravios en contra de periodistas y comunicadores, así como a defensores civiles de derechos humanos en los últimos años.

Se radicaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 105 expedientes de queja; 79 de ellos por actos cometidos en perjuicio de periodistas y 26 en agravio de defensores civiles.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos sido enfáticos para que las autoridades tomen las medidas necesarias para enfrentar la impunidad, que indaguen y agoten todas las líneas de investigación y emprendan las estrategias contundentes que garanticen condiciones de seguridad y prevención suficientes para el ejercicio profesional de periodistas y para la labor de los defensores civiles en materia de derechos humanos.

En ese mismo año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 105 de la Constitución General de la República, promovió diversas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre temas tales como:

Los derechos de las personas con discapacidad, los principios de no discriminación y respeto a la dignidad humana, el derecho a la información y el derecho de acceso a los tribunales para que se resuelvan cuestiones vinculadas con el medio ambiente, el derecho al debido proceso y el derecho a la seguridad de las personas, entre otros.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene un firme compromiso con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, durante 2009 se llevaron a cabo cerca de medio centenar de visitas a distintas ciudades, municipios y comunidades con población indígena, para acercar a la institución a las regiones más alejadas y desprotegidas del país.

Con relación a los beneficios de libertad anticipada para indígenas se obtuvieron 674 certificados de libertad anticipada para este sector de la población.

En cuanto a la investigación de los reportes de desaparición de personas en los que se presumió o se afirmó la participación de algún agente del Estado, se llevaron a cabo 214 trabajos de campo y se tramitaron 14 mil siete solicitudes de información a diversas autoridades federales, estatales y municipales. En el período que se informa se concluyeron 70 casos de personas reportadas como desaparecidas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la instancia responsable de desarrollar las funciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Dentro de este marco se realizaron 194 visitas, se elaboraron informes dirigidos a gobernadores y presidentes municipales de varias entidades del país.

Por lo que hace a la protección de los derechos de los migrantes, en 2009 se realizaron mil 555 visitas a estaciones migratorias, en las que se atendieron a 30 mil 515 personas y se iniciaron 187 expedientes de queja y nueve más de oficio. Asimismo, se desarrollaron 231 visitas a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria y a puntos de concentración de migrantes. En estas visitas se atendieron a cuatro mil 102 personas.

Con la finalidad de difundir el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, se realizaron 16 actividades de enlace y 65 reuniones de trabajo con instituciones públicas y organizaciones sociales. Además se dio atención a 219 quejas de presuntas violaciones al derecho de igualdad entre mujeres y hombres y se ofreció capacitación en la materia a un total de cinco mil 815 personas.

La trata de personas es una agresión inaceptable a la libertad y a la dignidad de los seres humanos. Con el objeto de dar seguimiento a la actuación de las autoridades en la materia, se finalizó la instalación de 10 comités regionales contra la trata de personas, cuya sede se ubica en los estados en los que existe una oficina regional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otra actividad fundamental es la promoción de los derechos de la niñez, las mujeres, los adolescentes, los adultos mayores y la familia, desde una perspectiva de género y del interés superior de la infancia. En este sentido, se brindó atención a 281 solicitudes en materias vinculadas con violencia intrafamiliar, pensión alimenticia, discriminación, guardia y custodia, entre otras.

Dentro del marco de la atención y gestión de solicitudes de beneficios legales de libertad anticipada y traslados penitenciarios, durante 2009 se atendieron mil 042 peticiones y, como resultado de estas gestiones, la autoridad federal informó de la resolución de un total de 635 casos.

Durante 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio seguimiento a las obligaciones establecidas en la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. Hemos dado cuenta, a través de diferentes estudios e instrumentos jurídicos, de la situación que presenta esta materia. Por ello, quiero reiterar en este foro la urgente necesidad de que el Poder Legislativo impulse todos aquellos proyectos de ley necesarios para garantizar a los jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley la salvaguarda de sus derechos fundamentales, particularmente la aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que se encuentra pendiente desde hace cerca de tres años.

En materia de supervisión penitenciaria, durante el año que se informa se llevaron a cabo 134 visitas, una de ellas a la prisión Militar número 1; otras 99 a centros que integran el Sistema Federal Penitenciario y finalmente 34 a centros administrados por autoridades del fuero común.

En cuanto a difusión, educación y prevención en materia de VIH sida, en 2009 se entregaron 132 mil 018 materiales; además se ofrecieron 73 actividades de capacitación en beneficio de mil 990 servidores públicos, pertenecientes a diversas instituciones en materia de salud educativa, tanto de organismos estatales como federales.

Durante 2009 se prestaron dos mil 259 servicios a víctimas del delito, incluida la atención jurídica y psicológica. Debo ratificar ante ustedes la prioridad que representa para mi gestión la protección efectiva de las víctimas del delito, de las víctimas del abuso del poder, de las víctimas de la indolencia.

Para lograr de mejor manera dicho objetivo, es impostergable también hacer realidad la Ley Federal de Atención a Víctimas del Delito y en particular, aprobar una ley para atender de manera adecuada a las víctimas del delito de secuestro, que hoy se encuentran ambas como iniciativas en este Honorable Congreso de la Unión.

La mejora en la situación de los derechos de las mujeres en México sigue siendo una asignatura pendiente; si bien sabemos que los esfuerzos nacionales e internacionales por difundir y proteger estos derechos han tenido un avance significativo, todavía hace falta mucho camino por recorrer.

Uno de los casos más claros es la presencia aún en nuestra sociedad de la violencia en contra de la mujer, en cualquiera de sus formas, desde la en ocasiones silenciosa violencia intrafamiliar hasta el insultante comercio de personas, donde las mujeres son la más oprobiosa mercancía y por supuesto, sin dejar de lado los vergonzosos casos de asesinatos de mujeres que han señalado a México en el ámbito internacional.

Al respecto, la Comisión Nacional que presido seguirá trabajando a través de su Programa Especial para el Combate a la Trata de Personas y vigilará que se respete la igualdad de género y combatirá todas aquellas formas de conducta que violenten los derechos de las mujeres. En especial nos comprometemos a coadyuvar para que se haga justicia en los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde a la fecha son 504 los casos de atentados en contra de la vida de mujeres, que continúan muchos de ellos pendientes de que se haga justicia.

Otro tema preocupante tiene que ver con las condiciones de vida de aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad.

Reconozco que existen importantes avances, pero también rezagos legales y en infraestructura, lo mismo que actitudes de discriminación que impiden o retrasan la plena integración social de este grupo altamente vulnerable. Por ello, debemos promover un entorno legal y material favorable a estos grupos y por supuesto, combatir de manera enérgica cualquier forma de discriminación al respecto.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el 2010 significa para los mexicanos la conmemoración de dos acontecimientos fundamentales para la nación, dos acontecimientos que tenemos que recordar: la Independencia de México y la Revolución Mexicana. Ésta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el enorme sacrificio que mexicanas y mexicanos valientes que dieron su vida para que México fuese un país de leyes. Un país en donde el respeto a la ley sea la norma fundamental de convivencia; en donde la vigencia del estado de derecho sea una condición imperante para sustentar las bases del desarrollo del país.

Pienso que debemos detenernos un momento y reflexionar, debatir, ponderar y tomar decisiones en torno al futuro de nuestro país y discutir de manera democrática, tolerante, exhaustiva e incluyente todas aquellas vías para hacer realidad tangible los principios de libertad, independencia, justicia e igualdad a los que aspiramos y tenemos derecho todos los mexicanos por igual, sin distingo alguno.

Este año también se conmemora el vigésimo aniversario de este organismo nacional, lo cual amerita la consolidación y la orientación de los esfuerzos para llevar a la institución hacia los nuevos compromisos que impone la sociedad mexicana de la segunda década del siglo XXI.

Los derechos humanos son e implican un compromiso de todos; se requiere la colaboración decida de instituciones públicas y privadas, de gobernantes, de legisladores, de organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los ombudsman locales, pero, sobre todo, de la sociedad cuya cultura en esta materia hay que impulsar intensamente.

Un aspecto fundamental en el México contemporáneo es el del fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el estado de derecho.

Al respecto, con la finalidad de enfrentar la compleja problemática que padece el país, estoy convocando a la celebración de unas jornadas nacionales en la materia en las que participen todos los actores políticos y sociales con un gran sentido ético, con un gran compromiso y con una gran tolerancia.

En ese mismo sentido, es importante trabajar en una Carta de Deberes de las Personas que clarifique los deberes y responsabilidades que tenemos todos. Estoy consciente de que en un país como el nuestro, con enormes carencias sociales y económicas, así como con una profunda y ancestral desigualdad, podría parecer paradójico, incluso ofensivo, solicitar a los grupos vulnerables y a quienes en su conjunto han padecido la inacción o incluso el abuso gubernamental el cumplimiento de sus deberes.

Sin embargo, también estoy convencido de que esto debe ser entendido en su justa dimensión. Dicha convocatoria busca que todos los habitantes del país, independientemente de la condición que tengamos, servidores públicos o particulares, sean los auténticos beneficiarios de los derechos que establece el orden jurídico nacional. Pero reclama también que todos cooperemos para lograr dicho objetivo.

Superar el problema de la impunidad es uno de los grandes retos para los próximos años. Esta problemática desalienta la labor de las autoridades y genera una percepción negativa en los ciudadanos.

En este sentido, inhibe la participación de la sociedad al no encontrar ésta suficiente incentivo para denunciar delitos, ya que aún haciéndolo, el hecho de que de cada 100 delitos sólo 2 delincuentes vayan a prisión genera una desilusión y deja clara la necesidad de trabajar en aspectos de eficiencia institucional, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y evitar la impunidad.

Desde esta alta tribuna invito a todos los miembros de las honorables Cámaras de Diputados y de Senadores, servidores públicos, y a la sociedad en general, sin distingos de partido o intereses de grupo, y con la firme convicción de trabajar por un México mejor, a participar con entusiasmo y decisión en la suma de esfuerzos para hacer de estas Jornadas Nacionales a Favor de la Cultura de la Legalidad una realidad nacional.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el propósito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es contribuir activamente a la construcción de un estado de derecho en las actuales circunstancias que vive el país, con la presencia de una gran tensión social derivada de la inseguridad pública, la agudización de las desigualdades y la polarización política. Queremos ser una institución promotora del diálogo respetuoso y constructivo entre todos los actores sociales y políticos.

Mención especial merece la situación de inseguridad que se vive en el país, la cual ha ido en aumento en los últimos años. Este fenómeno que lastima profundamente a la sociedad ha cobrado la vida de muchos seres humanos y ha dejado a otros debatiéndose entre la vida y la muerte. Las 8 mil ejecuciones atribuidas al crimen organizado durante el 2009 representan una clara muestra de la situación imperante en el país.

Es necesario frenar esta situación y exigir a las autoridades que trabajen de manera coordinada, responsable, pero también, con gran eficacia en el combate a la delincuencia para garantizar a cada mexicano el derecho a la seguridad pública.

Este derecho constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar el ejercicio, la protección y la promoción de los derechos humanos, visto como la obligación primaria esencial del Estado.

En ello considero que la sociedad civil es un eslabón fundamental para conocer la manera en que se atienden los problemas de seguridad pública, la forma en que trabajan las autoridades, cómo se pueden prevenir potenciales violaciones a los derechos humanos, así como las posibles soluciones a toda esta problemática.

Como ombudsman nacional me he planteado el compromiso de promover una mayor cercanía con la sociedad y así buscar sumar esfuerzos en la consecución de un objetivo común: la vigencia efectiva de los derechos humanos.

Por otra parte, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostenemos que el Ejército no debe cumplir funciones de policía. Lamento lo que sucede actualmente y únicamente lo explico como una actividad transitoria y de emergencia ante los graves atentados ocurridos en materia de seguridad pública.

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos buscaremos promover que los policías organizados puedan hacerse cargo de la función que les corresponde: la seguridad pública; y que el Ejército se mantenga en la esfera de las facultades que constitucionalmente le corresponden.

Deseamos tender puentes y promover la tolerancia, la armonía, la conciliación, el respeto a la disidencia, al distinto, al diferente, como condición necesaria para la construcción de un país de instituciones, de un país más justo. De un país más equitativo.

En nombre de todos y cada uno de los integrantes del organismo que represento, les ofrezco el compromiso ético y profesional de contribuir a construir la estructura institucional del México del mañana, que nos permita transitar hacia un futuro con mayor libertad, con mayor bienestar para todos sus habitantes y, para que así, nuestro país alcance el lugar que le corresponde en el concierto internacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Se turna el informe a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos su presencia en esta Comisión Permanente para entregar el informe de actividades de dicha institución. Sabemos del trabajo que esa comisión a su cargo está llevando a cabo para velar por un estado de derecho.

Las y los legisladores analizaremos cuidadosamente el contenido del informe que este día nos entrega. Tenga la seguridad que estaremos trabajando por la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Se pide a la comisión designada acompañar al doctor Raúl Plascencia Villanueva cuando él desee retirarse de este recinto.

Continuamos con nuestro orden del día, en el capítulo de iniciativas.