La resolución judicial ocurre tras fallar las quejas que presentaron el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la cadena Cinépolis y la productora Layda Negrete.
En sesión extraordinaria, los magistrados determinaron en forma unánime que la suspensión provisional que había otorgado la jueza Blanca Lobo causaba perjuicio al interés social y contravenía disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que sea respetado el derecho a la información que garantiza el artículo sexto constitucional.
Los magistrados consideraron que este derecho goza de una vertiente pública, colectiva o institucional que lo convierte en una pieza básica para el funcionamiento de una sociedad democrática.
Agregaron que el derecho a la información exige no sólo que los individuos no sean impedidos de la posibilidad de manifestarse libremente, sino que también se respete su derecho a recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno.
También argumentaron que la cinematografía es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una actividad cultural primordial que se traduce en una actividad de interés social, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los distintos grupos que la conforman.
En la sesión de esta tarde, los magistrados dictaminaron lo anterior por la queja interpuesta por Operadora Comercial de Desarrollo, Cinépolis, y dejaron sin materia los recursos presentados por la productora del filme Layda Sansores y el CIDE.
La juez Blanca Lobo celebrará el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede la suspensión definitiva contra la exhibición del filme. Aunque la resolución de esta tarde no obliga a la juez a resolver en el mismo sentido, no es muy común que los juzgadores emitan una suspensión definitiva cuando el tribunal ha revocado la provisional.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, aclaró que los procesos penales como el que dio origen al documental "Presunto culpable" sí se pueden filmar porque las audiencias son públicas, a menos que el juez considere lo contrario si encuentra alguna situación que lo amerite.
Al ser entrevistado en el espacio de Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Elías Azar subrayó que responderá el requerimiento que hizo la juez 10 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Mónica Alejandra Soto Bueno, en el sentido de que exponga sus argumentos para permitir la filmación, pues destacó que hay un compromiso de transparencia del TSJDF.
En este sentido, se pronunció por acelerar las iniciativas que permitan transparentar al Poder Judicial, y que permita videograbar todos los juicios en México, ya sean penales, civiles o mercantiles; aunque señaló que ello requeriría más recursos para llevarlo a cabo. (siempre lo menciona)
El magistrado confirmó que aún no han sido notificados oficialmente por la juez Soto Bueno ni sobre los alcances sobre su solicitud, pero agregó que en términos generales, las audiencias en el Distrito Federal deben ser públicas; incluso, recordó que las civiles y mercantiles lo serán a partir del 11 de enero del próximo. "En la parte penal son todas públicas salvo que el juez ordene lo contrario", dijo.
Aclaró también que la autorización para el ingreso de cámaras en las etapas del juicio a José Antonio Zúñiga se otorgó en la presidencia anterior del TSJDF, en la etapa del magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez.
"El tribunal está abierto, que tenemos una política de transparencia absoluta, y que seguiremos siendo los pioneros en transparencia", señaló el magistrado al recalcar que uno de los propósitos de su administración es que todos los jueces en el DF dicten las sentencias dándole la cara a las personas que están ajusticiando.
Finalmente, confirmó que el juez Héctor Palomares Medina, titular del juzgado 26 que sentenció a 20 años al protagonista de la cinta recurrió a un juicio de amparo al ser separado de su cargo "ganó y lo tuvieron que reinstalar y pagarle unas vacaciones de dos años (...) esto es otro de los temas, que el proceso de autolimpieza en el Poder Judicial no se da".
En este sentido, se pronunció por acelerar las iniciativas que permitan transparentar al Poder Judicial, y que permita videograbar todos los juicios en México, ya sean penales, civiles o mercantiles; aunque señaló que ello requeriría más recursos para llevarlo a cabo. (siempre lo menciona)
El magistrado confirmó que aún no han sido notificados oficialmente por la juez Soto Bueno ni sobre los alcances sobre su solicitud, pero agregó que en términos generales, las audiencias en el Distrito Federal deben ser públicas; incluso, recordó que las civiles y mercantiles lo serán a partir del 11 de enero del próximo. "En la parte penal son todas públicas salvo que el juez ordene lo contrario", dijo.
Aclaró también que la autorización para el ingreso de cámaras en las etapas del juicio a José Antonio Zúñiga se otorgó en la presidencia anterior del TSJDF, en la etapa del magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez.
"El tribunal está abierto, que tenemos una política de transparencia absoluta, y que seguiremos siendo los pioneros en transparencia", señaló el magistrado al recalcar que uno de los propósitos de su administración es que todos los jueces en el DF dicten las sentencias dándole la cara a las personas que están ajusticiando.
Finalmente, confirmó que el juez Héctor Palomares Medina, titular del juzgado 26 que sentenció a 20 años al protagonista de la cinta recurrió a un juicio de amparo al ser separado de su cargo "ganó y lo tuvieron que reinstalar y pagarle unas vacaciones de dos años (...) esto es otro de los temas, que el proceso de autolimpieza en el Poder Judicial no se da".
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