Esta mañana de jueves 26 de marzo al participar en un encuentro con legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), en el Senado de la República, el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo calificó la postura del relator de la ONU Juan E. Méndez como “muy grave” : “Yo insisto en que este término es muy grave habla de 32 estados y tres órdenes de gobierno, pero sobre todo sí tiene que ver con la política de Estado y eso en México ya no ocurre, desde la alternancia política del 2000, no hay política de Estado de violación a los derechos humanos” señaló.
"Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar concluya que hay una práctica generalizada", resaltó ante legisladores.
Para el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el actuar de Juan E. Méndez, no fue "profesional y ético" al señalar que en México la tortura es una práctica generalizada.
Durante su discurso, insistió en que el resolutivo de la ONU fue “un poquitín banquetero” y señaló que "no ayuda a nadie y con él todos pierden". “Pierde el relator porque no vamos a trabajar con él en un rato (0 sea se le cerrarán las puertas?), perdemos nosotros porque perdemos su asesoría y pierden los demás Estados que pensaban invitarlo a sus demás países, -porque- después de este desaguisado con México, dirán 'mejor no lo invitamos'; pierde la eficacia del sistema multilateral y en eso el relator tiene responsabilidad y a todos nos importa que estos mecanismos funcionen".
El subsecretario resaltó que la cancillería sostuvo reuniones con el relator para demostrar que el panorama es México es diferente, sin embargo, el funcionario de la ONU eligió sostener su postura y con ello privilegió el trabajo en conjunto realizado por los Relatores por encima del trabajo con otras naciones: “Intentamos dialogar con él, no quiso y prefirió quedar bien con su consito en si como dicen los gringos, antes que quedar bien con los Gobiernos con los que tiene que trabajar; ni modo allá él, cada quien tiene que asumir su responsabilidad en esta vida”, señaló.
“Expresiones como esas al final de cuentas redundan, no en que el Senado de la República o la Cancillería le cierren las puertas, porque al final de cuentas para eso estamos pero otros sectores del país han de decir ¿Para qué?, ¿Qué caso tuvo?, ¿Qué necesidad? y esos sectores son los que no debemos alentar”, dijo.
El subsecretario reconoció que el panorama sobre tortura en México es muy diferente, prueba de ello es que fue liberado Alfonso Martín del Campo debido a que la Suprema Corte comprobó que existió tortura durante el proceso legal.
“La
decisión de la Suprema Corte ilustra que en México, toda confesión obtenida con
tortura se cae, Nadie pone en duda su culpabilidad por un vicio del debido
proceso, si eso no ilustra que el Estado ya entendió, pues yo no sé qué más
necesiten", afirmó al vicecanciller mexicano.
Por
último el funcionario añadió que el resolutivo de la ONU, fue injusto para México sobre todo porque nuestro país, ha dado
muestras de cooperación con la apertura a 41 mecanismos de organismos
internacionales en aproximadamente 10 años, con los que nuestra nación se ha
beneficiado.El relator estuvo en el país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, en donde sostuvo reuniones con alrededor de 99 servidores públicos del más alto nivel del gobierno federal y de gobiernos estatales
Y en una opinión de entonces –mayo de 2014, había adelantado dos recomendaciones que México debería atender cuánto antes: una es avanzar en la modificación del tipo de penal de tortura, pues éste no refleja la definición del delito como está previsto en la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y tampoco existe uniformidad del delito en las entidades federativas. “La armonización debe contemplar la prohibición absoluta de la tortura”.
Y la otra, recomendación es reformar el sistema de defensoría pública en las primeras etapas de la detención. “La ausencia de abogados es una de las situaciones más preocupantes que vi (…). Una de las principales garantías contra la tortura es el acceso rápido y eficaz a una defensa”.
El relator se entrevistó con víctimas, con organizaciones civiles y autoridades; y visitó el DF, el Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Chiapas y Baja California —estados en los que acudió al Centro Nacional de Arraigo, diferentes centros de privación de libertad de menores infractores, cuatro Centros de Readaptación Social Estatales, una Estación Migratoria y una Agencia Estatal Receptora de una Procuraduría General de Justicia.
En el informe presentado el 9 de marzo de 2015 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, afirma que la tortura es generalizada en el país.
Pese a alabar los pasos alentadores que está dando el Estado para modificar las leyes de acuerdo a los estándares internacionales, Méndez denunció durante su presentación ante el Consejo la impunidad con que se producen estos atropellos.
“La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”, afirmó.
Tras la intervención del experto, el embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó rotundamente que la tortura fuera generalizada en el país. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, afirmó Lomónaco, quien pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes en “la realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”.
El gobierno mexicano informó al relator de solo cinco sentencias condenatorias de tortura entre 2005 y 2013; dos han quedado firmes e imponen penas de 3 y 37 años.
El caso de Alfonso Martín del Campo apenas se resolvió el pasado 18 de marzo.
¿Quiénes torturan en México?
De acuerdo con denuncias de víctimas, familiares, abogados y encarcelados los malos tratos fueron por parte de policías municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales y las fuerzas armadas.
De acuerdo con el informe las víctimas de torturas y maltratos son por lo general personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados, principalmente detenidos por su presunta relación con la delincuencia organizada.
Además de que muchas personas reportan haber detenidas y forzadas a firmar declaraciones bajo tortura y en casos, sentenciadas con base en esas declaraciones.
En el informe se detalla que el arraigo, la prisión preventiva y la posibilidad del ministerio público de ampliar el plazo de detención facilitan que se cometan mayores actos de tortura contra los detenidos.
¿Cuántos han sido torturados en México?
El informe precisa que la CNDH informó de 11 mil 608 quejas por torturas y malos tratos entre 2006 y abril de 2014.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del DF recibió 386 quejas de tortura entre 2011 y febrero de 2014.
La sociedad civil informó de más de 500 casos documentados entre 2006 y 2014. Aunque puede haber casos repetidos, la cantidad es preocupante.
De acuerdo con el relator la forma en cómo se aplica la tortura en nuestro país es diferentes formas, según testimonios hay personas que fueron detenidas por hombres vestidos de civil, a veces encapuchadas, que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan de los motivos de la detención.
-Cuando se detiene en un domicilio, el ingreso suele practicarse sin orden judicial y se producen daños a la propiedad y robos.
-La detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas.
-Las personas son conducidas con los ojos vendados a sitios que desconocen, incluyendo bases militares, donde continúan las torturas.
- En ocasiones transcurren días sin que se informe del paradero de la persona o se le presente ante la autoridad ministerial o judicial.
-Repetidamente, las víctimas fueron presentadas ante los medios de comunicación como delincuentes, sin que existiera una sentencia condenatoria, lo que constituye en sí trato degradante.
El relator de la ONU asegura que se aplica la violencia sexual como forma de tortura, principalmente contra mujeres detenidas, la cual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas.
Relator Especial sobre la cuestión de la tortura
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su resolución 1985/33, decidió nombrar a un Relator Especial, para que examinara las cuestiones relativas a la tortura. El mandato fue prorrogado por tres años más mediante la resolución 8/8 del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2008. El mandato del Relator Especial abarca todos los países, independientemente de que el Estado haya ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las tres actividades principales del mandato del Relator Especial son las siguientes:
1) Transmitir llamamientos urgentes a los Estados con respecto a las personas que al parecer corren el riesgo de ser sometidas a tortura, así como enviar comunicaciones relativas a supuestos casos de tortura ya cometidos.
2) Realizar misiones de investigación (visitas) a los países.
3) Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes anuales sobre sus actividades, mandato y métodos de trabajo.
A diferencia de los mecanismos de denuncia de los órganos de supervisión de la aplicación de los tratados de derechos humanos, no es necesario agotar recursos internos para que el Relator Especial intervenga. Además, cuando los hechos en cuestión competan a más de un mandato, el Relator Especial podrá dirigirse a uno o más mecanismos temáticos y relatores de países a fin de enviar comunicaciones o realizar misiones conjuntas.
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