¿Fabricación
de culpables en la fuga de ‘El Chapo’?
- Federales aseguran que fueron detenidos sin una orden y obligados a firmar documentos para encubrir irregularidades en el Atiplano
PARIS
ALEJANDRO SALAZAR | ESPECIALES LSR | 2015-10-13 22:37:00:
La Silla Rota.- Con engaños y sin orden de aprehensión, fueron
detenidos elementos de la Policía Federal encargados de la custodia y el
monitoreo del Centro Federal de Readaptación (Cefereso) No. 1
"Altiplano" por la fuga de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’,
aseguraron sus familiares en entrevista con LA SILLA ROTA.
Horas
después de la evasión del capo sinaloense, los policías federales fueron
trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delicuencia Organizada (SEIDO), sin que hubiera testimonios
que los inculparan y ni tampoco investigación.
Dentro de
las primeras 72 horas, las autoridades federales los mantuvieron incomunicados,
sin acompañamiento de un abogado, además fueron víctimas de abusos y hostigados
para firmar una declaración.
En la
causa penal 48, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales
Federales en León, Guanajuato, y en la causa penal 55, del Juzgado Cuarto de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ha quedado
asentado que antes la fuga de “El Chapo” la mayoría de los sistemas
electrónicos de seguridad perimetral del Cefereso “estaban fuera de servicio”.
Ninguno
de los elementos de la Policía Federal tenía la capacidad -ni responsabilidad a
su alcance- para desactivar o alterar los equipos de seguridad y comunicación
en el penal, sin embargo, están acusados del delito de evasión por la fuga del
líder del Cártel de Sinaloa.
LA SILLA
ROTA entrevistó a los familiares de los Policías Federales inculpados, quienes
por razones de seguridad pidieron omitir sus nombres.
LAS
FALLAS
El 11 de
julio de 2014, a las 20:52 horas, el interno R-5 (clave para nombrar a “El
Chapo” en el penal) de la celda 20 del Cefereso ya no fue visto en el monitor
de vigilancia. El policía federal responsable del seguimiento llamó a su mando
para informar lo sucedido, pero las comunicaciones fallaron. Junto a otro
compañero intentaron avisar de lo sucedido pero las fallas se mantuvieron.
“Ellos
tratan de hacer llamadas y todo estaba incomunicado, los tiempos se les venía
encima y ellos desesperadamente buscando comunicarse cuando todo para hacer
llamadas estaba apagado”, señala un familiar de un policía federal.
Esta es
una de las presuntas causas por las que el Centro de Control de la Policía
Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) reportaron al
director de Seguridad y al comandante de compañía hasta las 21:25 la evasión,
es decir, 33 minutos después.
Con un
tono de impotencia y coraje, el familiar señala que “ellos no tenían acceso al
código rojo, sólo a unos radios personales a una distancia corta, no tenían
sonido en las pantallas, no estaban activadas todas las alarmas alrededor del
Altiplano, no estaba activado los sensores (sistema geofónico) para detectar el
trabajo que se realizaba en la parte de abajo”.
Con
firmeza asegura que “todo eso estaba apagado de tiempo atrás, y cómo es posible
quieran culpar a alguien que no tiene acceso a lo más mínimo de todas esas
alarmas”.
No es una
declaración al aire impulsada por el amor y la defensa incondicional de su
familiar. En la causa penal, funcionarios de alto nivel también lo
evidenciaron. Uno de ellos, Valetín Cárdenas Lerma, ex director del Altiplano,
el 14 de julio de 2014, en su declaración.
“Por qué
después de haberse reportado durante mucho tiempo que la mayoría de los
sistemas electrónicos de seguridad perimetral estaban fuera de servicio, en
ningún momento se atendió estos reportes… y vulneró la seguridad institucional
en este caso… específico, si hubiera funcionado el sistema de intrusión y de
detección de movimientos del subsuelo del penal, probablemente hubiera habido
una atención oportuna”, cuestionó Cárdenas Lerma frente al agente del
ministerio público de la federación.
Los
familares señalan que en las causas penales hay testimonios que indican que los
sistemas de seguridad no operaban en el Altiplano y no hicieron nada por
corregirlos, “no había alarma puesta, y en su momento reportaron a ellos (a los
jefes de Policía Federal), estaban reportando que las cámaras no estaban
funcionando tal cual deben de ser y aun así hicieron caso omiso de esa
circunstancia. Ya tenía meses que habían reportado las fallas”.
Afirman
que “el brazalete de este señor (Joaquín Guzmán Loera “El Chapo") estaba
apagado” y que ningún policía federal del Altiplano puede desactivarlo, sólo
alguien de más arriba.
En la
oficina del director del penal hay un monitor que exclusivamente vigilaba la
celda de “El Chapo”, de modo que Leonor García García, directora jurídica,
responsable en ese momento del penal, pudo estar al tanto de la evasión desde
que ocurrió.
Casualidad
o coincidencia, pero el sistema geofónico del Altiplano dejó de funcionar hace
un año y medio, un mes después del ingreso del capo sinaloense al penal de
máxima seguridad, además se presume que los monitores de los sistemas de
videovigilancia “se pasman” y que 30 por ciento de las cámaras perimetrales del
penal no funcionaban.
La
Dirección General de Administración del Órgano Desconcentrado, es el área
responsable de atender los sistemas de seguridad y alarmas perimetrales, que
está a cargo de Paulo Uribe Arrieaga, quien se desempeñara como coordinador de
Planeación financiera de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Hidalgo, durante
el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong.
El líder
del Cártel de Sinaloa permaneció desde su ingreso al penal en la celda 20 y no
fue reubicado en otra, por decisión de un mando de la Policía Federal.
“Esta
nota informativa (sobre la reubicación de Guzmán Loera) la realizó Celina
Oseguera y yo la repliqué el mismo día al comisionado nacional de Seguridad
(Monte Alejandro Rubido) y me solicitaron que pidiéramos opinión a la División
de Inteligencia de la Policía Federal y el que sugiere no moverlo es David
Fernando Rodríguez (director de monitoreo en la Policía Federal) ... de manera
verbal le dio contestación a que no era factible el cambio”, declaró ante el
ministerio público federal el ex comisionado de los Ceferesos, Juan Ignacio
Hernández Mora.
David
Fernando Rodríguez Robledo, Director de Monitoreo en la Policía Federal, fue
quien recibía también los reportes y los informes de las fallas en los
monitores, que “se pasmaban”, quien poco o nada habría hecho para subsanar las
fallas.
LOS
ABUSOS
La
madrugada de 12 de julio de 2015, los elementos de la Policía Federal
encargados de la custodia y el monitoreo del Altiplano fueron trasladados a las
instalaciones de le SEIEDO en la Ciudad de México con engaños y sin órdenes de
aprehensión. Recibieron un trato de inculpados, cuando iban en calidad de
testigos, ya que se iniciaba la indagatoria de la evasión del capo sinaloense.
“Cuando
todavía no había un indicio (se los llevaron), nadie que lo estuviera acusando
para que con esa declaración fueran a detenerlos. Nadie que los acusara a ellos
de una forma legal. Los fueron a detener cuando no había nada para que se los
llevaran como detenidos en la forma en que lo hicieron, desde ahí estamos
manejando que no se hicieron bien las cosas”, relata un familiar de los
indiciados.
Ellos
exponen que desde el primer momento, las autoridades federales dieron un trato
de detenidos a sus familiares.
“Los
tenían que haber citado como testigos, no tenían que haber ido por ellos, la
situación pasó entre las 8:30 y 9 de la noche, y no tenía por qué llevárselos a
las 5 de la mañana a la SEIDO detenidos cuando no había nada detrás de
investigación de que ellos tenían que ver algo ahí, no había nada y se los
llevaron en plan de detenidos. Estuvieron tres días y tuvieron que ampliar (el
plazo) para estar buscando cosas en contra de ellos, mismas que no encontraron
y los dejaron libres, y hacen acciones para podérselos llevar nuevamente la
SEIDO”, detalla.
En el
traslado a la Ciudad de México y en las instalaciones de la SEIDO, los
elementos de la Policía Federal fueron presuntamente víctimas de abusos.
“No
tenían que haber sido llevados así la primera vez, esposados, y a algunos (en
la SEIDO) los desnudaron, a unos los pusieron hacer sentadillas, y los
esposaron en una silla”, cuenta un familiar.
“Tres
días de no verlos en la SEIDO, tres días de no poder meter abogado”, donde
fueron amenazados para aceptar su participación en la fuga del líder del Cártel
de Sinaloa.
“Los
mantuvieron incomunicados por tres días sin apoyo de su abogado, los querían
hacer firmar una declaración que no era, si no, no iban a ver a los familiares,
sólo les permitieron llamar para decir que estaban ahí”, dice de manera firme
un familiar.
También
los hostigaron para que firmaran documentos con otras fechas, entre ellos, el
protocolo de operación para centros penitenciarios, el cual tenía fecha 24 de
marzo de 2015, es decir, tres meses y medio antes de la fuga.
Indican
que hay fabricación de pruebas en contras de sus familiares, “está declarado
que el sistema de alarmas estaba apagado, el sistema del suelo no estaba
activado y el brazalete del 'Chapo' tampoco estaba activado. Los empleados como
tales no pueden cortar la comunicación de nada de eso porque son empleados
monitoristas, empleados administrativos, que no tienen acceso ni siquiera de
recibir órdenes de tal magnitud de que deben quitar alarmas, de que no deben
decir nada, porque ellos no tienen acceso a nada de lo que estaba apagado de tiempo
atrás”, sentencia contundente el familiar.
Y otro
apunta que en la SEIDO “las preguntas que les hicieron no les permitieron
contestar de manera legible (sic) lo que se tenía que haber hecho en ese
momento, sólo preguntas concretas. Ellos no pueden activar el código rojo
porque tienen órdenes por encima”.
“Hay unas
situaciones en las cuales nos preguntamos cómo es posible que esas
circunstancias, él (David Fernando Rodríguez Robledo) haya hecho un tipo de
declaración en las que inculpaba prácticamente a los mismos empleados, por eso
también fueron detenidos, de ahí salió la culpa por ellos”, precisa.
A pesar
de las anomalías testificadas del caso y de que los sistemas de seguridad no
funcionaban, los elementos de la Policía Federal siguen como inculpados por la
evasión del líder del Cártel de Sinaloa.
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