¿Qué decisión podría tomar el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela luego del peritaje de las actas de las elecciones?: CNN 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela realiza un "peritaje" del supuesto resultado de la elección presidencial tras admitir un amparo contencioso electoral solicitado por el presidente Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario, mientras que el bloque mayoritario de la oposición dice que ganó su candidato, Edmundo González, y ha mostrado otros resultados y lo que dicen son las actas de cada puesto de votación. Las autoridades electorales aún no han publicado los resultados desagregados por centro y mesa de votación.

(Ni lo harán)!

El procedimiento del TSJ avanza a pesar del llamado de la OEA, de un grupo de 22 países y de la Unión Europea, a que el CNE publique la data que avala su anuncio.

(es ilegal, el TSJ nunca debió haber admitido el recurso no es su facultad..)..

Expertos consultados por CNN señalan tres posibles escenarios en el fallo del tribunal: 

i) la validación de los resultados, ( es el escenario ideal de Maduro con lo que implica)).

ii) una orden para concluir las auditorías de las actas,

iii)  o bien que se ordene la repetición de las elecciones. ( propuesta de los gobiernos de Brasil y Colombia=.

Además, tanto Nicolás Maduro como la líder opositora María Corina Machado han declarado su rechazo la propuesta de nuevas elecciones.

La unica salida es la salida negociada de Maduro...

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AMLO pidió este lunes información sobre el acuerdo que negocian ‘Los Chapitos’ con autoridades de Estados Unidos tras el arresto de Ismael ‘el Mayo’ Zambada.

“Vamos a esperar a ver en qué consiste el acuerdo, estamos nosotros solicitando información, la Fiscalía (General de la República) está investigando y lo va a seguir haciendo, y la Fiscalía de México tiene que dar a conocer cómo va esa investigación y tenemos confianza en que se haga un buen trabajo”, comentó.

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Las columnas políticas, hoy miércoles 21 de agosto de 2024

Reuniones AMLO-Sherwood, en riesgo tras el caso de El Mayo

Bajo Reserva

Nos comentan que a punto de que se cumpla un mes de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quedaron bajo custodia de autoridades de Estados Unidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin tener un informe completo sobre la operación que los llevó de territorio sinaloense a suelo texano. Nos aseguran que es tanta la molestia en Palacio Nacional por el retraso deliberado del vecino del norte que las reuniones mensuales entre el mandatario mexicano y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, están en peligro y existe la posibilidad de que ya no se realice ninguna en las semanas que le restan al sexenio.

Una mujer para presidir el Senado y completar la sexteta

Aún no hay acuerdo entre los senadores de Morena sobre quién presidirá la Mesa Directiva de la Cámara Alta en el primer año de la nueva legislatura. Entre los candidatos se menciona a Ignacio Mier, pero nos dicen que el aún diputado federal no ha manifestado su interés a sus compañeros de partido. Nos comentan que algunos legisladores morenistas proponen que sea una mujer, a fin de que en el arranque de la LXVI Legislatura se dé el mensaje de que es tiempo de ellas, ya que serán cabeza en la Cámara de Diputados y en el Poder Ejecutivo, además de que la Suprema Corte, el INE y el Tribunal Electoral ya son encabezados por mujeres. Nos detallan que el próximo 28 de agosto podría haber una definición de quién presidirá el Senado, que por tercera legislatura consecutiva le corresponderá a Morena.

¿La reelección de Alito ayudará a la supermayoría guinda?

Este martes se conoció el anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas del INE que perfila otorgarle la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados y sólo falta un pendiente: el tema de la reelección de Alejandro Alito Moreno como dirigente del PRI. Nos cuentan que de saque viene un anteproyecto que le daría la razón al polémico campechano y desecharía las impugnaciones de los exlíderes nacionales del tricolor. Nos aseguran, además, que del lado del próximo gobierno se sienten a gusto con la posibilidad de que don Alito se salga con la suya. ¿Será que en la próxima legislatura la bancada priista en el Senado, aunque encogida, se ponga al servicio de la mayoría oficialista para tener los dos o máximo tres senadores que necesitará para completar la supermayoría con facultades para reformar la Constitución a placer?

Esperanza en la OCDE con el gobierno de Sheinbaum

Nos cuentan que en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) vieron con buenos ojos que al final, el gobierno federal haya decidido llevar a cabo los trámites para realizar la prueba Pisa en 2025. Así lo ordenó luego de un amparo promovido por la asociación civil Educación con Rumbo, que obtuvo una suspensión que terminó beneficiando no solo a los niños del país sino a la propia SEP y a la administración entrante de Claudia Sheinbaum, pues ello se ha visto en el organismo internacional como una muestra de que hay interés en priorizar la agenda educativa en el sexenio 2024-2030.

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Ya era hora de los cuestionamientos de empresarios/Jorge G. Castañeda

El Universal 

Desde hace seis años he discutido con mis amigos empresarios —y con otros, no tan amigos— cual podía ser la postura óptima del gremio ante la 4T. Compartí con ellos, en público y en privado, que en mi opinión, la viaje usanza mexicana de llevar la fiesta en paz, por lo menos en la arena pública, a reserva de manifestar desacuerdos o desencuentros radicales con López Obrador en el ámbito privado, no era una buena idea con este presidente. Al igual que frente a Biden, lo que no es público a López Obrador no le importa. El embajador de Washington o el ingeniero Slim pueden haberle dicho cien veces en almuerzos y reuniones que no estaban de acuerdo con tal o cual de sus decisiones, propuestas u ocurrencias. De nada serviría, pensaba yo. No se quien habrá tenido razón, Ken Salazar y el CCE o yo, pero en todo caso creo que hoy asistimos a un cambio de rumbo.

Ante la inminente e impresentable reforma judicial, el CCE y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) parecen haber decidido que ya no era sostenible su amable discreción, y han publicado sendas cartas demandando una interpretación democrática de la Constitución en lo tocante a la sobrerrepresentación y la asignación de diputados por el INE y el Tribunal Electoral. En dos palabras, que no haya sobrerrepresentación y mayoría calificada. Me congratulo de esta firmeza y claridad de los organismos empresariales, sobre todo a la luz de su reticencia de proceder de esta manera a lo largo de todo el sexenio.

López Obrador no tardó en responder: minutos después del comunicado del CCE, y escasas horas antes de la mañanera del martes para contestarle al CMN. Los tildó a todos de los peores epítetos, y en particular retó a los “cinco hombres más ricos de México” a que dieran su opinión. Buscó así dividir a los magnates, y poner en evidencia a varios: a Slim, para que se deslindara de los demás; a Ricardo Salinas, para que se desbocara, para variar; a Larrea, para pintar a todos los opositores a la sobrerrepresentación como verdaderos ogros empeñados en explotar y oprimir al sufrido pueblo mexicano. No descarto que algunos empresarios se desdigan ante tal virulencia, pero la mayoría, me imagino, se mantendrá solidaria con los colegas que aprobaron los pronunciamientos. Salinas ya respondió y se amarró a su dicho; veremos en las próximas horas qué sucede con los demás, ya sea los más ricos, ya sea, simplemente, los ricos.

No sé si este deslinde alcance a ser comparado con el de muchos empresarios durante el sexenio de Echeverría, a propósito del asesinato de Eugenio Garza Sada, o de la expropiación de tierras en Sinaloa, o de cualquiera de los arrebatos presidenciales de aquella época. En todo caso, he aquí un distanciamiento del más alto nivel empresarial con el régimen. Parece que se agotó el atole, del que les daban con el dedo.

Lo interesante reside en la naturaleza del desacuerdo. Los empresarios no expresan una divergencia sobre una decisión estrictamente gremial: impuestos, nacionalizaciones, aumentos de salarios. Se oponen a que Morena obtenga una mayoría calificada en la Cámara de Diputados vía la interpretación literal de la Carta Magna, porque se trata de la puerta por donde entrarán todas las reformas del Plan C. Entre ellas, desde luego, la del Poder Judicial y la de prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, a saber, las que más directamente incumben a los dueños de empresas.

Como era de esperarse, Claudia Sheinbaum adoptó la misma posición que AMLO, quizás con adjetivos menos estridentes. Pero de todas maneras resulta extraña su postura. En muchos ámbitos donde circulan personas afines a su círculo más cercano, se escuchan versiones según las cuales ella preferiría no disponer de la mayoría calificada para todas estas reformas —y otras más— pero no logra cuadrar el círculo. ¿Cómo hacerle saber a una tercia de consejeros o a un par de magistrados, que no vería con malos ojos que votaran en contra de la sobrerrepresentación, sin que AMLO se enterara, o le fueran con el chisme? O se encuentra ante un dilema hamletiano: encontrarse en contra de la mayoría calificada, pero a favor de las reformas que la requieren. ¿Estar o no estar?, diría el de Dinamarca (no el Ministro de Salud), en una mala traducción.

A Sheinbaum le conviene más un congreso propio, sin mayoría abultada: sería suyo. A AMLO, le conviene más la sobrerrepresentación: sería una Cámara propia. Ninguna de las soluciones es óptima para ambos. Pero la menos óptima para el país se reduce a la que los empresarios cuestionan. Ya era hora, pero en enhorabuena.

Excanciller de México

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Los empresarios piensan como Salinas Pliego/Mario Maldonado

El Universal,  21/08/2024 |

La llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder cambió las formas en cuanto a la relación con los empresarios –particularmente con los magnates–, pero no el fondo. El Presidente ahora exhibe, vapulea e intimida públicamente a los hombres y mujeres del dinero, mientras que en privado acuerda con ellos, les entrega negocios y les pasa la “charola” a su manera: ya sea con la rifa de boletos de avión, pidiéndoles ayuda en la crisis sanitaria o inversiones para sus proyectos de infraestructura prioritarios. La separación del poder político y el poder económico fue solamente un ardid de campaña como tantos otros.

Ahora, en las postrimerías de su sexenio, López Obrador quiere volver a “echarles el caballo” a los magnates del país, aunque sólo públicamente. El Presidente enfureció luego de que el domingo y el lunes, las dos más grandes asociaciones empresariales del país –el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN)– se pronunciaran en torno a la sobrerrepresentación legislativa que otorga a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en el Congreso federal. Este debate nunca fue tan importante como ahora que hay 18 reformas constitucionales a la espera de ser aprobadas al vapor en septiembre.

El CCE y el CMN hicieron un llamado a las autoridades electorales, que tienen en sus manos la aprobación o negación de la sobrerrepresentación de Morena, el Verde y PT, para que se haga “una interpretación sensata, justa, equilibrada y apegada a la Constitución”. El presidente López Obrador se lo tomó personal y como una afrenta a sus reformas. Entonces emergió el “tigre” con el que amenazó a los empresarios días antes de la elección del 2018. “Es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros… quieren un Poder Judicial al servicio de una minoría rapaz”, lanzó.

Y este martes, más envalentonado, el Presidente retó a los cinco multimillonarios de México a que expresen de manera personal sus puntos de vista sobre el comunicado de los organismos empresariales de los cuales forman parte. "Me gustaría que se informen los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso y quiero proponer a cinco que me gustaría que conocieran sobre esta argumentación: los más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes (Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères y María Asunción Aramburuzabala).

El único que respondió, y casi en tiempo real, fue el muy vocal Ricardo Salinas Pliego. "¿Respetados y escuchados los empresarios? ¡Por favor! ¡Seamos serios!", escribió el dueño de Elektra y TV Azteca en su cuenta de X. La publicación fue leída por el presidente López Obrador en su conferencia matutina y luego dijo que mejor no opinaría. A la par, Salinas Pliego publicó una encuesta con el mensaje respecto a la sobrerrepresentación: “¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos?”.

Esto último es precisamente lo que piensan la mayoría de los empresarios, los ultrarricos, representados en el CMN, y los demás, de todos los tamaños e industrias, aglutinados en las cámaras y organismos del CCE. En sus comunicados no lo expresaron de tal manera, pero es lo que opinan. Así que el Presidente puede ahorrarse que se lo vayan a decir a su conferencia, porque además así lo piensan no solo ellos, sino las agencias calificadoras de riesgo crediticio, los bancos de inversión y el mercado en general. Si no fuera por lo radical de la Reforma Judicial, quizá no habría la necesidad de presionar al gobierno de tal manera, pero los hombres y mujeres del dinero tienen claro que una mayoría calificada del oficialismo traerá muchas consecuencias adversas para sus inversiones. Así de claro.

Posdata 1

A los cinco magnates que mencionó el presidente López Obrador en su conferencia no les ha ido nada mal en el sexenio. Según los datos de Forbes, de 2018 al 2024, la riqueza de Carlos Slim aumentó 52.2%, la de Germán Larrea 61.2%, la de Ricardo Salinas Pliego 88.7%, la de María Asunción Arámburuzabala 6.7% y sólo la de la familia Baillères descendió 24%.

Y otra cosa que debería tener en cuenta no solo el presidente López Obrador, sino su sucesora, Claudia Sheinbaum, es que solamente los negocios de los multimillonarios del CMN representan 17% del Producto Interno Bruto del país y sus 61 integrantes participan en sectores clave de la economía, como la construcción, alimentos, finanzas, telecomunicaciones, minería, petróleo, bebidas, tiendas minoristas, aeropuertos, transportes, entre otros.

Una fuga de capitales sería desastrosa para el inicio del nuevo sexenio.

Posdata 2

A propósito de fugas de capitales y de la mala racha que arrastra el peso mexicano hace ya varias semanas, este martes el banco Morgan Stanley redujo su recomendación a las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

La institución financiera estadounidense consideró que los cambios que plantea la iniciativa de Reforma Judicial de Morena implican riesgos para la inversión en las emisoras del mercado bursátil en el país, por lo que las colocó en ‘underweight’, o infraponderadas, con lo que los inversionistas asesorados por el banco reducirán su exposición a las empresas mexicanas.

“Rebajamos la calificación de México luego de la propuesta de reforma judicial que el Ejecutivo envió al Congreso, la cual creemos presenta riesgos a la narrativa de inversión del país”, expuso Morgan Stanley.

Algunas de las empresas afectadas son Walmart de México y Centroamérica, Femsa, Coca-Cola Femsa, Kimberly Clark México, Laureate y Qualitas.

Posdata 3

El 5 de julio pasado revelé en este espacio los planes de los integrantes del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo un paro masivo de labores, originalmente planteado para el 15 de agosto. Se retrasó cinco días, pero finalmente hoy todos los órganos del PJF suspenden actividades hasta nuevo aviso.

Se ha manejado la versión de que la decisión es únicamente de los trabajadores de base, por lo que incluso se hizo una votación; sin embargo, el planteamiento viene de algunas de las máximas cabezas del Consejo de la Judicatura Federal, quienes hace semanas comenzaron a circular memorandos internos para irse al paro y presionar así a los legisladores de Morena, el Verde y el PT para que modifiquen el dictamen que, entre otras cosas, estipula la votación popular de jueces, magistrados y ministros.

Como lo expuse, se “apagará” el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.

El objetivo de dar de baja dicho sistema es que nadie pueda trabajar, incluso algunos asuntos prioritarios del Poder Judicial. Los voceros del CJF han dicho que los temas urgentes sí se tratarán. También se planea el cierre de todos los edificios, sedes y juzgados del PJF.

Vienen tiempos muy complicados para el país.

Posdata 4

Las denuncias contra el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar, por un presunto caso de acoso a una excolaboradora de la dependencia no parece que vayan a tener efecto.

En el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y en el gobierno del presidente López Obrador se asegura que David Aguilar tendrá continuidad. El funcionario va a cumplir un año en el cargo. Llegó en sustitución de Ricardo Sheffield, quien lo recomendó y fue bien recibido por el presidente López Obrador.

El procurador ofreció colaborar con la Secretaría de la Función Pública, de Roberto Salcedo, dependencia que asumió el expediente y al parecer no tiene intención, por falta de pruebas, de seguir adelante.

Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Rosario Piedra, determinó la conclusión del asunto en base a lo dispuesto en el Artículo 125 del Reglamento Interno de la CNDH y también descartó la existencia de pruebas suficientes para acreditar las acusaciones contra Aguilar.

@MarioMal

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Estrictamente Personal

El mayor dolor de cabeza/Raymundo Riva Palacio

El Financiero., agosto 21, 2024 |

La sucesión en las Fuerzas Armadas se está convirtiendo en un enorme dolor de cabeza para el equipo de transición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Durante semanas ha estado batallando con el muro del Ejército, y en más de 10 reuniones que han tenido, ha chocado con los militares por su reticencia a soltar espacios que les entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los intentos del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, que quiere poner su pie sobre la Marina. No ayuda, desde luego, que la relación con Sheinbaum es “difícil”, como la describió una persona de su equipo, y que la comunicación con el próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el principal enlace con el equipo de transición, sigue siendo de desconfianza.

Las negociaciones para recuperar posiciones que pertenecían al ámbito civil, hasta que López Obrador las trasladó a la esfera militar, han dado resultados agridulces. El nuevo gobierno, de acuerdo con lo acordado hasta ahora, recupera para los civiles el Centro Nacional de Inteligencia y los cinco centros de fusión, creados al final del sexenio de Felipe Calderón con dinero de la Iniciativa Mérida, que concentran la información de inteligencia de todo el gobierno, donde se procesa, analiza y sirve para la toma de decisiones. En el primero está el general Audomaro Martínez, y en el segundo, desde donde se maneja el software Pegasus, Luis Rubén Sandoval, quien aunque no es militar, es hijo del secretario de la Defensa.

Donde el equipo de transición no ha tenido éxito es en el tema de las aduanas. López Obrador ordenó a mediados de 2020 trasladar el control de las aduanas al Ejército y el de los puertos a la Marina. El secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, no se opuso a que los puertos marítimos regresaran a ser administrados por los civiles, pero el general Sandoval no cedió. Más aún, buscó integrar a la Marina dentro del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y que se sumara al Ejército y la Fuerza Aérea, que se encuentran actualmente bajo el mando del general Ricardo Trevilla, pero no tuvo éxito; lo frenaron.

La jugada del general, según lo han explicado quienes conocen de las negociaciones, era que el secretario de la Defensa quedara jerárquicamente por encima del secretario de Marina, y que su titular quede subordinado a Lomas de Sotelo. El esquema de un gran secretario de la Defensa –con Ejército, Marina y Fuerza Aérea bajo su control– y un Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas unificado se asemeja al organigrama del Pentágono, aunque en Estados Unidos el secretario es civil y el jefe del Estado Mayor Conjunto es militar. Eso, por lo menos por ahora, no va a suceder en México.

Los intentos controladores del general Sandoval no pararon ahí. Contrariamente a lo que han sido los procesos de sucesión dentro de las Fuerzas Armadas, donde los relevos en el Ejército y la Marina se manejan de manera independiente, ha querido influir en la designación de su par militar. Por ello, Sandoval propuso al equipo de Sheinbaum su candidato a encabezar la Marina, el almirante José Luis Vergara, cuya enemistad con el secretario Ojeda es tan grande, que lo transfirió a la agregaduría naval en la India. Vergara es un marino altamente capacitado –entre otros puestos tuvo bajo su cargo la Inteligencia Naval y a las Fuerzas Especiales, que son las que capturaron a Joaquín el Chapo Guzmán–, pero nadie en la Marina podría estar más en las antípodas del secretario Ojeda que él.

Dentro del equipo de transición el responsable de entrevistar a los candidatos al cargo de secretarios es Lázaro Cárdenas, quien será el jefe de Oficina de la presidenta Sheinbaum. Cárdenas ha hablado con varios candidatos, incluido el almirante Marco Antonio Siu, el jefe de la unidad que persiguió y físicamente detuvo al Chapo. Otro candidato a revisión, a quien preferiría el actual secretario, es el almirante Alfredo Hernández Suárez, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

No puede descartarse que en esta pugna entre candidaturas –a Vergara lo está apoyando uno de los hijos del presidente López Obrador– surja un tercer almirante que sea una solución intermedia para evitar divisiones dentro de la Marina, como también está abierta la posibilidad de que eso mismo suceda en la Defensa, que podría alterar la terna que le propuso el general Sandoval a Sheinbaum, compuesta por el subsecretario Gabriel García Rincón, el director del Colegio de la Defensa Nacional, general Andrés Fernando Aguirre O. Sunza, y el general Trevilla.

El candidato de Sandoval es García Rincón, quien está respaldado también por López Obrador, aunque al secretario no le han gustado algunas iniciativas y acercamientos que ha tenido su delfín. García Rincón estableció una buena relación con García Harfuch y comenzó a formar lo que sería su Estado Mayor, lo que fue del desagrado de su promotor. Esta molestia coincidió con la aparición en la prensa de un caballo negro, el general Salvador Cervantes Loza, director general de Ingenieros, constructor de algunos de los megaproyectos de López Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles.

El nombramiento de los secretarios de la Defensa y la Marina serán los últimos en ser anunciados, prácticamente la víspera del relevo presidencial, para no propiciar un doble mando en las Fuerzas Armadas. Pero el nombramiento de ellos, en particular del secretario de la Defensa, será probablemente el más importante que haga Sheinbaum, porque la marcará como presidenta al determinar qué tanto pudo separarse del presidente López Obrador, sin que ello signifique deslindarse y mucho menos romper con él.

Este nombramiento definirá al menos la primera parte del sexenio, porque mostrará cómo será la continuidad sin cambio, en el entendido de que esa frase significa rumbo, proyecto y programa. No significa quedar maniatada al poder militar –que le produce escozor y recelo– y que sean los militares quienes la apalanquen, le den legitimidad y fuerza. Ella, a diferencia de López Obrador, no los necesita estratégicamente para gobernar.

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Alito negocia voto del PRI a la reforma judicial/Salvador García Soto

El Universal, | 21/08/2024 |;

De acuerdo con priistas de su propio grupo cercano, Alejandro Moreno Cárdenas negocia con la 4T un voto del PRI a favor de la Reforma Judicial de López Obrador, a cambio de algunos arreglos a favor de él y de su partido.

Las negociaciones son con una de las ex “corcholatas” presidenciales de Morena y la propuesta del dirigente del PRI sería que los diputados y senadores priistas votarán a favor del paquete judicial si a él le garantizan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le validará su reelección y desechará todas las denuncias de militantes de su partido en contra de su pasada Asamblea Nacional y de su reforma reeleccionista a los estatutos del PRI.

Esa es la primera oferta de Alito. Pero como el habilidoso líder priista sabe muy bien que Morena no necesita para nada de los votos priistas para aprobar los cambios constitucionales, lo que ofrece es “legitimar” a la controvertida Reforma Judicial con la aprobación del partido que instituyó la última gran reforma al Poder Judicial, y que ahora votará por la reforma lopezobradorista que deshace y desaparece al modelo de una Suprema Corte autónoma e independiente, contrapeso de los otros dos poderes, para sustituirlo por el “nuevo Poder Judicial del Pueblo”, electo por el voto popular y que será impuesto por la vía del mayoriteo en el Congreso.

Y entonces pide también que al PRI le respeten el carácter de tercera fuerza política en el Senado, evitando que el PVEM reciba apoyo de Morena para cederle dos senadores, con lo que alcanzarían 16 senadores, mientras que los priistas se irían al cuarto lugar de las fracciones parlamentarias con los 15 senadores que le quedaron después de su decisión de expulsar a Manlio Fabio Beltrones de su grupo parlamentario.

Lo que gana Alito es que le toque a la bancada priista una vicepresidencia de la Mesa Directiva del Senado, la cual sería para la senadora Carolina Viggiano, esposa de su aliado Rubén Moreira. Y como no es lo mismo ser el cuarto que el tercero, a la fracción priista se le reduce notoriamente el número de comisiones parlamentarias que les corresponde, además del menor presupuesto para la bancada y otros privilegios en el recinto senatorial.

A cambio de esas “ayudaditas” en el Senado, lo que garantiza Alito Moreno a la 4T es que el PRI le daría los dos votos de senadores que le faltan a Morena y sus aliados para tener también la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores.

Por último, Moreno Cárdenas estaría pidiendo también que a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados se les respeten los espacios físicos y de oficinas que hoy ocupan, incluida la famosa “pecera” que dejó Elba Esther Gordillo, y que han tenido desde hace varias legislaturas las bancadas priistas y que ya no les corresponderían por los apenas 45 diputados que tendrá el partido tricolor, que por cierto será la bancada más pequeña en la historia del viejo partido.

La versión de estas negociaciones, que viene del círculo cercano del dirigente priista, recalca que dichas negociaciones no son directas con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ni con su equipo, sino a través de un mensajero que fue de los que se enfrentaron a la ahora Presidenta en el proceso interno morenista, por lo que pide tomarlas con reserva.

Y es que la opinión personal y política que tiene la futura Presidenta sobre el dirigente priista no es la más favorable y de hecho no ha tenido contacto de ningún tipo con él. Según un colaborador cercano de la presidenta electa, Sheinbaum conoció a Alejandro Moreno porque se lo presentó Adán Augusto López hace un par de años, pero no ha tenido relación de ningún tipo con el campechano.

Por eso habrá que ver si, como ya lo ha hecho en otras ocasiones en votaciones importantes para la 4T, no vuelve a traicionar su propia palabra, porque él declaró en repetidas ocasiones y lo utilizaba como consigna de campaña, que el PRI no avalaría la Reforma Judicial de Andrés Manuel y votaría en contra. No sería la primera ni la última vez que Alito se entregará a Morena y a López Obrador a cambio de beneficios o arreglos legales, como lo hizo cuando negoció el voto priista a favor del alargamiento de la presencia del Ejército y la Sedena en la estrategia de Seguridad Pública federal hasta el año 2028.

¿Alito lo hará otra vez?

NOTAS INDISCRETAS…

Vaya que los dardos envenenados del presidente López Obrador alborotaron al empresariado nacional. Y es que, al todavía inquilino de Palacio lo apoyaron los empresarios en su gobierno, tanto a nivel de cámaras y organismos empresariales, como también a nivel de los grandes millonarios mexicanos que lo respaldaron y recibieron a cambio contratos también millonarios de su administración. Pero parece que ahora el empresariado, incluidos los organismos y varios de los millonarios, ya decidió que no puede seguir avalando los peligrosos desplantes de poder que está teniendo López Obrador con sus caprichosas reformas constitucionales, porque al final varias de ellas, como la Judicial, les afecta directa y fuertemente al poner en peligro la certeza jurídica y el Estado de Derecho que hoy rige a las inversiones, nacionales y extranjeras. Así que por eso empezaron a salir los desplegados y cartas que tanto molestaron al Presidente y que ayer lo hicieron incluso retar y pedirles a Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, la Familia Bailleres y María Asunción Aramburuzabala, que se pronunciaran públicamente si estaban a favor o no de su reforma. De todos los directamente desafiados por el Presidente, el único que ayer respondió fue “el rebelde del Ajusco”, Ricardo Salinas Pliego, que ayer en su cuenta de X le dijo de frente a su amigo y exfinanciado: “Estimado Presidente López Obrador, ¿de verdad respetados y escuchados los empresarios? Por favor! Seamos serios. Ccp #Bañagatos y demás paleros de las mañaneras”. Ahí tiene la primera respuesta, Presidente…Se va a cumplir ya casi un mes de que los 4 comisionados del INAI le escribieron una carta conjunta a la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidiéndole amablemente que los recibiera para que escuchara sus argumentos de por qué no debe apoyar la reforma que desaparece al INAI y lo sustituye por una dirección del Gobierno federal. Y hasta la fecha, a pesar de que tienen su oficio sellado de recibido, a las oficinas del instituto en Insurgentes Sur no ha llegado respuesta alguna de la oficina de la doctora. ¿Será que el desprecio por la transparencia y por el derecho a la información y a la protección de datos personales de los mexicanos no da ni siquiera para escuchar a los cuatro comisionados que ya están en el Patíbulo? Si hasta a los condenados a muerte se les concede una última cena…Los dados mandan Escalera. Se empieza a componer la semana.

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El nervioso/Carlos Loret de Mola

El Universal, | 21/08/2024 |;

Desde hace 26 días al presidente se le ha visto nervioso. Tiene la desventaja de que tantas horas de mañanera permiten ver su estado de ánimo, y desde que detuvieron a Ismael “El Mayo” Zambada, a Andrés Manuel López Obrador se le nota inquieto: sus declaraciones sobre el asunto son contradictorias, no ha sido capaz de informar qué pasó, pide explicaciones al gobierno de Estados Unidos pero éste no se las da, y llegó al extremo de callar a su secretaria de Seguridad Pública —futura secretaria de Gobernación—, Rosa Icela Rodríguez, cuando ella se disponía a compartir más datos.

Está claro que el caso pone nervioso al presidente. Está claro que lo que pueda decir en las cortes americanas el Mayo Zambada lo tiene así. Y ya tuvo su primera “probadita”: el Mayo descolocó al gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, y tuvieron que entrar al rescate el presidente saliente y la presidenta entrante para apagar un fuego que sigue encendido. ¿Qué seguirá brotando del testimonio de Ismael “El Mayo” Zambada? ¿Confesará reuniones con algún dirigente morenista en Colima? ¿Platicará que le presentaron en Mazatlán a un alto funcionario? ¿Que fue a una comida en Culiacán con algún otro poderoso del gabinete? ¿Salpicará al círculo más íntimo? ¿Relatará entregas de dinero a campañas?

El problema para el presidente es que si el Mayo enfoca sus baterías contra él y su movimiento, va a tener poca defensa. La narrativa lo hunde. Primero, porque en el gobierno sabían dónde estaba el Mayo y nunca lo detuvieron. Segundo, porque establecieron con el capo una alianza política y de gobierno. Tercero, porque el presidente lleva todo el sexenio usando declaraciones de narcotraficantes que hundieron a García Luna (ni modo que ahora diga que cómo creer el testimonio de un delincuente). Cuarto, porque explícitamente AMLO ha dicho que su gobierno no busca detener a los grandes capos de la droga. Quinto, porque en las mañaneras se refiere a los capos de la droga con el respeto que sólo dispensa a sus aliados. Sexto, porque en la prensa internacional ha cundido la versión de que su movimiento político ha sido financiado con dinero de la droga. Y séptimo, porque todo esto se enmarca en la política de “abrazos no balazos” que cierra el círculo que da credibilidad a la existencia de un pacto crimen-gobierno.

El presidente ha tratado de esconder el galimatías en que lo puso la detención del Mayo echando mano de un discurso setentero antiyanqui. Si Estados Unidos realizó un operativo gubernamental antinarco en suelo mexicano sin la autorización del gobierno (que sería una grave violación a la soberanía), México no ha presentado ninguna prueba. En cambio, lo palpable es que el gobierno de López Obrador ha cerrado las puertas de la cooperación a las agencias de inteligencia de Estados Unidos mientras se las ha abierto a los cárteles. En la mañanera se critica ferozmente a estas agencias, pero se trata con respeto a los capos. Y esta ecuación es inaceptable para Estados Unidos porque se ha vuelto electoralmente explosivo el tema del fentanilo que llega de México y mata cada año a 100 mil jóvenes estadounidenses. Lo demás son consecuencias.

historiasreportero@gmail.com

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Las autoridades electorales contra la sobrerrepresentación: antecedentes7Ciro Murayama

EL Financiero, agosto 21, 2024 | 

Esta semana es crítica, pues se resolverá la integración de la Cámara de Diputados por parte del Instituto Nacional Electoral. Quienes buscan una sobrerrepresentación de casi veinte puntos para la coalición del gobierno repiten tres argumentos: a) solo corresponde la interpretación letrista de un párrafo constitucional, b) la autoridad electoral no ha modificado su criterio en los últimos años y no debe hacerlo ahora y, c) el INE está atado de manos porque se necesita una reforma constitucional para evitar la excesiva sobrerrepresentación. Lo malo (para ellos) es que los tres puntos son falaces. Desgranemos uno a uno.

Uno: el letrismo solo en conveniencia del gobierno. La Constitución habla en tres momentos distintos de la asignación de legisladores plurinominales o de minoría. En el artículo 54, base primera, dice: “Un partido político, para obtener registro de sus listas regionales [los plurinominales], deberá acreditar que participa con candidatos de mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales”. Luego, ese mismo artículo en su base quinta señala: “En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Y en el artículo 56 ordena: “La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate”.

Si nada más correspondiera la lectura letrista de esas tres partes de la Carta Magna, la coalición encabezada por Morena no podría acceder a diputados plurinominales (tampoco la opositora), pues ningún partido coaligado registró 200 candidatos uninominales; ni podría tener senadores de minoría.

El INE siempre ha interpretado partido como sinónimo de coalición al dar plurinominales y senadores de minoría a los coaligados. Lo que corresponde ahora es que esa misma interpretación sea del todo homogénea y aplique, también, a la base quinta del artículo 54.

Dos: la asignación de plurinominales no ha cambiado en nada. Falso, pues las autoridades electorales sí han tomado medidas frente a la sobrerrepresentación y, además, el derecho electoral ha evolucionado para hacer valer mejor los principios constitucionales al integrar la Cámara de Diputados.

Después de que en 2018 se diera una sobrerrepresentación de casi 16 por ciento de la coalición oficial, y antes de la elección federal de 2021, el INE introdujo la obligación de verificar la “afiliación efectiva” en las candidaturas de coaliciones. Se trató de evitar que el partido mayoritario postulara a militantes propios a través de sus socios, lo que permitía a éstos inflar sus bancadas gracias a triunfos ajenos, mientras que el partido más fuerte, al “esconder” victorias en los satélites, ganaba otros tantos legisladores vía la representación proporcional. Esa decisión del INE fue confirmada por el Tribunal y es válida.

Así que el INE y el Tribunal sí han adoptado nuevas medidas, en los últimos años, para evitar el fraude a la ley con las coaliciones.

En adición, en 2021, el Tribunal ordenó al INE corregir la asignación de plurinominales para asegurar la plena paridad de género en la Cámara de Diputados: al menos 250 mujeres. Gracias a ello, en el acuerdo del INE de 2023 para determinar plurinominales en este 2024 ya se contempla que el principio constitucional de paridad en todo debe prevalecer para que no haya menos mujeres diputadas que hombres. De nuevo una innovación garantista: aunque la ley electoral secundaria nada dice al respecto, un principio constitucional ha de prevalecer sobre el letrismo. Si ello es válido en materia de paridad, también debe serlo para proteger el pluralismo y la igualdad del voto.

Tercero: hay que cambiar la Constitución para evitar la sobrerrepresentación del 20 por ciento. No: la Carta Magna ya prohíbe una sobrerrepresentación mayor al ocho por ciento. La reforma deseable, para el futuro, sería acabar con toda sobrerrepresentación; pero con la ley fundamental vigente nadie debería hacerse de tres cuartas partes de los diputados con 54.7 por ciento del voto ciudadano.

El INE de hoy puede, en defensa de los derechos fundamentales, mejorar lo hecho en el pasado en materia de sobrerrepresentación y preservar, así, la democracia.