La presidenta de la República utiliza una estrategia de polarización optimista para movilizar a sus bases y desestimar las críticas.
El mensaje de hoy de que "hay mucho que celebrar" se centra en los siete años de la "transformación" (iniciada en 2018) y en los programas de Bienestar. Esto busca anclar su legitimidad y éxito no en su gestión individual, sino en la continuidad de un proyecto de nación más amplio.
Sheinbaum minimiza el descontento ("Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia [...]") y desplaza la crítica hacia "nuestros detractores", calificándola como una oposición esperable en un "país libre". Esta táctica busca invalidar las protestas y consolidar la narrativa de que el apoyo popular es abrumadoramente positivo ("mucha alegría en la gente").
El llamado a la marcha del 6 de diciembre actúa como un mecanismo de refrendación simbólica del apoyo, buscando transformar la "alegría" declarada en una manifestación de poder palpable en el Zócalo.
La percepción de debilidad
El contraste entre el discurso y la realidad es destacado por el director editorial de Reforma, Roberto Zamarripa, quien en su columna de hoy aborda la rápida erosión de la imagen presidencial. Zamarripa reflexiona sobre la volatilidad de las percepciones: "En octubre, al cumplir un año de gobierno se hablaba de fortaleza (presidencial). Un mes después se discute sobre debilidad. Ni una ni otra eran y son tan ciertas. Pero la Presidenta que parecía fuerte era la que actuaba; la que parece débil está más en la arenga."
El análisis crítico, de Zamarripa desvincula la percepción de éxito del mero discurso, atándola a la acción y resultados concretos; la crítica se centra en que la percepción de fortaleza es volátil y efímera, ligada no a la retórica sino al desempeño: "La Presidenta que parecía fuerte era la que actuaba."
La insistencia en estar "feliz" y afirmar que "hay mucho que festejar" mientras la imagen se erosiona, sugiere que la presidenta está tratando de imponer una narrativa emocional en lugar de dejar que los hechos hablen por sí mismos. Esto puede interpretarse como un signo de inseguridad en la gestión.
En efecto, cuando un líder se enfoca demasiado en la "arenga" (el discurso emocional, la celebración, la convocatoria a mítines), corre el riesgo de que la ciudadanía y la opinión pública perciban que está distrayéndose de los problemas reales o tratando de compensar la falta de logros concretos con ruido político.
El problema central que plantea la crítica es la disociación entre el acto de gobernar y el acto de celebrar. La presidenta Sheinbaum busca que su gestión sea evaluada en función de la lealtad a la "transformación" y la movilización de su base (la celebración del 6 de diciembre).
Sin embargo, la percepción de debilidad se intensifica porque la fortaleza de un líder no debe depender únicamente de la fidelidad de sus seguidores, sino de la capacidad de demostrar resultados y mantener la credibilidad ante la sociedad en general. La fortaleza real del poder ejecutivo radica en la eficacia de su acción; si esta se sustituye por la vehemencia del discurso, la volatilidad de la percepción se incrementa, llevando a la conclusión crítica de que el liderazgo se está volviendo más simbólico y menos sustantivo
Y además no le ayuda la imagen no verbal, pero a lo mejor estoy equivocado, y mis seguidores me pueden ayudar.....
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Las columnas políticas hoy, lunes 24 de noviembre de 2025
Templo Mayor /Reforma
FALTA un mes para Nochebuena y desde ahora se ve que Santa Claus no cumplirá los deseos de la 4T. Y es que por más que Marcelo Ebrard acumula millas viajando a Estados Unidos, todo indica que la renegociación del T-MEC será en condiciones muy desventajosas para México.
NO SE TRATA sólo de los caprichos de Donald Trump y su política de aranceles y reducir el déficit. El verdadero problema para México son los incumplimientos del acuerdo de este lado de la frontera y, claro, las modificaciones legales y reformas constitucionales que dieron al traste con el flujo de inversiones hacia el país.
SEMANA TRAS SEMANA surgen en EU y en México reclamos claros y directos de sectores económicos muy diversos, que le piden a Trump exigirle a México que cumpla su parte para el libre comercio. Lo mismo han hecho empresas gaseras que plataformas de streaming y hasta las grandes compañías tecnológicas.
¿QUÉ PIDEN? Que Pemex y la CFE dejen de ser competencia desleal, que se dé certeza jurídica a las empresas que se perdió con la reforma judicial; que haya seguridad pública en caminos y carreteras, y que se combata al narcotráfico... temas en los que el gobierno mexicano se ha hecho el harakiri con tal de mantener el poder.
OTRA VEZ Veracruz. Al tiempo en que la presidenta Claudia Sheinbaum visitaba el estado para celebrar el Día de la Armada, en aquella entidad fue asesinado otro político opositor al régimen morenista.
ESTA VEZ fue Juan Carlos Mezhua, ex alcalde de Zongolica, quien había roto con Morena. Actualmente estaba impulsando un movimiento independiente para competirle a los morenistas en esa zona serrana.
EN APENAS 11 meses que lleva el gobierno de la morenista Rocío Nahle, han sido asesinados por lo menos 5 políticos de distintos partidos, sobre todo opositores. Pero con eso de que a la mandataria le gusta minimizar las malas noticias, seguramente dirá que no los mataron, sino que los desvivieron.
AUNQUE el gobierno ha insistido que varias agrupaciones de transportistas desistieron de protestar este lunes, ahí está el llamado para cerrar carreteras, parar actividades laborales e incluso llegar al Zócalo para llevar su reclamo hasta Palacio Nacional.
GRUPOS COMO la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotoc), Indeco y Fenatras, lanzaron comunicados deslindándose de las movilizaciones. Pero la agrupación campesina que dirige en Sinaloa Baltazar Valdés, y la del barzonista de Chihuahua, Yako Rodríguez, mantienen su advertencia y se les suma el líder de la Asociación Nacional de Transportistas, David Estévez.
¿DARÁ respuestas el gobierno federal a los inconformes o les dará la vuelta? Ya son varios los avisos de que las cosas en el campo mexicano no andan bien.
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Columna - o sea opinión- de Raymundo Riva Palacio sobre el tema Miss Universo
Utiliza el escándalo de corrupción en el certamen Miss Universo 2025 como una metáfora de la situación política actual en México, dominada por la sospecha y la desconfianza estructural hacia el poder. En efecto, el evento de Miss Universo, que debería ser un espectáculo de meritocracia, terminó empañado por una conversación sobre poder, influencia y control; a menos que mientan los denunciantes; tres de ellos jueces.
El escándalo escaló rápidamente en México debido a la desconfianza estructural en el país, donde las decisiones a menudo se mezclan con intereses políticos, patrocinios opacos y operadores del régimen.
Y ojo, aunque no hay pruebas de que el gobierno de México esté implicado, la falta de una cultura de transparencia permite que el vacío se llene con sospechas, haciendo que el caso sea un "recordatorio incómodo" de los "muros de impunidad" del régimen de Morena.
Por otro lado, las publicaciones de Pemex celebrando la victoria de la miss solo abonaron a la controversia, sumándose a la narrativa de colusión e imprudencia; ayer fue peor al emitir un comunicado aclarando que la felicitación fue por "entusiasmo popular" y negó tener "injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universe".
México se convirtió en protagonista del escándalo internacional no por la belleza del certamen, sino "por la fealdad de sus sospechas". Lástima
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Estrictamente Personal
El escándalo de Miss Universo/
Miss Universo terminó siendo otra metáfora del país: un espectáculo que presume meritocracia, empañado por una conversación que gira en torno a poder, influencia y control.
El Financiero, noviembre 24, 2025 |
El escándalo por las acusaciones de corrupción en Miss Universo 2025 no reventó sólo por el concurso. Estalló porque la victoria de la tabasqueña Fátima Bosch Fernández encontró el epicentro político del momento –México– demasiado cerca, y porque el clima nacional convirtió un certamen de belleza en un plebiscito emocional sobre el poder, la narrativa oficial y la sombra que Morena arrastra tras años acumulando desgaste. Fátima y un concurso internacional, cuestionado por haber sido arreglado un día antes incluso de que se conocieran los resultados, viajaron de manera instantánea 15 mil kilómetros entre Bangkok –donde se llevó a cabo– y México, para iniciar una nueva batalla contra la corrupción del régimen.
Las acusaciones de corrupción contra funcionarios de Morena, sus liderazgos parlamentarios y del partido, y de manera particular sobre los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que no han sido motivo de investigaciones sino de exoneraciones, han sembrado un terreno fértil para la sospecha, donde cualquier chispa prende. Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el caso es un recordatorio incómodo, sin necesidad de estar implicado, por los muros de impunidad que ha levantado. No hay pruebas de que haya intervenido en el concurso, pero tampoco hay una cultura de transparencia que despeje dudas. Y en política, el vacío siempre se llena con sospechas.
El escándalo, retomado por los medios más influyentes del mundo, inició antes de comenzar la final, detonado por uno de los jueces, el músico libanés Omar Harfouch –hasta el apellido contribuye a la ironía–, al denunciar que el resultado estaba arreglado y señalar quiénes serían las finalistas, porque así se lo había sugerido uno de los propietarios del concurso, el mexicano Raúl Rocha, por razones de negocio. A su denuncia se han hecho públicas otras similares, de jueces y misses. De ahí, quizá, que cuando se anunció a la ganadora en la arena en un suburbio de Bangkok, no sólo hubo confusión sino gritos de que “el espectáculo había sido cocinado”.
Cuando estallaron las denuncias de supuestos favoritismos, presiones y arreglos informales en torno al certamen, la primera reacción internacional fue de sorpresa. La segunda, casi en automático, fue mirar hacia México. No por casualidad: este país se ha vuelto sinónimo de escándalos porque la política ha tocado espacios que antes se consideraban neutros. Y ahí es cuando el gobierno obradorista entró en escena, no porque hubiera estado sentado en la mesa del jurado ni porque funcionarios aparecieran firmando contratos del concurso, sino porque los propios oficialistas convirtieron la controversia en un termómetro más del desgaste del régimen.
La tracción en México se la dio la denuncia de Rodrigo Goytortúa, que fue el director ejecutivo del Concurso Miss Universo cuando Rocha adquirió 50% de las acciones al grupo tailandés JNK, que enfrentaba la bancarrota, en 2023. Goytortúa, que fue despedido por Rocha el año pasado, acusó a Bernardo Bosch, padre de Fátima, de haber pagado a Rocha 50 millones de dólares para que su hija ganara el concurso. No aportó ninguna prueba de esto, pero la prensa rápidamente identificó el probable contrato de marras, otorgado por Pemex Exploración y Extracción en enero de 2023 a Soluciones Gasíferas del Sur, propiedad de Rocha, por 745 millones de pesos.
En ese contrato no aparece la firma de Bosch, que en ese entonces trabajaba en esa filial de Pemex como asesor en exploración y producción, un cargo sin estructura ni capacidad de decisión. Años antes fue investigado por un presunto desvío de recursos que lo habría inhabilitado por 10 años, pero no encontraron nada y lo reinstalaron. Bosch, que estuvo en Tailandia para el concurso y deberá regresar este lunes a su trabajo, fue nombrado recientemente subdirector en otra área de Pemex, relacionada con la seguridad, la salud y la gestión ambiental. Contactado de manera indirecta, negó todas las imputaciones que se le han hecho.
El escándalo no va a parar. Las revelaciones de Harfouch continuarán impactando a Rocha y al certamen, y seguirán siendo combustible en México, donde la disputa adquirió el tono familiar de un país donde el discurso anticorrupción se desgastó al mismo ritmo que la credibilidad que lo sostenía. Pero lo que realmente escaló el escándalo no fueron las acusaciones del concurso, sino la desconfianza estructural de un país donde muchas decisiones suelen mezclarse con intereses políticos, patrocinios opacos y operadores del régimen que están construyendo el segundo piso de la supervía de corrupción.
Se le han sumado, para mostrar conflictos de interés y corrupción, videos de Fátima hablando bien de Sheinbaum como prueba de colusión –¿no tendría ella plena libertad de expresar sus opiniones políticas?– y fotografías de Rocha con López Obrador. Esto no tiene ningún anclaje, pero imprudencias como las publicaciones de Pemex celebrando la victoria de la tabasqueña sólo abonan a la controversia, como hicieron las plumas del régimen, aunque quizá con la tarea de desviar la atención de los problemas que ahogan a Sheinbaum.
La caída de un certamen de belleza en el pantano de la sospecha no sería, en circunstancias normales, más que un episodio menor en la industria del entretenimiento. Pero 2025 no es un año normal, y México, con Morena al mando, tampoco es un país inmune a la tormenta. Bastó que las acusaciones de corrupción en Miss Universo 2025 tocaran fibras mexicanas para que el escándalo dejara de ser un asunto de pasarelas y se convirtiera en un problema político. México apareció otra vez en el perímetro de un escándalo internacional donde los factores de opacidad, influencia política y poder económico se entrecruzan.
Miss Universo terminó siendo otra metáfora del país: un espectáculo que presume meritocracia, empañado por una conversación que gira en torno a poder, influencia y control. México se convirtió en protagonista no por la belleza del certamen, sino por la fealdad de sus sospechas. La pregunta es: ¿por qué el sistema político mexicano es tan vulnerable a que cualquier acusación, por menor que sea, prenda fuego tan rápido? Porque cuando el gobierno confunde discurso con resultados, termina atrapado en su propia retórica. Miss Universo 2025 sólo encendió el reflector, pero la crisis ya estaba ahí.
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Lenia Batres revive los peores temores de los empresarios/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL, | 24/11/2025;
A solicitud de la ministra Lenia Batres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un presunto adeudo fiscal de 2 mil 868 millones de pesos del conglomerado multinacional Femsa, siete días después de haber rechazado exactamente el mismo asunto.
El 6 de noviembre, el pleno de la Corte había votado 8-1 en contra de atraer el expediente bajo un criterio tradicional. Resultó que la cuantía económica no bastaba para ejercer la facultad extraordinaria de atracción y no había relevancia constitucional. Pero el 13 de noviembre, con una nueva solicitud presentada por Batres, la única disidente una semana antes, la Corte modificó su postura y aprobó la atracción por 6-3, sin que hubiera cambiado un solo elemento jurídico del caso.
El viraje de los ministros y ministras encendió una señal de alerta entre los empresarios, en un contexto donde el gobierno y el SAT presionan a todos los contribuyentes cautivos porque necesitan incrementar la recaudación para financiar el enorme presupuesto federal del próximo año, que contempla niveles históricos de gasto social e infraestructura. Si un caso fiscal millonario puede pasar de rechazado a aceptado en solo una semana por presiones internas, las empresas temen que otros litigios concluidos puedan “rescatarse” bajo criterios extraordinarios, rompiendo la certeza jurídica que sustenta inversiones y decisiones de largo plazo.
El fondo del expediente de Femsa, que tiene que ver con impuestos omitidos en 2011, no cambió en nada entre ambas sesiones de la Corte. Lo único que cambió fue la presión interna, pues Batres volvió a presentar la solicitud y un sector del pleno se movió con ella. Para varios ministros en privado, el episodio “rompe una práctica institucional”, porque lo que ya se había votado no se volvía a discutir salvo circunstancias excepcionales.
¿Por qué cambió entonces el voto de algunos ministros y ministras? Hay tres explicaciones dentro y fuera del máximo tribunal. Primero, la influencia creciente de Batres, quien ha demostrado capacidad para empujar temas cuando coinciden con los intereses fiscales del gobierno.
Segundo, la necesidad del Ejecutivo de evidenciar que el Poder Judicial no será un dique ante litigios fiscales relevantes, especialmente en un año en el que la recaudación será fundamental. El caso más visible es el de las empresas del magnate Ricardo Salinas Pliego.
Y tercero, un clima político en el que algunos ministros prefieren no quedar aislados en votaciones que puedan interpretarse, desde Palacio Nacional, como “favorables” a grupos empresariales que no son afines a la línea del gobierno, como lo ha sido el emporio regiomontano que presidía hasta hace pocas semanas José Antonio Fernández “El Diablo”, y cuya presidencia heredó a su hijo.
La atracción no equivale todavía a una reapertura formal del caso, pero sí es el primer paso, pues ahora la Corte podrá revisar la actuación del Tribunal Colegiado, emitir un nuevo criterio y, eventualmente, modificar el rumbo del litigio. En asuntos fiscales de esta magnitud, la atracción suele anticipar un escenario donde Hacienda podría salir favorecida, lo que alimenta el malestar entre las empresas.
Todo esto adquiere una dimensión mayor porque Lenia Batres está perfilada para convertirse en la próxima presidenta de la Corte. Su eventual llegada al cargo —que varios ministros consideran ya un hecho consumado— revive los temores centrales del sector empresarial: que el nuevo Poder Judicial, con su sello, puede operar bajo criterios políticos, no jurídicos, alineando resoluciones a objetivos fiscales y al proyecto de “justicia popular” que la ministra ha promovido.
Su iniciativa del 11 de julio de 2025, que proponía revertir sentencias firmes y eliminar la intangibilidad de la cosa juzgada, fue la prueba más clara de esta visión. La consulta cayó en su propia ponencia y, aunque la mayoría del pleno la rechazó en una sesión reciente, el daño institucional quedó sembrado.
Tras su avance político-judicial hay un operador clave: su hermano, Martí Batres, quien mueve las estructuras territoriales de la capital y es parte del ala radical de Morena. El experimentado político busca fortalecerla y fortalecerse él mismo en un rediseño del poder judicial que le dará a Lenia control sobre la SCJN y el Consejo de la Judicatura.
Lo que preocupa al sector privado no es solo su perfil político, sino su inexperiencia jurídica, sus revanchas personales y sus sesgos ideológicos. Si hoy, sin ser presidenta, logra revertir criterios en una semana, ¿qué pasará cuando encabece la Corte?
Entre tantos frentes abiertos de México con sus principales socios comerciales y en vísperas de que comience la revisión del TMEC, esta escaramuza de la Corte contra algunas de las empresas más relevantes del país ya comenzó a generar mucha preocupación en la IP.
Posdata 1
Hablando de Ricardo Salinas Pliego, generó revuelo la declaración del presidente del PAN, Jorge Romero, al diario El País, en la que no descartó abrirle la puerta al multimillonario para una candidatura presidencial en 2030.
La declaración, que puede parecer un gesto menor o un simple coqueteo mediático, no lo es. Más bien parece el reconocimiento implícito de que la oposición tradicional no tiene figuras competitivas y con capacidad de movilización, por lo que necesita recurrir a un actor externo, en este caso a uno con alcance propio, músculo económico y una identidad política que no depende de las estructuras partidistas.
A inicios de septiembre publiqué un texto titulado “¿Y si Ricardo Salinas Pliego fuera candidato presidencial?”, en el que elaboré sobre las características que el dueño de TV Azteca, Elektra y Banco Azteca tiene para poder aspirar a ello: una base natural de millones de usuarios y espectadores, una maquinaria de comunicación que opera en tiempo real y una retórica antisistema que conecta con los sectores hartos de la política tradicional. No es casual que, apenas surgido el guiño panista, su nombre haya reactivado la conversación pública sobre la posibilidad real de que un outsider pueda competir en 2030… siempre y cuando no sea impedido legalmente por sus asuntos fiscales.
El reto, de cualquier manera, sería monumental.
Tendría que transformar su influencia en estructura, sus seguidores en votos y su discurso antisistema en un proyecto de gobierno. Además, supone que la oposición estaría dispuesta a ceder el control tradicional de sus candidaturas a una figura que no juega bajo las reglas convencionales. Por ahora, el ofrecimiento del PAN luce más como una búsqueda desesperada de relevancia que como una verdadera estrategia… pero abre una puerta que, una vez cruzada, podría sacudir el tablero político de la próxima sucesión presidencial.
Posdata 2
El megabloqueo anunciado por transportistas y organizaciones campesinas para este lunes en la CDMX y el Edomex vuelve a encender alertas de la inconformidad social y económica. A las denuncias de extorsión, cobro de piso y asaltos violentos en carreteras se suma ahora la presión de Estados Unidos y sus más de 300 empresas, entre ellas UPS, Coca-Cola, HP, IBM y Texas Instruments, que pidieron a la USTR incluir la inseguridad carretera de México como tema prioritario en la revisión del TMEC 2026.
Organismos y consultoras del sector logístico hablan de 24 mil robos de carga al año, pérdidas por más de 7 mil millones de pesos y un crecimiento del 16% de los delitos en 2024. No existe un reporte oficial único que consolide esos números, pero sí una convergencia de fuentes privadas y empresariales que documentan el deterioro acelerado en las rutas carreteras del país.
En ese contexto, lo ocurrido el 15N, la irritación de sectores económicos, los bloqueos recientes y el hartazgo ciudadano aumentan la percepción de que la inseguridad, la violencia, la corrupción, la extorsión y la impunidad están erosionando al Estado. Transportistas, productores, empresas y comunidades rurales coinciden en que las carreteras están fuera de control, y que ni autoridades estatales ni federales han logrado contener a los grupos criminales.
El impacto ya es binacional. Si Estados Unidos empieza a convertir este tema en una condición para la cooperación comercial o para la agenda del TMEC, la presión política y económica sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum podría escalar rápidamente.
Posdata 3
En la Cámara de Diputados se cocina una reforma para garantizar recursos al campo. En el contexto de las manifestaciones de campesinos de las semanas recientes, el diputado federal Ulises Mejía Haro presentó una iniciativa para asegurar que cada año el Programa Especial Concurrente (PEC), destinado al desarrollo rural, reciba recursos crecientes en términos reales, con el propósito de fortalecer la productividad y mejorar el bienestar de las familias que trabajan la tierra en todo el país.
El legislador zacatecano conoce la situación del campo, por lo que la propuesta contempla adicionar un párrafo al artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para brindar certidumbre presupuestaria y evitar que la inversión en el campo quede sujeta a recortes o variaciones anuales. Con esta modificación, los recursos asignados al sector primario deberán incrementarse de forma obligatoria en cada ejercicio fiscal y así se pueda contar con recursos que permitan ampliar la modernización de infraestructura hidroagrícola, avanzar en la tecnificación del riego, impulsar la agroindustria y elevar la productividad, elementos clave para mejorar los ingresos de productoras y productores que sostienen la alimentación del país, y así dotar de un marco legal más robusto a un sector que año con año tiene que manifestarse para exponer la precaria situación en que se encuentra el campo de nuestro país.
@MarioMal
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Muy grave…
La columna de Salvador García Soto en El Universal presenta una crítica contundente y alarmante sobre la posible aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión, enfocándose en la Fracción V del Artículo 17 como un "dulce envenenado" que representa una amenaza directa a la libertad de prensa en México.
El peligro: El Artículo 17 Fracción V y la Ambigüedad
La ley, promovida por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada por el Senado, busca combatir el grave problema de la extorsión en el país. Sin embargo, el Artículo 17 Fracción V establece un agravante a la pena cuando la extorsión "se utilicen medios de comunicación" (incluyendo electrónicos, escritos, voz, datos, etc.).
Salvador - y coincido coj él-, señala que la redacción es ambigua y laxa, pues no excluye explícitamente los contenidos informativos y periodísticos. Además, el tipo penal de extorsión en la ley es genérico ("obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo") y no requiere explícitamente amenazas o violencia, a diferencia de legislaciones en otros países.
Esta redacción permite que cualquier funcionario o autoridad molesta por una crítica pueda calificar un reportaje o una columna como un delito de "extorsión". El periodista o directivo de un medio podría ser acusado y, dada la gravedad del delito, potencialmente sujeto a prisión preventiva oficiosa sin juicio de por medio.
Además en contexto político que se presenta…
El autor enmarca esta iniciativa legislativa dentro de un creciente clima de hostilidad entre el gobierno de la 4T y los medios críticos:
Ante la sucesión de crisis políticas y sociales (inundaciones, marchas de agricultores, asesinatos políticos, manifestaciones de la Generación Z), el gobierno se encuentra en una dinámica de "contención de daños" que no logra resolver.
El "complot de derecha". Ante la ineficacia del gabinete y los errores que obligan a la presidenta a convertirse en "pararrayos", la respuesta ha sido endurecer y radicalizar el discurso contra la prensa, tachándola de ser parte de un "complot de derecha" o de difundir escándalos.
Este endurecimiento no es solo discursivo, sino que se manifiesta en ataques coordinados por la "maquinaria de influencers y locutores pagados" y en comentarios críticos hechos por la presidenta a bancadas oficialistas. La ley se percibe como la instrumentalización del aparato legal para escalar esta confrontación.
La Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) y el senador Javier Corral Jurado (este último, proponiendo acotar el artículo solo a "plataformas o servicios de telecomunicaciones") alertaron sobre el riesgo de censura, pero sus reservas fueron aparentemente desechadas por resistencias de la Consejería Jurídica de Presidencia, bajo un manejo de la ley que el autor califica de "secrecía" y "fast track".
García Soto concluye que la ley desvirtúa el objetivo legítimo de combatir la extorsión, usándola como un "articulado represor" diseñado para "encarcelar a periodistas críticos". Esto no solo es inédito, sino que contradice el discurso de la presidenta sobre la libertad de expresión, y, de aprobarse, dejaría a México ante los ojos del mundo como un país que camina hacia un "gobierno autoritario y dictatorial".
Chava argumenta que la Ley de Extorsión, con su redacción ambigua en el Artículo 17 Fracción V, es un mecanismo de censura jurídica que permite al poder ejecutivo criminalizar la crítica periodística bajo la figura de la extorsión, confirmando la existencia de "sectores duros y radicales" en la 4T dispuestos a usar el aparato del Estado para acallar a sus opositores.
Ley de extorsión: ¿censura y cárcel a los medios?/Salvador García Soto
El Universal, | 24/11/2025 |
El enojo y descontento de la 4T y de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la crítica en los medios de comunicación podría pasar de los reproches discursivos de todos los días en las mañaneras, a escalar a un tema de delitos legales en contra de periodistas, conductores y medios que cuestionen o critiquen al gobierno y que podrían ser acusados de “extorsión”, de acuerdo con la redacción del artículo 17 fracción V de la Ley de Extorsión aprobada la semana pasada por el Senado de la República y que se debate mañana martes en la Cámara de Diputados.
Entre las conductas que sanciona como “extorsión” la minuta de dicha ley, propuesta por la presidenta, menciona el uso de “medios de comunicación” con fines extorsivos, pero no aclara si los contenidos informativos y periodísticos están incluidos en las causales para agravar y aumentar la pena por el delito de extorsión. Dice textual el párrafo V del artículo 17: “Se utilicen medios de comunicación a través de los cuales se puedan realizar la emisión, recepción o transmisión de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza o cualquier otro medio de comunicación electrónica, así como a través del empleo del espacio radioeléctrico”.
Con esa ambigüedad y laxitud en su redacción, que se presta para cualquier tipo de interpretación, la labor informativa y crítica hacia las acciones de gobierno, que es parte de la misión y naturaleza de los medios y de los periodistas, podría ser calificada, por cualquier autoridad, funcionario, gobernante o persona pública que le moleste la crítica, como delito de “extorsión” y acusar a los medios o a los periodistas de lo que a partir de que se apruebe esta ley será considerado un delito grave que amerita cárcel.
Pareciera que desde las inundaciones que devastaron varias partes del país, luego las marchas y bloqueos de agricultores y campesinos, el asesinato de varios lideres sociales hasta el homicidio -político- de Carlos Manzo- y las marchas en varias plazas del país convocadas por la “Generación Z”, el discurso oficial en contra de los medios de comunicación se ha venido endureciendo y los cuestionamientos desde las conferencias presidenciales en contra de la difusión de lo que pasa en el país han subido cada vez más de tono al grado de sonar como amenazas a la labor de los medios.
Y es que el gobierno lleva más de un mes tratando de hacer contención de daños, pero no logra salir del brete ante las manifestaciones cada vez más frecuentes y visibles por la situación del país. Al contrario, a diario les aparece una crisis nueva y ante sus malos reflejos y falta de oficio positivo y mediático de buena parte del gabinete, nomás no logran avanzar en la agenda de la Presidenta y ella se convierte en el pararrayos de todos los errores de su equipo y, como tiene que contestar a todos los escándalos, la doctora ha endurecido y radicalizado su discurso contra medios de comunicación y opositores a su gobierno.
En la lógica de la presidenta, los medios que ejercen la critica y publican los escándalos de personajes de su movimiento, son parte de un “complot de derecha”, y basta que ella mencione a algún medio o periodista para que se les golpee desde cuentas y círculos oficiales, lanzando la maquinaria de influencers y locutores pagados por la 4T contra varios medios y periodistas.
Sin mencionar el caso particular de TV Azteca, que tiene con el gobierno una disputa fiscal y de narrativas, sobre el resto de los medios se endurecen los ataques del gobierno tanto en público como en privado porque, fuentes directas del Congreso, nos aseguran que durante su reunión de la semana pasada con las bancadas oficialistas de Diputados y Senadores de Morena, PT y Verde, la presidenta hizo fuertes comentarios y críticas sobre varios medios de comunicación.
En medio de ese ambiente cada vez más hostil hacia la prensa crítica, el día de mañana martes, se podría cruzar una peligrosa línea cuando la Cámara de Diputados se apreste a aprobar, en fast track y exentando trámites parlamentarios, la Ley de Extorsión, con todo y el “dulce envenenado” del Artículo 17 fracción V
Porque una cosa es la desesperación y la exigencia de toda la población mexicana para que se frenen las extorsiones que están fuera de control y que dañan desde empresas grandes, negocios pequeños, hasta familias en toda la República, y otra cosa muy distinta que, a partir de la “brillante” idea de alguien, se quiera usar la Ley de Extorsión para meter a medios y comunicadores a la cárcel, sin juicio de por medio, incluso con prisión preventiva oficiosa.
En dicho artículo 17, fracción V, de “Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión” se establece que se aumentará la pena de cárcel cuando para extorsionar “se utilicen medios de comunicación” (escritos o electrónicos), lo que podría referirse desde periódicos, revistas, radio y televisión, hasta portales en línea, plataformas y redes sociales. El dictamen que ya aprobó de prisa el Senado y mañana quieren aprobar los diputados, NO explica en ninguna parte cómo un medio de comunicación masivo puede extorsionar, a la luz de su labor pública y abierta.
Si a esto se agrega que el tipo penal en la ley de extorsión es muy ambiguo, pues sólo establece que es extorsión el “obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo” pero jamás menciona que para ello se requieran amenazas, violencia o intimidación, algo que sí aparece establecido en leyes similares de otros países como España, Canadá o Estados Unidos, la amenaza de acusar y encarcelar a periodistas y directivos de medios está más que latente cuando sus contenidos y reportajes no le gusten al poder.
De ese grave peligro ya alertó en un memorandum la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) que circuló entre sus afiliados un escrito que también envió al Congreso de la Unión, señalando los riegos para el periodismo en México con la actual redacción ambigua y peligrosa de la ley.
Porque al mencionar expresamente a los “medios de comunicación” como un canal para cometer extorsión y con una definición penal tan laxa, los ministerios públicos, incluidos los de los estados, podrán con toda facilidad acusar a “medios de comunicación” que sus coberturas críticas a políticos o candidatos son “extorsiones” y los meterán, en automático, a la cárcel. Así de fácil y de peligroso porque ya hemos visto los abusos y censura contra periodistas que con leyes y jueces a modo están cometiendo algunos gobernadores morenistas como los de Tamaulipas, Veracruz y Campeche.
La alerta no sólo se dio en la CIRT, también el pasado miércoles, en la votación en el Senado, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, alertó en tribuna de los errores y excesos de la ley de extorsión y propuso una reserva para acotar el citado articulo 17. Corral propuso que este artículo solo hiciera referencia a “plataformas o servicios de telecomunicaciones”, no medios de comunicación.
Pero, nos dicen, en la Presidencia de la República hubo resistencias al ajuste que pidió Javier Corral, por parte de un funcionario a quien en el Senado identifican como Carlos Frausto de la Consejería Jurídica por lo que el articulado prácticamente parece intocado y el dictamen aprobado no está en la página del Senado. Se maneja con mucha secrecía a pesar de lo relevante del tema, pero hoy lunes se espera que sea recibido por los diputados, para su votación mañana martes.
Por cierto, que fue también el senador Corral quien alertó de los abusos que, desde Presidencia, se hicieron en la Ley de Amparo y que se tuvieron que corregir. Pero lo ahora señalado por Javier Corral es gravísimo y no queda claro si los responsables de este articulado represor lo hicieron meramente por ignorancia o con la intención de sancionar a medios de comunicación y comunicadores que no les son afines.
En todo caso, la intención es lo de menos, porque si el articulado se aprueba tal cual lo avaló el senado, sin duda que podrá ser usado para acallar a medios de comunicación al acusarlos de realizar extorsiones, con un lenguaje ambiguo y tramposo y redactado en secrecía.
Ojalá la Presidenta Sheinbaum, que tanto repite –aunque sea de dientes para afuera— que en su gobierno “no hay censura, ni represión y se respeta la libre expresión”, demuestre que su discurso es real y le pida a la Cámara de Diputados que corrija este articulado censor, pues de lo contrario México quedará como una dictadura ante los ojos del mundo.
Sin duda en la 4T y en el gobierno hay sectores duros y radicales que quieren seguir usando el aparato del Estado contra los que no son afines ni piensan como ellos, pero utilizar un grave problema nacional que sangra a los mexicanos, como la extorsión, para esconder un articulado diseñado para encarcelar a periodistas críticos es algo inédito en México y confirma que detrás del discurso del “Bienestar” se esconde la construcción de un gobierno autoritario y dictatorial para el país.
NOTAS INDISCRETAS… Dicen que no hay plazo que no se cumpla y al polémico fiscal de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mójica, se le cumplió su plazo. Tras 7 años en el cargo, tres con el gobierno panista de Cabeza de Vaca y cuatro con el morenista Américo Villarreal, ha comenzado en el Congreso local tamaulipeco el proceso para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia estatal. Y varios aspirantes se han inscrito para ser evaluados por los diputados locales, entre ellos aparece el nombre de Paloma Guillén Vicente, actual diputada local por el PRI y exprocuradora de justicia estatal. Además de la hermana del subcomandante Marcos, aparecen también otros nombres entre los que destaca el que es mencionado como “favorito” para convertirse en el nuevo Fiscal de Justicia de Tamaulipas. Se trata de Willy Zúñiga Castillo, quien tiene formación como abogado penalista, con maestría y doctorado en curso, pero también preparación en temas policiacos. Tiene 48 años y ha tomado certificaciones del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde ha tomado cursos de entrenamiento táctico, operaciones de vehículos tácticos y habilidades en el manejo de armas cortas y técnicas de antisecuestro. Zúñiga Castillo ya fue director de la policía antisecuestros de Tamaulipas con el exgobernador panista Cabeza de Vaca, y en ese tiempo lo involucraron con irregularidades en el rescate de un secuestro, pero al final lo aclaró y disipó la acusación. Estuvo en la Ciudad de México en los últimos años y colaboró con Omar García Harfuch en temas de seguridad y con la entonces fiscal de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy. En el Congreso tamaulipeco se dice que quien resulte electo como fiscal tendrá que pasar al menos tres tres filtros: el visto bueno del gobernador, en este caso el morenista Américo Villarreal que es una tercera parte; otro filtro de las áreas de seguridad del gobierno federal, donde lo tienen que validar Omar García Harfuch y la consejera Jurídica, Ernestina Godoy, ese sería el otro 33%; pero la decisión que más pesa, nos aseguran, es que el nuevo fiscal tenga la validación de las agencias de seguridad de Estados Unidos, que por tratarse de una frontera estratégica, tanto en temas de comercio internacional como de seguridad y narcotráfico, necesita tener el aval de los Estados Unidos. Así que veremos quién llega de nuevo fiscal a Tamaulipas, aunque lo que se escucha en los pasillos de la mayoría morenista es que ya está listo el perfil que sustituirá al fiscal Irving Barros que ya se descartó para intentar reelegirse…Y a propósito del Congreso tamaulipeco, hace poco más de un año, el 16 de octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su mañanera que para ellos “un legislador no debe tener contratos públicos o de gobierno”. Lo comentó por el escándalo que entonces había desatado un diputado local del PT en el Congreso de Coahuila, de nombre Antonio Flores Guerra, que presumía tener contratos de gobierno y se paseaba en un auto Lamborghini de varios millones de pesos. Cuando le preguntaron en su mañanera por el ostentoso diputado de la 4T, la doctora fue clara y contundente: “Un legislador no debe tener contratos con el gobierno. Esa es mi opinión y hay que buscar si se puede legislar en torno a ello, porque se puede tomar como un conflicto de interés. Pueden ser empresarios y tener contratos con privados, pero no creo que un legislador o legisladora deba tener contratos con gobierno, incluso lo planteé para algunos casos de Morena porque había empresarios y yo dije, ‘bueno, se separan de su empresa’. Pues al parecer en el Congreso de Tamaulipas no le hacen mucho caso a lo que dice la presidenta porque nos llegó información del diputado Humberto Armando Prieto Herrara, legislador por Reynosa, cuya empresa Humanya Construcciones, SA de CV, que es de su padre José del Carmen Prieto Valenzuela, ha recibido al menos dos contratos recientes de obra pública por más de 8 millones de pesos. Se trata del contrato SOP-IF-AS-096-24P, pagado el pasado mes de marzo por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas, por un monto de 3 millones 254 mil 354, por “trabajos de obras emergentes de dren sanitario, para el sistema de aguas residuales en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas”, y de otro contrato, el SOP-IE-MV-139 23P, que fue pagado por la misma secretaría estatal en febrero de 2024, por la cantidad de 4 millones 681 118 pesos, por concepto de “obras de revestimiento de concreto hidráulico de dren pluvial de Reynosa Poniente” en su primera etapa. Los dos contratos fueron pagados a la empresa Humanya Construcciones de la que el diputado Armando Prieto ha sido gerente administrativo en varias ocasiones, según lo publica él mismo en su CV oficial en la página del Congreso de Tamaulipas, donde dice que fungió como gerente de la empresa de su padre primero de 2011 a 2015 y después de 2015 a 2021. Dirán que se separó del cargo del negocio familiar y que por eso no hay conflicto de interés, pero está claro que la empresa de su padre sigue siendo beneficiada con contratos de gobierno mientras el hijo y exgerente de la compañía es diputado local. O sea que, como dijimos, nadie le hace caso a las prédicas moralistas de la presidenta y en Morena todos hacen como que hacen, simulan y se pasan las recomendaciones presidenciales ya sabe usted por donde… Los dados abren con Escalera. La semana promete.
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#Seguridad presidencial/Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA, 24 noviembre 2025
Es muy grave la irresponsabilidad de la Presidenta al no reforzar su círculo de seguridad. No se trata de su protección personal, sino de la Jefatura del Estado mexicano. El entorno no podría ser más amenazante. La violencia política cobra víctimas todos los días. El asesinato del presidente municipal de Uruapan la noche de muertos tuvo un impacto extraordinario en el país, pero es, trágicamente, un asesinato entre muchos. Ayer mismo nos enteramos del homicidio del expresidente de Zongolica, Veracruz. Líderes sociales, activistas, periodistas, representantes empresariales, jefes policiacos, legisladores, candidatos de todos los partidos son baleados cotidianamente. Nos hemos habituado a estos crímenes que no son solamente exterminio de enemigos sino amenaza al resto de los actores políticos que se atreven a confrontar a los delincuentes.
A pesar de la sangre que corre por el país, de la intensidad de sus conflictos, del enorme poder y riqueza del crimen organizado; a pesar de la barbarie circundante, la Presidenta se aferra a sus hábitos y asegura que no reforzará su estructura de seguridad. Sheinbaum se comporta como si viviera en la más apacible de las aldeas del mundo. Sigue decidiendo sus desplazamientos por impulso, carece de un servicio profesional de seguridad; no tiene un equipo que garantice su tránsito seguro. Como en tantas otras cosas, la Presidenta mantiene la demagogia de su antecesor, quien se deshizo del Estado Mayor Presidencial sin formar un cuerpo confiable de protectores. No necesito de guardaespaldas porque mi protector es el pueblo, decía; no los necesito porque quien nada debe nada teme, porque la vieja estructura es cara, ostentosa y aísla al Presidente de su gente. La demagogia no protege al demagogo.
Hace unas semanas la Presidenta fue víctima de un delito en las calles de la Ciudad de México. La Presidenta habló del hecho y presentó una denuncia para que el abusador recibiera el castigo de ley. Pero ese abuso no configuró solamente un delito, puso también en evidencia que la Presidenta no tiene la protección que necesita. El equipo de ayudantes de la Presidenta reaccionó tarde a la agresión del borracho. Y después, dejó ir al agresor como si nada hubiera pasado. Hace unos días vimos a la Presidenta de la República atrapada por manifestantes que le impedían el paso. Le exigían la firma inmediata de unos documentos, petición a la que, al parecer, accedió inmediatamente. Pero, más allá de la respuesta política de Sheinbaum ante la coerción, lo que me interesa subrayar ahora es la falta de un protocolo estricto en los desplazamientos de la Presidenta para garantizar su seguridad.
Es claro que la Presidenta busca proyectar una imagen de accesibilidad. Es más claro aún que pretende seguir todos los ritos y prácticas de su antecesor y que una de las ceremonias más importantes del nuevo régimen es el roce popular. Sheinbaum quiere trasmitir que es una mujer cercana a su pueblo, que recibe espontáneas muestras de afecto y que ese cariño es el aliento que necesita para gobernar. Por supuesto, nadie recomendaría el enclaustramiento a la Presidenta. Un gobernante debe salir de la oficina, dejar el palacio que habita para ir al encuentro de la gente. El peor de los pecados políticos de esta era es la distancia. La Presidenta debe salir de palacio para tomarle el pulso al país. Pero debe encontrar el equilibrio para cuidar su seguridad. La Presidenta no puede actuar como si la violencia no existiera en México. Seguir haciéndolo, sin un cuerpo profesional de protectores, sin protocolos estrictos para sus movimientos, sin evaluación puntual de riesgos en cada uno de los eventos en los que participa es una gravísima irresponsabilidad.
Tomarse en serio la seguridad del país es también tomarse muy en serio la seguridad de la jefa del Estado mexicano. La demagogia con la que se ha tratado el tema, la ligereza con la que se deshizo el Estado Mayor Presidencial, la falta de un reemplazo profesional y confiable, la improvisación que se observa en desplazamientos de la Presidenta y la falta de cuidado en la organización de los eventos públicos a los que asiste la Presidenta son un riesgo gigantesco para la Presidenta y para el país entero.
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Noviembre
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
REFORMA, 24 noviembre 2025;
El inicio de su segundo año de mandato ha puesto en predicamento a la Presidenta Claudia Sheinbaum. No solo por la dificultad para mantener una agenda guía como lo había logrado durante el primer año.
El reagrupamiento de la oposición al oficialismo, y su regreso a las calles, se ha visto favorecido por los desatinos gubernamentales. Y la tensión con el gobierno estadounidense permanece con una desconfianza en el ambiente. El Presidente Donald Trump es reiterativo en su señalamiento de que la Presidenta no logra controlar al crimen organizado que domina México.
Aunque pareciera que el asesinato de Carlos Manzo desató la crisis de operación gubernamental y su desgaste acelerado de imagen, el hecho es que desde Palacio Nacional se fueron alienando factores que frenaron el impulso de la nueva administración.
La tragedia de Uruapan acentuó los aspectos que ya emproblemaban al gobierno federal. Fueron frenadas desde septiembre tanto las acciones como las exhibiciones de actos contra el huachicol fiscal y la deshonestidad de funcionarios de gobierno y dirigentes de Morena. Al dar golpes contra funcionarios del sexenio anterior, exhibir a los líderes parlamentarios, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, evidenciar las diferencias internas en el bloque oficial entre distintos liderazgos, el gobierno tomaba una velocidad importante que alteraba la composición de poder pactada antes de la elección de 2024.
Súbitamente el tono y el discurso cambiaron. Las acciones fueron atemperadas y se decidió la involución política.
Se escuchó y se dialogó menos. Lo resintieron, desde luego, quienes más lejos estaban de la Presidenta.
Carlos Manzo era uno de esos. Su asesinato ocurrió cuando el gobierno involucionaba. El crimen, con evidente contenido político dada su calidad de disidente del régimen, descuadró al gobierno federal que pareció no medir la dimensión del atentado.
La primera reacción de descalificación y de encono desde la Presidencia para colocarse a la defensiva y asumiendo condición de víctima, no generó una reacción positiva incluso dentro del oficialismo.
El gobierno federal cedió el espacio al dar pasos atrás en las iniciativas que emprendía y dolían al oficialismo pero granjeaban simpatías en sectores contrarios. Retraído, ha enfrentado lo de Manzo. Abandonada la iniciativa desde el gobierno, la oposición diminuta encontró resquicio.
Ahora creció Michoacán, hierven otros estados, varios gobernadores morenistas han quedado cuestionados ya sea por visas perdidas o por negocios descubiertos. Y súbitamente el apetito de la sucesión volvió a abrirse. Los partidos aliados a Morena chantajean. Por eso la Presidenta les llamó hace unos días a la unidad y a preservar la alianza. En octubre, decir eso sonaba como orden. Ahora en noviembre puede sonar a ruego.
La Presidenta Sheinbaum había sido convincente en su lanzada hacia adelante.
El punto central es cómo hará para retomar el paso. Atrincherándose con los suyos en la consigna o reactivando políticas de gobierno focalizadas en asuntos urgentes como la seguridad.
Noviembre ha significado el momento de la inflexión. No se trata de una crisis de fin de sexenio. El 2 de noviembre el problema era detener a los asesinos de Manzo. A fines de mes con los asesinos detenidos, el abanico de problemas se abrió: se introdujo duda sobre la profundidad y eficacia de la estrategia de seguridad, se evidenció la dificultad de contar con recursos suficientes para las políticas gubernamentales, se fortalecieron los liderazgos cuestionados en Morena, se reanimó la oposición y dirigió sus invectivas contra la Presidenta, incluido el insulto, y el empresario perseguido que estaba a punto de ser acorralado, ahora reta, insulta, desafía y se escurre.
En octubre, al cumplir un año de gobierno se hablaba de fortaleza. Un mes después se discute sobre debilidad. Ni una ni otra eran y son tan ciertas. Pero la Presidenta que parecía fuerte era la que actuaba; la que parece débil está más en la arenga.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Corona criminal/Denise Dresser
REFORMA, 24 noviembre 2025
Ni siquiera la recién coronada Miss Universo -la tabasqueña Fátima Bosch- logró brillar sin que el resplandor se viera ensombrecido por la sospecha. México ya no produce escándalos aislados: produce inventarios. Y el certamen de belleza convertido en tormenta política es un espejo perfecto del país que hemos llegado a ser. Bosch no sólo carga la banda; carga un entramado familiar que conecta Senado, Morena, Pemex e INDEP. Su tía al frente del instituto encargado de administrar bienes decomisados; su hermano en el Senado; su padre investigado por enriquecimiento ilícito; y Pemex -empresa del Estado- felicitándola antes que nadie con un entusiasmo que dice más de política que de patriotismo.
Del otro lado, el empresario Raúl Rocha Cantú: copropietario de Miss Universe, dueño del Casino Royale -escenario de 52 muertes-, exonerado penalmente, convertido después en proveedor de Pemex mediante un contrato de 745.6 millones de pesos. Tres jueces renunciaron denunciando presiones directas: uno asegura tener grabaciones donde un miembro del jurado le dice que "si gana Miss México, es lo mejor para nuestro negocio". Cuando el jurado huye, cuando hay grabaciones, cuando hay contratos enlazados, cuando los vínculos políticos son tan visibles que ya ni se esfuerzan en disimularlos, la sospecha deja de ser rumor para convertirse en evidencia acumulada.
Lo devastador no es el escándalo. Es la normalidad del escándalo. Es la facilidad con la que México puede convertir incluso un triunfo internacional en otro capítulo delictivo: el de la economía criminal que se ha ido expandiendo mientras el Estado se encoge, se distrae o participa. Basta revisar los datos recopilados por el World Justice Project: México cae en Estado de Derecho, cae en percepción de corrupción, cae en rendición de cuentas. Caemos tanto que ya parecemos instalados en la caída libre.
Cada semana los hallazgos son más alarmantes. La investigación "Soldados del huachicol" publicada por Aristegui Noticias detalla cómo patios, ferrotanques y empresas completas operan cadenas de suministro paralelas para el robo de combustible. No se trata sólo de un par de mandos de Marina involucrados; es un ecosistema robusto, lubricado, aceitado. Es una red civil-empresarial-militar que opera como si hubiera recibido franquicia oficial. Y mientras el Estado asegura que el robo de combustible "va a la baja", las cifras -y los ductos perforados- cuentan otra historia.
La economía criminal se expande porque puede, porque la impunidad asegura la inversión. Como describe Luis de la Calle en La economía de la extorsión, ya no existe actividad económica que esté exenta de ser exprimida: el transporte, la agricultura, la construcción, los pequeños comercios, los mercados, los bares, los restaurantes. Cada día, millones de mexicanos navegan entre el "viene viene" convertido en renta informal, la llamada fraudulenta de la mañana, la oferta de trabajo inexistente al mediodía, la extorsión explícita por la tarde, la página de boletos clonada por la noche. Tres a cinco intentos de estafa diarios, como mínimo. Una coreografía de abusos que ya forma parte de la vida cotidiana.
Y mientras la economía criminal crece, la economía formal se estanca. Los últimos datos del INEGI muestran un trimestre de caída, prácticamente sin impulso, sin dinamismo, sin motor interno. Aun así, Claudia Sheinbaum insiste en que el crecimiento "no importa"; que lo relevante son las transferencias sociales. Pero no es posible sostener el modelo económico actual -basado en subsidios, apoyos y expansiones presupuestales- sin crecimiento económico real. No porque lo diga el FMI; porque lo dicta la aritmética. A eso se suma la presión de empresarios, sindicatos, políticos estadounidenses que buscan endurecer el T-MEC y utilizar la inseguridad como palanca de presión en la renegociación.
A diario México pierde. Pierde con fugas, mordidas, extorsiones, ductos perforados y facturas falsificadas. Pierde con los criminales de siempre y los nuevos vestidos de verde olivo. Por eso lo ocurrido con Miss Universo no es sólo una anécdota embarazosa. Es una corona criminal, colocada sobre la cabeza de un México donde ya es imposible distinguir entre espectáculo y política, entre crimen y economía, entre Estado y redes mafiosas. Ganamos un certamen de belleza, pero la corona que nos colocaron no es de diamantes. Es de latón.
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Censura por boicot
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 24 noviembre 2025;
"Basta que se haga pública la hostilidad
de una autoridad hacia algún órgano
periodístico para que la existencia de
ese órgano se haga casi imposible". Francisco Martínez de la Vega, 7.06.1982
La reportera de La Jornada Rosa Elvira Vargas escribió el 30 de junio de 2007 un artículo titulado: "El ataque a Excélsior también fue precedido por un boicot". Efectivamente, el golpe al Excélsior de Julio Scherer de julio de 1976 "tuvo como antecedente el boicot publicitario que, auspiciado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, impusieron a esa casa editorial los principales empresarios del país". La acción contra el diario empezó en septiembre de 1972.
También El Norte de Monterrey enfrentó un boicot publicitario en los sesenta. En el sexenio de Luis Echeverría, el gobierno le redujo la dotación de papel, que controlaba el monopolio paraestatal PIPSA, para presionarlo por su línea independiente.
Ante estos antecedentes no sorprenden las declaraciones de la presidenta Sheinbaum de este 21 de noviembre ante una pregunta evidentemente sembrada en la mañanera: "La televisora... TV Azteca habla abiertamente en contra del gobierno, muy abiertamente... ¿esto no estaría violando el interés o los derechos de los televidentes, de las audiencias?". La respuesta se enmarca en la línea de pensamiento de Echeverría: "Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la Presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, y contra el gobierno de México, lo que representamos, el partido del que venimos, sino una línea de mucho odio... Este esquema de información le va a ir generando a él [Ricardo Salinas] también cada vez más pérdidas, la verdad, porque a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora... Es sencillamente el mercado". La respuesta es un anuncio, no muy velado, de la promoción de un boicot publicitario contra TV Azteca (aclaro interés: soy colaborador de esa televisora) como el que Echeverría montó contra Excélsior antes del golpe de 1976.
TV Azteca y Grupo Reforma, dueño de El Norte, han sufrido ya en este régimen el recorte de publicidad gubernamental. En esto, el expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum han asumido la filosofía del expresidente José López Portillo, que el 7 de junio de 1982 explicó en una comida por el "día de la libertad de prensa" el recorte de publicidad oficial a la revista Proceso, también de Scherer: "Una empresa mercantil organizada como negocio profesional, ¿tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Esta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. ¿Te pago para que me pegues? ¡Pues no faltaba más!".
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de López Obrador y ahora coordinador de Asesores de Sheinbaum, escribió en el sexenio de Vicente Fox: "En casi todo el país la frase acuñada por el presidente José López Portillo continúa siendo moneda corriente en la relación de los gobiernos con la prensa" ("No pago para que me peguen, divisa vigente", "Masiosare", La Jornada, 26.10.2003). Citaba la respuesta del periodista y político Francisco Martínez de la Vega a López Portillo: "Cuando la autoridad sataniza a un periodista, algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga imposible". Supongo que Ramírez Cuevas no imaginó que algún día sería parte de un gobierno que tendría ese mismo trato a los medios críticos, pese a declarar "No somos iguales".
· CONSEJEROS
El procedimiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra los consejeros del INE que votaron por aplazar el voto de revocación de mandato de AMLO de 2021 es signo de una dictadura. La razón por la cual los consejeros son independientes es para que voten con independencia.
www.sergiosarmiento.com
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