Las columnas políticas hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

La C. Presidenta Sheinbaum negó categóricamente que su Gobierno haya recurrido a "dádivas" o "acarreo" para la movilización masiva en el Zócalo, argumentando que tal asistencia y entusiasmo solo pueden ser genuinos, no comprados.

O sea, ¿lo que vimos no ocurrió?

Pese a la negación presidencial, la movilización masiva y organizada de la base trabajadora fue innegable. La plancha fue copada por grandes contingentes sindicales como la CATEM y el SNTE, así como otros gremios (electricistas, petroleros, etc.).

Pregunta: Esto plantea la duda sobre quién financió y coordinó la logística (camiones, traslados) para movilizar a tantas personas si el Gobierno niega haberlo costeado.

Este despliegue de estructuras sindicales es interpretado como un resurgimiento del "corporativismo histórico", una práctica del pasado (asociada al PRI) donde las organizaciones gremiales actúan como intermediarias entre el poder y las bases.

La disputa reportada entre sindicatos por "territorio" en el Zócalo subraya una lógica de control y movilización jerárquica en lugar de asistencia espontánea.

La CATEM de Pedro Haces reconoció su participación y la justificó aludiendo a las reformas laborales impulsadas por el Gobierno, lo que sugiere una alianza pragmática: apoyo político de las estructuras sindicales a cambio de beneficios o protección de los derechos de sus agremiados.

El evento del Zócalo muestra una tensión entre la promesa de una nueva forma de hacer política (sin acarreo) y la persistencia de las viejas fórmulas, donde el apoyo de las grandes estructuras sindicales se manifiesta de forma masiva y organizada.

Para la sociedad, en el análisis de estos eventos masivos, la pregunta sobre la transparencia en la movilización es fundamental. Como se dice: "La verdad nos hará libres"

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Error de Comunicación de la FGR: ¿Terrorismo en Coahuayana? 

El reciente comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR), con referencia DPE/2025 del 6 de diciembre, generó alarma al anunciar el inicio de una carpeta de investigación por el delito de Terrorismo por la explosión en Coahuayana, Michoacán.

La magnitud del error y la pregunta obligada

La posterior rectificación de la FGR es una noticia positiva, pero el error inicial es profundamente preocupante. Esto plantea interrogantes fundamentales:

¿De quién fue el error de comunicación?

Un anuncio de esta índole debe pasar por múltiples filtros de alto nivel antes de ser oficializado. Un desliz de tal magnitud sugiere una grave falla en el protocolo interno de revisión y validación de la información sensible de la Fiscalía.

¿Acaso no se dieron cuenta de la magnitud y lo que implica?

El delito de Terrorismo no es un término que se use a la ligera. Implica una intención de infundir terror y desestabilizar las estructuras fundamentales del Estado. Su mención oficial conlleva repercusiones legales, mediáticas y de seguridad nacional e internacional inmediatas.

La implicación es que, al principio, la institución pudo haber considerado que el incidente cumplía con los criterios de "alto impacto" bajo la óptica de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos con Medios Explosivos. No obstante, el manejo inicial demuestra una falta de calibración sobre el peso de la palabra y el contexto que vive Michoacán.

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Las columnas políticas hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Templo Mayor /Reforma

HAY QUE ponerle lupa a la detención en Estados Unidos de Mauricio Quintanilla, uno de los contratistas favoritos del sexenio anterior. Pese a que el dueño de la empresa de autotransportes TUM se encuentra prófugo de la justicia mexicana, extrañamente mantiene jugosos contratos firmados desde el gobierno de AMLO.

PERO LO MÁS GRAVE es que su nombre ha sido asociado con el presunto intercambio de favores entre grupos del crimen organizado y autoridades de la 4T. De hecho, se sabe que una de sus relaciones más cercanas dentro del morenismo es con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. ¡Nada más!

Y AUNQUE fue detenido en EU por cuestiones migratorias, ya que radicaba allá con una visa vencida, seguramente los norteamericanos estarán muy interesados en escucharlo hablar de tooodos sus vínculos con políticos y delincuentes mexicanos.

ESTA SEMANA será muy acelerada para los legisladores, porque se quieren ir pronto de vacaciones. En la agenda están las reformas en materia de prohibición de vapeadores y la Ley General de Aranceles a la Importación y Exportación.

EN EL TEMA DE los vapeadores hay una auténtica revuelta en las bancadas oficiales tanto de Morena como del Partido Verde, pues varios diputados se oponen a los castigos de esa legislación. No estará sencillo que logren el consenso, así que habrá que estar pendientes de los pataleos.

EN EL TEMA arancelario, los diputados se aprestan a aprobar 316 nuevos impuestos de importación que pegarán principalmente a productos asiáticos. Desde luego que China será uno de los principales afectados. También Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Taiwán e Indonesia.

TAMPOCO SE TRATA de una reforma fácil de aprobar. Hay oposición de medianos y pequeños empresarios, que han presionado a sus diputados para evitar un golpe que afectará el costo de insumos importados para los productos que generan en México.

ES CLARO QUE hay una enorme dependencia de empresarios y comerciantes de importaciones chinas de maquinaria, componentes y materias primas. Así que será una semana candente en el Congreso.

MIENTRAS los trabajadores de los juzgados penales federales tienen que hacer coperachas para pagar el tóner de las impresoras y seguir dando servicio, en el órgano administrativo del Poder Judicial Federal ya llegó la Navidad... y sin austeridad.

RESULTA QUE el próximo lunes 15 de diciembre tendrán su "convivio" navideño en el Palacio La Rochelle, por los rumbos de San Ángel. El estricto código de vestimenta es con vestido de noche y sin celular, pa' que nadie se entere de los excesos de las autoridades judiciales recién electas.

LA ORGANIZACIÓN del megafestejo está a cargo de Catalina Ramírez Hernández, quien llegó con la nueva estructura surgida de la reforma judicial... por si alguien tenía dudas.

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Amenaza la Doctrina Donroe/ Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal

El Financiero, diciembre 08, 2025 | 

En enero, el periódico The New York Post, propiedad de Rupert Murdoch, amigo de Donald Trump, publicó una portada donde mostraba las nuevas fronteras estratégicas que deseaba el entrante presidente, con Canadá como estado 51, la apropiación de Groenlandia, el control sobre el Canal de Panamá, y la colonización simbólica del nombre del Golfo de México. El Post jugueteó, como siempre lo hace con sus titulares y encabezó: “La Doctrina Donroe, la visión de Trump para el hemisferio”. Ahí quedó todo hasta el jueves por la noche, cuando la Casa Blanca publicó la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Fue una redefinición radical de prioridades. Adiós China como la principal amenaza de Estados Unidos. Adiós el Medio Oriente como prioridad. Adiós a los europeos como el pesebre de los mejores aliados. Bienvenida América Latina, de la que dice sin ambages: “Después de años de negligencia, Estados Unidos reafirmará y reforzará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia norteamericana en el hemisferio occidental”. Es un “corolario” a la Trump a esa doctrina que, 200 años después de haber proclamado “América para los americanos”, la plantea como de “sentido común y potente restauración del poder y las prioridades”, consistente con sus intereses de seguridad. 

El objetivo habla de relaciones bilaterales con fines comunes, donde habrá “amigos” que bailen la música que les van a tocar: controlar la migración, frenar el narcotráfico y fortalecer la estabilidad y la seguridad por tierra y mar; o sea, sellar fronteras de acuerdo a lo que les indiquen en Washington. La meta, aunque no lo precise por nombre, es eliminar la fuerza económica de China y neutralizar políticamente a Rusia y a sus proxy, como Cuba e Irán, para lo que evalúan aumentar su presencia militar, que no es menor: tres bases en Centroamérica y el Caribe, y 80 instalaciones menores operadas por el Comando Sur.

La estrategia se publicó la víspera de la reunión del viernes de Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en medio del sorteo de grupos para el Mundial de futbol. No fue planeado así, pero no dejó de ser irónico. En vísperas del viaje, Sheinbaum le pidió a su asesor externo, Eduardo Cervantes, un análisis de cuáles podrían ser los temas y escenarios que, si se daba una reunión de trabajo, pudiera plantear Trump. Sheinbaum no sabía con precisión qué es lo que iba a pasar, a diferencia de los canadienses que sabían que los tres líderes hablarían sobre el acuerdo comercial norteamericano de manera general.

La estrategia explica que la reconsideración de la presencia militar en América Latina tiene como propósito enfrentar “las amenazas más urgentes”, que a la vez, por el contexto actual, son todavía más urgentes para Venezuela y México, al incluir “despliegues específicos” para reforzar la seguridad en su frontera sur y “derrotar a los cárteles, incluida cualquier fuerza letal necesaria para remplazar la estrategia fallida centrada únicamente en la aplicación de la ley”, lo que muestra que los convenios internacionales y las acusaciones de intervencionismo no son variables que le preocupen a Trump, y menos aún que lo detengan. Las rutas de tráfico humano y drogas son parte central de estas acciones; es decir, considera potenciales operaciones en territorio mexicano.

Estados Unidos no actuaría solo, únicamente con la fuerza de sus cañoneras. El documento señala que “enlistará” –eufemismos para un abanico de significados, desde persuadir y presionar hasta reclutar–, a gobiernos que los ayude a crear una “estabilidad tolerable” en la región, incluso más allá de sus fronteras, y trabajará para “premiar y estimular a los gobiernos de la región, a los partidos políticos y a los movimientos (políticos y sociales en esos países) para que se alineen con la estrategia y sus principios.

El proceso de realineamiento lleva meses construyéndose. En cinco países de la región fueron derrotados en las urnas candidatas y candidatos de izquierda desde que asumió Trump la jefatura de la Casa Blanca hace menos de un año, y otros tantos lo hicieron en los meses previos, instalando a figuras conservadoras o de extrema derecha. En las próximas elecciones en Chile, dentro de dos semanas, existe la posibilidad de que el gobierno de izquierda sea reemplazado por uno de extrema derecha, y que ese sea el mismo camino que siga Colombia en sus comicios del próximo año.

La influencia de Trump ha sacudido la región, donde quiere frenar la penetración económica china mediante el fortalecimiento de las cadenas de suministro para reducir sus dependencias e incrementar la presencia de las empresas de Estados Unidos. Pero no sólo eso. Sin mencionar a China, la estrategia plantea el control de puertos e infraestructura con activos estratégicos –los chinos los tienen en Panamá, Perú y Brasil, pero también en los mexicanos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por donde entran los precursores para las metanfetaminas y el fentanilo, y Veracruz, uno de los centros del contrabando de combustible–.

Estados Unidos, dice la estrategia, ha tenido éxito en disminuir la influencia externa a la región en América Latina, al demostrar los costos ocultos de la ayuda que reciben los países, como las “trampas de deuda” –de los chinos, con sus créditos aparentemente a muy bajo costo–, la ciberseguridad –también los chinos a través de sus plataformas de telecomunicaciones y semiconductores, donde desde la administración Biden ha habido fuertes presiones a México para que reduzca su relación con Pekín–, y el espionaje –donde están inmiscuidos rusos, iraníes y cubanos, en varios países, incluido México–.

La estrategia no es una ocurrencia de Trump. Es un llamado a la definición de cada país. “La elección que enfrentan los países es si quieren vivir en un mundo de países soberanos encabezado por los estadounidenses y de economías libres, o en uno paralelo donde están influenciados por países del otro lado del mundo”. Ahí está el dilema. Para Sheinbaum, con un país dependiente en más de 85% del aparato productivo estadounidense, la decisión es mucho más compleja que la que enfrentan otros líderes, al balancearse entre el futuro económico –y lo que significa para el régimen–, sus convicciones ideológicas y las complicidades de su antecesor con los enemigos de Washington.

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Sumisión/Jesús Silva-Herzog Márquez 

EN REFORMA 8 diciembre 2025

Los defensores del régimen empiezan a presentarse como realistas. Quienes defienden el pluralismo, las reglas, la racionalidad y hasta la decencia son ingenuos que no entienden lo que exige la política real. A medida que se borra el idealismo, se manifiesta un cinismo disfrazado de madurez. Los críticos, si no llegan a ser traidores, son inocentes que ignoran los duros imperativos del poder. El presidente López Obrador hablaba de los "buenaondita". Se burlaba de quienes salían en defensa de la ley, de la naturaleza, de los derechos, de todas aquellas causas que no eran defendidas por él mismo. El buenondismo es toda causa que se promueve por fuera de los conductos del régimen. Su propósito suena respetable pero no lo es porque no se subordina a la lógica del poder. Su independencia es su condena: al pensar por fuera de los lemas, al actuar sin la bendición de las nuevas corporaciones resulta objetivamente reaccionario. El buenondismo de ambientalistas, defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y feministas independientes es, para el régimen, otro disfraz de la reacción. Para una secta segura de tener en exclusiva la razón histórica, no hay causas válidas que no lleven el sello del poder.

Se quiere usar esa etiqueta para burlarse de quienes defienden las autonomías. El constitucionalismo que es la mecánica de un poder fundado y limitado por reglas ha sido convertido por la demagogia oficial en otra fórmula del buenondismo. Las cápsulas de responsabilidad que no cuelgan de la voluntad presidencial, que no se subordinan a la mayoría son descritas como estorbos, resistencias que bloquean la acción de un gobierno legítimo. La autonomía de la Fiscalía es la víctima más reciente de ese discurso. La incompetencia y los abusos de Gertz han servido no solamente para justificar su remoción, sino, sobre todo, para tirar por la borda el propósito mismo de la autonomía. Por supuesto que la autonomía no basta. Pero sin autonomía, la Fiscalía será, inevitablemente, instrumento para perseguir enemigos y proteger aliados. El gobierno y sus publicistas nos quieren hacer pensar que es una buena idea tener al frente de la Fiscalía a una mujer ideológica, política y personalmente atada a la presidenta de la República y al movimiento lopezobradorista. ¿Alguien podría dudar que los intereses de la Presidenta, la protección del partido y de sus cuadros serán para la nueva fiscal mucho más importantes que la ley?

La funesta gestión de Gertz se usa para enviar al basurero el propósito mismo de la autonomía. Hoy pretenden hacernos pensar que una Fiscalía obediente y disciplinada es preferible a una Fiscalía autónoma. Un fiscal debe tener independencia política para evitar que los gobiernos o los partidos determinen el rumbo de su trabajo. Un fiscal debe conducirse con profesionalismo y, sobre todo, con imparcialidad. Solo un fiscal autónomo puede, en verdad, luchar contra la impunidad. Esa lucha no puede ser selectiva, no puede subordinarse a los cálculos e intereses del poder. Lo que se promueve como coordinación es, en realidad, aviso de complicidad. No necesitamos imaginar el desastre de una Fiscalía sumisa. Lo único que tenemos que hacer es recordar el paso de Godoy por la Fiscalía capitalina. Ernestina Godoy no solamente fabricó culpables. Ernestina Godoy fabricó delitos para servir a la venganza de quien terminaría siendo su antecesor.

Se equivocan quienes invocan el realismo político para defender la sumisión de la Fiscalía y la desaparición de los contrapesos y autonomías constitucionales como una fórmula de eficacia. Un poder limitado no es, necesariamente, un poder más débil. Esa es una de las grandes lecciones del constitucionalismo: limitar el poder puede fortalecerlo. Los autócratas no lo entienden. Creen que, al concentrar todo el poder en sus manos, ampliarán su fuerza. No se dan cuenta que, al aceptar la intervención de otros poderes, al abstenerse de decidirlo todo, pueden condensar su autoridad y, de esa manera, fortalecerse.#

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Dudas de la plaza llena

Día con día/Héctor Aguilar Camín

Milenio. 

¿Cuánto costó la manifestación del sábado por los siete años de gobierno de Morena?

Dicen haber movilizado a 500 mil. Si cada movilizado costó mil pesos, entre traslados de sus lugares de origen, hospedaje en la Ciudad de México, comida, refrescos, gorras, banderas y pendones, lo del sábado habrá costado 500 millones de pesos.

Digamos que la mitad vino por sus propios medios, con su propio dinero, sus propias tortas, gorras, refrescos y pendones. La cosa habría costado entonces 250 millones.

Estas cifras rancheras son muy altas para dispendiar en un día. Pero hablan de la compra de una mercancía de primera necesidad para el gobierno: la mercancía que prueba su apoyo popular.

No le basta al gobierno el poder que tiene, necesita que ese poder sea desplegado en las calles como un apoyo disponible y popular.

Usan entonces el poder y el dinero que tienen para armar una fiesta, diseñada desde arriba, para celebrarse a sí mismos.

Nada nuevo bajo el sol. Las fiestas no se organizan solas. El pueblo bueno necesita diseño y apoyo gubernamental para decir en las plazas lo que de verdad piensa y siente.

El pueblo bueno sólo pide traslado, organización, hospedaje, gorras, banderas, y algún estipendio minúsculo, tan minúsculo que es mezquino cuantificarlo.

¿Para qué quiere el poder esta muestra de adhesión multitudinaria? ¿Por qué decide el gobierno inducirla y pagarla?

Un gobierno tan fuerte en las leyes y en la política de todos los días, capaz de someter a sus pares y a sus adversarios, ¿necesita también esta fiesta en la plaza pública?

Sí. Tiene necesidad política de mostrar su fuerza y necesidad psicológica de autocelebrarse. Y quiere que se noten las dos cosas: la grosería y la eficacia del acarreo.

¿Cuánto vale este refrendo pagado del pueblo en la plaza pública?

Al parecer vale mucho, como demostración de fuerza; mucho, también, como satisfacción de una necesidad psicológica del poder: probarse que puede llenar a dedo plazas que nunca se llenarían solas.

En el fondo de la demostración de poder que hay en la plaza llena, puede sentirse una fisura de duda sobre la popularidad verdadera del poder que la llenó. 

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Bitácora del director

La explosión que sacudió el festejo de la Cuatroté y recibió a Ernestina/Pascal Beltrán del Río

Excelsior. 

En momentos en que el oficialismo arrancaba la celebración del séptimo aniversario de su llegada al poder –el sábado, en el Zócalo capitalino–, un coche bomba estalló en el municipio costero de Coahuayana, Michoacán, destrozando cualquier narrativa de pacificación. El atentado ocurrió en un estado donde, apenas un mes antes, se había anunciado un robusto plan de seguridad federal a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El objetivo del ataque, ocurrido a las 11: 40 de la mañana, fue la llamada Policía Comunitaria, membrete tras la que se oculta la organización Cárteles Unidos, que intenta contener la entrada en ese municipio del Cártel Jalisco Nueva Generación. La detonación, que impactó violentamente el centro de la localidad, dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos cinco lesionadas.  

El bombazo en Coahuayana, puerta de entrada a la costa del Pacífico y a la Sierra Madre del Sur –y, por tanto, punto de feroz disputa entre los dos grupos criminales mencionados­–, se convirtió en la siniestra bienvenida para Ernestina Godoy como la nueva fiscal general de la República, cuyo nombramiento se concretó apenas tres días antes. A diferencia de la inacción o la negación previas, la FGR, bajo su nueva titular, calificó este atentado en Coahuayana como un acto de terrorismo. Este reconocimiento es, sin duda, un quiebre fundamental con el discurso oficialista que lo antecedió. Durante años, el expresidente López Obrador se opuso sistemáticamente a utilizar el término terrorismo para describir las acciones de los cárteles, argumentando que era mera “propaganda”.

Este nivel de violencia no es un incidente aislado; es la cúspide de una escalada táctica observada desde 2018. El crimen organizado ha transitado de la extorsión y el tráfico a la insurgencia organizada, empleando trampas con artefactos explosivos improvisados, como se vio dramáticamente en Tlajomulco, Jalisco, en julio de 2023, donde se atacó a policías. También se han registrado atentados con coches bomba en Guanajuato. Esta adopción de tácticas militares demuestra una sofisticación de las células criminales, que requiere recursos especializados y adiestramiento que, como se ha evidenciado en Michoacán, proviene del exterior. El atentado de Coahuayana trae a colación el inquietante indicio de la actuación de mercenarios extranjeros entre los grupos criminales. El propio gobierno de Michoacán ha advertido y confirmado la detención de decenas de ciudadanos extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, vinculados a actividades delictivas en el estado, incluyendo adiestramiento en el uso de explosivos.

Estos individuos son exmilitares, muchos de ellos formados en técnicas de combate. La pregunta de seguridad nacional más apremiante es cómo entran estos mercenarios en el país. El reclutamiento se realiza a menudo a través de fachadas de empresas de seguridad privada en Colombia, y su ingreso en México ocurre, por lo visto, de manera sencilla. Esta facilidad de entrada subraya un fallo sistémico en los controles migratorios y de inteligencia que debe ser investigado y corregido inmediatamente por la FGR y el Instituto Nacional de Migración.  Ahora que la FGR ha reconocido que hay terrorismo en México, debe desplegar todas sus capacidades para combatirlo. La lucha contra el crimen ya no puede limitarse a la estadística de homicidios; debe enfocarse en desmantelar las infraestructuras que permiten el uso de explosivos –minas, drones y coches bomba– y cortar de raíz las rutas de reclutamiento de mercenarios.

La respuesta del Estado no sólo debe ser reactiva, sino estratégica, atacando los flujos financieros y logísticos que permiten esta escalada. El atentado en Coahuayana demuestra que cualquier festejo oficial es prematuro mientras siga la violencia en las calles, sobre todo la que se expresa con métodos terroristas de esta magnitud. La nueva FGR será evaluada, sin margen de error, por su capacidad para neutralizar esta amenaza elevada y por los resultados tangibles que ofrezca a la nación.

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