Seguridad que no previene, no es seguridad.

Lo ocurrido este lunes en los límites de Zapopan y Guadalajara es la radiografía de una sociedad donde el éxito se ha vuelto una sentencia de riesgo y la impunidad, el aire que respiramos.

Es fácil perderse en las cifras, pero es imperativo ponerle nombre a la tragedia. Alberto Prieto Valencia no era un folio en un expediente; era un hombre de 57 años, un veracruzano que por décadas fue motor del Mercado de Abastos. Resulta doloroso y contradictorio que alguien que dedicó su vida a mover la economía del estado —a poner comida en las mesas de los jaliscienses— tuviera que vivir "blindado", transitando entre escoltas solo para ejercer su derecho al trabajo.

Sin embargo, donde la narrativa oficial debe detenerse y bajar la cabeza es en la muerte de Sara, su hija de apenas 16 años. No existe lenguaje técnico que justifique que una adolescente pierda la vida en un "fuego cruzado". Aquí no caben los eufemismos de "bajas colaterales"; hablamos de una vida llena de planes que fue borrada por una logística de guerra en plena zona residencial y a plena luz del día. Junto a ella, Florencio, un elemento de seguridad en cumplimiento de su deber, también cayó.

El despliegue deja preguntas que las autoridades no han querido responder:

¿Cómo es posible que un convoy de siete vehículos y 30 sicarios circule con total libertad por la metrópoli?

¿Para qué sirven las cámaras del C5 si no pueden detectar un despliegue de estas proporciones antes de que se desate la tragedia?

Si siete escoltas con formación militar no fueron suficientes, la lectura es clara y aterradora: el crimen organizado ya no solo desafía al Estado; lo ha superado en capacidad operativa y táctica.

El Gabinete de Seguridad suele reaccionar con reuniones de emergencia y operativos móviles, pero esa es una gestión de crisis sobre cuerpos calientes. La seguridad que no previene, no es seguridad. La sociedad no necesita que la Fiscalía de Jalisco entregue comunicados redactados con cuidado; necesitamos que las investigaciones conduzcan a capturas reales, no a carpetazos administrativos.

No podemos permitir que el asombro se convierta en costumbre. Cuando el éxito empresarial debe blindarse y los padres entierran a sus hijas de 16 años en el camino al trabajo, somos una sociedad profundamente herida. La paz que buscamos se siente cada vez más lejana mientras la impunidad siga siendo la única norma vigente.