Crónica de un frenazo judicial en EU..
Bajo la premisa del "Día de la Liberación" y la declaración de dos emergencias nacionales —una por el tráfico de fentanilo y otra por el déficit comercial—, la administración Trump impuso gravámenes masivos. Entre ellos, un 35% a productos canadienses y un 25% a México, amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
El caso llegó a la Suprema Corte bajo una premisa constitucional: ¿Puede un presidente crear nuevos impuestos (aranceles) usando una ley de emergencia sin pasar por el Congreso? El Gobierno defendió que era una herramienta de política exterior; los opositores argumentaron que era una usurpación de funciones legislativas.
Y llegó el veredicto ..
Con una mayoría de 6 votos contra 3, la Corte dictaminó este viernes 20 de febrero que el gobienro de Trump abusó de la IEEPA. El tribunal estableció que la ley permite bloquear transacciones, pero no crear gravámenes.
La lógica de la Corte:, es que los aranceles son tributos y, según la Constitución, solo el Congreso tiene el poder de imponerlos. Punto.
Reacción en el tablero mundial
Canadá: El ministro Dominic LeBlanc calificó la decisión como una validación de su postura: los aranceles eran "injustificados". Sin embargo, advirtió que el alivio es parcial, pues los aranceles al acero y aluminio (bajo la Sección 232) siguen vigentes.
Unión Europea: Se mantiene en un estado de "análisis cuidadoso", buscando estabilidad para las empresas transatlánticas.
México: La sentencia llega justo después de gestiones diplomáticas para preservar la naturaleza trilateral del T-MEC ante las amenazas de acuerdos bilaterales.
El dilema del reembolso
Desde abril de 2025, el Tesoro de EU, ha recaudado 240,000 millones de dólares. Con la nulidad de los aranceles:
Se estima que el gobierno federal podría verse obligado a devolver cerca de 120,000 millones.
La disidencia en la Corte advierte sobre un "caos" administrativo para procesar estas reclamaciones de importadores.
La frustración en la Casa Blanca
La noticia llegó a Donald Trump durante una reunión privada con gobernadores. Al ser informado de que la Corte —a pesar de su mayoría conservadora— falló en su contra, el mandatario fue tajante: "¿Entonces es una derrota? Es una desgracia".
#
Personal
Los 34 marineros/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, febrero 20, 2026 |
Un audio del que nadie sabía nada regresó de manera intempestiva al centro de la arena pública a los sobrinos políticos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, investigado por haber creado una red de corrupción en las aduanas marítimas. En el audio, obtenido por los reporteros Sebastián Barragán y Omar Fierro, del portal Aristegui Noticias, se escucha supuestamente al contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunciar ante Ojeda una trama criminal de contrabando de combustible que involucraba a sus sobrinos políticos, a lo que el secretario le pide que la presente escrita.
La Marina, según se informó oficialmente, no encontró nada irregular en sus pesquisas, mientras que la Fiscalía General de la República tiene abierta una causa penal por las denuncias del contralmirante Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024. El año pasado, poco antes de renunciar a la fiscalía, Alejandro Gertz Manero dijo que Ojeda le había comentado en 2023 de presuntos actos de corrupción en la Marina, los cuales investigó sin encontrar pistas sobre el contrabando de combustible; con lo que le dieron una salida al exsecretario para no ser investigado.
Se desconoce la profundidad de la investigación contra los sobrinos políticos de Ojeda: el contralmirante Fernando Farías Laguna, que se encuentra prófugo, y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que está preso. Documentos internos de la Marina, sin embargo, revelan que la red de protección de los Farías Laguna se comenzó a construirse desde que Manuel Roberto y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa de Ojeda, maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz* fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio.
Arellano Ruiz, de acuerdo con los documentos confidenciales, recibió como encomienda de los Farías Laguna establecer relaciones con políticos y empresarios que le indicaran, incluido que los acercara a la entonces candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, para proponerle financiamiento para su campaña a cambio de aceptar nombrar al secretario de una terna que le iban a presentar. Nunca pudieron estar cerca de la presidenta. Arellano Ruiz, además, validaba las empresas que le presentaban los Farías Laguna en obras, dragado y construcciones marítimas.
El subsecretario no fue el único mando naval a su servicio. En total, de acuerdo con los documentos elaborados en 2021, fueron 34 oficiales que trabajaron para ellos, tejiendo una amplia red de complicidades en las aduanas de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En los informes no aparece ninguna referencia al contrabando de combustible, pero sí figuran dos personas que están en la investigación del huachicol fiscal, sus operadores principales: el capitán de corbeta, Miguel Solano, que era el responsable de recolectar lo recaudado en las aduanas, concentrarlo en la Ciudad de México, desde donde se dispersaban los recursos a todos los mandos en la red, y el capitán de fragata Clímaco Aldape Utrera, que era quien hacía todos los trámites legales o ilegales de los sobrinos para evitar que negociaran directamente con los representantes del crimen organizado.
La relación directa con el crimen organizado la llevaba el teniente de navío Octavio Sánchez Alatorre, que estaba comisionado en Guaymas, desde donde se desplazaba por todo el país para facilitar el trasiego de drogas por los puertos de Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pactando con todos los cárteles de la droga, pero en particular, por lo amplio de su negocio de contrabando, con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Era el apoyo de Solano y Aldape Utrera, y quien se encargaba de comprar vehículos para los cabecillas de la red, organizar las fiestas y contratar artistas para su entretenimiento.
Sánchez Alatorre no era el único que tenía relación con el crimen organizado. El vicealmirante Miguel Rivas Hernández, se indica en los informes, ayudaba a mover unidades especiales de la Marina para brindar protección a diversos grupos delictivos según la región y facilitaba los cambios de adscripción de personal de la infantería de Marina. Otro fue Joaquín Cruz Ballado, hermano del almirante Jorge Luis Cruz Ballado, que le facilitó al crimen organizado el trasiego de drogas a través de la aduana y la Administración del Sistema Portuario Nacional en Lázaro Cárdenas.
Los Farías Laguna, de acuerdo con los documentos, operaban principalmente con mandos medios, pero habían involucrado en la red a oficiales de alto rango. Uno de ellos fue el almirante Raúl Pérez Vázquez, uno de sus candidatos a relevar a Ojeda, quien les ayudó en la integración de los primeros administradores de aduanas. Otro, el vicealmirante Benito Armando Galeana Abarca, que protegía a administradores de aduanas y a funcionarios de Hacienda donde operaban los sobrinos políticos. Un contralmirante clave era Martín Francisco Mouton, en ese entonces director de Construcciones Navales, que autorizaba licitaciones a las empresas que ellos le presentaban, en especial “Construcción, Infraestructura y Comercialización”, que tenía vínculos con miembros del gabinete del expresidente.
El contralmirante Ibrahim Manuel Maja Castro les sirvió desde el Estado Mayor y apoyó en asignaciones, agregadurías, ascensos y cambios de adscripción; cuya responsabilidad era similar a la del contralmirante Audberto López Rosas, jefe de la Sección 1ª del Estado Mayor, que tiene que ver con recursos humanos, quien cobraba, como muestra, 500 mil pesos por ascensos a contralmirante o agregadurías. Los Farías Laguna tenían a varios mandos infiltrados en la Unidad Naval de Inteligencia, como el contralmirante Gabriel Guzmán Comparán, y el contralmirante César Mora Arenas, que investigaban a civiles y militares sin conocimiento del jefe del área.
Todos los mandos al servicio de los Farías Laguna tenían compensaciones mensuales por sus servicios. Por ejemplo, al contralmirante Marco Antonio Bandala, que era el administrador en Manzanillo, donde, de acuerdo con los informes, facilitaba el ingreso de mercancías, le daban ocho millones de pesos. Al contralmirante Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, cuando estaba en la aduana de la Ciudad de México, cinco millones. El dinero de la corrupción abundaba. Al menos, dice el informe, la recaudación superaba los 50 millones de pesos a la semana.
La red de corrupción de la Marina en las aduanas no fue institucional. La difusión del audio de Guerrero Alcántar y de los documentos confidenciales revela la tensión interna en una institución que no estaba podrida, no así un buen número de oficiales.
##
El naufragio ético en la Armada
La Secretaría de Marina (SEMAR), históricamente blindada por un aura de disciplina y honor inquebrantable, navega hoy por aguas turbulentas. No es una tormenta externa, sino una marejada interna que amenaza con hundir su prestigio más preciado. En su columna "Los 34 marineros", Raymundo Riva Palacio descorre el velo de una arquitectura criminal donde la ambición familiar y la infiltración del narcotráfico se tejieron, presuntamente, bajo la sombra protectora del exsecretario Rafael Ojeda.
El eco de un muerto y la "limpieza" de sangre
La crónica de este colapso tiene un prólogo sepulcral: la voz del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar. Antes de ser asesinado en noviembre de 2024, Guerrero dejó un testimonio sonoro —un audio que hoy quema en las manos de la opinión pública— donde advertía directamente al almirante Ojeda sobre un esquema de contrabando de combustible. Mientras la Marina optó por el archivo y el "no hay irregularidades", la Fiscalía General de la República (FGR) ha convertido ese audio en el hilo de Ariadna de una investigación criminal.
En el epicentro del escándalo aparecen los sobrinos políticos del exsecretario: el contralmirante Fernando Farías Laguna (hoy fugitivo de la justicia) y el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (bajo custodia). No operaban al azar; diseñaron una estructura de relojería suiza para capturar los ganglios vitales de la nación:
El Cabildeo en las Sombras: Documentos de 2021 revelan cómo la red impulsó al almirante José Luis Arellano Ruiz hacia la Subsecretaría. Su misión era bifronte: validar empresas constructoras vinculadas al clan y, en un desplante de audacia política, intentar —sin éxito— infiltrar la terna de seguridad de la entonces candidata Claudia Sheinbaum.
Aduanas: El Botín compartido: La red se extendió como un cáncer por los puertos de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira. Un "ejército" de 34 oficiales facilitaba desde el ingreso de precursores químicos hasta el trasiego de drogas.
El Puente con el CJNG: El teniente Octavio Sánchez Alatorre es señalado como el gestor de campo con el Cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de aceitar la maquinaria logística y organizar los excesos de la red.
La inteligencia al servicio del privilegio
Quizás lo más corrosivo de este relato no es el flujo de dinero —que superaba los 50 millones de pesos semanales—, sino la perversión del aparato del Estado. La Unidad Naval de Inteligencia fue vulnerada desde adentro. Mandos como Gabriel Guzmán Comparán y César Mora Arenas habrían realizado investigaciones paralelas sobre civiles y militares, otorgando a los Farías Laguna un "escudo de información" que los volvió, por años, virtualmente intocables.
El ocaso gélido de un brazo derech
La fractura institucional se hizo tangible en el ocaso del sexenio pasado. José Rafael Ojeda Durán relevó —en términos que sugieren un castigo encubierto de jubilación— a quien fuera su hombre de confianza: el almirante José Luis Arellano Ruiz.
El contraste en las formas fue elocuente. Mientras el nuevo subsecretario, Julio César Pescina Ávila, era recibido con la pompa y los honores propios de la Armada, la salida de Arellano Ruiz ocurrió en un silencio glacial. Ni protocolos de agradecimiento, ni menciones a su labor en la transición de las Capitanías de Puerto. La institución simplemente lo borró de su narrativa activa bajo el eufemismo de una "rotación permanente".
En los pasillos de Bucareli y Palacio Nacional se murmura que no fue rutina. El intento de Arellano por "volar antes de tiempo" para suceder a Ojeda rompió los códigos no escritos del poder. Hoy, ese silencio institucional es el eco de una crisis profunda: la Marina lucha por conservar su integridad, mientras sus cimientos son sacudidos por un grupo que, en el camino, confundió el servicio a la patria con el beneficio de la familia.#
#
El ejército y la presidenta/ JORGE FERNÁNDEZ M.
Excelsior, 20 FEBRERO, 2026;
En medio de tantas controversias y en un contexto donde existen intereses divergentes en el movimiento oficialista, la presidenta Sheinbaum debe haber disfrutado de la ceremonia de ayer en Puebla, durante la celebración del 113 aniversario del ejército mexicano.
Siempre se dice que la primera vez que un mandatario siente que tiene el poder real es cuando se presenta ante los estamentos militares, cuando comprueba que ese poder se trasmina en un cuerpo armado decidido a defender a su país y a sus instituciones, y que ese mandatario es no sólo el titular, la titular en nuestro caso, del ejecutivo sino también la comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Sé que es un lugar común decir que el ejército mexicano es diferente por su origen y formación al de otros países de la región. Pero no deja de ser una verdad y una realidad. Ayer el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo sostuvo en Puebla que “nuestro Ejército es singular porque nació del pueblo, sus raíces le dan identidad y sentido de pertenencia, cada acción que emprendemos tiene como fin el bienestar de la sociedad y esto se refleja en la confianza que nos otorga el pueblo mismo”.
No es un tema menor, eso ha permitido que desde su nacimiento, el ejército, con sus grises, sus luces y sombras, siempre haya respetado la constitución y las instituciones. No deja de ser una paradoja que mientras la Presidenta destaca la lealtad, el origen militar y le otorga mayores responsabilidades, su ala radical insista en la posibilidad de que pueda ser derrocada por un golpe militar.
Eso va de la mano con el tema de la supuesta militarización del país. Es verdad que las Fuerzas Armadas en general y el ejército en particular están realizando labores que algunos consideran que están fuera de sus ámbitos de responsabilidad (aunque muchas de estas tareas las viene desarrollando el ejército desde hace años, aunque sin la intensidad y la visibilidad de hoy) pero eso no implica que se esté dando una militarización del país.
Cuando hablamos de la militarización de un país, de una sociedad, no estamos hablando de obras públicas, sino de que las Fuerzas Armadas pasen a ocupar un lugar preeminente en la ejecución y elaboración de las políticas públicas, con posiciones políticas concretas que las respaldan, y que se han obtenido, en la mayoría de los casos, fuera de los procedimientos democráticos.
La pregunta es sencilla: ¿cuántos gobernadores tiene el ejército?¿cuántos diputados y senadores?¿cuántos miembros del ejército o las Fuerzas Armadas, salvo los del ramo, son secretarios o subsecretarios de Estado?¿en qué partido hay una fuerte presencia militar?¿dónde están los planteamientos de las Fuerzas Armadas o el ejército demandando cambios en el país, respaldando a una u otra corriente política o descalificando de un plumazo a todos los partidos políticos?.
Esas son las preguntas que se deben responder cuando se habla de militarización de una país. Cualquiera que conozca la historia de Centro y Sudamérica lo sabe. Y eso no lo hemos vivido en México, sobre todo desde que Manuel Avila Camacho, el último militar en ejercer el poder ejecutivo, dejó la presidencia de la república en 1946. Desde entonces, las fuerzas armadas se han mantenido alejadas del poder político y no han intervenido en él. Han asumido, es verdad, responsabilidades, algunas incluso controvertidas, pero siempre ha sido bajo las órdenes del poder constitucional vigente.
No deja de llamar la atención la incomprensión de las fuerzas políticas respecto a las labores que realizan las Fuerzas Armadas, tanto como la falta de voluntad política de ciertos actores para participar de lleno en las tareas de seguridad, sin comprender el esfuerzo político e institucional, el riesgo que significa el despliegue de más de 200 mil mujeres y hombres en todo el país, si sumamos, como debe ser, las fuerzas de la Guardia Nacional a las demás instancias militares.
No deja de ser muy significativo que a pesar del desgaste natural que implica mantener los esfuerzos de seguridad durante más de 20 años, la gente siga apoyando la presencia de los militares sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Dos, tres décadas en las cuales ni los gobiernos federales fortalecieron las estructuras de seguridad civiles y los estados, salvo alguna rara excepción, no constuyeron fuerzas de seguridad locales propias que permitieran que las fuerzas militares pudieran irse replegando. Es más fácil pedir apoyo militar que generar una estructura de seguridad local competente.
El ejército mexicano es, en los hechos, la única institución a nivel federal que ha logrado mantener una continuidad interna, ordenada, institucional, que cohesiona y no divide, y que trabaja en torno a objetivos de corto, mediano y largo plazo, que no se agota en sexenios. Nuestros militares deben tener apoyo político para avanzar en su consolidación, un apoyo que se debe reflejar en una coordinación real a nivel federal y estatal, y entre los tres poderes de la Unión en muchas tareas pero sobre todo en la seguridad.
Las fuerzas armadas son garantes de la constitución y la legalidad y mientras exista un gobierno, éste o cualquier otro, que se enmarque en esa disciplina, lo respetarán y le darán su lealtad. Así debe ser por el bien de todos.
##
No hay comentarios.:
Publicar un comentario