Editorial Colombia

EDITORIAL, periódico El Tiempo, 12/12/o7
De cartas y madamas
En recientes días, los medios de comunicación se han ocupado de una variedad de temas a los que vincula un denominador común: el derecho de los ciudadanos a la intimidad. Así la carta de Íngrid Betancourt a su madre; la publicación de una conversación subrepticiamente grabada del Presidente de la República con un personaje sub júdice; la condena de 17 meses de prisión que impuso la Justicia a la periodista Graciela Torres y las 'revelaciones' de una 'madama' de alto turmequé acerca de figuras de la farándula, que supuestamente se acostaban con mafiosos a cambio de dinero...
Muchos nombres han aparecido vinculados a actividades lícitas pero infamantes y, en un caso extremo, han salido a la luz pública imágenes de alcoba de una conocida actriz. ¿Hasta dónde llegan los límites de la vida privada? ¿En qué punto empieza el derecho de la comunidad a saber los hechos íntimos de sus miembros? ¿Qué derecho asiste a los medios de comunicación para divulgar los episodios netamente personales de la gente famosa?
La ley colombiana es clara en defender la intimidad de los ciudadanos. Tanto su comportamiento privado como sus conversaciones telefónicas y su correspondencia -correos e Internet- están protegidos por el Código Penal. Este estatuto ampara el buen nombre contra la difamación y agrega que, en el caso de conductas sexuales, conyugales o familiares, ni siquiera la prueba de veracidad exime de responsabilidad penal a quien las divulgue. Tal es lo que sucede, por ejemplo, con el video erótico que le ha costado a la periodista Torres, conocida como la 'Negra Candela, una sucesión de sentencias adversas en los tribunales.
Un periodismo responsable no puede menos que condenar esta clase de publicaciones. La mera curiosidad no es argumento suficiente para justificar tan grosera irrupción en la intimidad del prójimo.
Hace pocos días, en las páginas de dos órganos de la Casa Editorial EL TIEMPO aparecieron informaciones tomadas del libro de memorias de una tal Madame Rochy, alcahueta de lujo de servicios sexuales. Aunque las noticias recogían también las opiniones de las modelos y actrices afectadas, al examinar el caso, la Defensora del Lector, María Clara Mendoza, consideró que esta Casa Editorial no ha debido "dar vitrina" a la madama anónima y cayó en la trampa de hacerle juego al escándalo con el que se intenta promover comercialmente el libro.
Aceptamos con humildad el tirón de orejas de la Defensora, pues en este episodio no resulta evidente que exista ese "interés público" cuya ausencia invocó el Tribunal Superior de Bogotá para condenar a la periodista Torres. En algunos casos, sin embargo, surgen elevados intereses colectivos que confieren un carácter público a documentos como la carta de Íngrid Betancourt. Su publicación es uno de los más impresionantes impulsos recibidos por la causa humanitaria contra el secuestro, no solo en Colombia sino en otros países que ya conocen, gracias al mensaje, las infames condiciones en que las Farc mantienen a sus víctimas.
¿Puede decirse lo mismo de la divulgación de la charla entre el presidente y un acusado de extorsión? Seguramente, sí.
La reserva de la intimidad personal contrasta con el impulso informativo que caracteriza a los medios de comunicación y que constituye su razón de ser en la sociedad. Por ello, resulta indispensable que la prensa reflexione sobre estos temas, acoja claros criterios éticos a la altura de su misión y obre en consecuencia. De otro modo, los medios de comunicación estarán comprometiendo su más valioso patrimonio: su credibilidad.
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