Guantánamo

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de EE UU voto a favor de reconocer los derechos de los prisioneros de Guantánamo a acudir a tribunales federales; la decisión de los jueces contradice a la ley aprobada en 2006 que suspendía los derechos a los presos sospechosos de terrorismo.

La ley de 2006 -aprobada con mayoría republicana- estableció la creación de "Tribunales de revisión del estatus de los combatientes", para juzgar a los sospechosos de terrorismo. En estos tribunales los detenidos no tienen derecho a un abogado, no pueden refutar información secreta y se admiten como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura.

Sencillamente, la Corte determinó ahora que los extranjeros detenidos en esa cárcel sí tienen derechos.

"Sostenemos que estos prisioneros tienen derecho al habeas corpus", ha considerado el juez Anthony Kennedy, quien considera que el Congreso de EE UU no ha conseguido ofrecer una alternativa adecuada a los prisioneros detenidos en la base norteamericana de Guantánamo para solicitar su puesta en libertad.

La decisión de los jueces supone un revés para el gobierno del presidente George W. Bush, que se ha empeñado en impedir que los sospechosos de terrorismo encarcelados en esa base tengan acceso a los tribunales ordinarios de EE UU.

El dictamen de la máxima corte del país permitirá a los detenidos escapar el sistema de justicia alternativo establecido por el Gobierno en Guantánamo y acudir a los tribunales federales, donde un juez evaluará las razones para su encarcelamiento.

Bush ha afirmado desde Roma -donde se encuentra- que respetará la decisión del Tribunal Supremo, pero no la comparte, Agregó también que su gobierno evaluaba si responderá al fallo de la corte con un proyecto de ley.
En Bruselas, el secretario de la Defensa de EE UU, Robert Gates, dijo -este viernes 13 de junio-, que prefería no opinar sobre "lo que debemos hacer después" en Guantánamo, hasta que reciba la información detallada sobre la decisión. "A menudo he dicho que... nos gustaría cerrar Guantánamo", agregó Gates. "Creo que a pesar del hecho de que en muchos aspectos Guantánamo se ha vuelto ahora una prisión de excelencia, los primeros informes sobre abusos y los subsecuentes indiscutiblemente representaron un ojo amoratado para Estados Unidos".
La prisión ha sido criticada duramente tanto por la falta de derechos de los presos como por los interrogatorios a que fueron sometidos.

Al hablar ante una reunión de ministros de Justicia y asuntos Internos del Grupo de los Ocho en Tokio, Michael Mukasey, dijo: "Estoy decepcionado con la decisión, pues producirá, hasta lo que yo entiendo, centenares de acciones que impugnen la detención de combatientes enemigos, para que sean procesados ante cortes federales de distrito".

En la prisión de Guantánamo hay 270 prisioneros de los 800 que han pasado en total, la mayoría detenidos en operaciones militares en Afganistán y Pakistán.
Guantánamo se ha convertido en un símbolo de vejaciones; el centro se abrió poco después de los atentados del 11-S para los detenidos sospechosos de terrorismo.

Cerrar Guantánamo.

Tanto John McCain como Barack Obama, los dos candidatos a la presidencia de EE UU, han prometido cerrar la prisión de Guantánamo, pero no han planteado qué hacer con los 270.

La farsa de Guantánamo/editorial, El País, 12/06/2008
El Pentágono ha declarado prioridad nacional el comienzo de los enjuiciamientos por comisiones militares de algunos de los detenidos en Guantánamo. Para cinco acusados de pertenecer a Al Qaeda y de organizar los atentados terroristas del 11 de septiembre, que han permanecido casi tres años en prisiones secretas de la CIA, ya se han iniciado vistas orales previas al juicio propiamente dicho ante tribunales castrenses sui géneris, que se espera para mediados de septiembre, a tiempo para intentar influenciar las elecciones presidenciales de noviembre.
La farsa judicial de la prisión militar de Guantánamo, denunciada esta misma semana por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Harbour, no debe siquiera comenzar. Ni siquiera en el caso improbable de que el Supremo de Estados Unidos diera luz verde para ello, en su esperada decisión sobre los derechos de los prisioneros allí confinados desde que George W. Bush estableciera ese infame sistema carcelario en tierra de nadie, a raíz de los terribles ataques islamistas del 11-S. Un sistema infrahumano que, según la organización estadounidense Human Rights Watch, está produciendo desórdenes mentales a una buena parte de los casi 300 sospechosos de terrorismo, ninguno de los cuales ha sido llevado en seis años ante un tribunal digno de tal nombre.
Los aspirantes a la Casa Blanca, tanto el republicano McCain como el demócrata Obama, han prometido cerrar Guantánamo. Mientras ese imprescindible momento llega, lo sensato y lo decente es que Washington aplique la doctrina establecida en junio de 2006 por su Tribunal Supremo, según la cual cualquier persona bajo custodia militar estadounidense en cualquier parte del mundo tiene derecho al menos a ser juzgada por un tribunal constituido regularmente y con todas las garantías judiciales. No parece el caso de la representación que se prevé.