El Presidente Calderón estuvo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec para la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2009-2012, México Unido Contra la Delincuencia, A.C. (MUCD).
La ceremonia contó con la presencia del Secretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna; el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora; de los procuradores del Estado de México y del Distrito Federal, además de Maria Elena Morera de Galindo, en su calidad de presidenta saliente y de la Señora Josefina Ricaño de Nava, presidenta Honoraria y Fundadora de la Asociación.
Durante la ceremonia de toma de protesta del nuevo Consejo Directivo, la presidenta saliente, María Elena Morera - quien presidiera la Asociación desde el 16 de febrero de 2003, hasta el 25 de febrero de 2007- y la nueva responsable, Ana Franco, afirmaron que ven diluirse los compromisos que se acordaron.
Franco, quien presidirá la organización hasta 2012, aseguró que México Unido permanecerá vigilante para que las distintas autoridades cumplan con las acciones que se comprometieron llevar a cabo. "Estaremos atentos a las fechas de publicación y contenidos para aplicar la reforma al sistema de justicia penal aprobada en junio del año pasado; a la armonización normativa en los estados."
Durante la ceremonia de toma de protesta participó una estudiante que fue secuestrada durante casi siete meses y fue liberada luego que su familia pagara el rescate. La víctima sde nombre Gaby Ulloa se dijo decepcionada por la maldad de la gente y de la falta de solidaridad de algunas personas que sólo buscan beneficios económicos. "Soy una de las tantas víctimas de la delincuencia y la crueldad que hoy se vive en México. El pasado 22 de mayo fui secuestrada, estaba llena de miedo, desesperada, enojada, triste, decepcionada de la maldad humana de este País y de que existan personas que dañen a otros de la manera en que me dañaron a mí", expresó al leer su testimonio en el presidium.
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Martes, 17 de Marzo de 2009 Discurso del Presidente Calderón
Muy buenos días a todas y a todos ustedes.
Maestra Ana Franco de Wattnem, Presidenta Entrante de México Unido Contra la Delincuencia.
Doctora María Elena Morera de Galindo, ex Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.
Distinguidos integrantes del presídium.
Licenciado Alberto Bazbaz, Procurador del Estado de México.
Señor licenciado Miguel Mancera, Procurador del Distrito Federal.
Señor Armando Paredes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Distinguidos representantes de la sociedad civil.
Señoras y señores legisladores, senadores, diputados.
Señoras y señores:
Para construir un México seguro, libre de impunidad y de violencia se requiere de Gobiernos responsables y honestos, firmes en su determinación; pero también es indispensable contar con ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles que sean responsables y activas.
Por eso me da mucho gusto estar hoy con todos ustedes en esta Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo de México Unido Contra la Delincuencia. Saludo con aprecio, con respeto y con admiración a los directivos e integrantes de esta Asociación.
Expreso mi mayor reconocimiento a María Elena Morera por su encomiable labor a lo largo de estos años. Con valentía, con integridad, la señora Morera supo convertir la tragedia personal y colectiva en fuerza para ayudar a construir un México de libertades y de paz.
También felicito a Ana Franco de Wattnem, nueva Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia. Sé que usted habrá de dar continuidad a la misión, a la que usted refería, de esta agrupación.
Le deseo el mayor de los éxitos y le reitero la plena disposición y apoyo del Gobierno Federal para las tareas de México Unido Contra la Delincuencia.
La participación ciudadana es crucial para triunfar en esta lucha contra los delincuentes. En especial, es indispensable para exigirnos a las autoridades de todo el país, acciones concretas para combatir la inseguridad.
Por eso es muy positivo que México Unido, junto con prestigiadas instituciones académicas y sociales, esté dando seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, estamos trabajando para cumplir con los compromisos asumidos en este Acuerdo.
Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos:
En primer lugar. Estamos combatiendo frontalmente al secuestro, que es uno de los delitos que más agravian y preocupan a la sociedad.
He escuchado nuevamente y con emoción el testimonio de Gaby Ulloa, víctima de este deleznable secuestro. Y recuerdo aquellos días, las semanas, los meses aciagos en los que Gaby estuvo secuestrada.
Habían ocurrido en el país secuestros, igualmente agraviantes, pero que habían terminado para tristeza de todos, con el fallecimiento de las víctimas. Y Gaby estaba pendiente.
En aquellos días, la vida de Gaby representaba precisamente la esperanza de muchas cosas. Cuando finalmente fue devuelta a sus padres y, tal como ella lo relata, además con una gran fortaleza de espíritu, recordé aquel verso que decía, me imagino que fue el caso de sus padres, de su familia, de su hermana: Recuperé en ese abrazo todos los soles que me habían robado.
Hoy quiero decirle a Gaby que estamos trabajando para romper, de una vez por todas, el círculo vicioso de impunidad, de miedo y de crimen que, a su vez, propicia a través de su acción corruptora mayor impunidad, mayor miedo, mayor criminalidad.
Como Gaby, ha habido cientos de personas secuestradas en México; muchas de ellas no han podido ver la libertad nuevamente. Otras, como ella, tenemos el privilegio de tenerlas entre nosotros.
En lo que va de esta Administración, por ejemplo, en el ámbito Federal, se ha logrado la liberación de 438 víctimas, como Gabriela; se han detenido a 522 secuestradores y se han desmantelado 69 bandas dedicadas a este infame delito.
En estos dos últimos meses, es decir, en febrero y lo que va del mes de marzo, se ha detenido a 53 presuntos secuestradores, incluyendo líderes o integrantes de algunas bandas, como la de Los Nopaltecos, Los Cobradores, Los Chacales, Los Fuereños, Los Liborios.
Y gracias a la presión de la ciudadanía, en especial, la presión de México Unido Contra la Delincuencia, a 200 días del Acuerdo, 24 de las 32 entidades federativas reportan que han comenzado a organizar unidades especializadas en el combate al secuestro.
Sé que no es suficiente, sé que el problema está ahí, agraviando a México y a los mexicanos.
Y que más allá de las cifras, está la tragedia que implica el secuestro para las familias que sufren la desoladora incertidumbre de no saber nada sobre el paradero de una hija, de un hijo, de un cónyuge, de un padre.
Ante ello, lo que puedo hacer es, desde luego, reiterar el compromiso de parte del Gobierno Federal de seguir combatiendo este alevoso crimen y, en general, el estado de inseguridad que existe en el país.
En segundo lugar. Estamos trabajando, y trabajando, fuertemente en materia de depuración de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia.
Estoy convencido, como decía José Ángel Conchello, En Paz Descanse, que para combatir la corrupción, no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Por eso hemos trabajado, precisamente, en la Operación Limpieza y hemos puesto en la cárcel a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, que estaban vinculados con la criminalidad. Hoy se está impulsando en las 32 entidades federativas, y gracias al Acuerdo, el fortalecimiento o la creación en la mayoría de los casos de los Centros de Control de Confianza, porque necesitamos mecanismos de evaluación de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía.
Es cierto que la policía debe vigilar a los ciudadanos, pero hoy, ante el problema que México ha sufrido, merced al constante y prolongado deterioro de la vida institucional del país, es fundamental que los ciudadanos también vigilemos a los policías.
Es fundamental que avance el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, y que por los mecanismos mejor conocidos, por supuesto, no perfectos ni infalibles, pero los que mejor provea la ciencia y la tecnología existentes, sepamos que contamos en las instituciones policiacas, ministeriales y judiciales, con gente en la cual se puede confiar y creer.
Por lo que hace al Gobierno Federal, que es lo que nos corresponde, a la fecha se han evaluado a más del 40 por ciento del personal de las áreas más sensibles; es decir, más de ocho mil elementos que trabajan en las distintas dependencias de seguridad pública en el Gobierno Federal, porque estamos convencidos que sólo con servidores públicos de probada honestidad podremos combatir efectivamente a la delincuencia.
Este proceso tomará, por supuesto, un largo tiempo, pero es fundamental recorrer ese mecanismo, no sólo en el ámbito Federal, sino lo deseable es que se recorra en los ámbitos locales también; porque sólo cuando tengamos policías confiables, estaremos verdaderamente más tranquilos y más seguros.
En tercer lugar. Se ha logrado la aprobación de importantes iniciativas que fortalecen la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia.
Destaca, desde luego, la reforma constitucional que ya ha sido aludida aquí, así como la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que nos va a permitir una mejor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, a fin de combatir con mayor eficacia a la criminalidad, y también, aunque incipiente, un modelo de seguimiento y exigencia de rendición de cuentas para todos los ámbitos de la Federación competentes para conocer de la actividad delictiva en el país.
La división de competencias ya no debe ser utilizada por la delincuencia como un resquicio para la impunidad. Desde este foro hago un muy respetuoso llamado a las señoras y a los señores legisladores de todos los partidos, para que en el marco de sus atribuciones discutan, enriquezcan y aprueben finalmente las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso.
Es muy importante que podamos disponer, cuanto antes, de los bienes que hemos incautado a la criminalidad, para seguir rompiendo su estructura financiera e incluso para combatir a la propia criminalidad y proteger a la ciudadanía, y por ello debe aprobarse la Ley de Extinción de Dominio.
Y de la misma forma, necesitamos actuar de manera coordinada para combatir el flagelo del narcomenudeo. De ahí la importancia de que se apruebe la Iniciativa, que también presenté al Poder Legislativo.
También exhorto de manera respetuosa a que se aprueben las leyes que reorganizan, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Policía Federal. Y lo mismo señalo respecto de la Iniciativa referente a tratar con un adecuado marco penal a quienes secuestran y mutilan, o asesinan a sus víctimas, que requieren una pena mucho más enfática y un proceso judicial mucho más exento a los riegos de la impunidad.
Por esa razón, porque México no tiene tiempo que perder, es importante que los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sigamos trabajando juntos y al mismo ritmo para abordar, cada quien en el ámbito de su competencia, lo que se tiene que hacer en materia de seguridad.
En cuarto lugar. Hemos cumplido con el compromiso de incrementar los recursos presupuestales dirigidos a la seguridad en todo el país.
En los dos años tres meses de Gobierno de esta Administración, los recursos destinados al orden, la seguridad y la justicia se han más que duplicado, impactando de manera determinante el Gasto Público Federal. Hoy, a nivel Federal, destinamos más del uno por ciento del Producto Interno Bruto al gasto en materia de seguridad, de orden y de justicia.
También consideramos que estos incrementos, estas modificaciones en los criterios presupuestales, esta reasignación a gastos de seguridad, como una verdadera prioridad nacional, debe ser reflejada también en los presupuestos de los estados y de los municipios del país.
A este respecto, también hago un respetuoso llamado a los gobiernos locales para que redoblemos esfuerzos en luchar por hacer un país más seguro.
Los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública Federal 2007, dados a conocer por el Auditor Superior de la Federación en días pasados, nos hacen ver la necesidad de hacer un uso más eficaz y más oportuno de los recursos que ya existen y están disponibles por los órdenes locales, a fin de que los mexicanos puedan contar con la protección adecuada de la justicia y de la seguridad pública contra la delincuencia.
Reitero lo que siempre he afirmado y respaldado con hechos. Los gobiernos locales cuentan con todo el apoyo del Gobierno Federal para combatir la delincuencia, pues sólo sumando esfuerzos y actuando de manera corresponsable, podremos proteger a la sociedad de quienes pretenden dañarla.
El Gobierno Federal está bien consciente de su responsabilidad en materia de lucha contra la criminalidad. Es cierto que más del 90 por ciento de los delitos, del millón que se cometen anualmente, como se mencionó aquí, son aquellos que más agravian al ciudadano; como el robo, que constituye más del 80 por ciento o la extorsión, el secuestro o el homicidio, todos ellos del orden local.
Pero sabemos perfectamente que cada día es mucho más común la interacción, la interrelación entre esos delitos con los delitos del orden federal, que además se presentan con mayor virulencia, como es el caso del crimen organizado.
Por eso es importante actuar juntos, actuar en conjunto con las autoridades locales.
Se trata de una tarea enorme, colosal. No en vano se ha señalado con razón que éste es el mayor desafío del país. Independientemente de que el esfuerzo que estamos realizando, el compromiso por la seguridad, la justicia y la legalidad, tiene que ver con procesos, como bien se señaló en la última sesión de Consejo, de manera mucho más enfática, que con resultados, porque sólo estableciendo los procesos adecuados se podrán alcanzar en el mediano y largo plazo los resultados deseados.
Nuestra estrategia también abarca acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
En el corto plazo, por ejemplo, están los operativos conjuntos, con los que apoyamos a las autoridades locales de aquellas zonas más afectadas por la delincuencia, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
Es el caso de acciones que han permitido, en algunos casos, en otros no, pero en muchos de ellos, ver una reducción efectiva en los índices de criminalidad en los lugares donde se opere, incluso, en zonas de mayor sensibilidad a nivel nacional o internacional como es el caso de Ciudad Juárez, ahora, donde hay un operativo sin precedentes de presencia federal; o en el muy modesto Ayuntamiento de Cuencamé, en zonas donde la prensa había descrito como con actos de impunidad, hoy ahí está la presencia federal y en particular del Ejército Mexicano y de la Policía Federal.
Las fuerzas federales también brindan ayuda a las víctimas de delitos que así lo requieran, como en el caso del secuestro o la extorsión, independientemente de que se traten o no de delitos del orden común.
Nuestra estrategia también tiene acciones que miran al mediano plazo, y en ellas está fundamentalmente la depuración y el fortalecimiento de las instituciones militares, ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica para hacer frente a la criminalidad.
Porque, como bien ha dicho Gabriela aquí, es fundamental que cuenten con los instrumentos tecnológicos para poder desarrollar información, inteligencia y, en consecuencia, escalar la eficacia de las acciones policiacas en el país.
Y en el largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad y de justicia; estamos formando a nuevas generaciones de policías profesionales, de Ministerios Públicos confiables, de gente que sea no sólo honesta, sino que esté bien entrenada y la clave es poder entregarle al país en esta Administración una Policía Federal confiable y eficiente.
Pero aún así, se requerirá, fundamentalmente, que en cada nivel de Gobierno, en cada estado de la República y en cada municipio del país, me atrevo a decir, también nos propongamos entregarle a la ciudadanía una policía estatal honesta, confiable y eficiente, y una policía municipal también honesta, confiable y eficiente.
Sé que no es mucho pedir; al contrario: es lo mínimo que se le debe a la ciudadanía en materia de seguridad.
Además, con la aprobación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, nuestro país adoptará juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, que hasta ahora, precisamente, son quienes más sufren, no sólo el delito, sino las insuficiencias y deficiencias del sistema de justicia mexicano.
Además, estamos redoblando esfuerzos de entrenamiento de las autoridades judiciales para trabajar en este nuevo sistema, que marcará un antes y un después en la impartición de justicia.
Es importante señalar que se requiere la acción corresponsable de todos. Los operativos, por ejemplo, en el corto plazo, van enfocados a fortalecer la autoridad de las instancias locales, que se ha visto debilitada por la acción de la criminalidad.
Pero es indispensable que en las propias autoridades locales se trabaje y se trabaje rápido para, precisamente, volver al fortalecimiento y a la normalidad institucional, porque debemos entender la presencia de estos operativos, por su propia naturaleza, como de carácter temporal.
Sin embargo, más allá de estas acciones encaminadas en el corto y mediano plazo al fortalecimiento de la vida institucional del país, también sabemos que la solución de fondo al problema de la seguridad no se dará si no logramos establecer una cultura diferente en materia de legalidad, en materia de delito y en materia de prevención; una auténtica cultura de legalidad que haga, precisamente, que este deterioro de la vida social a la que ya aludía aquí la Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia sea, precisamente detenido.
Una cultura distinta, que nos permita inculcar entre los mexicanos, en especial entre los niños y jóvenes, valores de respeto a la ley, formarlos como ciudadanas y ciudadanos capaces de transformar una realidad de ilegalidad, corrupción e impunidad.
Nuestra estrategia debe tener también un sólido componente preventivo. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de la confianza ciudadana y en la recuperación de los espacios que habían sido tomados por la delincuencia.
Ofrezco, nuevamente, el respaldo del Gobierno Federal para poder seguir avanzando en el Programa de Rescate de Espacios Públicos. Hasta la fecha, han sido más de dos mil puntos en el país que han sido rescatados, rehabilitados como espacios deportivos o culturales y entregados a los ciudadanos. Es fundamental avanzar muchísimo más rápido.
El Programa Escuela Segura, por su parte, ya cuenta con más de 12 mil escuelas en todo el país, de educación básica, donde padres de familia, maestros y aún los propios estudiantes, están trabajando para transformar, primero, su escuela en un entorno seguro, libre de violencia, pandillas, armas y drogas, pero también su comunidad en una comunidad segura.
Y, finalmente, los Centros Nueva Vida, de los cuales se han establecido más de 300 en el país, están iniciando una nueva política pública de prevención y tratamiento de adicciones, pero tenemos que ir mucho más aprisa y mucho más rápido; porque sumada la acción del Gobierno Federal, con la de los gobiernos estatales y municipales, incluso la acción de la sociedad civil, no es suficiente para alcanzar el rápido crecimiento en la tasa de adicciones entre los adolescentes e incluso entre los niños en el país.
Estoy convencido, amigas y amigos, que sólo con una sociedad fuerte, sólo con una ciudadanía fuerte, que ayude a prevenir, a denunciar, a exigir a las autoridades que rechace la ilegalidad, podremos, verdaderamente, construir el México seguro al que todos aspiramos.
Señoras y señores, amigas y amigos:
México vive un momento clave en la lucha por su seguridad. Debemos ser capaces de superar inercias, obstáculos y adversidades. Y haciendo uso de todas nuestras fuerzas, lograr los avances que queremos, transformar los procesos e instituciones que nos sean verdaderamente útiles para el propósito que buscamos.
México está viviendo algunas de las consecuencias de haber permitido una penetración amplia, generalizada de la corrupción, la impunidad y, a final de cuentas, la criminalidad en nuestra sociedad.
Pero, por otra parte, día con día somos testigos de actos de violencia que generan confusión y temor entre la sociedad, y que están muchos de ellos dirigidos, precisamente, a crear dudas, infundir desesperanza y hacer desistir a las autoridades del combate a la delincuencia.
Por eso, hoy les digo a los mexicanos que no debemos perder de vista nuestro objetivo en esta lucha: construir un México de orden y de leyes, que requiere no sólo voluntad, sino perseverancia, firmeza y determinación en la acción.
Un país como el que queremos, un país donde quien cometa un crimen sin importar su origen, posición económica o social, pague por sus actos, requiere el compromiso de todos y, en primer lugar, de quienes estamos al frente de las responsabilidades públicas.
Nuestro objetivo es convertir a México en un país donde se proteja al inocente, donde las víctimas de la delincuencia sean lo más importante en cualquier proceso judicial, donde las autoridades estén verdaderamente comprometidas, con actos, con la legalidad y el combate a la impunidad.
Un país, como dijo Gaby hace un momento, donde no haya miedo, donde las familias puedan caminar tranquilas por las calles, sin miedo al robo o al secuestro, sin vivir el dolor de un ser querido privado de su libertad impunemente y sin saber cuándo terminará su sufrimiento.
Costará trabajo, tomará tiempo, pero sé, amigas y amigos, que lo vamos a lograr. Ese es nuestro objetivo y no daremos un paso atrás hasta conseguirlo, porque tenemos un Estado fuerte, capaz de afrontar en toda su magnitud el reto de la inseguridad.
Porque somos millones y millones de mexicanos, la inmensa mayoría de la sociedad, que no está dispuesta a vivir ni a resignarse frente a la incertidumbre y al miedo.
Porque no vamos a condenar a nuestros hijos a un futuro de violencia. Porque el miedo no pasará a transformarse en parálisis, en lo que toca a las instituciones públicas.
Porque sólo habrá progreso para México si logramos brindar seguridad y justicia para todos.
Esa es nuestra finalidad, y para alcanzarla, habremos de impulsar nuestra estrategia con convicción, pero también tenemos que ser capaces de evaluarla y revisarla cuantas veces sea necesario, para hacerla más eficaz y contundente.
Y por eso manifiesto a México Unido Contra la Delincuencia y a su nueva directiva, la voluntad del Gobierno Federal de revisar nuestras acciones, de replantear nuestras estrategias cuantas veces sea necesario para que éstas sean cada día más eficaces.
Tenemos con qué ganarle a la delincuencia y lo vamos a lograr. Yo invito a México Unido y a toda la sociedad a que no declinemos, a que sigamos sumando esfuerzos para construir un país de orden y libertades, a que dejemos atrás la sombra de la delincuencia y le devolvamos a nuestro México la esperanza de un futuro de seguridad y de paz, un futuro de justicia y de dignidad, un futuro donde todos podamos, verdaderamente, por vivir en un México libre, vivir, verdaderamente, mejor.
Enhorabuena, y muchísimo éxito en esta nueva etapa de México Unido Contra la Delincuencia.
Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y a todos ustedes.
Maestra Ana Franco de Wattnem, Presidenta Entrante de México Unido Contra la Delincuencia.
Doctora María Elena Morera de Galindo, ex Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia.
Distinguidos integrantes del presídium.
Licenciado Alberto Bazbaz, Procurador del Estado de México.
Señor licenciado Miguel Mancera, Procurador del Distrito Federal.
Señor Armando Paredes, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Distinguidos representantes de la sociedad civil.
Señoras y señores legisladores, senadores, diputados.
Señoras y señores:
Para construir un México seguro, libre de impunidad y de violencia se requiere de Gobiernos responsables y honestos, firmes en su determinación; pero también es indispensable contar con ciudadanas y ciudadanos, organizaciones civiles que sean responsables y activas.
Por eso me da mucho gusto estar hoy con todos ustedes en esta Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo de México Unido Contra la Delincuencia. Saludo con aprecio, con respeto y con admiración a los directivos e integrantes de esta Asociación.
Expreso mi mayor reconocimiento a María Elena Morera por su encomiable labor a lo largo de estos años. Con valentía, con integridad, la señora Morera supo convertir la tragedia personal y colectiva en fuerza para ayudar a construir un México de libertades y de paz.
También felicito a Ana Franco de Wattnem, nueva Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia. Sé que usted habrá de dar continuidad a la misión, a la que usted refería, de esta agrupación.
Le deseo el mayor de los éxitos y le reitero la plena disposición y apoyo del Gobierno Federal para las tareas de México Unido Contra la Delincuencia.
La participación ciudadana es crucial para triunfar en esta lucha contra los delincuentes. En especial, es indispensable para exigirnos a las autoridades de todo el país, acciones concretas para combatir la inseguridad.
Por eso es muy positivo que México Unido, junto con prestigiadas instituciones académicas y sociales, esté dando seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En lo que corresponde al Poder Ejecutivo Federal, estamos trabajando para cumplir con los compromisos asumidos en este Acuerdo.
Quiero compartir con ustedes algunos ejemplos:
En primer lugar. Estamos combatiendo frontalmente al secuestro, que es uno de los delitos que más agravian y preocupan a la sociedad.
He escuchado nuevamente y con emoción el testimonio de Gaby Ulloa, víctima de este deleznable secuestro. Y recuerdo aquellos días, las semanas, los meses aciagos en los que Gaby estuvo secuestrada.
Habían ocurrido en el país secuestros, igualmente agraviantes, pero que habían terminado para tristeza de todos, con el fallecimiento de las víctimas. Y Gaby estaba pendiente.
En aquellos días, la vida de Gaby representaba precisamente la esperanza de muchas cosas. Cuando finalmente fue devuelta a sus padres y, tal como ella lo relata, además con una gran fortaleza de espíritu, recordé aquel verso que decía, me imagino que fue el caso de sus padres, de su familia, de su hermana: Recuperé en ese abrazo todos los soles que me habían robado.
Hoy quiero decirle a Gaby que estamos trabajando para romper, de una vez por todas, el círculo vicioso de impunidad, de miedo y de crimen que, a su vez, propicia a través de su acción corruptora mayor impunidad, mayor miedo, mayor criminalidad.
Como Gaby, ha habido cientos de personas secuestradas en México; muchas de ellas no han podido ver la libertad nuevamente. Otras, como ella, tenemos el privilegio de tenerlas entre nosotros.
En lo que va de esta Administración, por ejemplo, en el ámbito Federal, se ha logrado la liberación de 438 víctimas, como Gabriela; se han detenido a 522 secuestradores y se han desmantelado 69 bandas dedicadas a este infame delito.
En estos dos últimos meses, es decir, en febrero y lo que va del mes de marzo, se ha detenido a 53 presuntos secuestradores, incluyendo líderes o integrantes de algunas bandas, como la de Los Nopaltecos, Los Cobradores, Los Chacales, Los Fuereños, Los Liborios.
Y gracias a la presión de la ciudadanía, en especial, la presión de México Unido Contra la Delincuencia, a 200 días del Acuerdo, 24 de las 32 entidades federativas reportan que han comenzado a organizar unidades especializadas en el combate al secuestro.
Sé que no es suficiente, sé que el problema está ahí, agraviando a México y a los mexicanos.
Y que más allá de las cifras, está la tragedia que implica el secuestro para las familias que sufren la desoladora incertidumbre de no saber nada sobre el paradero de una hija, de un hijo, de un cónyuge, de un padre.
Ante ello, lo que puedo hacer es, desde luego, reiterar el compromiso de parte del Gobierno Federal de seguir combatiendo este alevoso crimen y, en general, el estado de inseguridad que existe en el país.
En segundo lugar. Estamos trabajando, y trabajando, fuertemente en materia de depuración de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia.
Estoy convencido, como decía José Ángel Conchello, En Paz Descanse, que para combatir la corrupción, no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Por eso hemos trabajado, precisamente, en la Operación Limpieza y hemos puesto en la cárcel a altos funcionarios de la Administración Pública Federal, que estaban vinculados con la criminalidad. Hoy se está impulsando en las 32 entidades federativas, y gracias al Acuerdo, el fortalecimiento o la creación en la mayoría de los casos de los Centros de Control de Confianza, porque necesitamos mecanismos de evaluación de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía.
Es cierto que la policía debe vigilar a los ciudadanos, pero hoy, ante el problema que México ha sufrido, merced al constante y prolongado deterioro de la vida institucional del país, es fundamental que los ciudadanos también vigilemos a los policías.
Es fundamental que avance el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, y que por los mecanismos mejor conocidos, por supuesto, no perfectos ni infalibles, pero los que mejor provea la ciencia y la tecnología existentes, sepamos que contamos en las instituciones policiacas, ministeriales y judiciales, con gente en la cual se puede confiar y creer.
Por lo que hace al Gobierno Federal, que es lo que nos corresponde, a la fecha se han evaluado a más del 40 por ciento del personal de las áreas más sensibles; es decir, más de ocho mil elementos que trabajan en las distintas dependencias de seguridad pública en el Gobierno Federal, porque estamos convencidos que sólo con servidores públicos de probada honestidad podremos combatir efectivamente a la delincuencia.
Este proceso tomará, por supuesto, un largo tiempo, pero es fundamental recorrer ese mecanismo, no sólo en el ámbito Federal, sino lo deseable es que se recorra en los ámbitos locales también; porque sólo cuando tengamos policías confiables, estaremos verdaderamente más tranquilos y más seguros.
En tercer lugar. Se ha logrado la aprobación de importantes iniciativas que fortalecen la capacidad del Estado para combatir a la delincuencia.
Destaca, desde luego, la reforma constitucional que ya ha sido aludida aquí, así como la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que nos va a permitir una mejor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, a fin de combatir con mayor eficacia a la criminalidad, y también, aunque incipiente, un modelo de seguimiento y exigencia de rendición de cuentas para todos los ámbitos de la Federación competentes para conocer de la actividad delictiva en el país.
La división de competencias ya no debe ser utilizada por la delincuencia como un resquicio para la impunidad. Desde este foro hago un muy respetuoso llamado a las señoras y a los señores legisladores de todos los partidos, para que en el marco de sus atribuciones discutan, enriquezcan y aprueben finalmente las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado al Congreso.
Es muy importante que podamos disponer, cuanto antes, de los bienes que hemos incautado a la criminalidad, para seguir rompiendo su estructura financiera e incluso para combatir a la propia criminalidad y proteger a la ciudadanía, y por ello debe aprobarse la Ley de Extinción de Dominio.
Y de la misma forma, necesitamos actuar de manera coordinada para combatir el flagelo del narcomenudeo. De ahí la importancia de que se apruebe la Iniciativa, que también presenté al Poder Legislativo.
También exhorto de manera respetuosa a que se aprueben las leyes que reorganizan, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la Policía Federal. Y lo mismo señalo respecto de la Iniciativa referente a tratar con un adecuado marco penal a quienes secuestran y mutilan, o asesinan a sus víctimas, que requieren una pena mucho más enfática y un proceso judicial mucho más exento a los riegos de la impunidad.
Por esa razón, porque México no tiene tiempo que perder, es importante que los Poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sigamos trabajando juntos y al mismo ritmo para abordar, cada quien en el ámbito de su competencia, lo que se tiene que hacer en materia de seguridad.
En cuarto lugar. Hemos cumplido con el compromiso de incrementar los recursos presupuestales dirigidos a la seguridad en todo el país.
En los dos años tres meses de Gobierno de esta Administración, los recursos destinados al orden, la seguridad y la justicia se han más que duplicado, impactando de manera determinante el Gasto Público Federal. Hoy, a nivel Federal, destinamos más del uno por ciento del Producto Interno Bruto al gasto en materia de seguridad, de orden y de justicia.
También consideramos que estos incrementos, estas modificaciones en los criterios presupuestales, esta reasignación a gastos de seguridad, como una verdadera prioridad nacional, debe ser reflejada también en los presupuestos de los estados y de los municipios del país.
A este respecto, también hago un respetuoso llamado a los gobiernos locales para que redoblemos esfuerzos en luchar por hacer un país más seguro.
Los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública Federal 2007, dados a conocer por el Auditor Superior de la Federación en días pasados, nos hacen ver la necesidad de hacer un uso más eficaz y más oportuno de los recursos que ya existen y están disponibles por los órdenes locales, a fin de que los mexicanos puedan contar con la protección adecuada de la justicia y de la seguridad pública contra la delincuencia.
Reitero lo que siempre he afirmado y respaldado con hechos. Los gobiernos locales cuentan con todo el apoyo del Gobierno Federal para combatir la delincuencia, pues sólo sumando esfuerzos y actuando de manera corresponsable, podremos proteger a la sociedad de quienes pretenden dañarla.
El Gobierno Federal está bien consciente de su responsabilidad en materia de lucha contra la criminalidad. Es cierto que más del 90 por ciento de los delitos, del millón que se cometen anualmente, como se mencionó aquí, son aquellos que más agravian al ciudadano; como el robo, que constituye más del 80 por ciento o la extorsión, el secuestro o el homicidio, todos ellos del orden local.
Pero sabemos perfectamente que cada día es mucho más común la interacción, la interrelación entre esos delitos con los delitos del orden federal, que además se presentan con mayor virulencia, como es el caso del crimen organizado.
Por eso es importante actuar juntos, actuar en conjunto con las autoridades locales.
Se trata de una tarea enorme, colosal. No en vano se ha señalado con razón que éste es el mayor desafío del país. Independientemente de que el esfuerzo que estamos realizando, el compromiso por la seguridad, la justicia y la legalidad, tiene que ver con procesos, como bien se señaló en la última sesión de Consejo, de manera mucho más enfática, que con resultados, porque sólo estableciendo los procesos adecuados se podrán alcanzar en el mediano y largo plazo los resultados deseados.
Nuestra estrategia también abarca acciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
En el corto plazo, por ejemplo, están los operativos conjuntos, con los que apoyamos a las autoridades locales de aquellas zonas más afectadas por la delincuencia, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.
Es el caso de acciones que han permitido, en algunos casos, en otros no, pero en muchos de ellos, ver una reducción efectiva en los índices de criminalidad en los lugares donde se opere, incluso, en zonas de mayor sensibilidad a nivel nacional o internacional como es el caso de Ciudad Juárez, ahora, donde hay un operativo sin precedentes de presencia federal; o en el muy modesto Ayuntamiento de Cuencamé, en zonas donde la prensa había descrito como con actos de impunidad, hoy ahí está la presencia federal y en particular del Ejército Mexicano y de la Policía Federal.
Las fuerzas federales también brindan ayuda a las víctimas de delitos que así lo requieran, como en el caso del secuestro o la extorsión, independientemente de que se traten o no de delitos del orden común.
Nuestra estrategia también tiene acciones que miran al mediano plazo, y en ellas está fundamentalmente la depuración y el fortalecimiento de las instituciones militares, ministeriales y policiales, así como el escalamiento de su capacidad tecnológica para hacer frente a la criminalidad.
Porque, como bien ha dicho Gabriela aquí, es fundamental que cuenten con los instrumentos tecnológicos para poder desarrollar información, inteligencia y, en consecuencia, escalar la eficacia de las acciones policiacas en el país.
Y en el largo plazo, estamos trabajando en el rediseño institucional de nuestro sistema de seguridad y de justicia; estamos formando a nuevas generaciones de policías profesionales, de Ministerios Públicos confiables, de gente que sea no sólo honesta, sino que esté bien entrenada y la clave es poder entregarle al país en esta Administración una Policía Federal confiable y eficiente.
Pero aún así, se requerirá, fundamentalmente, que en cada nivel de Gobierno, en cada estado de la República y en cada municipio del país, me atrevo a decir, también nos propongamos entregarle a la ciudadanía una policía estatal honesta, confiable y eficiente, y una policía municipal también honesta, confiable y eficiente.
Sé que no es mucho pedir; al contrario: es lo mínimo que se le debe a la ciudadanía en materia de seguridad.
Además, con la aprobación de la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal, nuestro país adoptará juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección de los derechos de las víctimas, que hasta ahora, precisamente, son quienes más sufren, no sólo el delito, sino las insuficiencias y deficiencias del sistema de justicia mexicano.
Además, estamos redoblando esfuerzos de entrenamiento de las autoridades judiciales para trabajar en este nuevo sistema, que marcará un antes y un después en la impartición de justicia.
Es importante señalar que se requiere la acción corresponsable de todos. Los operativos, por ejemplo, en el corto plazo, van enfocados a fortalecer la autoridad de las instancias locales, que se ha visto debilitada por la acción de la criminalidad.
Pero es indispensable que en las propias autoridades locales se trabaje y se trabaje rápido para, precisamente, volver al fortalecimiento y a la normalidad institucional, porque debemos entender la presencia de estos operativos, por su propia naturaleza, como de carácter temporal.
Sin embargo, más allá de estas acciones encaminadas en el corto y mediano plazo al fortalecimiento de la vida institucional del país, también sabemos que la solución de fondo al problema de la seguridad no se dará si no logramos establecer una cultura diferente en materia de legalidad, en materia de delito y en materia de prevención; una auténtica cultura de legalidad que haga, precisamente, que este deterioro de la vida social a la que ya aludía aquí la Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia sea, precisamente detenido.
Una cultura distinta, que nos permita inculcar entre los mexicanos, en especial entre los niños y jóvenes, valores de respeto a la ley, formarlos como ciudadanas y ciudadanos capaces de transformar una realidad de ilegalidad, corrupción e impunidad.
Nuestra estrategia debe tener también un sólido componente preventivo. Por eso estamos trabajando en el fortalecimiento de la confianza ciudadana y en la recuperación de los espacios que habían sido tomados por la delincuencia.
Ofrezco, nuevamente, el respaldo del Gobierno Federal para poder seguir avanzando en el Programa de Rescate de Espacios Públicos. Hasta la fecha, han sido más de dos mil puntos en el país que han sido rescatados, rehabilitados como espacios deportivos o culturales y entregados a los ciudadanos. Es fundamental avanzar muchísimo más rápido.
El Programa Escuela Segura, por su parte, ya cuenta con más de 12 mil escuelas en todo el país, de educación básica, donde padres de familia, maestros y aún los propios estudiantes, están trabajando para transformar, primero, su escuela en un entorno seguro, libre de violencia, pandillas, armas y drogas, pero también su comunidad en una comunidad segura.
Y, finalmente, los Centros Nueva Vida, de los cuales se han establecido más de 300 en el país, están iniciando una nueva política pública de prevención y tratamiento de adicciones, pero tenemos que ir mucho más aprisa y mucho más rápido; porque sumada la acción del Gobierno Federal, con la de los gobiernos estatales y municipales, incluso la acción de la sociedad civil, no es suficiente para alcanzar el rápido crecimiento en la tasa de adicciones entre los adolescentes e incluso entre los niños en el país.
Estoy convencido, amigas y amigos, que sólo con una sociedad fuerte, sólo con una ciudadanía fuerte, que ayude a prevenir, a denunciar, a exigir a las autoridades que rechace la ilegalidad, podremos, verdaderamente, construir el México seguro al que todos aspiramos.
Señoras y señores, amigas y amigos:
México vive un momento clave en la lucha por su seguridad. Debemos ser capaces de superar inercias, obstáculos y adversidades. Y haciendo uso de todas nuestras fuerzas, lograr los avances que queremos, transformar los procesos e instituciones que nos sean verdaderamente útiles para el propósito que buscamos.
México está viviendo algunas de las consecuencias de haber permitido una penetración amplia, generalizada de la corrupción, la impunidad y, a final de cuentas, la criminalidad en nuestra sociedad.
Pero, por otra parte, día con día somos testigos de actos de violencia que generan confusión y temor entre la sociedad, y que están muchos de ellos dirigidos, precisamente, a crear dudas, infundir desesperanza y hacer desistir a las autoridades del combate a la delincuencia.
Por eso, hoy les digo a los mexicanos que no debemos perder de vista nuestro objetivo en esta lucha: construir un México de orden y de leyes, que requiere no sólo voluntad, sino perseverancia, firmeza y determinación en la acción.
Un país como el que queremos, un país donde quien cometa un crimen sin importar su origen, posición económica o social, pague por sus actos, requiere el compromiso de todos y, en primer lugar, de quienes estamos al frente de las responsabilidades públicas.
Nuestro objetivo es convertir a México en un país donde se proteja al inocente, donde las víctimas de la delincuencia sean lo más importante en cualquier proceso judicial, donde las autoridades estén verdaderamente comprometidas, con actos, con la legalidad y el combate a la impunidad.
Un país, como dijo Gaby hace un momento, donde no haya miedo, donde las familias puedan caminar tranquilas por las calles, sin miedo al robo o al secuestro, sin vivir el dolor de un ser querido privado de su libertad impunemente y sin saber cuándo terminará su sufrimiento.
Costará trabajo, tomará tiempo, pero sé, amigas y amigos, que lo vamos a lograr. Ese es nuestro objetivo y no daremos un paso atrás hasta conseguirlo, porque tenemos un Estado fuerte, capaz de afrontar en toda su magnitud el reto de la inseguridad.
Porque somos millones y millones de mexicanos, la inmensa mayoría de la sociedad, que no está dispuesta a vivir ni a resignarse frente a la incertidumbre y al miedo.
Porque no vamos a condenar a nuestros hijos a un futuro de violencia. Porque el miedo no pasará a transformarse en parálisis, en lo que toca a las instituciones públicas.
Porque sólo habrá progreso para México si logramos brindar seguridad y justicia para todos.
Esa es nuestra finalidad, y para alcanzarla, habremos de impulsar nuestra estrategia con convicción, pero también tenemos que ser capaces de evaluarla y revisarla cuantas veces sea necesario, para hacerla más eficaz y contundente.
Y por eso manifiesto a México Unido Contra la Delincuencia y a su nueva directiva, la voluntad del Gobierno Federal de revisar nuestras acciones, de replantear nuestras estrategias cuantas veces sea necesario para que éstas sean cada día más eficaces.
Tenemos con qué ganarle a la delincuencia y lo vamos a lograr. Yo invito a México Unido y a toda la sociedad a que no declinemos, a que sigamos sumando esfuerzos para construir un país de orden y libertades, a que dejemos atrás la sombra de la delincuencia y le devolvamos a nuestro México la esperanza de un futuro de seguridad y de paz, un futuro de justicia y de dignidad, un futuro donde todos podamos, verdaderamente, por vivir en un México libre, vivir, verdaderamente, mejor.
Enhorabuena, y muchísimo éxito en esta nueva etapa de México Unido Contra la Delincuencia.
Muchas gracias.
***
Algunas intervenciones en la Toma de Protesta del Consejo Directivo
-DRA. MARÍA ELENA MORERA MITRE: Hace casi 12 años México Unido Contra la Delincuencia surgió de la necesidad de estrechar la colaboración entre autoridades y ciudadanos en materia de seguridad pública.
Quiero hacer patente mi agradecimiento y mi reconocimiento a la señora Josefina Ricaño de Nava, Fundadora y Presidenta Honoraria de esta organización. Ella y un grupo de ciudadanos transformaron su dolor en un proyecto para exigir cuentas a las autoridades, dar apoyo a las víctimas, y es gracias a ellos que hoy podemos estar aquí recapitulando los logros y señalando los desafíos.
“Hoy le damos la bienvenida a Ana Franco de Wattnem como Presidenta de esta organización, con quien he tenido el gusto de trabajar durante varios años y llega a la Presidencia con gran energía y decisión. Su trayectoria y conocimientos de la organización garantizan el éxito en la continuidad de los programas existentes y el impulso de nuevos objetivos.”
“Quiero reconocer el apoyo que recibimos de parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de todos los órdenes de Gobierno. Hago especial énfasis en la firme voluntad política del Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para enfrentar la lucha más importante que sostiene México: en contra de la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Requerimos que los gobernadores sigan sumándose a este gran esfuerzo para atender las demandas más urgentes de la sociedad, y que ello trascienda sexenios y ciclos electorales.
Celebramos la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Penal, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Comunicaciones y otras importantes leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
Pero aún falta aterrizar todas estas reformas constitucionales para que se apliquen en leyes correctamente, lo que es fundamental para fortalecer y reconstruir nuestras instituciones de seguridad y de justicia en todo el país.
Reconocemos también al Poder Judicial, que ha permitido que hoy tenga un mayor escrutinio por parte de la sociedad civil en la impartición de justicia.
Aún reconociendo que muchas autoridades han puesto lo mejor de sí para consolidar políticas de seguridad pública a largo plazo, sabemos que todos, incluyendo a la propia sociedad, hemos sido incapaces de reconstruir el tejido social, que es la única política que puede detener, efectivamente, el delito; porque hablar de delincuencia no es hablar de policías y de ladrones.
Durante mi gestión, por los estudios a los que he tenido acceso y por las pláticas con cientos de actores en todo el país, puedo decir que a lo largo de muchos años hemos cometido un gran error. La ausencia de una política de Estado en materia de seguridad pública.
Requerimos una política que sea integral, que vincule a detalle las acciones de los tres órdenes de Gobierno y de los distintos poderes públicos con la sociedad, porque lo que necesitamos es recuperar nuestra tranquilidad.
Algunos de los que estamos el día de hoy aquí presentes, estuvimos hace 200 días en una reunión de emergencia, en la que se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Quizá, quizá, ese ha sido el documento más completo de una política de Estado, pero sigue siendo un documento que muchos firmaron, pero pocos, pocos trabajan para fortalecerlo y desarrollarlo.
Nosotros como sociedad debemos vigilar que éste se fortalezca y exigir que se cumpla. Somos conscientes de la parte que nos toca como ciudadanos y lo hemos demostrado dentro de la organización.
Hoy México Unido Contra la Delincuencia se siente honrado de haber realizado varias evaluaciones a las autoridades, porque estamos para exigir, por supuesto, para evaluar y para sumar esfuerzos.
Y también construimos el Observatorio Ciudadano. Estoy segura que este es un instrumento estratégico en la cooperación entre sociedad y el Gobierno, en la consecución de objetivos comunes; sin embargo, falta mucho por hacer.
Después de cinco años tengo que reconocer, no sin frustración, que puedo repetir un párrafo del discurso de la toma de protesta del 2004, que decía: México atraviesa por un estado severo de deterioro social, económico y moral, resultado de muchos años de inercias, soluciones desatinadas y de crisis recurrentes que han lastimado el tejido social. Las familias se desintegran y los valores se relegan.
En esta cita puedo resumir lo que hemos vivido durante estos cinco años: una constante lucha por el cambio y un cambio que no termina de darse.
Necesitamos una sociedad más fuerte, mucho más solidaria y mucho más organizaciones civiles que impulsen los cambios que requerimos; y necesitamos hacerlos con exigencia y de la mano de quienes desde el Gobierno quieren apoyar a México, con quienes no luchan por el poder, sino por la justicia y la equidad, valores a los que deben servir siempre las instituciones públicas del país.
Me retiro de la Presidencia de México Unido Contra la Delincuencia, pero no retiro mi compromiso con la consolidación de un país democrático y de leyes que queremos para nuestra familia, y mantengo mi compromiso para trabajar por una política de prevención del delito, para trabajar también con cualquier persona que necesite una voz que se sume a la suya para denunciar la injusticia.
Agradezco profundamente el apoyo de todos los medios de comunicación, ellos son actores con una responsabilidad especial, y fueron aliados valiosísimos en esta lucha. A ustedes todo mi reconocimiento.
México Unido Contra la Delincuencia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque me permitió ayudar a los demás en una escala que nunca lo había soñado; sin embargo, no lo habría logrado de no ser por el apoyo y la comprensión de mi familia. Ellos me permitieron sacrificar su tiempo para luchar por un México más justo, por un México libre. A ellos, a ellos les agradezco en primer lugar.
Gabriela Ulloa Conde, representante de nuestra sociedad.
Soy Gaby y soy una de las tantas víctimas de la delincuencia y crueldad que hoy se vive en México. El pasado 22 de mayo fui secuestrada. Estaba llena de miedo, desesperada, enojada, triste, decepcionada de la crueldad humana de este país y de que existan personas que dañan a otras de la manera en que me dañaron a mí, y sólo por la ambición del dinero.
Hoy, después de esta terrible pesadilla, me encuentro aquí gracias a todo el amor y apoyo que me dieron mis seres queridos e, incluso, gente que aún sin conocerme ayudó a mi familia a seguir en pie para sobrevivir durante tantos meses, ya que lamentablemente un secuestro no sólo afecta al secuestrado, sino a todo su entorno social: familia, amigos, escuela, vecinos, etcétera.
Y tal vez parezca que eso de los secuestros está muy lejos de nosotros y que jamás nos va a pasar. Yo jamás lo vi venir, pensando que esto estaba muy lejos de mí. Sin embargo, pasó.
Es tiempo de que nos demos cuenta. No, más bien que queramos abrir nuestros ojos ante esta realidad para poder enfrentarla y dejar a un lado la indiferencia.
Las personas que vivimos en este país queremos la libertad y la seguridad de poder salir a la calle sin miedo, y dejar de tener que apagar las noticias porque lo único que pasan es más violencia y la delincuencia que se vive en este momento en nuestro país.
Así que todos nosotros tenemos que unirnos para actuar en contra de esto y exigir que pare, que los policías y funcionarios corruptos sean destituidos inmediatamente de sus cargos y que reciban un castigo ejemplar. Que se tenga el equipo necesario y la voluntad para que el Departamento de Inteligencia pueda hacer su trabajo y tengan la capacitación suficiente para resolver los casos.
No podemos ni debemos olvidar a las víctimas, porque el olvido nos lleva a cometer los mismos errores.
Tenemos que exigir que cada día existan menos víctimas, hasta que logremos un México sin delincuencia. Hay que empezar nosotros, respetando y promoviendo los valores y principios para que esto jamás se repita.
Queremos un México libre, pero sobre todo, sin miedo. Yo soy una sobreviviente, pero hay muchas víctimas que lamentablemente no sobreviven y sus familiares y amigos quedamos con una herida inmensa en el alma.
Agradezco de todo corazón a toda la gente que me ayudó. Y hoy en día, a pesar de todo, soy una buena persona, ya que lo que no te mata te hace más fuerte.
-DRA. MARÍA ELENA MORERA MITRE: Hace casi 12 años México Unido Contra la Delincuencia surgió de la necesidad de estrechar la colaboración entre autoridades y ciudadanos en materia de seguridad pública.
Quiero hacer patente mi agradecimiento y mi reconocimiento a la señora Josefina Ricaño de Nava, Fundadora y Presidenta Honoraria de esta organización. Ella y un grupo de ciudadanos transformaron su dolor en un proyecto para exigir cuentas a las autoridades, dar apoyo a las víctimas, y es gracias a ellos que hoy podemos estar aquí recapitulando los logros y señalando los desafíos.
“Hoy le damos la bienvenida a Ana Franco de Wattnem como Presidenta de esta organización, con quien he tenido el gusto de trabajar durante varios años y llega a la Presidencia con gran energía y decisión. Su trayectoria y conocimientos de la organización garantizan el éxito en la continuidad de los programas existentes y el impulso de nuevos objetivos.”
“Quiero reconocer el apoyo que recibimos de parte del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de todos los órdenes de Gobierno. Hago especial énfasis en la firme voluntad política del Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para enfrentar la lucha más importante que sostiene México: en contra de la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Requerimos que los gobernadores sigan sumándose a este gran esfuerzo para atender las demandas más urgentes de la sociedad, y que ello trascienda sexenios y ciclos electorales.
Celebramos la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Penal, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Comunicaciones y otras importantes leyes aprobadas por el Poder Legislativo.
Pero aún falta aterrizar todas estas reformas constitucionales para que se apliquen en leyes correctamente, lo que es fundamental para fortalecer y reconstruir nuestras instituciones de seguridad y de justicia en todo el país.
Reconocemos también al Poder Judicial, que ha permitido que hoy tenga un mayor escrutinio por parte de la sociedad civil en la impartición de justicia.
Aún reconociendo que muchas autoridades han puesto lo mejor de sí para consolidar políticas de seguridad pública a largo plazo, sabemos que todos, incluyendo a la propia sociedad, hemos sido incapaces de reconstruir el tejido social, que es la única política que puede detener, efectivamente, el delito; porque hablar de delincuencia no es hablar de policías y de ladrones.
Durante mi gestión, por los estudios a los que he tenido acceso y por las pláticas con cientos de actores en todo el país, puedo decir que a lo largo de muchos años hemos cometido un gran error. La ausencia de una política de Estado en materia de seguridad pública.
Requerimos una política que sea integral, que vincule a detalle las acciones de los tres órdenes de Gobierno y de los distintos poderes públicos con la sociedad, porque lo que necesitamos es recuperar nuestra tranquilidad.
Algunos de los que estamos el día de hoy aquí presentes, estuvimos hace 200 días en una reunión de emergencia, en la que se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Quizá, quizá, ese ha sido el documento más completo de una política de Estado, pero sigue siendo un documento que muchos firmaron, pero pocos, pocos trabajan para fortalecerlo y desarrollarlo.
Nosotros como sociedad debemos vigilar que éste se fortalezca y exigir que se cumpla. Somos conscientes de la parte que nos toca como ciudadanos y lo hemos demostrado dentro de la organización.
Hoy México Unido Contra la Delincuencia se siente honrado de haber realizado varias evaluaciones a las autoridades, porque estamos para exigir, por supuesto, para evaluar y para sumar esfuerzos.
Y también construimos el Observatorio Ciudadano. Estoy segura que este es un instrumento estratégico en la cooperación entre sociedad y el Gobierno, en la consecución de objetivos comunes; sin embargo, falta mucho por hacer.
Después de cinco años tengo que reconocer, no sin frustración, que puedo repetir un párrafo del discurso de la toma de protesta del 2004, que decía: México atraviesa por un estado severo de deterioro social, económico y moral, resultado de muchos años de inercias, soluciones desatinadas y de crisis recurrentes que han lastimado el tejido social. Las familias se desintegran y los valores se relegan.
En esta cita puedo resumir lo que hemos vivido durante estos cinco años: una constante lucha por el cambio y un cambio que no termina de darse.
Necesitamos una sociedad más fuerte, mucho más solidaria y mucho más organizaciones civiles que impulsen los cambios que requerimos; y necesitamos hacerlos con exigencia y de la mano de quienes desde el Gobierno quieren apoyar a México, con quienes no luchan por el poder, sino por la justicia y la equidad, valores a los que deben servir siempre las instituciones públicas del país.
Me retiro de la Presidencia de México Unido Contra la Delincuencia, pero no retiro mi compromiso con la consolidación de un país democrático y de leyes que queremos para nuestra familia, y mantengo mi compromiso para trabajar por una política de prevención del delito, para trabajar también con cualquier persona que necesite una voz que se sume a la suya para denunciar la injusticia.
Agradezco profundamente el apoyo de todos los medios de comunicación, ellos son actores con una responsabilidad especial, y fueron aliados valiosísimos en esta lucha. A ustedes todo mi reconocimiento.
México Unido Contra la Delincuencia ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, porque me permitió ayudar a los demás en una escala que nunca lo había soñado; sin embargo, no lo habría logrado de no ser por el apoyo y la comprensión de mi familia. Ellos me permitieron sacrificar su tiempo para luchar por un México más justo, por un México libre. A ellos, a ellos les agradezco en primer lugar.
Gabriela Ulloa Conde, representante de nuestra sociedad.
Soy Gaby y soy una de las tantas víctimas de la delincuencia y crueldad que hoy se vive en México. El pasado 22 de mayo fui secuestrada. Estaba llena de miedo, desesperada, enojada, triste, decepcionada de la crueldad humana de este país y de que existan personas que dañan a otras de la manera en que me dañaron a mí, y sólo por la ambición del dinero.
Hoy, después de esta terrible pesadilla, me encuentro aquí gracias a todo el amor y apoyo que me dieron mis seres queridos e, incluso, gente que aún sin conocerme ayudó a mi familia a seguir en pie para sobrevivir durante tantos meses, ya que lamentablemente un secuestro no sólo afecta al secuestrado, sino a todo su entorno social: familia, amigos, escuela, vecinos, etcétera.
Y tal vez parezca que eso de los secuestros está muy lejos de nosotros y que jamás nos va a pasar. Yo jamás lo vi venir, pensando que esto estaba muy lejos de mí. Sin embargo, pasó.
Es tiempo de que nos demos cuenta. No, más bien que queramos abrir nuestros ojos ante esta realidad para poder enfrentarla y dejar a un lado la indiferencia.
Las personas que vivimos en este país queremos la libertad y la seguridad de poder salir a la calle sin miedo, y dejar de tener que apagar las noticias porque lo único que pasan es más violencia y la delincuencia que se vive en este momento en nuestro país.
Así que todos nosotros tenemos que unirnos para actuar en contra de esto y exigir que pare, que los policías y funcionarios corruptos sean destituidos inmediatamente de sus cargos y que reciban un castigo ejemplar. Que se tenga el equipo necesario y la voluntad para que el Departamento de Inteligencia pueda hacer su trabajo y tengan la capacitación suficiente para resolver los casos.
No podemos ni debemos olvidar a las víctimas, porque el olvido nos lleva a cometer los mismos errores.
Tenemos que exigir que cada día existan menos víctimas, hasta que logremos un México sin delincuencia. Hay que empezar nosotros, respetando y promoviendo los valores y principios para que esto jamás se repita.
Queremos un México libre, pero sobre todo, sin miedo. Yo soy una sobreviviente, pero hay muchas víctimas que lamentablemente no sobreviven y sus familiares y amigos quedamos con una herida inmensa en el alma.
Agradezco de todo corazón a toda la gente que me ayudó. Y hoy en día, a pesar de todo, soy una buena persona, ya que lo que no te mata te hace más fuerte.
***
Ana Franco de Wattnem, Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, Asociación Civil.
Este es un momento muy emotivo para todos nosotros, para nuestro Consejo. Gracias a todos los presentes.
Señor Presidente de la República, licenciado Calderón Hinojosa; señor Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora; señor Secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna; amigos, amigas, representantes de la sociedad civil, compañeras y compañeros de todos los medios de comunicación, gracias por encontrarse esta mañana aquí; miembros del Consejo Directivo de México Unido Contra la Delincuencia. Gracias.
Por supuesto, a José, María Elena y la consentida de la mañana, Gaby Ulloa, buenos días. Gracias por estar aquí.
Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, y a aquellos que por alguna razón no están esta mañana con nosotros. Agradezco a todos cada una de sus palabras, gracias por sus expresiones de apoyo, gracias por su sugerencias y consejos, pero sobre todo gracias por su confianza.
México Unido Contra la Delincuencia surge del profundo dolor de una mujer con un corazón muy fuerte. Gracias a su perseverancia, el amor de su familia y la solidaridad de sus amigos fue posible la conformación de México Unido en 1997, me refiero, por supuesto, a la señora Josefina Ricaño de Nava, Presidenta Honoraria y Fundadora de esta organización.
En el 2004 toma la Presidencia otra mujer, María Elena Morera de Galindo, una mujer, una líder nata, una mujer valiente que no dudó ni por un momento en levantar la voz y cuestionar el desempeño de nuestras autoridades en materia de prevención de delito, de reinserción social y, sobre todo, de procuración y administración de justicia.
Tampoco dudó en presentar sus propuestas y crear los programas que hoy conforman la estructura de esta organización.
Gracias a ambas y a todos sus consejeros, asesores y voluntarias, México Unido Contra la Delincuencia es hoy un referente de exigencia ciudadana responsable.
Gracias y mi reconocimiento a todos ellos.
Hoy se me distingue con el honor de ser Presidente de esta Asociación. Asumo la responsabilidad junto a mi Consejo Directivo, con el respaldo de mis asesores, con el trabajo de mis compañeros, con la compresión de mis amigos y, por supuesto, con el amor de mi familia.
Mi compromiso es trabajar para alcanzar los objetivos de la organización y de cada uno de los programas que ya la componen, e incidir en la mejor medida para generar un impacto positivo en la sociedad.
Prometo apegarme estrictamente a la misión, conducirme con los lineamientos y valores que caracterizan esta Asociación, representando con dignidad los derechos de los ciudadanos y los derechos de las víctimas.
Dirigiré proyectos y acciones que nos lleven a vivir en un México unido contra la delincuencia.
Esta misión que inicio hoy, lo primero que mis amigos y mis compañeros me preguntaron siempre, cuando acepté este cargo fue: oye, Ana, cuál es el peligro que tú percibes más grave en este país.
Y, sin dudar, les he contestado a todos que el mayor peligro que enfrenta México y todos nosotros, es permanecer inmóviles, es esperar que algo o alguien solucione nuestros problemas. Nosotros no lo haremos.
Nosotros no nos cansaremos y seguiremos trabajando, porque no estamos resignados.
El panorama no es alentador: más de un millón y medio de delitos se cometen anualmente en este país.
En un año se han iniciado más de 500 averiguaciones previas por el delito de secuestro. La cifra negra a nivel nacional es de 87 por ciento.
Cientos de ejecutados en el año presente y, por supuesto, tenemos unas cárceles sobrepobladas.
Esta realidad no nos gusta y no nos la merecemos. Por ello, necesitamos la voluntad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros y no podemos permitir la apatía.
Nosotros no podemos seguir viviendo en un mundo y hablando de un mundo que no se apega a la realidad. Debemos regresar nuestras espaldas y hablar de frente.
Para ser un país legal sólo se necesita la voluntad de serlo. Como sociedad debemos estar conscientes que la valentía no es suficiente.
Para recuperar los años de abandono, de descuido, de corrupción e impunidad que caracterizaron el sistema de seguridad y justicia en nuestro país y que nosotros los ciudadanos lo toleramos e, inclusive, hemos sido cómplices.
Esta triste aceptación, es triste aceptar que los resultados que esperamos no se van a reflejar a corto plazo. Sin embargo, hoy es más temprano que mañana.
La exigencia social se asentará en cambios que trasciendan sexenios. Esta Presidencia estará abierta a la colaboración objetiva, imparcial y constructiva, pero también señalará los errores o intentos de ocultar información o solapar las ineficiencias.
En los últimos años hemos visto avances y reformas; pero también hemos visto que muchos otros persisten. La sociedad ya está cansada; la delincuencia sigue evolucionando hasta expresiones nunca antes vistas.
Ahora los delincuentes extorsionan y amenazan con mayor impunidad, pues han transitado de un esquema de operación individual al gremial, dado que sus fechorías se dirigen ahora a las organizaciones patronales y a las presidencias municipales, amenazando colectivamente.
Hasta dónde llegaremos, a los secuestros colectivos. Ya es momento de tomar medidas contundentes.
Y la sociedad, la sociedad qué juega, qué papel juega en esto.
Bueno, los ciudadanos debemos aprender a multiplicar el número de ojos y voluntades que exigen resultados, fortaleciendo las redes sociales y comunitarias, exigiendo mayor colaboración entre los órganos de Gobierno y los Poderes de la Unión, incrementando los espacios de denuncia, desarrollando instrumentos de monitoreo y cambiando la perspectiva punitiva para evitar caer en la tentación de sólo castigar con rigor y no construir y ofrecer alternativas sociales reales, para que los jóvenes que han encontrado en la delincuencia un espacio para sobrevivir se les presente otra alternativa.
Las acciones militares y policiales no deben ser la única arma para mejorar la seguridad, es urgente invertir en programas de prevención del delito. Será una de las mejores formas de equilibrar el problema de la inseguridad.
La seguridad de este país debe ser un compromiso común de los que no se distinguen por su color y por su ideología. Este tipo de compromisos contribuyen para transitar a una democracia sólida. Necesitamos acciones inmediatas, que la sociedad no se sienta ignorada, que la voluntad de nuestros gobernantes demuestren que enfrentan la problemática y se sensibilizan con la ciudadanía.
Nuestro reclamo es atacar directamente el problema de extorsión. Implementar acciones inmediatas que erradiquen la extorsión telefónica que lo hacen desde las prisiones.
No debería existir un teléfono celular en prisión. Debemos realizar operativos e inspecciones periódicas y someter mejores estrategias de control de confianza a los custodios.
Investigar, perseguir y encarcelar secuestradores es un avance que reconocemos; sin embargo, estos logros se ven empañados, por el cinismo del delincuente, corrupción de autoridades y nuevamente impunidad.
Es un hecho que este tipo de delito, en un gran porcentaje no llega a consumarse; sería un delito, por supuesto no consumado. Pero, sin embargo, no dejamos de resaltar que existe corrupción y que, por supuesto, aumenta la percepción de inseguridad en este país.
Por tanto, solicitamos a todas las autoridades encargadas en esta materia poner especial atención al delito de extorsión telefónica.
Estaremos atentos a las fechas de publicación y contenidos para aplicar la reforma al sistema de justicia penal, aprobado en junio del año pasado; a la ejecución de las reformas pertinentes y evitar el papeleo burocrático, en los que tome más tiempo la organización administrativa que el trabajo sustantivo que genera resultados.
Seguiremos al pendiente del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que parece haberse diluido. Exigiremos información sobre los resultados y enteraremos puntualmente a la ciudadanía.
He sentido, con cada víctima que conozco, que no puedo dedicarme a otra cosa; ellos son mi motivación, mi energía para realizar este trabajo. El dolor tiene rostro, el dolor tiene una mirada triste, el dolor interrumpe los sueños. La injusticia no se olvida jamás.
Debemos promover un cambio y trabajar juntos, autoridades y sociedad, por un México unido contra la delincuencia. Gracias.
***
El Consejo Directivo 2009-2012, quedó integrado de la siguiente forma:
Ana Franco de Wattnem, Presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, Asociación Civil.
Este es un momento muy emotivo para todos nosotros, para nuestro Consejo. Gracias a todos los presentes.
Señor Presidente de la República, licenciado Calderón Hinojosa; señor Procurador General de la República, licenciado Eduardo Medina Mora; señor Secretario de Seguridad Pública, ingeniero Genaro García Luna; amigos, amigas, representantes de la sociedad civil, compañeras y compañeros de todos los medios de comunicación, gracias por encontrarse esta mañana aquí; miembros del Consejo Directivo de México Unido Contra la Delincuencia. Gracias.
Por supuesto, a José, María Elena y la consentida de la mañana, Gaby Ulloa, buenos días. Gracias por estar aquí.
Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, y a aquellos que por alguna razón no están esta mañana con nosotros. Agradezco a todos cada una de sus palabras, gracias por sus expresiones de apoyo, gracias por su sugerencias y consejos, pero sobre todo gracias por su confianza.
México Unido Contra la Delincuencia surge del profundo dolor de una mujer con un corazón muy fuerte. Gracias a su perseverancia, el amor de su familia y la solidaridad de sus amigos fue posible la conformación de México Unido en 1997, me refiero, por supuesto, a la señora Josefina Ricaño de Nava, Presidenta Honoraria y Fundadora de esta organización.
En el 2004 toma la Presidencia otra mujer, María Elena Morera de Galindo, una mujer, una líder nata, una mujer valiente que no dudó ni por un momento en levantar la voz y cuestionar el desempeño de nuestras autoridades en materia de prevención de delito, de reinserción social y, sobre todo, de procuración y administración de justicia.
Tampoco dudó en presentar sus propuestas y crear los programas que hoy conforman la estructura de esta organización.
Gracias a ambas y a todos sus consejeros, asesores y voluntarias, México Unido Contra la Delincuencia es hoy un referente de exigencia ciudadana responsable.
Gracias y mi reconocimiento a todos ellos.
Hoy se me distingue con el honor de ser Presidente de esta Asociación. Asumo la responsabilidad junto a mi Consejo Directivo, con el respaldo de mis asesores, con el trabajo de mis compañeros, con la compresión de mis amigos y, por supuesto, con el amor de mi familia.
Mi compromiso es trabajar para alcanzar los objetivos de la organización y de cada uno de los programas que ya la componen, e incidir en la mejor medida para generar un impacto positivo en la sociedad.
Prometo apegarme estrictamente a la misión, conducirme con los lineamientos y valores que caracterizan esta Asociación, representando con dignidad los derechos de los ciudadanos y los derechos de las víctimas.
Dirigiré proyectos y acciones que nos lleven a vivir en un México unido contra la delincuencia.
Esta misión que inicio hoy, lo primero que mis amigos y mis compañeros me preguntaron siempre, cuando acepté este cargo fue: oye, Ana, cuál es el peligro que tú percibes más grave en este país.
Y, sin dudar, les he contestado a todos que el mayor peligro que enfrenta México y todos nosotros, es permanecer inmóviles, es esperar que algo o alguien solucione nuestros problemas. Nosotros no lo haremos.
Nosotros no nos cansaremos y seguiremos trabajando, porque no estamos resignados.
El panorama no es alentador: más de un millón y medio de delitos se cometen anualmente en este país.
En un año se han iniciado más de 500 averiguaciones previas por el delito de secuestro. La cifra negra a nivel nacional es de 87 por ciento.
Cientos de ejecutados en el año presente y, por supuesto, tenemos unas cárceles sobrepobladas.
Esta realidad no nos gusta y no nos la merecemos. Por ello, necesitamos la voluntad de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros y no podemos permitir la apatía.
Nosotros no podemos seguir viviendo en un mundo y hablando de un mundo que no se apega a la realidad. Debemos regresar nuestras espaldas y hablar de frente.
Para ser un país legal sólo se necesita la voluntad de serlo. Como sociedad debemos estar conscientes que la valentía no es suficiente.
Para recuperar los años de abandono, de descuido, de corrupción e impunidad que caracterizaron el sistema de seguridad y justicia en nuestro país y que nosotros los ciudadanos lo toleramos e, inclusive, hemos sido cómplices.
Esta triste aceptación, es triste aceptar que los resultados que esperamos no se van a reflejar a corto plazo. Sin embargo, hoy es más temprano que mañana.
La exigencia social se asentará en cambios que trasciendan sexenios. Esta Presidencia estará abierta a la colaboración objetiva, imparcial y constructiva, pero también señalará los errores o intentos de ocultar información o solapar las ineficiencias.
En los últimos años hemos visto avances y reformas; pero también hemos visto que muchos otros persisten. La sociedad ya está cansada; la delincuencia sigue evolucionando hasta expresiones nunca antes vistas.
Ahora los delincuentes extorsionan y amenazan con mayor impunidad, pues han transitado de un esquema de operación individual al gremial, dado que sus fechorías se dirigen ahora a las organizaciones patronales y a las presidencias municipales, amenazando colectivamente.
Hasta dónde llegaremos, a los secuestros colectivos. Ya es momento de tomar medidas contundentes.
Y la sociedad, la sociedad qué juega, qué papel juega en esto.
Bueno, los ciudadanos debemos aprender a multiplicar el número de ojos y voluntades que exigen resultados, fortaleciendo las redes sociales y comunitarias, exigiendo mayor colaboración entre los órganos de Gobierno y los Poderes de la Unión, incrementando los espacios de denuncia, desarrollando instrumentos de monitoreo y cambiando la perspectiva punitiva para evitar caer en la tentación de sólo castigar con rigor y no construir y ofrecer alternativas sociales reales, para que los jóvenes que han encontrado en la delincuencia un espacio para sobrevivir se les presente otra alternativa.
Las acciones militares y policiales no deben ser la única arma para mejorar la seguridad, es urgente invertir en programas de prevención del delito. Será una de las mejores formas de equilibrar el problema de la inseguridad.
La seguridad de este país debe ser un compromiso común de los que no se distinguen por su color y por su ideología. Este tipo de compromisos contribuyen para transitar a una democracia sólida. Necesitamos acciones inmediatas, que la sociedad no se sienta ignorada, que la voluntad de nuestros gobernantes demuestren que enfrentan la problemática y se sensibilizan con la ciudadanía.
Nuestro reclamo es atacar directamente el problema de extorsión. Implementar acciones inmediatas que erradiquen la extorsión telefónica que lo hacen desde las prisiones.
No debería existir un teléfono celular en prisión. Debemos realizar operativos e inspecciones periódicas y someter mejores estrategias de control de confianza a los custodios.
Investigar, perseguir y encarcelar secuestradores es un avance que reconocemos; sin embargo, estos logros se ven empañados, por el cinismo del delincuente, corrupción de autoridades y nuevamente impunidad.
Es un hecho que este tipo de delito, en un gran porcentaje no llega a consumarse; sería un delito, por supuesto no consumado. Pero, sin embargo, no dejamos de resaltar que existe corrupción y que, por supuesto, aumenta la percepción de inseguridad en este país.
Por tanto, solicitamos a todas las autoridades encargadas en esta materia poner especial atención al delito de extorsión telefónica.
Estaremos atentos a las fechas de publicación y contenidos para aplicar la reforma al sistema de justicia penal, aprobado en junio del año pasado; a la ejecución de las reformas pertinentes y evitar el papeleo burocrático, en los que tome más tiempo la organización administrativa que el trabajo sustantivo que genera resultados.
Seguiremos al pendiente del cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Nacional de Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que parece haberse diluido. Exigiremos información sobre los resultados y enteraremos puntualmente a la ciudadanía.
He sentido, con cada víctima que conozco, que no puedo dedicarme a otra cosa; ellos son mi motivación, mi energía para realizar este trabajo. El dolor tiene rostro, el dolor tiene una mirada triste, el dolor interrumpe los sueños. La injusticia no se olvida jamás.
Debemos promover un cambio y trabajar juntos, autoridades y sociedad, por un México unido contra la delincuencia. Gracias.
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El Consejo Directivo 2009-2012, quedó integrado de la siguiente forma:
Ana Franco de Wattnem, Presidenta
Juan Francisco Torres Landa Ruffo, Secretario
Armando Santacruz González, Tesorero
Vocales: Amanda J. Berenstein Lerikstein, Guillermo Alfredo Reyes Esparza, Jorge Richaud Martínez, Adriana Ferrer Bermúdez, Aliza Klip de Chelminsky, Fernando Ramos Casas, Giullinano Lopresti Goraieb, Nelia Tello Peón, Oscar Márquez Cristerna, José Pablo Girault Ruíz Rafael Nava Ricaño, Roy Campos Esquerra y Gustavo Alanis Ortega.
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