Proceso Vs Televisa

Campaña facciosa desde el gobierno José Gil Olmos
Proceso # 1779, 5 de diciembre de 2010

Para el senador priista Manlio Fabio Beltrones las acusaciones de un presunto narcotraficante contra Proceso y Ricardo Ravelo, reportero del semanario, son ejemplo del uso faccioso que el gobierno hace de ciertas figuras jurídicas –el testigo protegido, el arraigo…– para atacar a quienes le resultan incómodos. “Aquí se le ha exigido a un delincuente hacer declaraciones contra un medio de comunicación incómodo, poniendo en duda todo el trabajo periodístico que lleva a cabo”, afirma, y considera “evidente que (las más altas autoridades del país) han orquestado una campaña” contra el semanario. Ante ello, dice el presidente de la Mesa Directiva del Senado, “tenemos que alzar la voz para denunciarlo y que eso no vuelva a ocurrir”.

Para el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, el programa de testigos protegidos se está usando con fines facciosos para atacar a los enemigos del gobierno o a los medios que le son incómodos. Cita las declaraciones de Sergio Villarreal El Grande contra Proceso y Ricardo Ravelo, reportero del semanario, a los que acusa de recibir dinero del narcotráfico, que Televisa difundió el miércoles 1 en su noticiero nocturno.

El coordinador del PRI en el Senado aceptó hablar con este semanario el mediodía del jueves 2 al mismo tiempo que los reporteros de Televisa buscaban a legisladores que les dieran declaraciones a modo para criticar a Proceso. No todos accedieron: el senador potosino Carlos Jiménez Macías, por ejemplo, se negó a seguirles el juego y rechazó dar una entrevista que se transmitiría en los noticieros de la televisora, desde donde siguieron machacando con las declaraciones de El Grande.

El senador sonorense afirma: “Esto revive en mí un viejo debate sobre el uso faccioso que gobiernos con tentaciones autoritarias pueden estar haciendo de instrumentos que (…)  buscaron combatir a la delincuencia y que hoy son usados como armas políticas para combatir adversarios o a medios de comunicación incómodos. 

“Algo así le toca ahora sufrir a Proceso. En el pasado algunos otros, incluido yo, hemos tenido que resolver”, asegura, “versiones mentirosas o calumniosas de algunos delincuentes quienes hacen aseveraciones que la misma autoridad perversamente les sugiere para que gocen de beneficios después de haber cometido delitos.

“¿Quién podría confiar en estos procedimientos que hoy, al ser utilizados políticamente, quedan lastimados para cualquier acción en el futuro?”, pregunta.

Recuerda que en mayo de 2009 el gobierno federal, con base en declaraciones de un testigo protegido, acusó a 30 funcionarios michoacanos de tener vínculos con el narcotráfico. De ellos, ninguno fue consignado.

Habla también del caso de la exprocuradora de Chihuahua Patricia González, quien fue acusada de tener nexos con el crimen organizado a raíz de una declaración de su hermano Mario, secuestrado y luego asesinado por un grupo criminal. A partir de esa declaración la PGR abrió una investigación contra la exfuncionaria hasta que reculó tras las observaciones que le hizo Human Rights Watch. 

“Ante el embate de grupos delincuenciales el Congreso le obsequió al gobierno de Felipe Calderón diversos instrumentos que en su naturaleza son nobles; pero al abusar de ellos la autoridad deja en la duda si no estamos auspiciando acciones de corte autoritario o fascista de las cuales nos podemos arrepentir.”

Precisa que a Calderón se le facilitaron dichos instrumentos pero nunca una patente que se prestara al abuso. “Por ello hemos estado muy atentos a la utilización de figuras jurídicas como el arraigo, los testigos protegidos y la ley de extinción de dominio”, explica.

Y apunta que el Ejecutivo federal ha abusado con fines políticos de los testigos protegidos y del arraigo. “Los ejemplos están a la vista, como el abuso que se hizo del arraigo en el llamado michoacanazo; al final resultó que todos fueron inocentes después de haber estado arraigados más de 80 días. Muchos de los afectados todavía no libran el desprestigio al que fueron sujetos tras haber sufrido esta acción sin sustento. Ese es uno de los ejemplos vivos del abuso del arraigo; hay otros ejemplos del abuso de las fórmulas rápidas que se han instrumentado para los cateos en domicilios y negocios a través de un juez de instrucción”.

A petición de Calderón

El exgobernador de Sonora destaca la importancia de las reformas a las leyes penales efectuadas en 2008 en el Congreso a petición de Calderón para que se combatiera al crimen organizado. Entre otras cosas se trataba de una actualización del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, que a pesar de haber sido creado en 1996 no había sido puesto al día. 

Hoy, a pesar de las nuevas reformas dicho programa sigue arrastrando vicios y fallas pues algunos de los testigos han sido asesinados por los mismos personajes que señalan. Fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, exsubprocurador de Tlaxcala y exinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal asesinado el 1 de diciembre de 2009 en una cafetería. Otros son obligados a declarar contra personas que no conocen y algunos más han quedado desprotegidos (Proceso 1778).

Los cambios a las leyes contra el crimen organizado también incluían cuidar el uso del arraigo, toda vez que la propuesta de Calderón, dice Beltrones, era “libérrima, dándole facultades a una autoridad para llevar a cabo un cateo en cualquier domicilio del que existiera una versión de que había sospechas ligeras de que se estaba cometiendo un delito. Ahora toca juzgar por parte de nosotros el abuso que se esté haciendo de la figura del testigo protegido”.

–¿Detrás de ese abuso que usted menciona puede haber una intencionalidad de manipulación?

–Si no es así, se le parece mucho. Aquí se le ha exigido a un delincuente hacer declaraciones contra un medio de comunicación incómodo, poniendo en duda todo el trabajo periodístico que lleva a cabo.

–¿Eso también es un peligro para la ciudadanía? 

–Es una señal de alerta para muchos de nosotros que debemos estar preocupados por el uso autoritario que se pueda hacer de estos instrumentos.

“Usted disculpe”

En 1997, con base en declaraciones de supuestos testigos protegidos de la DEA, Manlio Fabio Beltrones fue acusado de haber tenido relación con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes desde 1994. El sonorense tardó más de una década en desechar esta acusación, que considera una venganza política.

Por ello señala que nuevamente se están usando declaraciones hechas a la medida para desacreditar a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo.

“Lamentamos que como en épocas anteriores comience a prevalecer el uso político de estos instrumentos legales. Hay que recordar que en el pasado esas prácticas causaron un profundo daño a famas públicas para terminar con un ‘usted disculpe’. Lo más lamentable de la situación actual es que a pesar de las herramientas excepcionales con que cuenta el gobierno federal, los resultados que nos presentan están muy lejos de ser los que la sociedad espera y demanda.

“En lo personal conozco estas situaciones porque alguna vez he sufrido el impacto causado por una filtración políticamente intencionada, derivada de una acusación de un testigo protegido y no quisiera que en el futuro la sociedad siga siendo afectada por este tipo de manipulaciones.”

En el caso de las acusaciones de El Grande contra Proceso y Ricardo Ravelo, el priista previene contra lo que llama tentaciones del gobierno calderonista por el autoritarismo al usar a los testigos protegidos para golpear a la revista que le incomoda.

“Cualquier gobierno que no venza la tentación de utilizar su poder de manera abusiva contra sus adversarios políticos o los medios de comunicación incómodos por su libertad e independencia, estará en una ruta lamentable de actuar de manera autoritaria.” 

–Eso es muy peligroso para cualquier sociedad…

–Lo es para la democracia en México. Los avances y la madurez democrática en los últimos años se pondrían en riesgo por la irresponsable acción de un gobierno.

Subraya: “Se están usando esos instrumentos para afectar políticamente a un adversario y a un medio de comunicación que les es incómodo; es evidente que han orquestado una campaña y tenemos que alzar la voz para denunciarlo y que eso no vuelva a ocurrir. Zedillo fue uno de los primeros presidentes que usó como instrumento de venganza contra sus adversarios a los testigos protegidos; ahora parece que se quiere repetir la forma”.

Beltrones considera que habría que hacer algunos cambios a las leyes para evitar este uso faccioso de las figuras jurídicas como el arraigo, los testigos protegidos, la confiscación de bienes y las intervenciones telefónicas. 

“Muchos miembros del Congreso lamentan que estos instrumentos jurídicos que se le han dado al gobierno y que fueron concebidos de buena fe –como los del arraigo, el cateo, los testigos protegidos, las intervenciones telefónicas para aportarlas en el proceso judicial y la ley de extinción de dominio– ahora son utilizados de mala fe para agredir, difamar y atacar adversarios políticos o a medios de comunicación que están haciendo su trabajo libremente y que incomodan al gobierno.”

–¿Se equivocaron los legisladores al dar estas herramientas al Ejecutivo sin prever lo que haría con ellas?

–No si partimos de la base de que fueron concebidas de buena fe para un gobierno que insistía en que las necesitaba para poder enfrentar a una delincuencia organizada que parecía retar al Estado. Pero se les está dando otro uso por parte de un gobierno con tentaciones autoritarias que los pone a su servicio particular político y partidario.

–¿Hay algún proyecto de ley para cambiar estos instrumentos?

–Estamos viendo si lo promovemos. Sobre todo para imponer penas a los delincuentes que como testigos protegidos intenten obtener reducción de penas mintiendo en sus declaraciones –dice poniendo como ejemplo a El Grande. l