El activismo de un rumor
Creo y practico el derecho a preguntar, considero que éste no puede ser un recurso impune, ajeno a la responsabilidad de ejercerlo con base en dudas.
Ivonne Melgar
Excélsior, 12 de febrero de 2011;
Como cuando se corren las ventanas para que el aire circule, la discusión pública del invento del alcoholismo presidencial nos permite salir del cuchicheo para llamar a las cosas por su nombre.
Imposible sustraerse. Así que una vez desatada la discusión sobre el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS, me sentí obligada a compartir mi experiencia y opinión como reportera de la fuente de Los Pinos.
Señalé en Facebook que abordar el chisme de la supuesta adicción de Felipe Calderón era un asunto de ética. Porque si bien creo y practico el derecho a preguntar, considero que éste no puede ser un recurso impune, ajeno a la responsabilidad de ejercerlo con base en dudas sustentadas.
Y solicitar la aclaración de si el Ejecutivo tiene problemas con la bebida es hacer eco de una ofensa que, desde la manta de Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, lumpenizó la critica al gobierno.
Dije además que silenciar a una comunicadora por tal motivo, era tan grotesco como descalificar a un gobierno con ese rumor no probado.
Vino la pregunta de los amigos de la red: ¿es cierto que el Presidente bebe sin control?
Les confié este lunes lo que ahora suscribo: me he cansado de esa interrogante de conocidos y cercanos, y de decepcionarlos señalando que nunca me ha tocado verlo llegar tarde a una gira por los presuntos excesos de esa condición, conocer del tropiezo en la agenda por tal motivo o enterarme de primera mano que, en tales condiciones, se asumió una errática decisión.
Confieso que me asombra que entre los politizados curiosos, nadie cuestiona lo que me sigue pareciendo una incógnita: ¿cómo logró Calderón en 2010 alinear a los gobiernos estatales en la paradójicamente impugnada estrategia de seguridad y que las fuerzas políticas le pusieran más dinero?
¿Y de qué manera se diseñaron con el PRD de Jesús Ortega y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, las alianzas electorales con el PAN?
Ironicé que ni siquiera hay indicios de si ese acuerdo se cabildeó en estado inconveniente, pero que tal realidad sepultó los vaticinios de que Calderón caería antes de su quinto año.
Todos los gobiernos están obligados a dar cuenta de los problemas de salud de su titular, reviró un colega. Pero aquí, le dije, no hay evidencias de tal cosa.
Entendí sin embargo que cuando la democracia se encuentra supeditada al juicio mediático, la legitimidad de los gobiernos se pone a prueba cotidianamente y responder a cualquier duda, así sea un infundio, se vuelve un imperativo. Peor aún: saber hacerlo es requisito ineludible para sostenerse en el poder.
Y responder no ha sido característica de la política del gobierno.
Frente a tal vacío, Carmen Aristegui, gran periodista y talentosa estratega, capitalizó su credibilidad y la fuerza activista de su audiencia para presionar a Los Pinos a pronunciarse sobre la difundida versión del alcoholismo del Presidente.
Es la voz de un movimiento de resistencia, surgido de un conflicto poselectoral que el gobierno logró golpear con las alianzas PAN-PRD y que ahora se refugia en la bandera del presunto vicio.
Ya Federico Arreola actualizó la confesión y la disculpa formuladas a finales de octubre pasado: fue él quien al calor de la contienda de 2006, levantó la calumnia —usó ese término— en respuesta a otra que Calderón le lanzó.
Cuando el chisme ya era comidilla del dominio público, la Presidencia respondió, a través del secretario particular Roberto Gil Zuarth, con un informe de la intensa actividad que el Ejecutivo despliega y que, alegó, “es la mejor expresión de su buen estado de salud”.
Sin embargo, quienes se cobijan en la denuncia del vicio presidencial y defendieron el derecho a reclamar una explicación, la evalúan tardía, insuficiente y sin crédito.
Independientemente del maniqueísmo y del fanatismo que seguirá alimentando el rumor, el gobierno paga la factura de una estrategia de comunicación fallida, más proclive a la publicidad que a informar y dialogar con los representante de los medios, bajo el espejismo de que llevarse bien con los propietarios resulta suficiente.
Tan dañino el rumor como la discrecionalidad. Por eso encuentro beneficio colectivo en el fin del silencio, porque al margen de los corifeos de uno y otro signo, romperlo nos hace responsables a todos y, amplía la posibilidad de caminar, disentir y tratar de comprender, propósito esencial del periodismo.
Imposible sustraerse. Así que una vez desatada la discusión sobre el despido de la periodista Carmen Aristegui de MVS, me sentí obligada a compartir mi experiencia y opinión como reportera de la fuente de Los Pinos.
Señalé en Facebook que abordar el chisme de la supuesta adicción de Felipe Calderón era un asunto de ética. Porque si bien creo y practico el derecho a preguntar, considero que éste no puede ser un recurso impune, ajeno a la responsabilidad de ejercerlo con base en dudas sustentadas.
Y solicitar la aclaración de si el Ejecutivo tiene problemas con la bebida es hacer eco de una ofensa que, desde la manta de Gerardo Fernández Noroña en San Lázaro, lumpenizó la critica al gobierno.
Dije además que silenciar a una comunicadora por tal motivo, era tan grotesco como descalificar a un gobierno con ese rumor no probado.
Vino la pregunta de los amigos de la red: ¿es cierto que el Presidente bebe sin control?
Les confié este lunes lo que ahora suscribo: me he cansado de esa interrogante de conocidos y cercanos, y de decepcionarlos señalando que nunca me ha tocado verlo llegar tarde a una gira por los presuntos excesos de esa condición, conocer del tropiezo en la agenda por tal motivo o enterarme de primera mano que, en tales condiciones, se asumió una errática decisión.
Confieso que me asombra que entre los politizados curiosos, nadie cuestiona lo que me sigue pareciendo una incógnita: ¿cómo logró Calderón en 2010 alinear a los gobiernos estatales en la paradójicamente impugnada estrategia de seguridad y que las fuerzas políticas le pusieran más dinero?
¿Y de qué manera se diseñaron con el PRD de Jesús Ortega y el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, las alianzas electorales con el PAN?
Ironicé que ni siquiera hay indicios de si ese acuerdo se cabildeó en estado inconveniente, pero que tal realidad sepultó los vaticinios de que Calderón caería antes de su quinto año.
Todos los gobiernos están obligados a dar cuenta de los problemas de salud de su titular, reviró un colega. Pero aquí, le dije, no hay evidencias de tal cosa.
Entendí sin embargo que cuando la democracia se encuentra supeditada al juicio mediático, la legitimidad de los gobiernos se pone a prueba cotidianamente y responder a cualquier duda, así sea un infundio, se vuelve un imperativo. Peor aún: saber hacerlo es requisito ineludible para sostenerse en el poder.
Y responder no ha sido característica de la política del gobierno.
Frente a tal vacío, Carmen Aristegui, gran periodista y talentosa estratega, capitalizó su credibilidad y la fuerza activista de su audiencia para presionar a Los Pinos a pronunciarse sobre la difundida versión del alcoholismo del Presidente.
Es la voz de un movimiento de resistencia, surgido de un conflicto poselectoral que el gobierno logró golpear con las alianzas PAN-PRD y que ahora se refugia en la bandera del presunto vicio.
Ya Federico Arreola actualizó la confesión y la disculpa formuladas a finales de octubre pasado: fue él quien al calor de la contienda de 2006, levantó la calumnia —usó ese término— en respuesta a otra que Calderón le lanzó.
Cuando el chisme ya era comidilla del dominio público, la Presidencia respondió, a través del secretario particular Roberto Gil Zuarth, con un informe de la intensa actividad que el Ejecutivo despliega y que, alegó, “es la mejor expresión de su buen estado de salud”.
Sin embargo, quienes se cobijan en la denuncia del vicio presidencial y defendieron el derecho a reclamar una explicación, la evalúan tardía, insuficiente y sin crédito.
Independientemente del maniqueísmo y del fanatismo que seguirá alimentando el rumor, el gobierno paga la factura de una estrategia de comunicación fallida, más proclive a la publicidad que a informar y dialogar con los representante de los medios, bajo el espejismo de que llevarse bien con los propietarios resulta suficiente.
Tan dañino el rumor como la discrecionalidad. Por eso encuentro beneficio colectivo en el fin del silencio, porque al margen de los corifeos de uno y otro signo, romperlo nos hace responsables a todos y, amplía la posibilidad de caminar, disentir y tratar de comprender, propósito esencial del periodismo.
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