XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla

Declaración Conjunta Sobre Crimen Organizado y Narcotráfico

05 dic 2011 | Comunicado

XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla

Declaración Conjunta Sobre Crimen Organizado y Narcotráfico

MÉRIDA, Yucatán, 05 de diciembre de 2011

CGCS-211

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, y el Presidente de Chile, reunidos en Mérida, Yucatán, el 5 de diciembre de 2011, en ocasión de la XIII Cumbre del Mecanismo:

1.  Coincidieron en que, durante las últimas décadas, las ganancias extraordinarias producto de la venta de drogas ilegales en los principales centros de consumo, han dado un enorme poder financiero a las organizaciones delincuenciales transnacionales dedicadas a traficar drogas.

2.  Señalaron que esto, a su vez, ha generado una espiral de crimen y violencia en diversos países de América Latina y el Caribe, debido al alto poder económico de esos grupos y al aumento de su capacidad de fuego. Aún más grave es el hecho de que la mayoría de las armas que utilizan los criminales, en contra de civiles y autoridades, son adquiridas en los propios centros de consumo de drogas, sin que se tengan medidas efectivas para controlar la venta masiva de armamento a los criminales.

3.  Destacaron además que esto ha generado inmensos costos en términos de vidas humanas, tanto contra civiles como de elementos de las fuerzas de seguridad.

4.  Coincidieron en que éste es un fenómeno que se ha venido agravando en los últimos años, entre otras razones, porque el consumo de este tipo de sustancias, en su conjunto, lejos de disminuir ha venido aumentando.

5.  También señalaron que en algunos casos los criminales no limitan su actividad al tráfico y distribución de drogas, sino que diversifican su actividad y actúan como organizaciones criminales que secuestran, extorsionan y, en general, buscan apoderarse de las rentas de una comunidad a través de la violencia o la amenaza a los ciudadanos. Esto representa una amenaza directa a la paz y la convivencia democrática en las naciones de América Latina y el Caribe.

6.  En virtud de lo anterior y ante la evidencia del incremento sostenido en el consumo de drogas, los mandatarios expresaron su convicción de que es indispensable que los Estados Unidos de América y demás países consumidores adopten medidas más drásticas y eficaces para rastrear y cortar el flujo de dinero producto de actividades ilícitas hacia las organizaciones criminales.

7.  Señalaron que lo deseable sería una sensible reducción en la demanda de drogas ilegales. Sin embargo si ello no es posible, como lo demuestra la experiencia reciente, las autoridades de los países consumidores deben entonces, explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito. Con ello se evitaría que el trasiego de esas sustancias siga provocando altos niveles de crimen y violencia en las naciones latinoamericanas y caribeñas.

8.  Adicionalmente, los países de la región demandan a los Congresos de los Estados Unidos, y de otros países productores y vendedores de armas, que establezcan medidas efectivas para registrar, regular e impedir el trasiego de armas de asalto, y otras armas de alta peligrosidad, a los grupos criminales de los países de la región.

9.  Finalmente, refrendaron su compromiso de seguir luchando con determinación en contra de los grupos criminales transnacionales a través del fortalecimiento constante de las instituciones de seguridad y justicia sin menoscabo de la implementación de políticas sociales que abran oportunidades de educación, salud, esparcimiento y trabajo, así como prevención y tratamiento de adicciones entre los niños y jóvenes de nuestros países.