México, territorio abierto a las armas

México, territorio abierto a las armas/MATHIEU TOURLIERE

Revista Proceso no 1900, 30 de marzo de 2013

La frontera sur de Estados Unidos está llena de pequeñas armerías que dependen en mayor o menor medida de México. La industria armamentista de aquel país se beneficia cada año con 127 millones de dólares sólo por sus “exportaciones” al vecino del sur. Estos son sólo dos pequeños indicadores de un problema, el del tráfico de armas, que por un lado da ganancias económicas estratosféricas y por el otro genera miles de muertes. Y en México el tema tiene su contraparte: el decomiso de esas armas es mínimo.

 Pese a que México tiene una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de tenencia de armas, las autoridades confiscan sólo 14% de las 252 mil que cada año cruzan ilegalmente por la frontera norte.

Estas son cifras del informe El camino de las armas: Estimado del tráfico de armas de fuego a través de la frontera entre Estados Unidos y México dado a conocer el lunes 18 por la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé, de Brasil.

Sólo 2.2% de las armas que se vendieron entre 2010 y 2012 en territorio estadunidense se traficó a México. Sin embargo, 46.7% de las 51 mil armerías estadunidenses (especialmente las que están cerca de la frontera) depende “en alguna medida” de la demanda mexicana.

En ese mismo periodo el tráfico de armas hacia México generó para el sector ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro veces lo que sumó en el periodo de 1997-1999 y más de seis veces lo que estima el más reciente reporte de las Naciones Unidas sobre el narcotráfico y el tráfico de armas, correspondiente a 2012.

El informe señala que se utilizó una nueva metodología para obtener las anteriores cifras. Se tomó en cuenta el número de solicitudes de licencias de venta de armas ligeras en Estados Unidos y se cruzaron con los factores que determinan la demanda interna, como ingresos, densidad de población, tendencias políticas e índice de criminalidad.

A partir de ello estimaron la demanda total del tráfico, en cuanto a número de armas y a ingresos para la industria. La metodología “clásica” para calcular el flujo de armas toma como base el número de armas ilegales confiscadas por las autoridades.

El estudio destaca que el número de tiendas de armas crece cerca de la frontera sur de Estados Unidos. De hecho 6 mil 700 armerías se concentran en las zonas fronterizas de California, Arizona, Nuevo México y Texas, con un promedio de dos establecimientos por kilómetro.

Calcula que en México circulan más de 15 millones de armas ilegales, 80% de las cuales vienen de Estados Unidos. Reporta además que se utilizaron armas de fuego en la mitad de los 120 mil homicidios cometidos entre 2007 y 2012.

Para contrarrestar este flujo, el estudio recomienda a Estados Unidos un mayor control del comercio doméstico, ya que desde los ochenta las 2 mil 200 fábricas establecidas en ese país produjeron 98 millones de armas cortas y largas.

El pasado 9 de enero el Congreso mexicano pidió a los senadores estadunidenses que lleven a cabo un registro balístico de las armas en los estados fronterizos para “saber con precisión el nombre de quien la adquirió originalmente y proceder a la búsqueda y localización de su dueño”, precisó la senadora priista Marcela Guerra Castillo.

El Congreso mexicano también solicitó que por ley se reestablezca la prohibición de los rifles de asalto en la frontera con México. Tal solicitud se encuentra en el boletín 0796 de la Comisión Permanente del órgano legislativo.

Veto ametrallado

En abril el Senado estadunidense someterá a votación una ley para controlar el comercio de armas. Dicha ley fue solicitada por la administración de Barack Obama después de la matanza de 27 personas –entre ellas 20 niños– en la ciudad de Newtown, Connecticut. Sin embargo, el diario The New York Times publicó el pasado miércoles 20 que la oposición conservadora obstaculizará la ratificación de un texto amplio al “inundarlo de enmiendas para que se vuelva a favor de los proarmas”.

Dianne Feinstein, senadora demócrata por California, ya vio desaparecer su cláusula que prohibía la venta de 157 tipos de rifles de asalto. El golpe de gracia vino de su propio campo: Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado le retiró el apoyo. Argumentó que con dicha cláusula el texto final no hubiera recogido los 60 votos necesarios para su aprobación, señaló The New York Times. Reid comentó que en todo caso los senadores podrán proponer cláusulas a través de enmiendas.

El proyecto de ley se limitará a establecer un mayor control sobre los antecedentes y el estado de salud mental de los compradores de armas, tal como lo piden los grupos de interés en favor de las armas, como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, reconoció en enero pasado que el gobierno “simplemente no tiene el tiempo ni el personal para investigar a cada uno (de los compradores) que mintió o que contestó mal un formulario”, señala el Instituto de Acción Legislativa de la NRA, el grupo de cabilderos de la Asociación.

De acuerdo con el reporte El camino de las armas… “el hecho de que sólo 5% de todos los distribuidores de armas registrados en Estados Unidos sean inspeccionados anualmente sugiere que existen pocas revisiones para detectar prácticas ilícitas, como las ventas a ‘compradores de paja (testaferros)”.

En 1994 el gobierno de Bill Clinton decretó un veto de diez años para la venta de rifles de asalto, que George W. Bush no refrendó en 2004. Ese año las ventas domésticas de armas tuvieron un crecimiento súbito, por lo que los autores del informe señalan que “el fin de la prohibición fue responsable de un crecimiento de 16.4% de los homicidios en México entre 2004 y 2008”. Entre 1997 y 1999, época del veto de los rifles de asalto, sólo se introducían 88 mil armas a México, un tercio del número actual.

Nacimiento legal

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), el volumen de transferencias de armas en el mundo creció de 17% entre el periodo de 2003 a 2007 y el de 2008 a 2012. Recuerda que Estados Unidos produce 30% de las armas convencionales que circulan en el mundo, seguido por Rusia (26%) y Alemania (7%).

Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, recordó el martes 19, en un acto frente a la embajada de Estados Unidos, que “todas las armas nacen con una vida legal” por lo que después de ello entran en una lógica de tráfico.

“Existe una relación entre el comercio irresponsable de armas y graves violaciones a los derechos humanos”, comunica la organización en su informe Las grandes potencias alimentan atrocidades; por qué el mundo necesita un sólido tratado sobre comercio de armas.

El pasado lunes 18 se inició en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York la Conferencia Final para el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA). Los 193 países que participan en la conferencia ya acordaron un texto de ley en julio de 2012, pero Estados Unidos, Rusia y China reclamaron un tiempo para regresar a la mesa de negociaciones.

Ban Ki Moon, secretario general de la ONU enfatizó durante su discurso de inauguración que ninguna norma internacional rige el comercio de armas mientras existen normas para el comercio de todos los demás productos, desde los sofás hasta los jitomates.

El Senado mexicano aprobó el pasado miércoles 13 un punto de acuerdo en apoyo al TCA, del cual siempre fue defensor. Durante las negociaciones de julio de 2012 Roberto Dondisch Glowinski, negociador principal de México, declaró que “la falta de control en la venta de armas hace responsables a los países productores de los crímenes que con éstas son cometidos por entes no estatales”.

En estas negociaciones México encabeza un grupo de 106 países que tienen la intención de “finalizar el trabajo”; es decir llegar a un acuerdo.

“Un TCA débil podría servir para dar legitimidad al comercio irresponsable e ilegal de armas”, declaró Dondisch durante la conferencia.

Los mayores exportadores de armas de fuego, como Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Israel argumentaron que este comercio es legal y legítimo, ya que la seguridad nacional y las políticas de defensa forman parte de la soberanía. En caso de que estas potencias no lo firmaran, el tratado perdería eficacia. Los gastos militares en el mundo en 2011 sumaron mil 700 billones de dólares, según datos que proporcionó el SIPRI en su anuario 2012.

El miércoles 27 el australiano Peter Woolcott, presidente de la Conferencia para el Tratado de Armas, dio a conocer la forma final del texto, que difiere en algunos puntos del de julio 2012.

Al cierre de esta edición los representantes de Irán y de Corea del Norte habían objetado el texto en su forma actual, por lo que Woolcott tuvo que posponer su ratificación para tratar de convencerlos. Todo lleva a pensar que el tratado se presentará ante la Asamblea General de la ONU el 2 de abril para recolectar los dos tercios de los votos que le permitirá entrar en vigor.

El tratado exhorta a los Estados a establecer sistemas de control sobre exportaciones, importaciones, tránsito y agentes de negocios relacionados con las armas. Al firmarlo tendrán que conservar durante diez años un reporte sobre la cantidad, el valor, el tipo y el modelo de las armas, así como detalles del exportador, de los Estados de tránsito y de quiénes usan tales armas.

También pide a los Estados no transferir armas si existen sospechas de que serán utilizadas para facilitar genocidios, crímenes contra la humanidad o de guerra; también solicita no transferirlas si existe el riesgo de que sean desviadas para alimentar mercados ilegales, grupos criminales y terroristas o cuando dicha transferencia implique corrupción.

Al ratificar tal texto, los Estados importadores verificarán si la información existe y pedirán las autorizaciones de exportaciones que entregará el sistema de control del país exportador.

En su forma actual el texto considera “armas convencionales” los tanques de combate, vehículos blindados, sistemas de artillería de alto calibre, aviones militares, helicópteros de ataque, naves de guerra, misiles y lanzamisiles y armas ligeras. Quedan fuera de esa clasificación las llamadas armas de destrucción masiva, los drones (aviones no tripulados) y las granadas.

Grupos de interés

El tratado todavía tendrá que ser aprobado por los Estados e incorporado a sus legislaciones. En Estados Unidos la resistencia a la regulación de las armas –entre ellas las municiones– es muy fuerte, como lo es el veto a la venta de rifles de asalto. Los artículos –inéditos– 3 y 4 de la nueva versión del tratado incentivan a los Estados para establecer un sistema de control nacional de las municiones y de los componentes de las armas convencionales. El embajador de Estados Unidos en México, al recibir a los representantes de Amnistía Internacional el martes 19, les dijo que será “difícil incluir las municiones en el tratado”, señaló Zapico.

De los siete representantes de la sociedad civil que pudieron hablar en las sesiones de la Conferencia del TCA –que se llevaron a cabo en julio de 2012 y el pasado lunes 18– sólo uno se manifestó en favor de un texto que regulara “todas las armas, todas las transferencias y todas las transacciones (…) sin omitir algunas armas ligeras como las de deporte o de caza”. Este grupo es la Coalición de Control de Armas, en cuyo seno se agrupan organizaciones como Amnistía Internacional, Safeworld y Oxfam.

Pero los otros seis representantes pertenecen a grupos de interés proarmas, todos de Estados Unidos, respaldados por la industria armamentista de ese país. Amenazaron con que el texto no será aprobado por el Senado estadunidense al incluir las “armas civiles” y las municiones, con el argumento de proteger la Segunda Enmienda de su Constitución.

“Las armas son herramientas, y como todas las herramientas pueden ser usadas para lo mejor o para lo peor”, resaltó Richard Patterson, director administrativo del Instituto de Fábricas de Armas y Municiones Inc. durante la conferencia de julio.

En esa misma sesión Wayne LaPierre, vicepresidente de la NRA, recordó que él representaba los intereses de 100 millones de ciudadanos estadunidenses dueños de armas de fuego. “Que quede claro. Cualquier tratado que incluya la tenencia de armas civiles en su ámbito encontrará la mayor oposición de la NRA”, vociferó antes de amenazar con que “los tratados deben de ser adoptados con una mayoría de dos tercios por el Senado estadunidense; 58 senadores ya objetaron un tratado que incluye armas civiles”.

Johanna Reeves, directora ejecutiva del grupo comercial Importadores/Exportadores de Armas de Fuego sometió a la conferencia de julio de 2012 “que sólo los rifles de asalto deben estar incluidos en un TCA, y las municiones tienen que quedar fuera de su aplicación”. Según Amnistía Internacional 12 mil millones de municiones ya circulan en el mundo, lo que representa dos balas por persona.

“Varios autores notaron que la oposición de la NRA fue clave para el fracaso de la conferencia de julio”, se felicitó esta organización en un comunicado publicado en su portal de “acción legislativa” el pasado 25 de enero. “Sobra decir que nuestra postura se mantendrá ante cualquier tratado que pueda afectar los derechos de los dueños de armas estadunidenses”, agregó.

Feinstein, al ver desaparecer su cláusula sobre el veto de rifles de asalto, lamentó: “No puedo luchar contra la NRA. Son enemigos muy poderosos, lo he sabido toda mi vida”.

También lo sabe México.