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Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador.


Retrospectiva. 2004
  25 años después: Justicia / Fred Alvarez
Un juez de Fresno California EE UU, condenó el pasado 3 de septiembre a Álvaro Rafael Saravia, excapitán de las fuerzas aéreas salvadoreñas, como responsable directo del homicidio de Monseñor Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador.
A las 18 horas del 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Comunión en la capilla de la Divina Providencia en San Salvador, un francotirador le disparó una bala expansiva que le destrozó el corazón y lo mató casi en el instante. La repercusión internacional de este magnicidio fue enorme; debido a que e su última homilía el prelado había exigido a las tropas del Ejército a desobedecer las órdenes de reprimir que daban los jefes castrenses. También había solicitado a Washington cesar el envío de ayuda militar al régimen cívico-militar imperante.
El crimen ha permanecido en la impunidad 25 años mientras su figura enfrenta en la actualidad un proceso de canonización en el Vaticano.

El asesinato de Monseñor Romero marcó el inicio de un río de sangre que cubrió todo el territorio nacional. Y fueron altos mandos militares los principales responsables de asesinatos de líderes políticos y masacres de campesinos.
El juicio fue abierto por el juez Atilio Ramírez, sin embargo, fue cerrado 13 años después, el 31 de marzo de 1993 con base en una Ley de Amnistía. El Juez Ramírez no pudo continuar con el caso e incluso se vio obligado a renunciar tras un atentado a su vida, motivo que lo obligo a pedir asilo en Costa Rica,
La Justicia llegó casi 25 años después, y pudo darse, no donde ocurrieron los hechos, en El Salvador, sino en los EE UU, gracias a que en ese país existe una ley que data del siglo XVIII -por cierto poco conocida- que permite que quienes cometieron crímenes como torturas, vejaciones  y asesinatos y se encuentran físicamente en ese país, viviendo o simplemente de paso puedan ser acusados por la vía civil, no por la vía penal. Álvaro Saravia se refugió en Estados Unidos hace más de 15 años y vivía hasta hace poco en San Francisco, California.
El juicio se celebro en ausencia del demandado. Oliver Wanger, Juez del distrito Este de California con sede en Fresno estimo las pruebas contra Saravia y calificó al asesinato como “crimen contra la humanidad”. La Ley aparentemente es simbólica ya que sólo obliga al condenado a la reparación del daño, no puede cumplir una pena de prisión aunque sea encontrado culpable.
La condena del Juez fue pagar en concepto de daños diez millones de dólares; dos millones y medio se destinarán a un familiar del prelado, que ha permanecido en el anonimato durante el proceso por razones de seguridad.
Sin embargo, para los abogados la resolución tiene no sólo un valor simbólico, sino que la sentencia brinda a la oficina de inmigración estadounidense los argumentos legales para expulsar a Saravia de los Estados Unidos y permiten que el país “deje de ser un refugio seguro para los responsables de estos horrendos crímenes”, dice Matthew Eisenbrand,  reprsentante de la ONG The Center for Justice & Accountability» (CJA) que junto con la firma «Heller Ehrman White & McAuliffe LLP» presentaron la demanda contra Saravia en septiembre de 2003.
El CJA es una ONG con sede en San Francisco que asiste a supervivientes de tortura y otras atrocidades ayudándoles a iniciar acciones legales contra quienes perpetraron tales abusos de los derechos humanos. Fue fundada en 1998 con el apoyo de «Amnistía Internacional de EE UU y el Fondo Voluntario para Victimas de Tortura de las Naciones Unidas.
Rafael Saravia es considerado un hombre clave de Roberto D’Aubuisson. En marzo de 1993 la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador,  culpó del asesinato de Monseñor Romero a D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder desde 1989. D’Abuisson, falleció tres años después de la condena de un cáncer en la boca en febrero de 1992.
La resolución de Juez Wanger tuvo reacciones; la iglesia católica calificó como “una vergüenza” el hecho de que presuntamente se haya hecho justicia en Estados Unidos y no en tribunales locales y pidió al gobierno del presidente Tony Saca a reapertura del caso. Sin embargo, el caso no puede abrirse en El Salvador por una ley de amnistía decretada tras la firma de los acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
María Julia Hernández, directora de Tutela Legal, del la arquidiócesis de San Salvador, señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República actuar en este caso, “por mandato constitucional y en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el estado salvadoreño” y le pidió que ejerza la acción penal “en forma debida”, en el crimen, el cual no prescribe por ser considerado de lesa humanidad.
Para ello añadió que la Asamblea Legislativa deberá derogar las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en 1993 liberó de responsabilidades a los que cometieron atrocidades durante el período de la guerra civil (1980-1992). Enmendando así “el grave error político y la inexcusable violación constitucional, cometida al emitir una ley de amnistía irrestricta, contraria al derecho internacional y a la misma Constitución, y que ha propiciado la impunidad por los graves crímenes en el país”.
Por su parte el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, dijo que es necesario conocer la verdad y reafirmó que los involucrados en el crimen por lo menos deben “pedir perdón”. La verdad  ayudará al proceso de beatificación.
Empero, el pesidente del gobierno de El Salvador Antonio Saca, no está de acuerdo con una reapertura del juicio para ventilar el asesinato del arzobispo. “A mí los salvadoreños me eligieron para administrar el futuro, por lo tanto reabrir heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo”, declaró.
“Seguramente puede ser fácil perdonar, pero no olvidar. Sin embargo, se tiene que pensar en la sociedad que va para adelante”, afirmó. El mandatario señaló que “reabrir heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo. Cada quien tiene derecho a pedir justicia, pero la ley de amnistía generó un nuevo ambiente”.
El juez Oliver Wanger ordenó al ex capitán el pago de una indemnización por 10 millones de dólares por el asesinato, calificado por la justicia estadounidense como una ejecución extrajudicial constitutiva de crimen de lesa humanidad.


Juez de California condena a un responsable por el asesinato del arzobispo de San Salvador


Monseñor Oscar Romero murió en 1980 en El Salvador

 
FRESNO, lunes, 6 septiembre 2004 (ZENIT.org).- El viernes pasado un tribunal civil de California reconoció responsable del homicidio del arzobispo de San Salvador (El Salvador) --monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez-- a un antiguo capitán de las fuerzas aéreas salvadoreñas, Álvaro Rafael Saravia.

La sala 2 del tribunal estadounidense del distrito Este de California (con sede en Fresno), presidida por el juez Oliver Wanger, ha estimado las pruebas contra Saravia, mano derecha de Robert D’Aubuisson.

Ya fallecido, D’Aubuisson organizó escuadrones de la muerte y organizaciones paramilitares compuestas por miembros civiles y militares que cometieron asesinatos por motivos políticos y otros abusos contra los derechos humanos en El Salvador.

 

El magistrado, que calificó el asesinato de monseñor Romero de «crimen contra la humanidad», ha condenado a Saravia a pagar en concepto de daños diez millones de dólares estadounidenses, de los que dos millones y medio se destinarán a un familiar del prelado, que ha permanecido en el anonimato durante el proceso por razones de seguridad.

 

En septiembre de 2003, «The Center for Justice & Accountability» (CJA) y la firma «Heller Ehrman White & McAuliffe LLP» presentaron una demanda civil contra Álvaro Rafael Saravia, quien en ese momento residía en Modesto (California), por su presunta participación en la organización del asesinato del arzobispo Oscar Romero.

 

Mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de la Divina Providencia en San Salvador, el prelado fue asesinado por arma de fuego el 24 de marzo de 1980.

 

La demanda --interpuesta en nombre de un familiar del arzobispo desaparecido-- alegaba que Saravia obtuvo armas, vehículos y otros elementos para el asesinato, ordenó a su conductor que llevara al asesino a la capilla donde monseñor Romero fue asesinado, y pagó al asesino una vez perpetrado el crimen.

 

Según apunta el CJA, tanto la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyeron, tras investigaciones separadas, que Saravia estuvo involucrado en planear y llevar a cabo el asesinato.

 

El juicio se ha celebrado en ausencia del demandado, del que hace tiempo que se ha perdido el rastro. El proceso legal ha sido posible gracias a una normativa estadounidense del siglo XVIII.

 

Para Matthew Eisenbrand, abogado del CJA, además del valor simbólico del pronunciamiento judicial, la sentencia brinda a la oficina de inmigración estadounidense los argumentos legales para expulsar a Saravia de los Estados Unidos y permiten que el país «deje de ser un refugio seguro para los responsables de estos horrendos crímenes».

 

El CJA (www.cja.org) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en San Francisco (Estados Unidos) que asiste a supervivientes de tortura y otras atrocidades ayudándoles a iniciar acciones legales contra quienes perpetraron tales abusos de los derechos humanos.

 

Esta organización independiente fue fundada en 1998 con el apoyo de «Amnistía Internacional USA» y el Fondo Voluntario para Victimas de Tortura de las Naciones Unidas.

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La Iglesia pide reabrir el caso de monseñor Romero


08 de septiembre de 2004

SAN SALVADOR, El Salvador (AFP).— La oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador demandó ayer la reapertura del juicio por el asesinato en 1980 del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, luego que un juzgado estadounidense condenara la semana pasada a un ex militar salvadoreño como responsable del crimen.

“El juicio penal por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero debe ser reabierto por la justicia salvadoreña”, declaró en rueda de prensa la directora de Tutela Legal, María Julia Hernández.

Según Hernández, a la Fiscalía General de la República le corresponde actuar en este caso, “por mandato constitucional y en cumplimiento de obligaciones internacionales contraídas por el estado salvadoreño, que ejerza la acción penal en forma debida”.

Añadió que la Asamblea Legislativa deberá derogar las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en 1993 liberó de responsabilidades a los que cometieron atrocidades durante el período de la guerra civil (1980-1992).

“La Asamblea Legislativa debe derogar la amnistía, enmendando así el grave error político y la inexcusable violación constitucional, cometida al emitir una ley de amnistía irrestricta, contraria al derecho internacional y a la misma Constitución, y que ha propiciado la impunidad por los graves crímenes en el país”, aseguró Hernández.

 

La petición del organismo humanitario del arzobispado se produce luego que el viernes un juez en Estados Unidos declaró culpable al capitán retirado de la Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS), Alvaro Saravia, por estar vinculado al asesinato de Romero.

 

El juez federal de Fresno, California, Oliver Wanger, condenó en ausencia a Saravia, de 57 años, como el responsable de la organización del asesinato del arzobispo, cometido cuando el prelado oficiaba una misa en el hospital de cancerosos La Divina Providencia, en el sector noroeste de San Salvador.

A petición de un familiar de Romero no identificado, la denominada Comisión para la Justicia y la Responsabilidad, con sede en San Francisco, acusó en septiembre de 2003 a Saravia de haber ejercido un papel clave en la organización del asesinato.

 

Como resultado del juicio, el juez Wanger ordenó al ex capitán, en ausencia, al pago de una indemnización de 10 millones de dólares por el crimen.

 

Según Hernández, que estuvo presente en el juicio en Fresno, la base de la sentencia fueron las pruebas documentales y el testimonio del chofer personal de Saravia, Amado Garay, quien declaró ante el jurado.

 

Hernández comentó que “Garay declaró ante el jurado que por orden del ex capitán Saravia condujo al francotirador hacia la iglesia La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980 en horas de la tarde, presenció el asesinato y condujo nuevamente al asesino al lugar donde se encontraba esperando Saravia, el cual notificó después al mayor Roberto D’Aubuisson”.

 

Saravia es considerado un consejero clave del fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, acusado de ser el líder de los escuadrones de la muerte salvadoreños y autor intelectual de la muerte de Romero.

 

En marzo de 1993 la Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, culpó del asesinato de Romero a D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el poder desde 1989.

D’Aubuisson falleció de un cáncer en la boca en febrero de 1992.

 




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