Habemus Ministro de la SCJN!

Sesión del Senado, 10 de marzo de 2015
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: "Señor Presidente, doy cuenta del resultado de la votación.
Se distribuyeron 119 cédulas. Se recibieron un total de 118 votos.
Se recibieron de esos, 16 votos nulos;
Cuatro votos a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera;
Se recibieron 15 votos a favor de Horacio Armando Hernández Orozco.
Y se recibieron 83 votos a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Se reúnen las dos terceras partes, señor Presidente."
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: E"n consecuencia, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor.
Conforme el resultado de la votación, se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Comuníquese esta designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
Asistieron: Denise Dresser, Gerardo Lozano, Giovanna Zacarías, actriz y directora de cine; Claudia Ramírez, actriz; Alberto Herrera, Director de Change.org; y Rodrigo López, comunicador.
"Bienvenidos todos. Son invitados del Senador Javier Corral Jurado"
"Para que quede inscrito en el Diario de los Debates de esta sesión, a esta hora van 54 mil 335 firmas. Siguen llegando..." Angélica de la Peña
Posicionamientos...

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Secretaria.
Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo que determina que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República, para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Les pido a las y los senadores podamos guardar silencio, ocupar nuestros escaños, para poder explicar el procedimiento conforme al cual se va a desahogar este asunto. Ojalá puedan guardar la atención correspondiente.
La discusión de este asunto se ordena conforme a lo dispuesto en el artículo 96 constitucional y los Acuerdos que este Pleno aprobó los días 17 y 19 de febrero.
El dictamen se publicó con la anticipación exigida en el Acuerdo del 17 de febrero pasado.
Nuevamente exhorto a las y los senadores, y exhorto a los asesores que están en los pasillos, podamos poner atención.
Está también publicado el documento que suscriben las Senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, con su voto particular.
Solicito a la secretaría dé lectura a la parte resolutiva del dictamen.
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Doy lectura a los resolutivos del dictamen.
PRIMERO.- El ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
SEGUNDO.- El ciudadano Horacio Armando Hernández Orozco propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
TERCERO.- El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en consecuencia es elegible para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora. Quiero 2 minutos de su atención.
A la Mesa Directiva del Senado llegó un dictamen de la Comisión de Justicia, sobre un punto de Acuerdo donde califican la elegibilidad de los 3 integrantes de la terna presentada por el titular del Poder Ejecutivo.
Ese dictamen va ser presentado por el Presidente de la Comisión de Justicia.
Una vez que sea presentado, los grupos parlamentarios van a tener una intervención, hasta por diez minutos; una vez que se agoten las intervenciones de los grupos parlamentarios, se abrirá el dictamen a discusión, en términos reglamentarios, en cuanto a participantes y en cuanto a tiempo.
Esta Mesa Directiva va a ser tolerante, como siempre lo ha sido, pero queremos hacer exhorto de cumplimiento a las reglas del proceso de desahogo de este asunto.
Cuando se agote la intervención de los oradores, en votación económica o en tablero, si es pedida así por  algún Senador o Senadora, y con el apoyo de cinco más, se votará el dictamen de un punto de Acuerdo, que es con 50 por ciento más uno.  Ese punto de Acuerdo es sobre la elegibilidad de los tres integrantes de la terna.
Cuando se haya aprobado ese Acuerdo, si es que así ocurre, comparecerán a la tribuna, hasta por 20 minutos, cada uno de los aspirantes. En las intervenciones de los aspirantes en tribuna, de acuerdo a las reglas que aprobamos, no proceden preguntas ni interpelaciones. Y al terminar la intervención de cada uno de ellos, se presentará una urna y con voto universal y secreto, de cada uno de las y los Senadores, emitirán su posición en voto al respecto.
Ese es el procedimiento. Parece que está claro y vamos a empezar el desahogo del mismo.
Se concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen a nombre de la comisión, en término de lo dispuesto por el artículo 196 de Reglamento.
Adelante, Senador.
El Senador Roberto Gil Zuarth: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras, señores Senadores:
Con el dictamen que la Comisión de Justicia presenta a este Pleno, se detona el procedimiento para cumplir el deber constitucional de analizar y escrutar la terna enviada por el Presidente de la República, para suplir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
El Presidente de la  República ha presentado una terna, con profesionales del derecho. Dos magistrados integrantes del Poder Judicial de la Federación, miembros de carrera, y un perfil externo con amplia trayectoria en el servicio público.
Como nunca antes, este proceso ha motivado un intenso interés en la sociedad civil. Organizaciones y ciudadanos se han movilizado para expresar sus puntos de vista, todos respetables, sobre lo que a su juicio representa e implica la decisión que a continuación habremos de tomar.
Pero también, como nunca antes, hemos desahogado un proceso de auscultación público, transparente, que ha comprendido la participación de la sociedad en el marco de los tiempos y condiciones que nos establece y nos impone la Constitución.
Y es que en efecto, nuestro sistema constitucional tiene un conjunto de particularidades para la integración del máximo órgano del tercer poder del Estado, que es también, por cierto, nuestro tribunal constitucional.
Hace unos días, un analista criticaba la supuesta prisa en el posicionamiento de la terna. Ponía el ejemplo de Estados Unidos, donde las nominaciones presidenciales pueden durante meses en el Parlamento.
Nuestro sistema es diferente. El modelo de ternas, por un lado, difumina la responsabilidad del Presidente en la nominación; de modo que su deber de razonar, su propuesta, tiende a ser mínima.
El mecanismo constitucional incluye un conjunto de cláusulas que favorecen al Ejecutivo frente al Congreso. En 30 días, sin pronunciamiento, el Senado pierde la facultad de nombramiento y la asume a plenitud el Ejecutivo. El rechazo de la primera terna por parte del Senado, crea incentivos perversos para nominaciones que rompen los equilibrios políticos, pero abre ocasión para el nombramiento por sí y ante sí, en caso de no bloqueo.
Así pues, el tiempo y la falta de acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo, en detrimento de la representación popular.
Ese es el modelo constitucional que nos hemos dado.
Este proceso, sin embargo, por su intensidad debe derivar en una nueva mecánica de nombramiento y en una nueva dinámica de entendimiento sobre esta crucial decisión para la conformación del Estado, para la vigencia y protección de los derechos humanos y para la pacificación de los conflictos sociales.
La Comisión de Justicia ha revisado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere la Constitución General de la República: ciudadanía, habilitación para ejercer derechos políticos, edad, antigüedad en la profesión del derecho, la inexistencia de antecedentes penales que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, residencia, incompatibilidades para ejercicio de cargo público previo.
Hemos concluido que los tres integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo cumplen estos requisitos, como se razona en el dictamen.
Corresponde, sin embargo, a este Pleno, la calificación de la idoneidad subjetiva de los perfiles que integran la terna. Y esa calificación se realiza previa comparecencia de los integrantes de la terna ante este Pleno, y se decide la libertad de voto de cada una y de cada uno de sus integrantes.
El sistema de voto secreto tiene como fin romper cualquier lógica o motivación partidaria o de grupo. Es una contradicción apelar a la conciencia individual de cada Senadora o Senador en esta decisión y exigir, al mismo tiempo, anuencias o bloqueos partidarios o grupales.
El voto secreto es un dispositivo antiquísimo en la elección de personas en el parlamentarismo mexicano, sobre todo frente a diversas opciones, como es el caso de la mecánica de ternas, porque fue diseñado como una garantía de la libertad de conciencia.
La decisión que habremos de tomar a continuación, es una decisión política. Significa la conformación de un consenso político, sobre una persona, una trayectoria, una biografía y un talante.
Quien resulte electo, no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado, que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República, será depositario de un conjunto de deberes de Estado, que no admiten apartamiento alguno por razones de índole personal o partidario.
Cada día, por el resto de los próximos 15 años, en caso de que tomemos la decisión, deberá rendir tributo al alto honor que hoy recibe.
Cada día será una prueba de capacidad, honorabilidad, sentido de bien. Porque las instituciones, incluida la Suprema Corte de Justicia, no tienen más dueño que los mexicanos; no lo somos, por supuesto, quienes integramos los poderes públicos; pero tampoco son quienes se asumen como la conciencia moral de la sociedad o pretenden encarnar el único progresismo jurídico válido.
Ningún proceso de integración del guardián de la Constitución, está exento de tensiones ideológicas y políticas. La interpretación y aplicación de la Constitución es la difícil tarea de armonizar y ponderar los valores que inevitablemente están en juego en una sociedad abierta y plural.
Esa es la razón por la cual se ha encomendado esa responsabilidad a la representación popular democráticamente electa.
Y como representación de la prioridad social, que somos de la nación, seremos juzgados. El juicio democrático sobre nuestras decisiones serán lo que resulte del ejercicio de nuestra conciencia.
El deber es de todos, de la representación y de quienes integramos este poder público.
Que sea para bien de las instituciones de nuestro país y que sea para bien del destino de nuestro Constitución y de la vigencia de los derechos.
Por su atención, muchísimas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gil.
Esta Presidencia saluda la presencia de los siguientes invitados: Denise Dresser, del Instituto Tecnológico Autónomo de México; Gerardo Lozano, de la Universidad Iberoamericana; Giovanna Zacarías, actriz y directora de cine; Claudia Ramírez, actriz; Alberto Herrera, Director de Change.org; y Rodrigo López, comunicador. Bienvenidos todos. Son invitados del Senador Javier Corral Jurado.
Gracias por su presencia.
 (Aplausos)
Vamos a desahogar los votos particulares que tienen enlistados la Senadora Dolores Padierna Luna, en nombre propio y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez; y el Senador Luis Sánchez Jiménez; y dos mociones suspensivas: La del Senador Manuel Bartlett Díaz y de la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular, que también es suscrito por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
Adelante, Senadora Dolores Padierna.
Sonido en el escaño del Senador Manuel Bartlett.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Las mociones tienen que ser antes de los votos particulares.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se pueden desahogar en cualquier momento.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) En fin, aceptamos el procedimiento, que no es el correcto.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Adelante, Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Senadoras; Senadores:
Estamos en esta sesión para tomar una de las decisiones más trascendentes en la historia reciente. Con nuestro voto podemos premiar o sancionar la impunidad en la reiterada violación de los derechos humanos, la tortura y los abusos de autoridad; la ineficiencia en el ejercicio de la procuración de justicia; premiar o sancionar a uno de los inventores de la guerra contra el narcotráfico, que la propia actual administración ha calificado como estrategia fallida, pero que, además, dejó hecho un baño de sangre a nuestro país.
Organizó los operativos militarizados, los cateos sin orden judicial, los retenes, la gravísima desaparición forzada de personas, las macabras cifras de muertos, decapitados, incinerados, que creció exponencialmente durante su gestión. Fabricó culpables con testigos protegidos, convirtió vastas zonas del país en verdaderas zonas de guerra, destruyó la institucionalidad del CISEN, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, adelgazó la soberanía nacional y cometió reiteradas faltas a la Ley y a la Constitución permitiendo la entrada ilegal de armas a nuestro país.
Todo lo que digo está plenamente documentado en los documentos que están a la vista, documentos oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otros más.
Contrario a lo que pudieran ustedes suponer, he pedido la palabra para compartir con ustedes datos, resoluciones, sentencias, memorándums y documentos oficiales y públicos, en los que hemos basado nuestro voto particular en contra de que se nombre a Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por muchos argumentos. Déjenme decir algunos:
El artículo 95 constitucional, en su fracción IV, exige, subrayo, exige el requisito ineludible para ser nombrado Ministro de la Suprema Corte, el tener buena reputación y no haber lastimado la buena fama del servicio público. La buena reputación no es un concepto subjetivo o arbitrario, la Suprema Corte de Justicia ha interpretado la buena reputación como un bien objetivo, que permite que alguien sea merecedor de estimación y confianza social, requisito que no reúne el señor Medina Mora.
Más de 50 mil personas en 8 días, que están sus titulares aquí presentes, suscribieron una petición al Senado para evitar que Medina Mora sea nombrado Ministro.
La Academia ha sido crítica respecto al perfil, su falta de profesionalismo e imparcialidad. Plumas prestigiadas de nuestro país, diversos medios de comunicación, han descrito razones de peso para que Medina Mora no forme parte del Máximo Tribunal justamente por carecer de este requisito constitucional, de gozar de buena reputación.
Otros requisitos constitucionales están descritos en el último párrafo del artículo 95 constitucional, y en los cuales no debe haber ninguna duda de su cumplimiento, que es su honorabilidad, haber servido con eficacia, con capacidad, competencia y profesionalismo; es decir, que para poder ocupar el cargo de tal envergadura, los candidatos deben contar con una trayectoria intachable, no es el caso del señor Medina Mora, que ha sido sentenciado y resultado responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos, comisión de faltas graves a la ley y a la Constitución.
Algo fundamental, confesado por él mismo, es que no es buen abogado. Según el cable de WikiLeaks, 09/México/2759 de la Embajada de Estados Unidos en México, Eduardo Medina Mora habló con el Embajador Carlos Pascual sobre su sucesor, Arturo Chávez Chávez, y esto fue lo que dijo, y abro comillas: “Él es un buen abogado, yo no. Soy un servidor público que salió de la inteligencia, él traerá la capacidad jurídica que yo no tenía”.
Medina Mora se describe a sí mismo, como mal abogado y falto de capacidad jurídica ante el entonces Embajador de Estados Unidos en México, tan sólo por eso no debiera ser nombrado Ministro.
De la revisión de la trayectoria del señor Eduardo Medina Mora en el servicio público, se desprenden muchos casos que han puesto en cuestionamiento su honorabilidad, su competencia, su capacidad y su profesionalismo, y es un candidato que no reúne los requisitos de idoneidad para ocupar el honroso cargo de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubica la gestión de Medina Moral al frente de la PGR como la que más recomendaciones recibió por parte del organismo.
En su cargo como Secretario de Seguridad Pública sucedieron varios hechos relevantes, que fueron calificados por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, como de graves violaciones a las garantías fundamentales.
Solo por citar algunos: La represión brutal contra los pobladores en San Salvador Atenco; la irrupción violenta de la Policía Federal en la Mina de Sicartsa; la intervención policiaca y la represión contra los integrantes de la APPO; la Operación “Rápido y Furioso”, que permitió la entrada de armas ilegales a nuestro país; el encarcelamiento injusto e ilegal que por más de tres años sufrieron las indígenas Teresa, Alberta y Jacinta; las agresiones y persecución al Padre Solalinde; el secuestro y tortura a la periodista Lydia Cacho; el operativo del “Michoacanazo”; el ejercicio indebido de la función pública en el caso de la Mina de Pasta de Conchos; el uso y abuso de los testigos protegidos; los juicios paralelos, mediáticos, para presionar a jueces y magistrados; el uso faccioso de las instituciones para perseguir a los adversarios políticos; y una larga lista de casos donde Medina Mora es responsabilizado por faltas a la ley.
Aquí describiré algunos con más detalle: En el caso de San Salvador Atenco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí está el documento, en la investigación de los hechos por violaciones graves a las garantías individuales No. 3/2006, en la página 546 señala: “que en este operativo hubo detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles contra la población que sólo defendía sus tierras”; además señala en la página 542: “que la fuerza pública se utilizó en forma ilegítima, innecesaria, desproporcionada, que los policías se condujeron en forma ineficiente, improfesional e irrespetuosa de la dignidad humana de los detenidos”.
Y en esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia, en la página 73 dice: “Que Eduardo Medina Mora participó en una reunión de preparación de este operativo la noche anterior, que estuvo de las 19:30 horas a las 23:00 horas en el inmueble ubicado en la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, del barrio de San Pedro, municipio de Texcoco, Estado de México, es decir, que fue Eduardo Medina Mora el que preparó, organizó y dirigió este operativo que violó flagrantemente los derechos humanos, donde murieron dos jóvenes y quedaron presas decenas de personas.
En las páginas 545 y 546 de esta sentencia, la Suprema Corte señala que la responsabilidad de los hechos recae, sí a los imputables, por acción directa a quienes las realizaron; y por omisión a los comandantes y sus superiores, y determina que el entonces Secretario de Seguridad Pública, hoy candidato a la Corte, intervino en estos hechos, así lo sentencia en las páginas 546 y 547.
Más claramente, en la página 548, la Corte declara la ilicitud cometida por los mandos superiores a lo largo del dictamen se señala la responsabilidad del Secretario de Seguridad Pública como titular.
De igual forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la recomendación que aquí tengo, la 38/2006, señala que cometieron diversos abusos de autoridad, detenciones arbitrarias, tratos crueles, degradantes e inhumanos, allanamientos de morada, retenciones ilegales, violación a la libertad sexual y actos de tortura, léanse muchas páginas, incluso nada más las conclusiones que vienen en la página 1,657 y 1,658, ahí se dice todo lo que he dicho.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos va directo, extiende la recomendación al Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, y ordena que se inicien y resuelvan los procedimientos de responsabilidad administrativa y que se inicie la averiguación previa por ilícitos penales.
En la página 58 especifica que no sólo se sancione a los policías, ya que las prácticas abusivas contra la población fueron cometidas bajo la anuencia y tolerancia de sus superiores, en los que incluye al propio titular de la dependencia federal de seguridad pública.
El hoy candidato a Ministro rechazó la recomendación y dijo que “metía las manos al fuego por los elementos de la PFP”, por lo que la Comisión de Derechos Humanos aduce que la actitud asumida por las autoridades es contraria a la verdad histórica de los hechos, es decir, que mintió.
Hoy, este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el pasado 14 de marzo de 2014, en una audiencia pública celebrada en Washington, la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, reconoció que se violaron los derechos humanos, se comprometió a reparar el daño y pidió perdón a nombre del Estado mexicano, ante la Corte Interamericana, y este mismo gobierno de Enrique Peña Nieto, que pidió perdón, pone como Ministro al propio responsable de los hechos.
Qué contradictorio, qué desafiante, qué indignante es que además de haber quedado en total impunidad, ahora se le quiera premiar con uno de los máximos cargos.
Qué va a hacer la Corte cuando la Comisión Interamericana sentencie por haber preparado el operativo la noche del 3 de mayo, y concluya su responsabilidad de graves violaciones a los derechos fundamentales, a uno de los propios integrantes de la Corte, si ustedes lo votan.
En el otro programa, dejar las armas caminar, cuando fue Procurador General de la República, Medina Mora tuvo conocimiento de que la Agencia para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de los Estados Unidos, estaba desarrollando el programa “Gunrunner”, dejar las armas caminar, que consistía en permitir el ingreso ilegal de armas de grueso calibre a México, para posteriormente ser rastreadas, pretendiendo con ello ubicar células del narcotráfico.
En el documento oficial que aquí tenemos, elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, titulado “Una Revisión de la Operación Rápido y Furioso de la ATF y asuntos relacionados”, señala con toda claridad que en el año 2007, con el entonces Procurador General de la República, el señor Medina Mora, se sostuvieron diversas reuniones para informar de estas acciones encubiertas.
En la página 50 de este documento, del apartado de los intentos de coordinar con México la aplicación del programa entre abril y junio del 2007, se refiere a que los agentes de la ATF en México, sostuvieron comunicación en la propia oficina del Procurador General de la República, donde se les requirió para una mejor colaboración y poder intervenir en el rastro de las armas.
Los agentes de la ATF señalan que al día siguiente de la reunión, en la oficina del Procurador, entregaron la información a la AFI.
El entonces Procurador Medina Mora sí tuvo conocimiento de la entrada ilegal de armas a México, incluso colaboró, desde su oficina, con estos programas a todas luces ilegales e inconstitucionales.
Hay una serie de oficios aquí, memorándums, que se titulan “Reunión de la Fiscal General con el Fiscal General de México, Medina Mora”, donde se plantea al titular de la PGR integrar el equipo para asistir a las acciones del programa “Gunrunner”.
Medina Mora tuvo conocimiento de las acciones, tuvo intercambio de información, incluso instruyó a personal de la AFI para que acudiera a la capacitación y se ocupara del rastreo para introducir las armas en forma ilegal e inconstitucional a nuestro país.
Compañeras y compañeros Senadores: Ustedes han escuchado referirme al desempeño del señor Medina Mora como servidor público con algunos adjetivos tales como: omiso, negligente, actúo de manera ilegal, actúo faltando a los principios constitucionales, que en múltiples ocasiones faltó a la verdad e incluso haber vulnerado nuestra soberanía nacional, pero no son adjetivos míos, sino extraídos textualmente de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de documentos del Departamento de Justicia estadounidense, y muchos otros más que están a la vista.
Les pido un voto de conciencia, que estudien y analicen este voto particular, muy documentado, que reflexionen sobre la alta responsabilidad de nombrar a alguien responsable de los hechos ominosos que han quedado en total impunidad y quieren premiarlo nombrándolo en la Corte.
Eso es otro agravio a la Nación.
Es un hecho que indigna profundamente, les pido que escuchen a la sociedad que intensamente nos ha pedido, al Senado, que no hagamos Ministro a Medina Mora.
Me faltaron muchos datos, pido una segunda intervención.
Gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.
Sonido en el escaño del Senador Alejandro Encinas.
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente para tomar algunas medidas en cuanto a la operación del Canal del Congreso, ya que durante la intervención de la Senadora Dolores Padierna se cayó la señal del Canal, tanto en la señal restringida como en streaming.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No se le escucha, Senador, con claridad.
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Creo que se cayó la señal, ha de ser coincidencia, dijeron que por las manchas solares, de la señal del Canal del Congreso, y se cayó el streaming; ya se restableció.
Yo solicitaría que se hiciera un llamado a la gente del Canal para que haga un esfuerzo técnico y en ningún momento se distraiga la atención a este debate.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño de la Senadora Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Lo que acaba de decir el Senador Encinas, de que el Canal del Congreso no transmitió mi intervención el día de hoy, lo mismo hizo en la Comisión de Justicia cuando sesionó para dictaminar, ahí tuvimos más tiempo, analizamos con más calma los documentos y no fue transmitida por el Canal del Congreso.
Pido, señor Presidente, que se ordene que mi intervención, que fue grabada, se ponga tal cual en el Canal del Congreso.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios se dirija al Canal del Congreso, para que por escrito responda la razón por la cual, si así ocurrió, no se transmitió la intervención de la Senadora Dolores Padierna, y que ponga seguimiento a partir de este momento para que no vuelva a ocurrir, en caso de haber ocurrido.
¿Le parece que sea el trámite?
Ya di la orden, Senadora, para que se pida por escrito la explicación, en caso de haber ocurrido, y que a partir de este momento Servicios Parlamentarios dé seguimiento para que no ocurra en el tiempo en que se desahogue la sesión.
Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente. 
Parece que no podemos pecar de ingenuidad, que en asuntos que de repente crean mucha expectativa, ocurran ese tipo de hechos.
Me parece que, además de lo que usted  acaba de  ordenar, también es necesario que se determinen quiénes o quién, y en función de qué, y comprobar debidamente, tomaron la decisión  de quitar intervenciones sobre este asunto que es fundamental para la Nación.
De tal manera, que le solicito, además,  que se acompañe con las medidas administrativas  para perseguir a quienes, en el supuesto, en la presunción,  de que hayan cometido una falta, siguiendo los  intereses, no los genuinos de una discusión parlamentaria que tiene que ser inscrita,¡ íntegra, como todos los debates, en el Canal del Congreso y que, por supuesto, no podemos permitir.
Yo le pido que, además, acompañe su  ordenanza con la determinación de la eventual sanción a quienes pudieron haber perpetrado estos hechos, tanto hoy  como el día de la sesión de la Comisión de Justicia.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta:   Una vez que tengamos el informe correspondiente y la certeza de que sí haya ocurrido, la Mesa Directiva del Senado tomará las definiciones correspondientes. ¿Les parece Senadores?
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.
Espero que las  manchas orales no manchen al Senado de la República, no manchen a la Nación, no manchen la Suprema Corte de Justicia.
Vengo a razonar mi voto particular en contra, hasta ahora, de la posible designación Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por razones jurídicas y conceptuales que reafirman la conformación de la política pública de la defensa del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, mediante la interrupción voluntaria del embarazo, que impulsó el Gobierno del Distrito Federal, mediante importantes reformas al Código Penal  y a la Ley de Salud, de esa entidad federativa, en la que el PRD ha reiterado la confianza y el voto ciudadano desde hace 17 años.
Es responsabilidad del Senado nombrar a los Ministros de la Corte. Por ello, nuestro trabajo debe ser escrupuloso, responsable y crítico.
Es verdad, el Senado de la República no es un tribunal de alzada, pero tampoco somos una oficialía de partes, el debate y la crítica  son el alma de todo parlamento.
El derecho no es neutro, su contenido  político se deriva del proceso legislativo en el que participan fuerzas políticos, partidos que sostienen posiciones ideológicas que terminan como fundamento  del derecho  positivo, menos aún, cuando hoy los tribunales constitucionales  de diversos países  sostienen la concepción de un derecho no sólo normativo, sino por principios. 
Viene a colación este tema, por cuanto a la acción de inconstitucionalidad  que el entonces  Procurador General de la República, el Licenciado Medina Mora, interpuso contra la despenalización  del aborto antes de las 12 semanas de gestión, aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y promulgada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Acción de inconstitucionalidad en la que Medina Mora, fue vencido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Existen muchos otros casos que argumentar, pero voy a centrarme en este por lo significativo y vergonzoso de este hecho.
Argumentaba el Licenciado  Medina Mora, entonces Procurador General de la República, en su acción de inconstitucionalidad que:  “Al promulgarse la Constitución de 1917, el derecho a la vida se reconoció en su numeral número 14”. Mala lectura e interpretación del texto constitucional, tal como lo señaló la Suprema Corte, de la que hoy pretende ser  parte.
Dijo la Corte en su resolución, y cito textualmente:
“El hecho de que la vida sea una condición necesaria  de la existencia de otros derechos, no se puede válidamente concluir que debe considerarse a la vida  como más valiosa que cualquiera de esos otros hechos. Aceptar un argumento semejante nos obligaría a aceptar también, por ejemplo, que el derecho a alimentarse es más valioso e importante  que el derecho a la vida, porque lo primero es una condición de lo segundo, no se aprecia el establecimiento de un derecho a la vida, a nivel constitucional, y por ende, en este momento, no resulta  apropiado hacer un pronunciamiento sobre el mecanismo mediante el cual este hipotético derecho pudiera ser  oponible al resto de los derechos constitucionales”. Hasta ahí la cita.
Igual confusión, que sobre el derecho a la vida en la construcción, Medina Mora, la tiene sobre el concepto jurídico de persona, del vocablo persona, como sujeto de derechos y obligaciones, denota un concepto elaborado por la teoría  general del derecho, éste se distingue del concepto de ser humano que implica una realidad biológica y que no es el objeto del derecho. Para que una persona pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, requiere de la capacidad jurídica, sea ésta de goce o de ejercicio.
Suponer que desde la concepción del ser humano, tiene la calidad de persona, como lo afirmó Medina Mora en su acción, implicaría  suprimir los efectos jurídicos del nacimiento, que es el hecho que otorga la calidad jurídica de la persona.
El nasciturus no es titular del derecho a la vida, lo que se corrobora cuando en la mayoría de las legislaciones establece una sanción penal más elevada para el infanticidio o el homicidio, que para el aborto, pues el bien jurídico tutelado no es el mismo y corresponden a tipos penales autónomos.
En otro de los conceptos de invalidez, del entonces Procurador, afirmaba que la despenalización del aborto es discriminatoria y contraria a lo dispuesto por el artículo 1o. constitucional, la Corte le respondió lo siguiente:
Cito. “Artículo 146. Dicho precepto no puede ser discriminatorio de los derechos del embrión, porque como se ha señalado con anterioridad, el embrión no cuenta con ninguno de los atributos de la persona o el individuo, y por tanto,  no puede  contar con sus derechos, se confunden los derechos a la vida  y no discriminación de la persona con la protección del embrión”.
En otra parte de su recurso, el entonces Procurador, al igual que el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aquel entonces, sostienen o sostuvieron, no sólo con los mismos argumentos, sino con la misma redacción, por cierto, que firmaron  exactamente el mismo documento, lo redactó la misma persona a ambas personas, que sostenían que se vulneraba el artículo 4o. constitucional por cuanto a la libertad de los padres tienen de  decidir  informadamente el número y espaciamiento de los hijos.
Nunca entendieron que  la libertad de procreación implica una  obligación dual, a nadie puede prohibírsele  que tenga los hijos que desee y el esparcimiento entre ellos, como tampoco puede obligárseles a tenerlos cuando no lo desean.
El planteamiento relativo a que  dicha libertad constituye un derecho de la pareja es falso, como lo sostuvo la Corte, pues si con la decisión de la mujer de interrumpir el embarazo, se afecta  un derecho del hombre, viene a prevalecerse al derecho de la mujer, porque en su cuerpo se desarrollara el proceso de gestación.
Carece de sustento la afirmación de que, decía Medina Mora, una medida abortiva, no significa el ejercicio de la libertad de procreación, porque no sería producto de la responsabilidad y la información, pues con ello, se pierde de vista que las personas informadas  y responsables también pueden tener embarazos no deseados.
La supuesta contraposición de la libertad a la mujer  para decidir sobre su cuerpo, que Medina Mora sostuvo, se da por la punibilidad de la conducta que interrumpa el embarazo después de la décima segunda semana de gestación, carece de razón, ya que fue la ponderación de derechos lo que llevó a la Asamblea a establecer la punibilidad del aborto forzado, siempre y la posibilidad de interrumpir el embarazo  hasta dicho periodo de gestación en ejercicio de la libertad de la mujer, además de las excusas absolutorias  o excluyentes de responsabilidad procesadas en el Código Penal del Distrito Federal.
Debe quedar claro, como lo afirmó la Corte, que las reformas jamás  pretendieron fomentar la interrupción del embarazo, sino que sólo otorgaron la posibilidad a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, de acudir a centros hospitalarios para que les sea proporcionada una atención médica segura con pleno respeto a su dignidad y derechos fundamentales.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítame, senador. Les pido a las y  los senadores que ocupen sus escaños para poder escuchar al orador.
Gracias, continúe, Senador Sánchez.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, y por cuanto al argumento machista acerca del derecho de los hombres a ser padres, Medina Mora desconoce la diferencia entre lo que las personas pueden hacer y lo que tienen derecho a imponer a los demás o al estado, así como el hecho de que las normas reformadas están destinadas a establecer el criterio que debe privar en casos de desacuerdo.
La regla según la cual la decisión final, en estos casos, recae en las mujeres, portadoras de un embrión no deseado, no es discriminatoria, ni por tanto irrazonable, porque responde a la clara diferencia de su posición frente a la de cualquier otra persona, la del hombre que estima haber tenido participación en la generación de ese embrión o cualquier tercer persona.
Como afirmó la Corte a la que hoy se pretende enviar justamente a Medina Mora, lo cito otra vez, textual:
“La continuación del embarazo no deseado tiene consecuencias distintivamente permanentes y profundas para la mujer con independencia de que cuente con el apoyo de otras personas en su continuación y después en el cuidado y la educación del niño, y es esa afectación asimétrica al plan de vida lo que establece la base para el trato distinto que el legislador consideró al otorgarle a ella la decisión final acerca de si el embarazo debe o no ser interrumpido, y por lo que no hace irrazonable negar al participante masculino la capacidad para tomar esta decisión.

La afectación, continúa la Corte, la afectación de la mujer y el hombre es distinta, no solamente porque como hemos señalado hay consecuencias del embarazo no deseado que solo recae en la mujer que lo experimenta, sino porque, aunque haya otras cargas que potencialmente podrían ser asumidas por los participantes masculinos, su garantía por parte del ordenamiento jurídico es imperfecta.

El supuesto derecho, ahí cierro la cita textual, el supuesto derecho machista, la paternidad que inventa Medina Mora presenta enormes dificultades a la hora de reconocer su ejercicio; en el momento inicial de decidir si un embarazo continúa o no tiene también la relevancia el que antes de las doce semanas es muy difícil establecer legalmente que una persona en particular, es efectivamente padre potencial”.

Otra perla del recurso promovido por Medina Mora es que las reformas, dice, las reformas vulneran los artículos 16 y 133 constitucionales, ignoró y espero que no ignore hoy  en razón de su pretensión de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la tipificación del delito de aborto que realizó la Asamblea no es ni puede ser inconstitucional; sostener la consideración contraria llevaría a sustentar la inconstitucionalidad  de todas las legislaciones penales, locales y federales al establecer excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto, inclusive después de la décimo segunda semana de gestación, hecho reafirmado al ser declarado infundado el noveno concepto de invalidez de ese recurso ante la Corte.

Compañeras y compañeros senadores: He venido a esta tribuna a presentar argumentos jurídicos de peso por los cuales el licenciado Medina Mora no puede ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la presentación de un caso, solo un caso cuyo engrose puede ser consultado en la misma institución; engrose que demuestra que, el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, fue vencido en sus argumentos tanto por los alegatos que presentó a la Asambleas Legislativa del Distrito Federal como al Jefe de Gobierno, como por la sentencia que contó con el voto de 9 Ministros de ese alto tribunal constitucional, algunos de ellos en activo, y con los que se pretende  que él comparta un lugar.

Hoy gracias a una Corte liberal con voluntad de escuchar a la sociedad civil y a especialistas y con un sentido acorde a la ruta progresista del Constituyente de 1917, las mujeres en el Distrito Federal cuentan con la libertad y la garantía de interrumpir voluntariamente su embarazo, ojalá que todas las mujeres de México tuvieran este vital derecho que prestigia la libertad.

Por estas razones, pido a ustedes, compañeras y compañeros senadores, no votar en la cédula por Eduardo Medina Mora.

Mi voto no será para él.
Muchas gracias.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, senador.

Hemos agotado los votos particulares que habían sido listados, el de las Senadoras Dolores Padierna  y Angélica de la Peña, y el del Senador Luis Sánchez.

Vamos a pasar a desahogar dos mociones suspensivas, aun cuando el Reglamento establece que habrá sólo una moción suspensiva, vamos a desahogar las dos mociones suspensivas.
Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz para presentar propuesta de moción suspensiva, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Adelante, don Manuel.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente Miguel Barbosa.
Con fundamento en los artículos 105, 106, 107 y 92, fracción IV del Reglamento del Senado de la República, los suscritos senadores que firmamos al calce, formulamos moción suspensiva a fin de que el debate en el Pleno sobre el dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls no se inicie, a efecto de que el asunto objeto del dictamen sea devuelto a la Comisión de Justicia para que ésta cumpla las obligaciones normativas que no ha satisfecho.
Los hechos que motivan la moción suspensiva son los siguientes:
La Comisión de Justicia, en el asunto en cuestión, no realizó un análisis y valoración pormenorizada y exhaustiva sobre  los requisitos que determina el artículo 95 de la Constitución, sobre cada uno de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo.
En concreto, no valoró la acreditación de los requisitos concernientes al licenciado Medina Mora correspondientes a su buena reputación, buena fama, fracción IV, artículo 95; residencia, fracción V del artículo 95 e idoneidad, fracción VI del artículo 95.
La Comisión de Justicia no valoró en su dictamen ni en los argumentos ni las más de 20 mil firmas que presentó la organización change.org en contra de la designación de Medina Mora.
La Comisión de Justicia no realizó consultas ni audiencias con expertos en contra del artículo 133, fracción V del Reglamento.
La Comisión de Justicia no solicitó  información ni documentos completos sobre el caso en concreto sobre la Operación  Rápido y Furioso y sus prolegómenos y la participación de Medina Mora en los hechos en contra de la fracción VIII del artículo 133 del Reglamento del Senado.
La Comisión de  Justicia, en contra de la fracción VI del artículo 190 del Reglamento del Senado, no fue exhaustiva en el análisis y valoración de todos los elementos del caso.
Si se aprueba el dictamen en cuestión sin cumplir con estas obligaciones que determinan la Constitución y el Reglamento, estaríamos violando el procedimiento parlamentario y sus fundamentos contemplados en el artículo 72 de la Constitución de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los senadores que firmamos esta moción suspensiva solicitamos:
Primero. Se le dé el trámite parlamentario a la moción suspensiva.
Segundo.  No se inicie o se interrumpa el debate del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el titular del Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Valls, hasta que la Comisión de Justicia cumpla sus obligaciones constitucionales que ha violentado.
Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.
En uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar moción suspensiva en nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Adelante, Angélica.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Con su venia, señor Presidente.
La suscrita y los suscritos Senadores y Senadoras de la República de esta Legislatura, con fundamento en los artículos 105, 106 y 107 del Reglamento del Senado, presentamos la siguiente moción suspensiva en relación con el dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del ministro Sergio Armando Valls Hernández, al tenor de las siguientes consideraciones.

Primero. El dictamen de la Comisión de Justicia señala en el acuerdo tercero  lo siguiente.

Tercero. El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en consecuencia, es elegible para cubrir la vacante  generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.
Dicha resolución, desde nuestro punto de vista, no cumple con lo que establece el último párrafo del artículo 95 constitucional, dado que el señor Medina Mora no cuenta con lo fundamental para ser considerado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es haberse destacado por honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Por el contrario, ha sido pública y notoria la inconformidad de diversos organismos de la sociedad, distintas personalidades, diversas personalidades que han solicitado no aprobar la propuesta del ciudadano Eduardo Tomás Medina  Mora, como Ministro de la Suprema Corte, argumentando que se trata de un personaje caracterizado por su incompetencia y por su parcialidad, ya que en su desempeño como Procurador General de la República fue responsable de diversas violaciones a los derechos humanos.
Estas personalidades y organizaciones, de lo más diverso de la sociedad, han comenzado a manifestarse en contra de lo que ya se prefigura como un inminente nombramiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una determinación clara del PAN  y del PRI.
Estamos entregando, nos fue entregado ahorita en la mañana, al senador Javier Corral, al senador Alejandro Encinas, a la senadora Dolores Padierna, al senador Zoé Robledo y a su servidora, más de 51 mil firmas de la organización Change.org, que han emprendido diversas personalidades, nombré simplemente algunas de ellas: Alejandro Anaya Muñoz, Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa, Jorge Javier Romero,  Genaro Lozano, por mencionar algunas.
En este portal ha recibido, hasta el momento, más de 51 mil firmas, cuando las recibimos la semana pasada en la sesión de la Comisión de Justicia, recibimos 21 mil, ya es más de lo doble en este fin de semana.
Me parece que es importante destacar que además de personalidades hay diversas organizaciones, como la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información y Reproducción Elegida, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Observatorio de Designaciones Públicas, Artículo 19, solo por mencionar algunas.
Este solo hecho debería llevarnos a devolver este dictamen a la Comisión de Justicia para su debida valoración, dado que hay en esta designación una corresponsabilidad irrenunciable. Pero también hay que decirlo, no existen, señoras Senadoras, señores Senadores, un antecedente en nuestra vida democrática de un cuestionamiento tal cuando se ha tratado del nombramiento de la elección de alguien de una personalidad que vaya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un encargo tan relevante para la República, que debiésemos atender debidamente.
Segundo. No se trata de un asunto menor, nuestro cuestionamiento fundamental se encuentra en el último párrafo del artículo 95 constitucional, que refiere a la letra: “los nombramientos deberán de recaer, preferentemente, en aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Queremos abundar más, habrá que ver qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las características que deben ser tomadas en prevención, en consideración, en atención  para las y los juzgadores que asumen este tipo de encargos tan importantes.
Supuesto, este el que establece este último párrafo del artículo 95 constitucional, que en este caso no se cumple, porque el desempeño del cargo que se nombra tiene que ver con aspectos eminentemente técnicos, como son las técnicas de interpretación jurídica o la hermenéutica, las sanción de instrumentos, protocolos, pactos sobre protección de derechos humanos, etc.
Más allá si interpretamos si cumple o no con la residencia, la verdad, pero también con aspectos profesionales, como son la deontología, la independencia, la imparcialidad, la reserva, la diligencia, que son valores que influyen en la percepción de la justicia y la confianza ciudadana y son la base fundamental de la independencia del Poder Judicial.
Luigi Ferrajoli, en su obra Democracia Constitucional y Derechos Fundamentales, dice lo siguiente:  A diferencia de cualquier otra actividad jurídica, la actividad jurisdiccional del Estado es una actividad cognoscitiva, además de práctica, o mejor, es una actividad prescriptiva que tiene como necesaria justificación una motivación en todo o en parte cognoscitiva, las sentencias exigen una motivación fundada en argumentos cognoscitivos sobre los hechos y recognoscitivos sobre el derecho. A diferencia de cualquier otro poder público, el Poder Judicial no admite una legitimación de tipo representativo o consensual, sino una legitimización, legitimación de tipo racional y de tipo legal.

Tercero.  De aprobar este Senado el presente dictamen que prefigura ya el nombramiento del ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, se sentaría un nefasto precedente para la vida democrática de nuestro país.

El mensaje que se estaría enviando es que lo menos importante en el máximo tribunal del país, es la justicia y la seguridad jurídica, es el riesgo de designar un ministro que carece de los requisitos de idoneidad y representa poner en riesgo, de manera innecesaria, por el Senado de la República, a uno de los Poderes de la Unión. Voy a mencionar lo que dice, seguramente muchos de ustedes han estudiado a don Ignacio Burgoa Orihuela, el jurista y el simulador del Derecho, nos advierte.

El funcionario judicial que simula o es un ignorante del Derecho o un inmoral, denotando su actuación, es un grave peligro social. Si sus funciones son de control constitucional desciende a la triste situación de convalidar leyes y actos de autoridad que vulneran el orden constitucional y legal.

Su actitud provoca la desconfianza y el desprecio de la sociedad, cuando no alarma y zozobra, pues su asunción es la negación del estado de derecho y un impacto contra el régimen democrático. Un juez simulador entraña un ser de mayor peligrosidad social que el más draconiano de los gobernantes.

Porque al margen de la protesta y de los procedimientos parlamentarios, señoras y señores, lo importante para el país es contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente, que permita consolidar nuestra incipiente democracia que se consolide  como vigilante del estado de derecho, que sea un contrapeso del Poder Ejecutivo y de los poderes fácticos también.

Que se constituya en una instancia facilitadora de la transparencia y la rendición de cuentas garante de la justicia frente a la política y el abuso de poder, es decir, una función de equilibrio entre los poderes del estado.

Cuarto.- En mérito de lo expuesto, es que consideramos que este dictamen, en términos del artículo 105 del Reglamento del Senado de la República, se regrese a la Comisión de Justicia para la modificación del tercer punto resolutivo, el cual debe de ir en el sentido de que el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuesto en la terna presentada por el Presidente de la República, no reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hoy nos hemos encontrado una nota en todos los medios de comunicación, que se habla de que en la etapa de Medina Mora se descongelaron 73 millones de dólares a la cuenta de Raúl Salinas de Gortari.

Bueno, podemos seguir hablando de todos los grandes cuestionamientos que se han hecho. Me parece que de manera puntual hay que atender el procedimiento que se sigue por la organización desarme, y por lo tanto, concreto señalando la moción suspensiva.

UNICO.- Se aprueba la presente moción suspensiva del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de los integrantes de la terna presentada por el Ejecutivo Federal para cubrir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, con el objeto de que sea devuelto a la comisión dictaminadora para su respectiva valoración y estudio.

Esperemos que sea votado, en congruencia, por ustedes, a favor.

Aquí están las firmas que nos entregaron para que puedan ser tomadas en consideración, señor Presidente, en el expediente respectivo.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: ¿Me está entregando las firmas, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¡Aquí están!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Después de revisarlas, haga lista de ellas.

Adelante, por favor, Secretaría.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 105 y 106 del Reglamento, procederemos a desahogar las mociones suspensivas.

Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a debate las mociones presentadas.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica,  si admite a debate…

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, permítame.

Sonido en el escaño de la Senadora De la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Presidente, le solicito que sea usted tan amable de que esta votación, en vista de que ha sido apoyada por cuando menos 5 legisladoras, sea de manera electrónica, si es tan amable.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: De acuerdo a los solicitado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, el Senador Gil, antes.

Sonido en su escaño.

Se ha solicitado, o se han presentado 2 mociones suspensivas a efecto, entiendo, de reponer el procedimiento de dictaminación en la Comisión de Justicia.

Al respecto, como Presidente de la Comisión, estoy obligado a hacer 2 aclaraciones:

La primera. La Comisión de Justicia siguió escrupulosamente el acuerdo votado por este Pleno y que motivó a su vez un acuerdo de procesamiento en el seno de la comisión, que fue aprobado por unanimidad, en el que entre otras cosas solicitamos diversa información a los candidatos que integran la terna.

Ningún Senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, firmantes de la primera moción, solicitó acción alguna en el seno de la Comisión de Justicia. No hubo planteamiento en el orden del que se está haciendo el día de hoy en relación con el procedimiento.

Y la segunda aclaración tiene que ver con la presentación de un importante número de firmas.

La Comisión de Justicia, a propuesta de la Presidencia, dictó un trámite con respecto a estas firmas, y determinamos, por unanimidad, que se incluirían en el micro sitio que hemos previsto para este proceso y que se pondrían a disposición de los grupos parlamentarios para la valoración respectiva, justamente de cara a esta sesión.

Me veo obligado, señor Presidente, a hacer estas 2 aclaraciones, porque no puedo permitir, bajo ninguna circunstancia, que se hubiera violado o vulnerado el procedimiento en la fase de dictaminación en el seno de la comisión que me honro presidir.

Muchísimas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Presidente de la Comisión de Justicia.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Sonido en el escaño del  Senador Manuel Bartlett, después de la Senadora Angélica de la Peña y de la Senadora Dolores Padierna.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) La aclaración que pretende hacer el señor Presidente de la Comisión de Justicia es inválida, porque dice que nadie del PT presentó una queja o alguna oposición a su planteamiento.

Lo que yo estoy diciendo ahí, es que la Comisión de Justicia no hizo ninguna investigación.

La Comisión de Justicia lo único que hizo fue pedir documentos a los interesados.

La Comisión de Justicia, cuando se presentaron estas firmas dijo: “Que se mandaran a la nube del micro sitio, la nube”, y no les hizo el menor caso.

Lo que tendría que contestar es que, todo lo que estamos diciendo aquí, que no se tomó en cuenta, de la no investigación, de no convocar a nadie, de sacar en unas cuantas horas, 2 o 3 horas todo el proceso, es absolutamente inválido, que no se corrige con decir: “Que del PT nadie presentó entonces nada”.

De manera que no estoy de acuerdo con lo planteado, y por eso pido que se retire el dictamen para que en realidad lo estudien, y no mandar allá, al Internet, lo que se está presentando en lugar de analizarlo. No hubo ninguna anuencia, ninguna anuencia.

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.

La Senadora Angélica de la Peña y después la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Es verdad lo que dice el Presidente de la Comisión de Justicia, de que se ordenó en la sesión respectiva subir al micro sitio las entonces más de 21 mil firmas, como ya lo dije en mi intervención; hoy son más de 52 mil, y si siguen las horas, serán más, más y más.

El sentido fundamental no es cumplir con la formalidad de recibir firmas, de recibir oficios, inconformidades, sino que lo que tiene que hacer este Senado de la República, y ese es el sentido fundamental, sustantivo de la moción que presentamos el Grupo Parlamentario del PRD, es que se analice puntualmente estos documentos que han sido recibidos por el Senado, y en particular por la Comisión de Justicia, no que se suban, cumpliendo una normatividad en la formalidad, en la historia de la comisión, de todo lo que se  recibe, sino que se entre a profundidad a analizar: ¿Cuáles son los cuestionamientos? ¿Cuáles son las cuestiones que nos exigen, al Senado de la República, tomar consideraciones? Son 2 cosas totalmente distintas, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora.

La Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

Yo también quiero hacer la aclaración a lo dicho por el Presidente de la Comisión de Justicia, el Senador Gil Zuarth, al cual, yo personalmente le pregunté: ¿Cuándo sería convocada la Comisión de Justicia?

Me dijo no saber.

Ese mismo día que le pregunté, por la tarde, puso el citatorio. Tuvimos que preparar todo con una velocidad del rayo.

En esa reunión de la Comisión de Justicia, se acordó poner en el micro sitio, para su valoración, el dictamen.

La pregunta es: ¿Si ya se valoró? ¿En qué momento se valoró? ¿Si ya se estudió?

Tan sólo nosotros, en esa misma sesión, presentamos, como PRD, un voto particular con todos los anexos para su estudio.

Entonces, no están valorando una exigencia de 50 mil ciudadanos y ciudadanas.

El Senado y la Comisión de Justicia están actuando, cubriendo solamente formalismos y portándose como Oficialía de Partes.

Yo quiero hacer la moción, señor Presidente, de que se suspenda esta sesión, se dé paso a la valoración del dictamen por parte de los ciudadanos y ciudadanas, también de los propios Senadores y Senadoras, que muchos ni siquiera han de conocer bien el dictamen; y una vez que se haya valorado poder iniciar esta sesión.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Permítanme, Senadores. Senador Roberto Gil, permítame hacer una reflexión.

Hemos escuchado los argumentos sobre dos mociones suspensivas, la del Senador Manuel Bartlett y la de la Senadora Angélica de la Peña.

Se han adicionado comentarios del Presidente de la Comisión de Justicia, del propio Senador Bartlett, de la Senadora Angélica de la Peña y de la Senadora Dolores Padierna.

Esta Mesa Directiva, en la conducción de una sesión, sólo puede llevar a cabo lo que le permite la norma interna. Y eso no es suspender una sesión.

Yo le pido, al Senador Roberto Gil, que está tintineando su luz verde, que retire su deseo de participar, para que se abra el sistema electrónico de votación por dos minutos y se pueda determinar, en votación,¡ en sistema electrónico, si se admiten a debate las mociones presentadas.

¿Le parece, Senador?

Adelante, ábrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para recoger esta votación, sobre si son admitidas.

Adelante, le pido una disculpa, Senador Gil, por interpretar, es que usted hace así, sí y no.

El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) Señor Presidente, no puedo dejar de hacer que mi escaño parpadeé, tintinean las campanas, parpadean las luces, señor Presidente.

No puede dejar de hacer la aclaración pertinente. La convocatoria a la Comisión de Justicia, se hizo con consenso de la Mesa Directiva.

En segundo lugar, en la reunión de la comisión se acordó turnar al Pleno el dictamen en sus términos y el voto particular.

En tercer lugar, se acordó dejar a la valoración de los grupos parlamentarios, la documentación presentada por los ciudadanos, en estricto cumplimiento de lo que establece el acuerdo parlamentario, que aprobó este Pleno y que aprobó después la Comisión de Justicia.

Y en cuarto lugar, según el acuerdo parlamentario, que nos hemos dado, el momento en que los grupos parlamentarios presentan sus objeciones sobre idoneidad objetiva y subjetiva, es el momento en que los candidatos de la terna comparecen ante la Comisión de Justicia.

Ningún integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los integrantes de la terna.

En consecuencia, señor Presidente, no hay violación alguna al procedimiento respectivo.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Don Manuel, vamos a pasar a la votación, porque no es un debate. Parece que es un pinponeo, no tintineo.
Pero tiene usted el uso de la palabra don Manuel. Porque sé de su prudencia en el uso del micrófono
El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Usted Presidente, ha sido muy abierto a estas discusiones y se lo agradezco.
Si está iniciando un debate, verdad, pero el debate es muy pobre, cuando dice: es que nadie votó. Tuvimos un consenso. Aquí es donde se va discutir.
No, el señor está simulando un procedimiento que no existió. Aquí tengo toda las actas del proceso ese, ridículo. Unas cuantas, uno cuantos comentarios del señor Presidente y del señor Presidente de Puntos Constitucionales, y se acabó.
Claro, tienen la mayoría, y entonces dicen, esto ya se terminó. Pero ese es un mayoriteo que impide que este Senado, hoy tenga un dictamen fundado. Tenemos un dictamen simulado, un dictamen pobre, un dictamen en el que simplemente se buscó sacar adelante esto rápido y en fast track, como el de la Procuradora de la República.
Entonces, no es posible permitir que estemos en esta simulación, sino ir al fondo. La responsabilidad del Pleno ahora queda en un ridículo dictamen que no tiene nada. Que no tiene ningún argumento.
De manera que no acepto los comentarios, de que si no votó ninguno del PT, verdad, o si votó o hubo el consenso.
El dictamen es un dictamen fofo, de una comisión que no cumplió con su responsabilidad y señalamos todos y cada uno de los artículos del Reglamento que no cumplieron. Es un dictamen hechizo, a la trompa talega, para favorecer al Ministro que señaló el Presidente de la República, que es Medina Mora, punto. De eso se trata.
Gracias, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Bartlett.
Ábrase el sistema electrónico de votación por dos minutos para consultar a la Asamblea, sobre si se admiten a debate las mociones presentadas. Ábrase el sistema electrónico.
La votación a favor, es para que se abra a discusión. En contra, es para que no se abra. Como diría Güemes.
(Se abre el sistema electrónico)
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.
Medina Mora incumple los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma constitucional judicial vigente desde 1994, señaló en la iniciativa y en el dictamen de este Senado, que el propósito de la misma era transformar el método para designar ministros, a fin de darle mayor papel al Senado, en el procedimiento, y mayor responsabilidad en la designación, y para modificar, ampliando los requisitos para ocupar ese cargo, a fin de llevar a la Suprema Corte a personas idóneas, con amplios conocimientos jurídicos y de honorabilidad a toda prueba, lo que se traduciría en independencia e imparcialidad al momento de ejercer su alta encomienda.
En suma, el objetivo fundamental de esa reforma, que está en vigor, era dotar a la Corte de una mayor legitimidad social, de la fortaleza, autonomía y capacidad de interpretación para el adecuado funcionamiento del régimen democrático, para que el Poder Judicial sea más independiente del Ejecutivo y otros poderes, esos son los objetivos que plantea esa reforma en su debate, en su iniciativa y en su dictamen de este Senado.
La propuesta del Presidente Peña Nieto para que el Senado nombre a Medina Mora incumple esos fines y viola los requisitos; el Presidente de la República viola los requisitos del artículo 95 constitucional con esta propuesta que él hace; viola el artículo 95, fracción IV, porque el propuesto no goza de buena reputación ni de buena fama, como demanda la Constitución. No tiene prestigio.
Más de 40 mil ciudadanos, aquí se ha discutido ya, que no han tomado en cuenta, han puesto en duda, académicos, articulistas y columnistas, periodistas independientes del país, señalan que el Licenciado Medina Mora es un policía que ha participado en actos de represión contra mexicanos: Atenco, Oaxaca, Michoacán, Pasta de Conchos, la detención arbitraria de las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta, y la desatención a innumerables recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Participó ilegalmente en contra de la vida de cientos de mexicanos, autorizando el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos; la introducción de armas a México, en los antecedentes de “Rápido y Furioso”; y es responsable, junto con Calderón y García Luna, del peor atentado de nuestra historia a los derechos humanos por las políticas de seguridad, de protección y de justicia erráticas.
Medina Mora incumple el requisito de residencia de 2 años en el país, establecida en la fracción V del artículo 95 constitucional. No vale la apelación que establece el dictamen, no vale la apelación al artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior, ni al Estatuto de los Miembros del Servicio Exterior, porque el estatuto jurídico de un Embajador es diferente a los miembros de carrera de ese servicio.
Un Embajador tiene otro estatuto, y es consecuencia, no de un concurso, como es el Servicio de Carrera, sino de una designación constitucional de carácter político, en donde interviene el Ejecutivo y el Senado de la República.
Una norma secundaria que no procede, no puede, además, estar por encima de la Constitución.
La Constitución, en el artículo 95, que es la norma aplicable, y no otra, demanda residencia real, efectiva en el territorio nacional, y no una residencia formal y artificial.
La razón de esa exigencia es para que los Ministros estén plenamente imbuidos a los problemas nacionales y para garantizar su independencia de presiones externas de gobiernos extranjeros, que es precisamente a las que se debe Medina Mora.
Media Mora incumple los fines del párrafo primero, de la fracción VI del artículo 95 constitucional, porque aunque la norma no se define expresamente a los embajadores dentro de la lista de los funcionarios inelegibles a Ministros de la Corte, la teleología del precepto es que los que aspiran a Ministros de la Corte sean independientes, y así lo recordamos en relación con la reforma que les dio vida a estos requisitos, que los Ministros de la Corte sean independientes del poder formal y fáctico.
Medina Mora en este momento, al seguir siendo Embajador, es formalmente un empleado subordinado a Peña Nieto. ¿Con qué independencia va a resolver si su jefe le propone para Ministro de la Suprema Corte?
Medina Mora viola el párrafo segundo del artículo 95, fracción VI, de la Constitución, porque en contra de lo que determina la norma, no ha servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. No se ha distinguido por su honorabilidad, competencia de antecedentes profesionales, en la actividad jurídica.
Medina Mora no es destacado jurista ni académico, y no ha sido competente. El CISEN se desmanteló durante su gestión. La seguridad pública adquirió rasgos autoritarios nunca antes vistos y la procuración de justicia durante su gestión se basó en la parcialidad, en la interposición de 236 acciones de inconstitucionalidad respecto a medidas que iban en contra de los intereses del poder político, en la represión y en la incompetencia.
En el dictamen que se presenta, tenemos la certidumbre de que el Presidente Peña incumple con sus obligaciones constitucionales, está violando la Constitución al proponer a una persona que no satisface los requisitos del artículo 95 constitucional.
¿Por qué incumple Peña Nieto la Constitución? Por sus relaciones e intereses personales con Televisa, nuevamente aparece Televisa para extender el poder de esta empresa como una hidra, que lo pudre todo, en todas las instituciones del Estado penetra, y por sus vínculos con el gobierno de Estados Unidos, en tanto pieza clave de los acuerdos de Peña Nieto con este país, para llevar a cabo las reformas estructurales, reformas al gusto de ese gobierno.
Y porque necesita un Ministro transexenal, adicto, que garantice impunidad e interprete la reforma energética a favor de los intereses de las grandes petroleras y no a favor del pueblo de México. Señalemos más.
La participación de Medina Mora, siendo Abogado de la Nación, en la Iniciativa Mérida y en el ASPAN, Medina Mora fue facilitador de estos acuerdos que se celebraron sin la aprobación de este Senado. Pasando por encima de las facultades de este Senado, el Abogado de la Nación impulsó la Iniciativa Mérida y el ASPAN, violando las facultades de este Senado de la República, las atribuciones que tenemos.
Y eso se ha continuado, de tal manera que ahora son relaciones intersecretariales las que regulan estas relaciones internacionales violando la Constitución, que establece que esas relaciones tienen que ser definidas, aceptadas y aprobadas por la Cámara Alta.
Son acuerdos que someten la seguridad nacional de México a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Consideramos que quien negoció el ASPAN, la Iniciativa Mérida, que facilitó la Operación “Rápido y Furioso”, con costo de vidas humanas mexicanas, no debe ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia.
Alguien sin sentido nacional, contrario a nuestra soberanía, debe estar descalificado para esta función, no puede estar calificado con estas características para ser uno de los más altos juzgadores de este país.
El Senado, en particular la Comisión de Justicia, también incumple con la Constitución y con los artículos 133 y 190 del Reglamento del Senado, porque no consulta si existimos, audiencias para escuchar a la sociedad, fracción V del artículo 133; no solicitó información y documentos para verificar si Medina Mora cumplía los requisitos para ser Ministro, fracción VIII del artículo 133; y no efectúo una valoración de las propuestas de manera exhaustiva, artículo 190, fracción VI.
Es decir, la Comisión de Justicia no realizó una investigación completa sobre el cumplimiento de los requisitos de los propuestos violando el artículo 17 de la Constitución. Comparecencias en una hora, con preguntas mayoritariamente a modo, no suplen esa deficiencia.
No valoró la información recibida, en particular las famosas 40 mil firmas que recibió y que mandó a la Nube de Internet. El dictamen carece de exhaustividad en el análisis de los requisitos que deben reunir los propuestos y transgrede los artículos 95 y 96 de la Constitución.
En conclusión, Medina Mora incumple los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Medina Mora ha sido operador de la mano dura y de la represión del gobierno.
Se quiere que sea Ministro después de Embajador en Washington, en donde estuvo al lado de las petroleras y del gobierno de los Estados Unidos, y no del pueblo de México.
Va a interpretar ese personaje que sale de la Embajada americana y del análisis de los convenios y el facilitador de las reformas energéticas, va a interpretar la Reforma Energética en la Suprema Corte de Justicia, en contra de los pueblos indígenas, en contra de los ejidatarios y pequeños propietarios, que van a acudir en demanda de amparo, porque la Reforma Energética faculta a las empresas extranjeras a ocupar los territorios de esas comunidades, ¿él va a ser capaz de juzgar a favor de las comunidades, de los ejidatarios, si se le nombra, señor Senadores y Senadoras?
Será instrumento, como en el pasado, de los intereses de los poderes fácticos nacionales y extranjeros.
Por eso nosotros, en el PT, votaremos en contra de ese nombramiento.
Muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Manuel.
En uso de la palabra el Senador Carlos Alberto Puente Salas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes. Con la venia, Senador Presidente.
Sócrates enlistaba cuatro características que corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.
El día de hoy nos encontramos realizando una tarea de gran trascendencia en la consolidación del estado de derecho y el fortalecimiento de las instituciones pilares del sistema de justicia de nuestro país.
Nos encontramos decidiendo sobre la elegibilidad de tres candidatos que aspiran a ser juez constitucional.
Es propicio felicitar a la Comisión de Justicia y a su Presidente, el Senador Roberto Gil Zuarth, por su trabajo siempre serio, técnico, jurídico y siempre responsable.
La Comisión de Justicia presenta el dictamen sobre la idoneidad de los ciudadanos, un dictamen motivado, un dictamen fundado y muy bien logrado, completo y complejo.
Felipe Alfredo Barrera Fuentes, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora, no hay elementos técnicos-jurídicos que hagan dudar de la competencia, imparcialidad y profesionalismo con que hasta el momento los tres candidatos han venido desempeñando sus tareas para con la ciudadanía y en sus labores encomendadas por mandato de ley.
La calidad e idoneidad deriva del estudio y evaluación de los elementos objetivos que pueden ser verificables y cuantificables.
La Comisión de Justicia realizó la evaluación de los elementos que la ley considera como requisitos para la elegibilidad de los candidatos.
La calificación de idóneo, Senadoras y Senadores, se sustenta con elementos materialmente objetivos y no en simples opiniones.
De ser así, los legisladores tomaríamos decisiones parciales que no beneficiarían a la democracia ni a la institucionalidad.
El dictamen que estamos discutiendo en este momento está pronunciándose sobre si los candidatos que fueron presentados en terna por el Ejecutivo Federal cumplieron con los requisitos constitucionales y con las formalidades establecidas por la Comisión de Justicia para ser considerados como elegibles.
Durante las exposiciones que los candidatos a Ministro realizaron ante la Comisión de Justicia, se les formularon diversas preguntas por parte de las compañeras Senadoras y los compañeros Senadores, así como también de diversas organizaciones civiles interesadas en este asunto.
El proceso de comparecencias fue transparente, democrático, y hay que decirlo, abierto a la ciudadanía.
La decisión final sobre quién será el próximo Ministro de nuestra Suprema Corte de Justicia se tomará por decisión de los 128 Senadores, mediante votación por cédula y después de una exposición que estos mismos candidatos realizarán.
El nuevo juez constitucional se enfrentará a retos mayores.
El sistema de justicia nacional está experimentando transformaciones sustanciales.
Tenemos hoy un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, nuevas reglas en materia política financiera, altas responsabilidades en materia de derechos humanos, una nueva ley de amparo y un ejercicio de control de convencionalidad con novedosas, pero iniciales aplicaciones.
La Comisión de Justicia se ha pronunciado sobre la elegibilidad y cumplimiento de las condiciones constitucionales y legales para ser candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El siguiente paso es que cada uno de nosotros considere todos los elementos de los que se ha llegado para votar mediante cédula y, en lo particular, por el mejor candidato a juez constitucional.
El candidato que este Pleno decida, sin duda, será el mejor.
El ciudadano que en estos momentos elijamos como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene tareas de la más alta responsabilidad para con la justicia mexicana.
Requerimos hoy de un juez honesto, independiente, con responsabilidad y con compromiso, convencido de que la justicia existe y que el derecho es el instrumento ideal para lograr la convivencia justa y pacífica.
Para la bancada de mis compañeras y mis compañeros Senadores del Partido Verde, nos pronunciamos por respaldar el presente dictamen de la Comisión de Justicia sobre la idoneidad de los candidatos. Será tarea de este Pleno, de este Senado de la República, que elijamos al mejor candidato capaz de conciliar la legalidad, razonabilidad y la justicia.
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
El Presidente Senador José Rosas Aispuro Torres: Gracias, Senador Carlos Alberto Puente Salas.
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Senador Luis Sánchez Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar el posicionamiento de este grupo parlamentario.
El Senador Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.
Vengo a argumentar en contra de este dictamen, porque al menos uno de quienes integran esta terna no tiene la idoneidad, según el análisis que hemos hecho nosotros en la fracción parlamentaria del PRD.
Compañeras y compañeros Senadores: Es vital romper viejos formatos de una época donde el presidencialismo no sólo imponía la ruta a seguir en la Nación, sino que además marcaba los usos y costumbres en la práctica parlamentaria, necesitamos romper esos viejos formatos.
Con la designación de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, como en muchos otros nombramientos de Embajadores, Cónsules, funcionarios mayores de Hacienda, Magistrados Electorales, procuradores y otros, el Senado no ha cumplido a cabalidad con la responsabilidad que los ciudadanos electores nos confiaron: de ser estrictos, escrupulosos, escépticos, críticos y acuciosos en el cometido que la Constitución nos impone.
Aún en los 30 días que se nos impone para el nombramiento que aquí haremos, debimos ser más diligentes, preservando el protocolo para dar preferencia a la responsabilidad.
De la terna que hoy se presenta, el caso del Licenciado Medina Mora nos preocupa, porque el Ejecutivo no prestigia al Poder Judicial, al poner en la misma balanza a dos juristas con carrera judicial frente a un abogado, cuya labor ha estado dirigida al ámbito de la seguridad pública.
Una actividad vital para la sociedad y el Estado, cierto, pero que no corresponde al perfil de un jurisconsulto de aquel que debe interpretar la norma, y ahora en el ejercicio contemporáneo de su función, crear principios fundamentales del derecho.
Al designar a Medina Mora no prestigiamos a la Corte, no sólo la demeritamos, sino que lastimamos su dimensión política y republicana al hacerla retornar al criterio político por encima del criterio profesional, criterio que ordena justamente nuestra Constitución.

No es permisible, para el Senado de la República, hacer nombramientos en razón de la empatía o la instrucción directa, menos cuando se encuentra ante la responsabilidad de constituir a un órgano del Poder Judicial, cuya función es el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, así como a los poderes de los estados y a los municipios.

Es deber nuestro, de este Senado, saber designar en razón de capacidades y méritos la racionalidad debe prevalecer frente a la empatía o el compromiso político.

Menciono sólo un ejemplo más de la conducta de Medina Mora, que nos debe prevenir de sus futuros comportamientos.

Y le haré una pregunta directa al licenciado Medina Mora, ¿qué tiene que decir, licenciado Medina Mora, sobre la liberación del aseguramiento de las cuentas por un monto de 73 millones de dólares, con motivo del juicio de desvío de recursos públicos contra Raúl Salinas de Gortari, antes de que se resolviera el caso de peculado? ¿Qué tiene que decir, Licenciado Medina Mora?

Ese tipo de criterios y comportamientos será su uso y costumbre para resolver los asuntos a su consideración como Ministro de la Corte.

Compañeras y compañeros, ¿no les suena esto a corrupción?

Este sólo hecho debiera servir para desechar la idea de nombrarlo como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No esperemos algo distinto a esto que conocemos hoy, los miembros de este Honorable Senado de la República.

Señoras y señores Senadores: No tenemos frente a nosotros una propuesta con la honorabilidad y la profesionalidad que exige la Constitución, por el contrario, darle un voto a Medina Mora marcará la desconfianza social en las resoluciones en las que él pudiera ser ponente de llegar a ser Ministro de la Corte, porque no tiene buena reputación, como ya se ha dicho, no tiene el reconocimiento de la sociedad, como se ha manifestado ya, porque no respeta los derechos humanos, porque no tiene los conocimientos sobre la administración de la justicia, tal y como fue exhibido en la comparecencia ante comisiones.

Por todo esto, les pido, compañeras y compañeros, respetemos la división de poderes, prestigiemos al Poder Judicial, no demos un voto a quien no lo merece.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Luis Sánchez Jiménez.

En uso de la palabra, el Senador Fernando Yunes Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con el permiso de la Presidencia.

El día de hoy, el Senado de la República, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 96 de nuestra Constitución Política, elegirá a quien será Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que cubrirá la vacante después del fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls.

Como es de su conocimiento, el Presidente de la República envió una terna conformada por los ciudadanos: Felipe Alfredo Puentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora.

La Comisión de Justicia llevó a cabo un proceso serio, transparente y apegado estrictamente a lo que establece la Constitución y nuestro Reglamento, que culminó con la presentación de este dictamen de legibilidad.

La comisión integró un expediente por cada candidato que construye información de los aspirantes, así como la relativa a los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 95 de nuestra Carga Magna. Estos expedientes se publicaron en la página del Senado, en el micro sitio de la comisión, y se difundieron en la Gaceta del Senado, con base en los tiempos establecidos en el Reglamento.

Hago un reconocimiento a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, por este trabajo responsable y transparente.

Es importante reconocer que los tres ciudadanos propuestos por el Presidente de la República, cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en el artículo 95 de nuestra Constitución.

Desde aquí, y a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, hacemos un sincero reconocimiento a la trayectoria de todos ellos y agradecemos su participación en tan importante proceso para la vida democrática de nuestro país.

Sin duda, los tres son personas muy valiosas para México.

Venir a esta tribuna a hablar solamente de uno de ellos, es faltarle al respeto a los otros dos, cuando uno está por comparecer ante este Pleno.

Los Senadores de Acción Nacional no caeremos en ello, y a los tres les deseamos todo el éxito.

En Acción Nacional nos congratulamos de decir que la decisión que tome cada Senador en ejercicio de sus derechos, se hará después de días de deliberación, en los que tuvimos la oportunidad de escuchar a todas las voces de nuestro grupo y de cuestionar directamente a los tres aspirantes a tan importante posición, sin limitación alguna, lo que sin duda se traduce en que como en cada votación, nos distingamos por nuestra fuerza democrática y nuestra convicción propia de hacer valer la libre expresión. Lo hicimos y tomamos una determinación en unidad, siempre viendo por México y por el bien de la Suprema Corte de Justicia.

Hemos escuchado las diversas expresiones de la sociedad civil, manifestarse a favor y en contra de los diversos aspirantes, los hemos escuchado con atención y respeto, y sobre todo, con tal admiración de un proceso democrático.

Nuestro grupo parlamentario, sin embargo, no ha hecho una sola valoración mediática, ni juicio sumario de candidato alguno, sino que las decisiones que tomamos han sido responsables, informadas e imparciales, basadas única y exclusivamente en lo que creemos que es mejor para México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la última instancia garante de los derechos humanos, protectora de nuestra Constitución y nuestro máximo Tribunal, debe estar conformada por personas preparadas en el ámbito jurídico, pero creemos también en una Corte plural que vele por los intereses de todos los mexicanos, la experiencia, capacidad jurídica, analítica y diversidad de opiniones, hará una Corte fuerte en cada determinación que tome.

En el Poder Legislativo tendremos la responsabilidad de seguir llevando a cabo las reformas necesarias para dotar de mayor autonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todo el Poder Judicial.

No hay mejor espacio para elegir a los Ministros de la Suprema Corte, que es el Parlamento, en el que las voces de los mexicanos están bien representadas.

Esta elección será producto de un auténtico ejercicio democrático, que aunque perfectible, es el que nos rige actualmente.

Por eso, debemos seguir trabajando en mejorar estos métodos de deliberación, para que los ciudadanos se sientan mejor representados.

Como Senadores, tenemos la alta responsabilidad de elegir un miembro de una de las instituciones más importantes para nuestra vida democrática.

Por ello, cada pensamiento, cada voz que se escucha en esta tribuna y cada voto, representará la oportunidad histórica de conformar una Suprema Corte de Justicia autónoma, profesional, seria y, sobre todo, garante de los derechos de los mexicanos.

Por ello, el próximo Ministro de la Suprema Corte debe estar convencido de que cada Senador valoró profundamente sus capacidades y tomó la mejor decisión.

También deberá estar comprometido con la sociedad, ya que cada voto representa la voz de miles de mexicanos interesados en este y otros temas, y no la voz de un partido o de un solo legislador o del Presidente de la República.

No nos queda más que desearle mucho éxito a quien sea electo, no sin antes decir que ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los grandes honores a los que cualquier jurista mexicano puede aspirar.

Esperamos de ustedes imparcialidad, un alto sentido y respeto irrestricto de los derechos humanos y el apego a las leyes que nos rigen por encima de cualquier interés personal o particular.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, don Fernando Yunes.

En uso de la palabra el Senador Ernesto Gándara, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Senador Ernesto Gándara Camou: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros Senadores:

Hoy debemos comprender el carácter de esta aprobación que hacemos como Senado de la República.

Vengo a esta tribuna a hablar a nombre de la fracción parlamentaria del PRI sobre este proceso para elegir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues como bien sabemos, su vacante se originó por el lamentable fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, lo que ha motivado la presentación de una terna de candidatos por parte del Ejecutivo Federal.

El análisis que ha hecho la Comisión de Justicia es un análisis en relación con los requisitos constitucionales de carácter objetivo, ya que corresponde al Senado de la República, como órgano colegiado, a las Senadores y a los Senadores de este Pleno, desde el juicio individual que han hecho a lo largo de este proceso de cada uno de los perfiles la valoración de cada uno de los candidatos y, por lo tanto, la decisión y la votación.

En efecto, los resolutivos del dictamen establecen que los integrantes de la terna cumplen a cabalidad los requisitos establecidos en nuestra Constitución tanto los formales de ciudadanía, edad y de no actualización de cualquier causal de inhabilitación para ejercicio de algún cargo como los establecidos propiamente en la Constitución, así como todos los requisitos y exigencias de carácter constitucional para realizar y ejercer esta importante función.

Se ha valorado los requisitos de eficiencia, de capacidad, de probidad, de honorabilidad, la competencia y los antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Queremos agradecer y reconocer la participación en este proceso de los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Medina Mora, quienes son excelentes juristas que han venido a presentar al Senado de la República su visión sobre la Constitución, sobre el papel que debe desempeñar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre el papel que tiene un juez constitucional en un estado democrático de derecho.

En la fracción parlamentaria del PRI no estamos de acuerdo, y no podemos aprobar que se juzgue a una persona por apreciaciones o suposiciones, cuando la justicia ha abordado en los casos aludidos las causas y deslindado responsabilidades.

El daño que se pueda pretender hacer a una persona como uno de los integrantes, y digo el nombre, licenciado Medina Mora, nos parece un atentado a su reputación y a su integridad personal, es injusto e infundado.

En el grupo parlamentario del PRI apelamos a la razón para dejar de lado valores y prejuicios que demeriten la justicia.

También quisiéramos hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de la Comisión de Justicia, en especial al Presidente de la Comisión, el Senador Roberto Gil, quien ha actuado siempre con apego a derecho, con una gran sensibilidad, con atención y, desde luego, con respeto a todas las normas jurídicas desde la Constitución hasta las reglamentarias de este mismo Senado, en todo el proceso de las comparecencias y de las sesiones de la comisión hasta la elaboración del dictamen respectivo.

Hoy aspiramos y confiamos en que se votará, como hubieran dicho varios de mis compañeros, y que se alcanzará un voto mayoritario tal y como lo exige la Constitución, sobre los tres excelentes perfiles propuestos en esta terna para seleccionar solo uno, y de esa manera tener un nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ello será la mejor manera de honrar nuestros deberes como representantes de la nación, pero también, y valga desde hoy ese homenaje, hay que reconocer y honrar las contribuciones de hombres y mujeres de bien, de juristas prominentes con vocación de justicia, servidores públicos leales, honestos que ocupan y han ocupado los cargos de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A todos ellos valga el momento, nuestro reconocimiento por su compromiso y servicio al país hoy y siempre.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Gándara.
Hemos agotado el capítulo de posicionamientos de grupos parlamentarios.
Para lo discusión en lo general, se han inscrito los siguientes oradores: Dolores Padierna Luna, en contra ; Layda Sansores San Román, en contra; Isidro Pedraza, en contra; Alejandro Encinas Rodríguez, en contra; Javier Corral Jurado, en contra; Angélica de la Peña Gómez, en contra; y Daniel Ávila, a favor.
Queremos ser tolerantes, pero queremos la comprensión y colaboración de todos frente a la opinión de los demás.
Sí Senador Fayad, adelante.
El Senador Omar Fayad Meneses: (Desde su escaño) Yo quisiera rogarle, de la manera más atenta, si me puede inscribir a favor.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Con mucho gusto, a favor.

Entonces, le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios haga la mezcla en contra, a favor, en contra, a favor, para que me la pase y la pueda yo anunciar; pero decirles que vamos a estar muy atentos al tiempo de la intervención, cinco minutos.

Así es que le ruego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios me provea de la lista mezclada ya entre oradores en contra y oradores a favor.

Para iniciar las intervenciones, como lo marca el Reglamento, se ordenan primero las y los Senadores en contra, y después a favor.

Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Esta sesión en realidad se convocó para formalizar una decisión ya tomada de nombrar un Ministro de la Suprema Corte, ordenada por Enrique Peña Nieto, y asumida en forma triste, abyecta por el PRI, el Partido Verde y el PAN, para imponer a Medina Mora en la Corte.

Ni los propios jueces y Magistrados quieren a Medina Mora, y votar por él, es votar por restaurar el presidencialismo imperial.

Medina Mora no tiene antecedentes como juez ni como Magistrado, por lo tanto, no tiene carrera que demuestre eficacia, probidad y capacidad en la impartición de justicia.

Tiene antecedentes muy cuestionables en el espionaje, la seguridad pública y la procuración de justicia en los años de mayor violencia y mayores violaciones de derechos humanos cometidos a nombre del combate al crimen organizado, y privilegiar el uso de la fuerza policiaca en la resolución de conflictos sociales en nuestro país.

No hay muestras de honorabilidad ni de competencia en actos que la propia Corte documentó en muchas de sus diversas resoluciones. Nombrar a Medina Mora Ministro, es premiar la impunidad en la violación a estos derechos humanos, es un pésimo mensaje a toda la comunidad internacional que ha alertado sobre la grave crisis que vive nuestro país en este terreno, agudizada con el caso de los 43 normalistas desparecidos en Ayotzinapa.

Del michoacanazo, más de la forma en que obtuvieron la libertad de los 38 implicados, el punto central es que en ningún caso, ni siquiera uno, se lograron acreditar los delitos imputados, entonces pueden surgir aquí dos hipótesis.

Una. Que se hace uso de la PGR para hacer acusaciones políticas sin ningún sustento.

O dos. Es tan incompetente que no logró probar la responsabilidad de nadie en ninguno de los acusados.

Cualquiera de las dos cosas es muy grave y lo inhabilita para el cargo de ministro.

El hecho de que Medina Mora haya subido a las redes y a los medios para defenderse, habla precisamente de que se trata de una persona que no tiene buena reputación, que no es capaz como abogado ni se ha distinguido por su honorabilidad, y estos son requisitos ineludibles para poder ser nombrado ministro.

La buena reputación y la honorabilidad no se construyen desmintiendo las críticas, y el hecho de que él mismo ande haciendo campaña para mejorar su imagen es que él mismo reconoce que su reputación es muy mala, y este es un requisito constitucional que él no cubre.

Con el antecedente del michoacanazo, nombrar a Medina Mora es premiar la incompetencia como Procurador de la República, y el uso y abuso de las figuras del arraigo y testigos protegidos.

Asimismo, se trata de partidizar el ejercicio de la justicia, un mensaje tremendo en pleno proceso federal electoral, de este 2015.

Medina Mora ha mentido sistemáticamente al negar que él no conoció el operativo Rápido y Furioso, una operación que permitió introducir armas ilegales al país, armas que fueron a parar al crimen organizado, armas con las cuales se asesinó a muchos connacionales.

Elegir a Medina Mora como Ministro es premiar el intervencionismo de Estados Unidos y la ilegalidad para combatir el tráfico de armas, donde los propios norteamericanos son juez y parte.

Podemos recordar que durante el sexenio de Carlos Salinas, Medina Mora fungió como asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio, que ha representado el desmantelamiento de nuestra industria y la devastación del campo mexicano; eso sí, ocasionó la concentración de la riqueza de los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari, tal vez por ello, como lo señala hoy el periódico Reforma, Medina Mora descongeló las cuentas de Raúl Salinas antes de que lo determinara el juez; no respeta a los jueces, se salta al Poder Judicial al que ahora él quiere pertenecer.

Medina Mora pertenece al grupo salinista que está de regreso en la Presidencia. Con su voto, el PRI, el PAN y el Verde van a elegir al ministro incómodo, como Raúl Salinas fue el hermano incómodo.

Votar por Medina Mora es entregarle la mayoría de la Corte a Peña Nieto, y con ello extender sus afanes presidencialistas que anulan el equilibrio de poderes independientes y autónomos que definen a nuestra República, implica no respetar el federalismo, que intervenga estados y municipios a su antojo, con un congreso abyecto y ahora un tribunal entregado al Presidente.

El señor Medina Mora quiere formar parte de un órgano del Estado contra el que litigó persistentemente. Negar los hechos, mentir, distorsionar, han sido constantes en la actuación de Medina Mora.

Sólo en una de las pocas cosas que Medina Mora no le ha mentido a los mexicanos, es en lo que toca a los costos de una estrategia que él y otros diseñaron, la llamada guerra contra el narcotráfico. Él dijo: será una guerra larga, costosa, difícil, lo declaró al diario El País en noviembre de 2008; y lo ha sido.

Pero Medina Mora ha mirado la estela de muerte desde la comodidad de las Embajadas en el Reino Unido y en Estados Unidos, ya que aquí se habla de congruencia, habría que preguntar al proponente dónde está la congruencia cuando se propone para el máximo tribunal del país, a uno de los arquitectos de la guerra contra el narcotráfico, que según el gobierno actual fue una estrategia fracasada, luego por eso les dicen que no entienden, que no entienden.

Premiar a uno de los responsables del tiradero que les dejaron en materia de seguridad, es un enorme agravio, o debiera serlo al menos para Peña Nieto.

La incapacidad de Medina Mora para elaborar estrategias y trabajar junto con García Luna obstaculizó los esfuerzos de lucha contra las drogas y la capacidad de la PGR para procesar a los criminales, esto no lo digo yo, lo dice la Embajada de Estados Unidos.

Termino diciendo que este Senado no puede hacer oídos sordos a las más de 50 mil firmas que se han recolectado para que no se designe a Medina Mora como Ministro, a las voces de organizaciones defensoras de derechos humanos, a organismos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a especialistas en los medios de comunicación que han alertado sobre el sesgo conservador e ineficaz de un abogado que ha perdido todas y cada una de las batallas que emprendió como abogado del país, no es posible que cuando la Suprema Corte quiere modernizarse, actualizarse y estar abierta a la nueva Constitución, a las nuevas corrientes y tesis sobre derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación, se opte por un ministro que representa todo lo contrario.

Votar a favor de Medina Mora representará un signo ominoso sobre la captura del Estado y el menosprecio a los derechos humanos fundamentales de las mujeres, de indígenas, de los derechos a la información, a la libertad de expresión, a la libertad de libre manifestación.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Padierna.

En uso de la palabra el Senador Daniel Ávila Ruiz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

El Senador Daniel Ávila Ruiz: Con su permiso, Senador Presidente, Luis Miguel Barbosa Huerta, Senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza.

En primer lugar, quiero felicitar a los tres integrantes de la terna: a Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Acción Nacional es un partido de ideas y valores humanistas, que están respaldados por acciones tanto legislativas como gubernamentales, que han puesto las bases para un mejor país, alcanzado metas antes inimaginables en varios ámbitos, a pesar de haber enfrentado crisis mundiales sin precedentes.

Nuestros principios y valores se centran en el respeto de la dignidad de la persona humana y en derecho a la vida desde la concepción. Estamos convencidos de que son derechos humanos que garantizan un México para todos, con libertad, valores y futuro. Esos ideales que nos hacen distinguibles como opción política en diálogo con la ciudadanía, atentos a las complejidades y retos que nos presenta la realidad local y global.

En Acción Nacional trabajamos por un México de libertades, ampliando las capacidades de expresión y asociación, de iniciativa y elección, tanto económica como política, en un contexto de responsabilidad cívica y gubernamental. Y con base en valores queremos formar un México con futuro, no hay futuro sin libertad ni valores, pero tampoco sin sustentabilidad y competitividad.

Por eso nuestro compromiso no solo es con la presente generación, también tenemos en cuenta las que vienen, por eso queremos conquistar un estado social de derecho que contemple el respeto al medio ambiente y tengan finanzas públicas sanas, a la par de la atención a los más desfavorecidos.

Aspiramos a construir, con la participación de todos los mexicanos, un México próspero, sustentable, innovador, con porvenir y equitativo, seguro y sólido que sea para todos en libertad con valores y futuro.

En Acción Nacional debemos tener presente qué candidato ha sido capaz de enarbolar una postura consistente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en defensa a la vida.

Debemos tener presente qué candidato ha postulado que la vida del ser humano es el más elemental de todos los derechos, argumento estrictamente jurídico exento de cualquier posición personal.

Debemos tener presente qué candidato sabe y conoce el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que radica en observar y proteger los derechos contemplados en nuestra Carta Magna, así como también en las leyes federales y locales a favor de los mexicanos.

Con todo respeto, no nos hagamos bolas, en Acción Nacional esta terna, este tema es de principio y valores; respeto a la dignidad de la persona humana y respeto a la vida.

Mi voto es a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador. No nos anticipe el sentido de su voto secreto. Solo habló a favor del dictamen.

En uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: Señor Presidente; compañeras, compañeros, ciudadanos:
“México está plagado de incredulidad. La falta de confianza se demuestra en la sospecha y la duda; debemos replantearnos el rumbo del país.” Esto lo declaró Peña Nieto en Londres. Ah, qué confesión.
Reconoció la crisis de confianza que se tiene, y que espero que se dé cuenta que la desconfianza es hacia él por su falta de probidad y por su ineptitud. Pero, bueno, ya se confesó. Nada más que no se nota ni arrepentimiento, ni propósito de enmienda. Porque esa decisión de proponer a Medina Mora es un mensaje de cinismo extremo, no abona para nada en la reconstrucción de la credibilidad; nunca en la historia de este país un aspirante a Ministro de la Suprema Corte había sido tan cuestionado.
Más de 52 mil firmas de académicos, investigadores, organizaciones sociales, cineastas, activistas, ciudadanos en general, la unanimidad de los analistas políticos más prestigiados del país, y en un hecho inédito, esta carta de Magistrados pidiéndole al Senado reconsidere su decisión para que el nuevo Ministro no sea elegido por negociaciones políticas, sino por su probidad.

¡Hay, piden demasiado!

¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación; el general de la guerra sin destino que desató Calderón; el Procurador inepto, responsable del michoacanazo, que de las acusaciones que hizo en contra de 29 Presidentes municipales no atinó a armar un expediente, uno, que fuera aceptado por un juez.

¿Qué se le reconoce? Es un mentiroso. Como Procurador mintió cuando negó su responsabilidad en las represiones de Atenco y Oaxaca; es cómplice de la violación de derechos humanos a indígenas; ha impedido y se opone a que la mujer ejerza su libertad reproductiva. ¿Qué se le recompensa? No, pues sí hay que recompensarlo. En la víspera de su salida, 5 días antes, así rapidito ordenó descongelar los 73 millones de dólares de Raúl Salinas.

Sus méritos son muy claros. Tiene vínculos con las élites financieras; tiene vínculos con el Partido Acción Nacional, y yo creo que para los próximos 2 que se van a discutir, van a tener su premiecito también este Partido, y también es muy claro que tiene vínculos con Peña Nieto y vínculos con Televisa. Ya aquí lo han dejado muy claro mi compañero Manuel Bartlett y mi compañera Dolores Padierna.

Peña Nieto se burla de los ciudadanos, del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos que tienen carrera judicial para disfrazar una terna en donde de antemano todos sabemos quién es el elegido; ni siquiera se tomó la molestia de incluir a una mujer en un claro desprecio a las mujeres íntegras y talentosas, que también las hay en el Poder Judicial y en la academia. Ah, pero qué bien, eh, ahí lo oíamos en el teleprompter, así le salen los elogios, como los lee de bonitos, flores para las mujeres. Hay que aventarle toda clase de halagos en todos estos eventos “hollywoodenses” que le montan. Pero es incapaz de incluirlas en la toma de decisiones para decidir el rumbo de este país.

Yo no estoy de acuerdo con el Senador Daniel Ávila, que los viene a felicitar a los otros 2 Ministros, que casi ni los mencionamos, Felipe Alfredo Fuentes, Horacio Armando Hernández. No, yo mi más sentido pésame, me apena y la verdad que este Senado les debería una disculpa, porque aquí nada más los usan de relleno y esta es una responsabilidad fundamental de Peña Nieto.

Pero aquí, que sepan que de hoy en adelante que nadie se dé por engañado; quienes vengan a estas pasarelas que organiza el Senado, que aspiren al cargo que sea, solo vienen a legitimar un proceso de simulación que se fabrica en Los Pinos y aquí se implementa sin rubor y sin ningún prejuicio ponemos en entredicho la trayectoria de quienes participan y el respeto a esta Soberanía.

Nunca como legisladora me ha tocado presenciar una contienda real. Nunca. Aquí somos muy creativos en el Senado.

Primero se designa al ganador, todos lo saben; y ya después, organizamos la competencia.

No nos cansamos de simular. Nos hemos convertido en verdaderos farsantes.

Y aunque creo que es detestable el cinismo de Peña Nieto, a mí me parece más grave lo que este Senado permite y tolera. Y aunque no le guste mi tonito, lo que Peña Nieto hace al usar esta Cámara, para imponer sus caprichos, para evadir su conflicto de interés, para garantizar su impunidad, no es otra cosa que poner un ventilador desde Los Pinos, para esparcir el estiércol en este Senado y embarrarnos a todos.

Hemos claudicado, compañeros Senadores, y ojalá recapacitemos. Hemos claudicado en asumir el papel de contrapeso con el Ejecutivo y hemos dejado de actuar como voceros de los ciudadanos.

Esto revela, indigna, esta actitud sumisa, convenenciera que asume la mayoría en este Senado, que han resultado buenos para los trucos y mejor para el trueque de favor y de prebendas.

A Medina Mora le salieron tantos escándalos como a Peña Nieta, casas blancas, a él y a todos sus colaboradores cercanos.

Que familia más bonita. Dios los hace y ellos se juntan.

Para Peña, la inmoralidad es su consejera, y queda demostrado que para Peña Nieto, como para el cacique de leyenda Gonzalo N. Santos: “la moral es sólo un árbol que da moras”

Felicitaciones al señor Emilio Azcárraga, hoy puede agregar una procuradora y un ministro de la Corte, como dos estrellas más del Canal de las Estrellas.

¡Una vergüenza histórica, para este Senado!
Ya sé que no aplauden.
(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Layda Sansores.
En uso de la palabra el Senador Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del PRI.

El Senador Omar Fayad Meneses: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Yo no puedo admitir, de ninguna manera, que se pueda pensar, que la crisis de credibilidad que pueda existir en nuestro país, se atribuya a un solo individuo.

Creo que todos tenemos que ver en un tema tan importante para la vida de México y de los mexicanos y para la credibilidad de las instituciones.

Y nosotros mismos no podemos violando o tratando de violar la ley, poniéndonos al margen de los procedimientos e invalidando nuestro propio trabajo, pretender lograrlo.

Me inscribí para hablar en favor de este dictamen, porque quiero hablar en favor del trabajo de todas y de todos ustedes. No puedo admitir, quien venga a esta tribuna, a decir que esto es una simulación, porque fue el trabajo de todas las Senadoras y Senadores que participamos en comisión, siguiendo los puntos del Reglamento; siguiendo lo que disponen nuestras leyes al respecto y tratando de construir un instrumento para enviarle a la Mesa Directiva y que hoy está a debate de todas y de todos ustedes, donde se establezca estrictamente lo que la ley nos pide.

Hicimos un esfuerzo y yo felicito a la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia, al Presidente, a las Secretarias y Secretario de la misma, porque construyeron un dictamen estrictamente apegado a la ley y al derecho. Un dictamen en donde en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución, se estableció con toda claridad y puntualidad lo que se nos exige como Senado de la República, que es determinar si de la terna enviada por el Presidente de la República, en uso de las facultades constitucionales que tiene, los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes, Horacio Armando Hernández y Eduardo Medina Mora, reunían los requisitos que la ley imprime a quienes aspiren a ser Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Eso es lo que la comisión dictaminó, ese es el trabajo que se hizo serio y puntual. No nos descalifiquemos a nosotros mismos. No descalifiquemos a la Comisión de Justicia. No digamos que nuestro trabajo legislativo es una simulación, porque no es así, puede gustarnos, puede no gustarnos, estamos de acuerdo con alguien o no, lo que no podemos es descalificar, porque entonces abonamos más a la crisis de credibilidad, que nosotros mismos tildemos así nuestro mejor esfuerzo por cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos.

No podemos, de ninguna manera, en abono a que alguno de los aspirantes no nos guste, descalificar todo el trabajo que se hace. Nos puede gustar o no, la Constitución nos pide en concreto el cumplimiento de requisitos y objetivamente trabajo la comisión en ello, y no de las subjetividades de las que todos podemos ser objeto. Lo dije en comisión y lo sostengo el día de hoy en esta tribuna ante ustedes.

Cuántas veces no hemos escuchado de quienes tenemos el privilegio de trabajar en el servicio público, en cualquiera de los tres poderes, en cualquier orden de gobierno, verdaderos horrores sobre la actuación, sobre las personas de quien evidentemente no coincide con nuestra forma de pensar.

Lo dije ese día, seguramente hemos escuchado horrores de muchas y de muchos de nosotros, que se dicen subjetivamente cuando se quiere calificar o descalificar; pero ese no es el trabajo que como Senado nos compete a ser, sino de objetivamente traducir el texto de la ley y la Constitución, y plasmarlo en los dictámenes. Que además no se construyen en una confabulación de maldad, ni se construyen en una simulación o en un simulacro; se hacen verdaderamente tratando de lograr lo que se necesita para conseguir los votos y en una democracia como ésta, aprobar las cosas; se necesita el consenso de la mayoría.

Que a nadie, por favor, le moleste este consenso. Este es un trabajo serio y responsable, y yo voto a favor y les pido por favor que confíen en el trabajo que hizo seriamente una comisión, que trabaja mucho, como lo es la Comisión de Justicia.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Omar Fayad.
¿Quiere decir algo el Senador Encinas?
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: (Desde su escaño) El orden.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No. Así está. Así lo tengo, si ustedes quieren venir a revisarlo. ¿O quiere ser usted primero?
En uso de la palabra el Senador Javier Corral Jurado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen.
El Senador Javier Corral Jurado: Gracias. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:
Yo también estoy a favor del derecho a la vida, desde el momento de la concepción hasta su muerte.
Y eso no me hace estar a favor de Eduardo Medina Mora. Porque uno tiene derecho a sus convicciones éticas y religiosas, pero no a trasladarlas al campo del derecho, y mucho menos de un Tribunal Constitucional, como es la Corte.

Hoy se infringirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un golpe demoledor a una de las características esenciales de la Corte, su independencia, lo cual va a minar su credibilidad y la confianza, porque la independencia es fundamental para que en un país haya justicia. Porque en los países donde hay grandes sabios, grandes creadores, ciudadanos completos, se desarrollan los derechos humanos, florece la cultura, y se dan los mejores parámetros de bienestar personal y social, coincide también con que hay un Poder Judicial independiente, porque la libertad y la democracia sólo se pueden fortalecer en la justicia con independencia.

Se afecta la independencia del Poder Judicial con la decisión que ha sido ya tomada por el grupo parlamentario del PRI y del PAN, porque siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestro Tribunal Constitucional que dirime las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, donde el Ejecutivo Federal es sujeto frecuente, se escoge a un personaje incondicional políticamente del Presidente de la República, no sólo por su relación de amiguismo y su carácter de subordinado como Embajador, están también escogiendo a un personaje que carece no sólo de los atributos judiciales que preferentemente plantea la Constitución, se han de tomar en cuenta.

Están escogiendo, porque la decisión está absolutamente tomada, y lo sabemos todos, a una figura que incumple uno de los requisitos constitucionales para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalado en la fracción V, del artículo 95, haber residido en el país por lo menos 2 años antes del día de su designación.

Han forzado interpretaciones legales mediante estrambóticos criterios que quieren homologar residencia efectiva con domicilio legal, porque en los cálculos del sistema peñanietista de control cooptar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el paso siguiente. No importa que el nuevo Ministro empiece atropellando a la Constitución, que es la que va a hacer cumplir.

Esta pretensión del Presidente Peña Nieto pone en juego ahora una nefasta variable en la integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, introduce la dinámica de cuotas de partido, lo que tanto ha envenenado a otros órganos constitucionales autónomos reguladores de áreas estratégicas, ámbitos fundamentales de la vida de la nación, como el Instituto Nacional Electoral o como el IFAI.

Ya se habla de 2 Ministros para el PRI: Medina Mora y Raúl Cervantes, y uno para el PAN, que todavía no se dibuja ante nosotros, pero que todos sabemos está enfilado.

El daño a la Corte, bajo la dinámica de cuotas de partidos, es irreversible este día, porque la decisión está tomada.

Debo decir que se envía un mensaje funesto, ominoso, para aquellos que han forjado una carrera judicial; se han sometido a procedimientos y principios legales y constitucionales que rigen la tarea jurisdiccional: profesionalismo, objetividad, imparcialidad, excelencia. Eso no cuenta, los méritos no contarán, cuenta que hay un amigo del Presidente de la República que tiene muchos amigos en el PAN y que tiene muchos amigos en el PRI para hacerlo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el verdadero mensaje que envían a la carrera judicial, no cuentan los méritos, hay que pagar las facturas.

Porque además de las cosas que se han dicho estos días de Medina Mora, además de lo que aquí se ha documentado en términos de sus actuaciones parciales, de sus negligencias, de su autoritarismo, de su falta de parcialidad, no nos hagamos, aquí hay un pago de factura fundamental porque no se puede olvidar que una de las actuaciones más cuestionables de Medina Mora fue el cerrojazo al expediente de Montiel.

En febrero de 2009, el entonces Procurador General de la República archivó las averiguaciones previas iniciadas en contra de Arturo Montiel Rojas y su hijo Arturo Montiel Yáñez por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

Se trató de las averiguaciones previas con número 02/305/2005 y 02/103/2006 a las que se determinó el ejercicio, el no ejercicio de la acción penal por la Procuraduría General de la República, a cargo de Medina Mora, por supuestamente no existir elementos, es decir, las mandó a la congeladora.

Y es precisamente, en decisiones como esta, donde se anida el desprestigio de la política, la falta de legitimidad de los representantes populares; es cuando la gente se pregunta, ¿a quién representan los Senadores de la República? Este momento quedará registrado como una afrenta al Poder Judicial de la Federación, y es una claudicación del Senado de la República a una de sus más importantes facultades exclusivas, la de elegir, de entre ternas, a los Ministros de la Corte.

Y es una afrenta, porque al no hacerlo apegado a la Constitución se lastima, aún más, a la maltrecha República, y queda como el signo crepuscular del agotamiento del régimen político, de su época de demolición.

Le costará a la nación en el tiempo inmediato, pero paradójicamente esta decisión acelerará el cambio de régimen, porque éste ya no le sirve a nadie. Una muestra lo dice todo, los ciudadanos se organizan, se expresan, argumentan, reclaman, y como respuesta reciben la arrogancia de una casta poderosa, que frente al espejo no cesa de admirarse infinitamente, calificando de infalibles sus decisiones.

Vendrán 3 candidatos a Ministros, desfilarán por esta tribuna como si estuvieran en igualdad de condiciones. Ellos mismos se prestarán a dibujar una competencia que jamás existió, porque el Presidente de la República en esta terna decidió, desde el principio, y dijo a quien quería.

Peña quiere al licenciado Eduardo Medina Mora. Peña necesita a Medina Mora en la cárcel, porque está construyendo su impunidad transexenal. Lo defendió desde Londres y dijo cuál era el bueno, cuando hipócritamente se sinceró reconociendo que México estaba plagado de desconfianza.

Por supuesto, mi voto no contribuirá a hacer Ministro a Medina Mora, aunque filosóficamente se haya acercado al PAN, aunque ahora se revele como católico de todos los tiempos, a mí eso no me permite votar por un hombre sin atributos judiciales, que empieza pisoteando la Constitución. Este día va a ser recordado como un día ominoso en la vida del Senado de la República.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Javier Corral.
En uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Comparto, sin lugar a dudas, lo que han manifestado aquí distintos compañeros Senadores y Senadoras, la Senadora Dolores Padierna, Angélica de la Peña, Javier Corral, Manuel Bartlett, Luis Sánchez; sin embargo, yo quisiera dar un enfoque distinto a este cuestionamiento.

Primero, quiero destacar que la impugnación que hacemos a esta propuesta del licenciado Medina Mora para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se trata de un asunto de carácter personal, no se trata de evaluar la calidad moral de ninguna persona, si es una buena o mala persona, o de si tiene el legítimo derecho a sostener la creencia religiosa o la convicción filosófica de su preferencia.

No podemos pedirle a nadie que piense igual que nosotros para poder ocupar un cargo de la magnitud que representa ser Ministro de la Corte.

Yo creo que se trata más bien de evaluar el perfil que representa a cada uno de los candidatos propuestos e identificar si ese perfil es el que queremos para integrar un órgano que a nuestro juicio debe garantizar, en primer lugar, una autonomía plena del Poder Ejecutivo en su desempeño e impulsar una reforma profunda al Poder Judicial.

Por eso el problema no es si Eduardo Medina Mora vino o no de la carrera judicial, lo que no es un requisito, incluso por el contrario, muchos de los cambios producidos en la Corte han provenido de abogadas y de abogados que no forman parte de la carrera judicial donde lamentablemente todavía existen muchas limitaciones.

Queremos una Corte con autonomía y que garantice una transformación profunda de este poder intocado que hoy es la fuente principal de donde emana la impunidad en nuestro país.

Y es ahí donde reside el problema de la propuesta de Eduardo Medina Mora, ya que él proviene fundamentalmente de las áreas de inteligencia del Estado mexicano, cuyo interés fundamental es hacer prevalecer la institución pública que se materialice en el Estado; y la Corte no puede tener un representante de la razón del Estado, necesitamos un Ministro que represente los intereses y la razón de la sociedad.

Y por ello, en la evaluación de su desempeño, independientemente de sus filiaciones políticas y partidarias, su identidad ideológica reconocida con el Partido Acción Nacional y los compromisos que implica el haber trabajado en las áreas de inteligencia y de seguridad pública de dos gobiernos al servicio del Poder Ejecutivo, no hay certeza ni garantía para lograr el objetivo de tener una Corte reformada, autónoma, que haga cumplir plenamente la ley.

Por ello, mi voto será en contra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Encinas Rodríguez.

En uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez.
El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Gracias compañeras y compañeros Senadores, por esta tarde no haber frivolizado esta discusión.

Creo que ha habido atención a lo que se ha planteado y esto habla de que poco a poco queremos madurar a nivel del papel que desempeñamos en este Senado, aunque en la práctica se demuestre la renuncia voluntaria a ejercer las facultades que tenemos para elegir con independencia las personas idóneas a los cargos que aquí se discuten.

Yo creo que una de las cuestiones básicas que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con algunas opiniones que han dado personas y que les voy a leer muy brevemente.

El Presidente ha propuesto como candidato a la Suprema Corte a un general de la guerra contra el narcotráfico, en un régimen donde las amistades son más importantes que las trayectorias, anticipa que muy probablemente se convertirá en Ministro de la Corte, ya que cuenta con los respaldos políticos necesarios para acceder a la Corte, y llama al Senado a no cerrar los ojos a los efectos de la política que diseñó y ejecutó Eduardo Medina Mora al frente de la Procuraduría General de la República.

Califica como una insolencia histórica llevar a uno de los generales de esta sangrienta guerra al máximo tribunal del país.

Esta expresión es de Jesús Silva-Herzog Márquez, un “Homenaje a la Guerra”, se pregunta él, publicado en el Reforma el 9 de marzo del 2014.

No es una opinión mía, es una opinión de alguien que cuestiona eso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

En virtud y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que puede ejercerse en contra de sus resoluciones.

Las funciones del Estado tradicionalmente se han distinguido entre sí, de acuerdo con la concepción clásica de la división de poderes, con mayor precisión división de funciones, según la cual los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial realizan las funciones de producción de normas jurídicas, de ejecución de tales normas y de solución de controversias respectivamente.

Esta es una idea que tuvo destellos en el pensamiento de Aristóteles, fue reforzada por John Locke y, finalmente, delineada con contornos precisos por Charles Louis De Secondat, Barón de Montesquieu.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere no sólo estar integrada por los mejores perfiles en materia de conocimientos del derecho, sino además con mexicanas y mexicanos que puedan abonar a la construcción de un marco normativo que mantenga vigente el estado democrático de derecho, acorde con lo que la sociedad demande y que el Estado deba proveer.

Requiere de hombres y mujeres de Estado con gran calidad moral, honestidad, independencia e imparcialidad, conscientes de su gran responsabilidad ante la Nación.

Voy a hacerles el comentario de lo que la Ministra Olga Sánchez Cordero, en 2011, expresaba para elegir a los jueces:

“Debemos prescindir de los jueces que para dictar resoluciones se dejan arrastrar y presionar por los sectores políticos, económicos o sociales, de aquellos que no tienen el valor de dictar una resolución conforme lo dispone la ley y su conciencia. Hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera para garantizar su futuro económico, soslayando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia de su actuación tiene ante la sociedad. Debemos prescindir de esa clase de jueces burocratizados, sin amor al trabajo, carentes de criterio.

Hay que soslayar a los jueces que poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero o regalos, se apartan del recto juicio y ponen precio a la justicia, pasando por encima de la legalidad, de la justicia y de la verdad, corrompiendo no sólo a su persona, sino en general a sus colegas y al ser humano en general.

Debemos relegar al juez que se aparte voluntariamente del sentido de la justicia favoreciendo alguna de las partes prevaricando, de algún modo, al buscar ciertos beneficios particulares para sí mismo o para la parte o hacia la disciplina

Hay que evitar el juez de criterio cerrado, que se casa con una ideología, con una corriente de pensamiento o con una barra o un sector comprometiendo, sus sentencias sin la libertad de pensamiento y la apertura que deben revertir.

Pero sobre todo, hay que evitar al juez hipócrita que, aparentando un incorruptible respeto por el derecho, elude todo compromiso con la justicia y con el espíritu de la ley.

En fin, debemos evitar a los jueces que eluden el compromiso de mejorar conscientemente a este país, a sus instituciones y a la sociedad en general.”

Compañeros: Vale la pena, en este sentido la reflexión, realmente darle a la Corte los perfiles que México y el país de hoy está reclamando.

No podemos trasladar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el escenario de ingobernabilidad, de falta de credibilidad y de crisis que empezó en el respeto a los derechos humanos, precisamente por el personaje que hoy pretenden llevar como ministro de esta Corte.

Por eso, hay que mantener a esta Corte a salvo de este tipo de circunstancias y mantener la poca credibilidad que aún le queda.

Por eso, si es verdad que en México tratamos esta crisis, creo que Medina Mora, entre muchas de las cosas que han dicho, es un enemigo de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque como Procurador fue protagonista de la confrontación entre una institución pública, que es el IFAI, por ocultamiento de datos, mantuvo una postura inflexible para negar información concerniente a la guerra contra el crimen organizado, logró clasificar información de averiguaciones previas hasta 2022, principalmente las concernientes a Genaro García Luna, el entonces Secretario de Seguridad Pública. Desde el CISEN, la Secretaria de Seguridad Pública y la PGR desestimó permanente la rendición de cuentas y el acceso a la información. 

Por otro lado, todas las declaraciones patrimoniales de Eduardo Medina Mora están restringidas.

Y hay más cosas compañeros, pero yo los llamo a que en este dictamen de idoneidad que hoy se está discutiendo, efectivamente veamos que hay una gran incongruencia en lo que se ha presentado aquí.

Me voy a permitir entregarle al Presidente de la Mesa Directiva para que integre en el Diario de los Debates los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución, una definición del diccionario jurídico de la UNAM acerca de la honorabilidad y la buena reputación y una definición, también, que tiene que ver con la idoneidad para el cargo, que voy a entregar a el Presidente de la Mesa Directiva, para que puedan ser subidas, en ese sentido, al proyecto de discusión de este dictamen que hoy se ha dicho, por falta de tiempo, no las hago ante ustedes.

Gracias, compañeros.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador Isidro Pedraza, se incorporarán los documentos que nos ha entregado en el Diario de los Debates, a la letra, como parte de su intervención.

En uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Cuando llegó la terna del Presidente, todos comentarios, memes, etcétera, y lo digo con todo respeto, porque en una sala junto a ese recinto se está siguiendo la sesión, y me da mucha pena, pero todo, todo estaba alrededor de que Medina Mora venía acompañado por dos personas.

Me da mucha pena, porque ciertamente el Magistrado Felipe Fuentes y el Magistrado Horacio Hernández, en sus comparecencias ante la Comisión de Justicia, y además en los documentos que entregaron, y después posteriormente los otros documentos también que se les pidieron, demostraron, están totalmente acorde a lo que señala el artículo 95 de la Constitución para poder ser considerados, cualquiera de ellos dos para ocupar el espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó el Doctor Valls.

Y me apena enormemente, porque me parece que es un maltrato innecesario y ciertamente la intervención, la comparecencia en la Comisión de Justicia por parte del señor Medina Mora, estribó en preguntarle, en cuestionarle una serie de cuestiones que francamente demeritaron incluso su participación en la propia Comisión, en el marco de la materia que debió haber distinguido su comparecencia, no fue así, y no fue así, porque miren, Senadoras y Senadores, nos podemos pasar horas enteras sacando un tema, otro asunto, otro asunto, y seguramente en el transcurso de los días, van a seguir surgiendo temas relacionados con hechos en donde se vio involucrado, cuestionado por distintas acciones que tomó cuando asumió distintos encargos en la Administración Pública Federal.

A mí me parece que, simplemente, si no es un asunto, por cierto, su pensamiento religioso, ahí coincido plenamente con el Senador Corral, él puede creer, incluso militar, en el pago como seguramente lo refrendó en el PAN, él puede tener la militancia que quiera, puede creer en lo que quiera.

Me parece que hay que hacer, eso sí, una separación del encargo público a partir de lo que distingue a la República como estado laico del pensamiento religioso que pueda tener cada quien y de los asuntos que se asume como miembro, en este caso, de la Administración Pública Federal, no fue así, pero bueno, ese caso ya se resolvió en su momento, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me refiero a la interrupción legal del embarazo, la acción de inconstitucionalidad que emprendió contra la Asamblea en el Distrito Federal, pero eso ya quedó resuelto.

Lo que preocupa, además de ese desecho, son una serie de cuestiones que francamente yo ahorita, ya al final, todos estamos cansados, son las 4, casi las 5 de la tarde, viene la votación, pero fíjense, ponerse en los zapatos de las tres indígenas otomís de Querétaro, me parece verdaderamente terrible.

Una de ellas tuvo que dejar la cárcel, acusadas de haber apresado, haber privado de su libertad a seis policías federales. ¡Qué barbaridad! Y una de ellas, a propósito de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, salió de la cárcel, y las otras dos, después de que Medina Mora ya no estaba en la Procuraduría, tuvieron que salir por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese sólo hecho, ese sólo hecho bastaría para demostrar que no tiene las condiciones de idoneidad que establece el último párrafo del artículo 95 de nuestra Constitución, pero el problema es que son casos y casos y casos, y hoy nuevamente vemos que surgen en los medios de comunicación señalamientos graves que serían simple y sencillamente motivo para detener un dictamen, para detener su nombramiento.

No lo hicimos, por cierto, cuando aquí mismo se decidió que fuera Embajador de Washington no hubo esta reacción, cuando finalmente votamos aquí mismo en este mismo Senado que fungiera representando a nuestro país en Washington D. C., pero nos parece que el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ciertamente, como aquí se ha dicho por todas las intervenciones que me antecedieron, deberían ser un motivo para que lo pensáramos mejor.

No es así, hubiéramos tenido la posibilidad, y lo digo con toda certidumbre de haber tomado consideración de las otras dos propuestas, me parece que son propuestas dignas, son propuestas acordes, son propuestas incuestionables, son dos personalidades que me parece que teníamos materia para poder decidir en esa terna que al principio había voces que incluso planteaban que pudieran ser rechazadas; ya lo hicimos aquí, hace, no mucho tiempo lo hicimos con dos ternas justamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y finalmente la rechazamos y tuvimos que emprender de nuevo.

Hoy yo creo que el asunto es totalmente distinto. Ciertamente va a ser un precedente muy lamentable para el Senado de la República; lamento que el PRI siga la línea de no tomar el pulso como partido del Presidente; no tomar el pulso, no tener un termómetro de lo que pasa en el país.

Frente a señalamientos de relatores de Naciones Unidas, de comités que siguen nuestros compromisos vinculantes con tratados internacionales, frente a una serie de recomendaciones, el país hoy debiera estar, y este Senado y el PRI en primerísimo lugar, preocupados en proteger a su Presidente, y no es así.

Hoy nos van a imponer a un señor que viene de dos sexenios del PAN, que ha sido evidentemente asumido como panista, y esta es responsabilidad, puedo entender al PAN, pero no lo puedo entender del PRI, qué lástima, pero, qué lástima por ustedes.

Gracias.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senadora Angélica de la Peña.
Tiene el uso de la palabra el Senador Adán Augusto López Hernández, y terminaremos con el Senador Manuel Bartlett.
Adelante el Senador Adán Augusto López Hernández.
El Senador Adán Augusto López Hernández: Presidente Barbosa, al paso que van los Senadores van a terminar cambiándole el nombre al tan pomposamente llamado Patio del Federalismo, por el del Patio de la Genuflexión Institucionalizada.
Hoy es una tarde verdaderamente vergonzosa para el Senado de la República.
A quienes hoy bondadosamente les abrieron el acceso a las tribunas, cosa que no se hace con frecuencia, porque los debates importantes ya no permiten que ciudadanos vengan a escuchar lo que aquí se dice, lo que aquí se debate; aunque también hay que reconocer que esto no es debate, yo no he visto o no he escuchado a alguien que venga a defender lo que más al ratito van a votar.

Y ahorita precisamente viene a mi memoria el hipócrita discurso de aquellos que aquí a cada rato nos dicen, que es gravísimo que hayamos quienes sostenemos o suscribamos eso de “al diablo con las instituciones”.

Hoy estos hipócritas están haciendo exactamente eso, están mandando al diablo a una de las instituciones pilar del sistema político mexicano, pilar de esta gran nación, van a nombrar a un oscuro burócrata en uno de los cargos más importantes, en un cargo que representa históricamente, jurídicamente, el sustento de la nación.

No han sido capaces de escuchar los llamados, los avisos, las cartas que se han presentado desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, de lucha de los derechos, por la defensa de los humanos, de académicos reconocidos por algunos, incluso poco legisladores que señalan, entre otras cosas a Medina Mora como un contumaz violador de los derechos humanos.

¡Ah!, ni siquiera han sido capaces, si nosotros preguntamos aquí, quiénes son los otros dos ciudadanos que vienen en esa mascarada de terna.

Esos dos ciudadanos tienen todos los méritos suficientes, tiene la carrera judicial, pero sobre todo tienen la autoridad moral para que este Senado de la República votara por alguno de ellos para ser Ministro de la Corte, pero esto, a estos compañeros en realidad no les importa; van a hacer lo mismo que hicieron como cuando la Reforma Energética, que cuando se cansaron de escuchar el monólogo, pues decidieron que ya lo iban a votar, o como lo de aquella madrugada que fuimos a votar a escondidas la mal llamada Reforma Educativa, en el Centro Banamex, y tantas otras tardes que quedan aquí en el álbum de la ignominia.

Hoy la perversa alianza del PRI, del PAN y de su patiño, los del Verde Ecologista, van a ratificar la voluntad de Peña Nieto.

Van a demostrar una vez más que no es precisamente la historia del país y las instituciones lo que les interesa.

En el colmo del absurdo hasta hay un procedimiento que se viene a debatir sobre tres personajes a los que ni siquiera hemos podido escuchar, y cuando los escuchemos ni siquiera se les va a poder interrogar.

Bueno, termino diciéndoles que van a nombrar entonces a un hombre de paja en una de las sillas más importantes del país; Medina Mora es eso, un hombre de paja al servicio del PRI, del PAN y de los más retrógradas intereses de este país.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Realmente cuesta trabajo encontrar algún argumento sólido en los defensores de este despropósito llamado dictamen.

Con mucha atención se van a generalidades, plantean lo mismo; por ejemplo, dice Gándara, no aceptaremos que desprestigien y dañen la reputación. Ese es el tipo de argumentos.

Están atacando sin argumentos reales, son cuestiones abusivas, pero no encuentro un argumento.

No ha habido realmente aquí en esta sala una auténtica defensa del Ministro que mandó el Presidente para que ustedes sin chistar lo aprobaran. Pero da risa que vengan a decir que son tres, y en realidad no es más que uno, y el otro, que ya lo anularon, porque se acuerdan que dijo, el otro magistrado, que se iba a hacer de la Corte una pandilla de amigos, algo así dijo; ya lo regañaron, se desdijo, para que vean cómo es la Corte, desde arriba mandan a los colegiados de distrito, a los jueces, el Consejo de la Judicatura está siempre pendiente de que no haya ningún apartado de lo que diga en once o seis.

De manera que el otro pues ya se anuló él. Dijo que van a ser de a mil, ya se quedó calladito, pues vamos a votar por él para que pongan uno que lo regañe, el Presidente de la judicatura o el secretario del secretario particular.

El propósito de Peña Nieto es hacer ministro a Medina Mora. Y ustedes así lo han visto y para eso están trabajando.

Buscando en relación al dictamen, la verdad es que es de una pobreza ese dictamen, con todo respeto, un abogado muy distinguido lo presentó a la comisión y dijo en relación con la idoneidad de Medina Mora un argumento, que les platico.

Dice: por congruencia tenemos que estar con Medina Mora, porque hace unos años vino al Senado y encontramos que era capaz, etc., bueno, útil, entonces por congruencia tenemos hoy que votar porque entonces lo ensalzamos; pero el problema es que Medina Mora estaba entonces como candidato a embajador, y ahora está como propuesta para la Suprema Corte de Justicia, y lo que se ha encontrado aquí, que son otros requisitos, otra serie de principios que tiene que cubrir y no los cubrió, ese fue uno de los grandes argumentos.

También buscándole al dictamen, si nos vamos al Senador Fayad, ¿qué es lo que dijo el Senador Fayad en ese histórico debate en las comisiones? Que fue una facha. Omar Fayad dijo, bueno, ya sabemos que tenemos que concluir, dice, yo creo que la comisión deberíamos concluir con el....
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: El Senador Gil, tintinea su luz verde, ¿con qué objeto, Senador?
El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) La parpadeo para pedirle una pregunta al orador.
Senador Manuel Bartlett, me podría usted indicar, ¿en qué parte del dictamen dice lo que usted me imputa? Si me señala la página sería mucho sencillo encontrarlo.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Aquí está, sabe usted, cuando interviene y dice con toda la autoridad de ser el Presidente de la Mesa, dice: voy yo a expresar mi posición al respecto de lo dicho por Angélica de la Peña y la Senadora Padierna. Entonces usted dice eso, aquí está, aquí tengo la versión estenográfica, aquí está en la versión estenográfica, además de que lo oí en la televisión, eso dijo, sí, en la televisión de aquí, porque en Televisa nunca se vio, no se rían, ahí sí no sale nada, y ya no hablemos de la otra que también tiene lo suyo.
Entonces aquí está, ese fue el gran argumento para alegar idoneidad, no puede ese argumento, es que ya votamos cuando iba a ser embajador, y ahora no podemos decir que no sirve para ministro, es otra demanda, es otro requisito, aquí está, de veras.

Y el señor Fayad, que vino también aquí a participar y a decir que no se vale, que no se puede destruir esta gran labor que se ha hecho en comisiones, y que no se vale acabar con el trabajo de todos, que son ustedes, unos cuantos, una pequeña cúpula, y el señor Castillejos, seguramente es el que le metió la mano, ese que viene aquí, cambia los dictámenes y le sube el sueldo a los magistrados electorales.

Entonces Omar Fayad, nuestro compañero apreciado, dice, ya votemos, hombre, porque ya esto ya se acabó, ya el que no quiera que vaya al Pleno y ahí defienda lo que quiera defender. No hubo dictamen.

Ahí las Senadoras, que aquí han hecho un gran papel y que han traído toneladas de expedientes y pruebas las desahogaron así, y Fayad dice, aquí lo tengo también, ya dejémonos de historias, ya vamos a votar y se acabó, y votaron los tres, la mayoría y se acabó. Ese fue el dictamen, y por eso hoy no hay ni siquiera argumentos, porque hubiera tenido que venir a decir, alguno de los defensores, que si ya lo aprobamos para eso que decimos, que no es argumento.

De manera pobre el dictamen, falaz, sin ningún contenido, y el debate este por parte de los defensores es ridículo.

Dice aquí el Senador, que platicábamos, dice, en una muy buena intervención, que necesitamos un perfil y es un análisis cuidadoso dice él: necesitamos a un ministro de la Corte que represente a la población, y nos planteó una serie de requisitos para que el ministro de la Corte sea realmente un ministro que juzgue para el pueblo de México, y yo le contesto a Encinas, no lo vamos a tener, no vamos a tener ese perfil que Encinas dijo era necesario absolutamente lógico o no, porque Peña Nieto no entiende, porque no le importa.

Miren, estos dos nombramientos, el de Arely, el que fue otra trampa, aquí nos hicieron despedirla con besos, abrazos, miel, nadie sabía dónde iba, aquí un Senador panista dijo: si nos hubieran dicho a dónde iba, la despedida hubiera sido distinta, ha, pero meten todo un escenario, esos abrazos, y es la que destapa a Arely, y dónde quedó el procurador que se fue de puntitas por la puerta de atrás.

Entonces, el procurador se acabó, y la resolución histórica dónde está. Nunca se cansó, dicen por ahí, no, nunca. El Presidente explicó por qué iba a quitar al procurador que en medio de una batalla, claro, él dice que ya se acabó, nunca lo explicó, nunca dijo nada.

Y entonces toda esta cuestión de Arely, que sabía bien cuando se estaba despidiendo a donde iba, nosotros no. Entonces hay mala fe; hay atropellamiento de los principios, hay engaño, y no vamos a tener ministros de esa calidad, mi querido e inteligente Encinas, porque el Presidente quiere otra cosa.

Y ven cómo sigue actuando en el mismo camino, en la crisis en que está, que él se la atribuye a la madre de los vientos, a quien sabe qué, sigue adelante, mandando dos propuestas perfectamente equivocadas: Arely va a la Procuraduría General de la República para luego ponerla como Fiscal Especial, y el otro se va por ahí, por la puerta de atrás.

Y no vamos a tener con esta actitud del Presidente un cambio en el país, sino lo mismo. La casa blanca se acabó, es mía. La del otro es de él, sigamos adelante; vamos a hacer de cualquier ataque a las instalaciones petroleras y energéticas un acto de terrorismo, esto nos están dictando los Estados Unidos, y tengo los datos, lo vamos a discutir, es un acto de terrorismo a lo que pasa en Puebla, que están metiendo, este Moreno Valle, que es un buen discípulo del nuevo Ministro de la Corte, están encarcelando y ya tienen la ley, esto es terrorismo.

El que se atreva a poner en duda la ocupación de la tierra de los campesinos, de los ejidatarios, de los indígenas, va a cometer actos de terrorismo.

Una cuestión más. La privatización del agua, obviamente, aunque Beltrones diga que no es cierto, o lo que sea, bueno, ya lo sabemos qué allá va. Están diseñando otro proyecto nacional, y nadie lo dice, no van mintiendo, quitan de la Constitución una cosa, no vamos a tener un ministro así; no vamos a tener un Presidente así, tenemos que detener lo que está pasando aquí, y ustedes son culpables de que los caprichos del Presidente de la República y nombramientos absurdos que no sirven para lo que van, ustedes lo están aprobando en una brutal genuflexión, y van a seguir así, y así, porque no va a cambiar Peña Nieto.

El aeropuerto sigue. Ya nos quitaron cien pesos, el otro día decían que ya nos van a quitar cien pesos a nosotros, aquí y allá y a Pemex, pero el aeropuerto sigue, ¡eh! El aeropuerto sigue.

Los negocios siguen, las megaobras siguen, el dinero sigue, y todo lo demás no importa.

Encinas, no tengas esperanza, ¡eh! tenemos que hacer otra cosa.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias.
Senador Gil, ¿al final quería algo?
El Senador Roberto Gil Zuarth: (Desde su escaño) ¡No!
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: No.
La Senadora Dolores Padierna.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Para hechos.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Le concedo para alusiones personales, porque la mencionaron, sí la mencionaron, sí la mencionó.
Hizo un alusionadero, don Manuel.
La Senadora Dolores Padierna Luna: Aunque el Presidente no lo supiera, en efecto, pedí la palabra porque varios Senadores del PRI, del Partido Verde, dijeron que son apreciaciones nuestras, que son nuestras opiniones, que son prejuicios.

Yo les invito a leer el voto particular que presentó el PRD, pero permítaseme en obvio de tiempo sólo leer un párrafo de la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación al caso SICARSA, que es la recomendación 37/2006.

Dice: “El operativo instruido desde la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal, resultaba ilegal de origen, incluso, violatorio de la constitución, ya que no contaba con la orden judicial de por medio”.

Otra vez es reiterado el desprecio al Poder Judicial, que ha practicado Medina Mora en toda su carrera de servidor, no de público, sino de servidor de las élites.

Otra alusión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice: “Las autoridades de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, particularmente el coordinador de las fuerzas federales de apoyo, así como el Jefe del Estado Mayor, con la anuencia del Secretario de Seguridad Pública, han observado la actitud de conducirse contrariado la verdad de los hechos”. Estoy leyendo textualmente la resolución de la Suprema Corte.

En relación al caso Oaxaca, sólo leeré un pedacito, que es muy grave, porque en el evento de Oaxaca murieron personas y se violaron flagrantemente los derechos humanos, y dice, el propio Secretario informó a la Suprema Corte que en Oaxaca: “La operación se llevó a cabo con las directrices establecidas en un plan rector de operaciones, octubre 2006”.

La Suprema Corte revela que en dicho plan se evidenció la falta de profesionalismo en su planeación, en su ejecución, dado que su acción se efectúo en detrimento de la población y los propios policías, sin realizar una prudente valoración de las técnicas empleadas para minimizar la posibilidad de causar daño.

¿Por qué pensar en validar como idóneo a una persona de esta naturaleza?

Yo quiero invitarlos a leer el voto particular que presentó el PRD. No son apreciaciones subjetivas.

Este Senado no tiene facultades para interpretar la Constitución.

Lo que hemos expuesto en esta tribuna son resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sentencias de la Suprema Corte, contratos de la Auditoría Superior de la Federación, documentos oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y pasa lo que dice el Senador Bartlett: “No tienen argumentos”.

Y lo que están haciendo ustedes es faltar a la Constitución. Medina Mora no cumple con los requisitos de la máxima norma. A pesar de ello, ustedes lo van a imponer por 15 larguísimos y tormentosos años. Es muy frustrante.

Sólo falta, como Nerón, que Peña Nieto incendie este Senado.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen.

La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, sírvanse levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, propuestos por el Ejecutivo Federal en la terna para ocupar la vacante del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cumplen con los requisitos de elegibilidad.

Honorable Asamblea: A fin de dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo aprobado el 17 de febrero pasado.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Para que quede inscrito en el Diario de los Debates de esta sesión, a esta hora van 54 mil 335 firmas. Siguen llegando.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Se registra la mención hecha por usted.
Honorable Asamblea: A fin de dar cumplimiento al punto cuarto del Acuerdo aprobado el 17 de febrero pasado, nuestro siguiente asunto es la comparecencia ante el Pleno de los candidatos que integran la terna en forma continua.
Conforme al punto quinto de dicho Acuerdo, cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de los Senadores o Senadoras.

Concluidas las exposiciones, abriremos un receso y posteriormente reanudaremos la sesión para realizar la elección a través de la votación por cédula. Los 3 comparecientes entrarán a este recinto para su exposición.

En consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Fernando Torres Graciano, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, introduzcan a este salón a los ciudadanos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Tomás Medina Mora.

En tanto, se hace una pausa para que la comisión cumpla el encargo otorgado.

(La comisión cumple)

Señores Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Eduardo Antonio Medina Mora Icaza, a nombre del Senado de la República doy a ustedes la bienvenida a esta sesión.

Su presencia obedece al cumplimiento de los Acuerdos que este Pleno aprobó los días 17 y 19 de febrero, en los que se establece el procedimiento para el análisis de las candidaturas que integran la terna enviada por el Ejecutivo Federal y de los que se extendió conocimiento formal los días 19, 20 y 23 de febrero.

Iniciaremos con la exposición del ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera, colocado en primer término de la terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

Conforme al acuerdo aprobado, hará usted uso de la tribuna, para su exposición, hasta por 20 minutos.

En consecuencia, se le concede el uso de la palabra.

Adelante, ciudadano Fuentes Barrera.
El Ciudadano Felipe Alfredo Fuentes Barrera: Muy buenas tardes a todos.
Con su autorización, señor Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Señoras y señores Senadores de esta Honorable Soberanía, expresión de la voluntad popular. Distinguido auditorio:
Celebro y aplaudo la pluralidad de expresiones de este cuerpo legislativo. Les agradezco su destacada labor republicana, y a mis compañeros de terna, el más sincero de mis respetos.
Debo señalar que acudo a esta Soberanía, bajo el marco constitucional que establece que el Presidente de la República propondrá a este Senado de la República, una terna para la designación de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Estoy consciente de que esta Soberanía tomará la mejor decisión para el bien de la República.
También debo reconocer que bajo el marco constitucional que tenemos, el Senado de la República procuró ser un órgano innovador. En este proceso abrió las puertas a la posibilidad de participación de la sociedad civil. Elevó a través de las vías tecnológicas las propuestas de cada uno de los candidatos y además tomó en consideración las preguntas, las inquietudes que formuló tanto la Academia como las diversas organizaciones de derechos humanos.
Es un gran avance, y creo que sobre ese camino tenemos que seguir andando.
Me presento ante ustedes, para justificar la idoneidad de mi candidatura, a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Debo decirles, señores Senadores, señoras Senadoras, que en los edificios que albergan los órganos jurisdiccionales federales, se encuentra colocado un pensamiento, que a quien ahí laboramos, nos estremece día a día.
Este pensamiento dice: “Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario”.
A 200 años de la instalación del Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, la visión que tenía don José María Morelos y Pavón, ahora más que nunca ha de llevarse a su máxima expresión, pues el acceso a la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe estar al alcance de todos.
La noble tarea y alta responsabilidad de servir a los justiciables, requiere de un incansable esfuerzo, dedicación, estudio y trabajo.
Por ello, define mi vocación la justicia, como uno de los sensibles valores a los que aspira una nación. Una nación que pretende convivir armónicamente, porque en nombre de la Constitución, la historia se escribe.
Independencia y autonomía, son los que representan el camino de una Corte que defiende la democracia, y es un verdadero contrapeso de los poderes.
Respeto profundamente la obra del Constituyente, cuya fuerza radica en sus principios fundamentales, que resguardan el alma de un pueblo.
La Constitución es norma viva. Todos los órganos del Estado deben someterse a ella y las personas desarrollarse bajo su manto.
Un juzgador sensible, realista, objetivo y humano es el idóneo para protegerla. Para intervenir como agentes de cambio, tutelando a la familia como base de la sociedad, a los grupos vulnerables, a las minorías, así como a los factores de inversión y de la producción, en la eterna búsqueda siempre, del bienestar común.
La defensa de la norma fundamental tiene su esencia en la realidad política. Por ende, a casi 100 años de su promulgación, el estado democrático social de derecho, no puede quedar en un decálogo o como sostiene Guastini: en una hoja o en un papel.
Debe convertirse en realidad palpable para los mexicanos. En el constitucionalismo de principios, el juez del siglo XXI debe adoptar una posición activa en el ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales; especialmente en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos; proyectado mediante el principio pro persona y a través de la interpretación conforme.
Es el entendimiento de los principios constitucionales, el que se encuentra unido también al de los tratados y convenciones internacionales. Ante un posible conflicto entre derechos humanos, el juez constitucional se enfrenta a la exigencia de evitar la discrecionalidad caprichosa y el arbitrio infundado; su actuar debe ser apoyado en la razonabilidad, la ponderación y la proporcionalidad en la resolución de las controversias.
El camino hacia una sociedad plena, ha pasado de la política a la justiciabilidad, pues la desconfianza por las instituciones es innegable. Debemos superar los obstáculos y sumar esfuerzos para recuperar la credibilidad.
Seguramente todos coincidimos, en la actualidad, estamos viviendo una verdadera crisis de desconfianza hacia las instituciones. Día con día, escuchamos declaraciones al respecto.
El desafío que tenemos por delante, es mayúsculo. No basta con bien logradas piezas discursivas para transmitir una verdad que sea aceptada por la sociedad.
Debemos generar confianza entre la población a través de hechos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, debe fortalecer la división de poderes, el ejercicio de competencias, la expansión de los derechos fundamentales, el acceso a la información y hacer patente la máxima publicidad.
Por otra parte también debe hacer exigibles y justiciables a plenitud, los derechos sociales.
Me pregunto entonces, ¿cómo podrá cumplir la Corte con esta encomienda?
La respuesta para mí es, a través de sentencias que aterricen en la vida diaria de la gente y que la lleven a considerar, que sus instituciones están diseñadas para defenderlas, protegerlas y servirlas; porque la sociedad es su razón de ser.
Han marcado históricamente a la función jurisdiccional, la cicatrices de los procedimientos tortuosos, poco transparentes y carentes de efectividad.
Mientras las partes en litigio confían al juez sus valores más preciados, reciben un trato indiferente, consecuencia del trámite cotidiano frente a la justicia que anhelan.
Los juzgadores debemos ser conscientes de tal reclamo, y acercarnos a los gobernados para cambiar esa realidad, pues el derecho se escribe con la tinta de la gente que demanda justicia a diario.
Es necesario encontrar las soluciones a estos grandes problemas y preguntarnos entonces, ¿cuál es el papel del juez constitucional ante esta realidad?
Bajo mi visión, el Juez debe ser consciente y sencillo en la tarea de hacer justicia, debe emitir sentencias con una visión integral, que atiendan a la realidad de la sociedad mexicana y permitan el efectivo acceso a la justicia mediante una interpretación constitucional de carácter humanista, considerando que el fin último del Estado es la libertad y la dignidad humana.
Aspiro, como todos los mexicanos, a una justicia pronta, completa e imparcial, con juzgadores cercanos a las voces legitimadas, que estén dispuestos a escucharlas y resuelvan, alejados de rigorismos innecesarios, con la garantía de que los reclamos sociales trasciendan a la vida cotidiana.
Hace 20 años, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se transformó en un auténtico Tribunal Constitucional, fue el inicio, ahora nos corresponde redoblar esfuerzos para contribuir a la estabilidad en el país, lograr la paz y el bienestar social. Los vientos del progreso han sacudido a México, es tiempo de las grandes transformaciones y no podemos quedarnos sentados viendo cómo pasa la historia de nuestra nación.
En los nuevos horizontes debe iluminar la cultura de la igualdad. El pensamiento de doña Carmen Moreno Toscano lo suscribo íntegramente, y pienso que la equidad de género nos conduce a cubrir los espacios de la función pública y del sector privado, esto para eliminar los tratos diferenciados.
En nuestras sentencias también erradiquemos este tipo de discriminación. Esta discriminación es la más cotidiana en nuestro ámbito social y lacera aproximadamente al 63% de las mujeres en México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas.
Debemos impulsar en nuestros fallos el hecho de que la mujer alcance su desarrollo integral en un campo donde la igualdad de oportunidades sea una realidad.
El Poder Legislativo ha gestado un mejor porvenir para todos mediante las reformas que requiere nuestro país para atraer la inversión y la tecnología que nos permita avanzar como nación, en este camino nos encontramos.
La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, las reformas en materia energética, de telecomunicaciones y político electoral, que sea la aspiración de proteger al ser humano la fuente de labor del juzgador constitucional al interpretar estas normas.
En ustedes, señores legisladores, descansan nuestras esperanzas por leyes justas, eficaces y efectivas. En el Tribunal Constitucional descansa la gloriosa libertad.
Tengo la firme convicción de una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, en la que sus integrantes, con absoluta independencia, defiendan el estado de derecho, la democracia y la gobernabilidad, tiene que erigirse nuestro Tribunal como el máximo órgano de control del poder político.

El desarrollo es la suma de los esfuerzos de las mexicanas y los mexicanos que producen, invierten, exportan y crean las condiciones que propician la oportunidad para que aspiremos a un mejor nivel de vida.

El juicio de amparo es la institución nacional que ha calmado el fuego de las injusticias, hay quienes piensan que sólo es para unos cuantos. Debemos decirles contundentemente que no es así.

Este medio de defensa constitucional se ha modernizado, fue dotado de nuevos bríos, incluyendo figuras como: el interés legítimo, la declaratoria general de inconstitucional, el amparo colectivo, el enjuiciamiento de las omisiones y la transformación del concepto de autoridad para efectos del amparo.

Es tarea del operador jurídico de esta ley hacerlo accesible, porque su finalidad es la tutela de los derechos humanos que no puede dejarse a la deriva, so pretexto de formulismos anacrónicos, en contraste tampoco podemos cegarnos. El juicio de amparo no debe servir de instrumento frente a aquello que no se ajuste a la razón y al derecho.

El prestigio del que hoy goza nuestro Tribunal Constitucional es el motor de la justicia social que se engrana a los recursos del control de la constitucionalidad, las controversias, las acciones de inconstitucionalidad y la competencia, materia de consulta popular.

En la conciencia de los mexicanos se encuentra presente la razón de su existir, nada los separa, nada los diferencia, todo juez constitucional debe velar por los valores supremos que consagra nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Senadoras y Senadores: Estoy preparado para asumir el compromiso de integrarme al máximo Tribunal, y contribuir con sentencias apoyadas en interpretaciones constitucionales a la altura de las exigencias de una sociedad democrática en un Estado constitucional de derecho.

Esta filosofía me conduce a proponer la idoneidad de mi candidatura con apoyo en lo siguiente:

Primero. Contribuir a la estabilidad nacional a través de interpretaciones que definan claramente el adecuado ejercicio del poder político bajo el diseño constitucional asignado a todos los órganos del Estado.

Segundo. Adoptar decisiones tangibles y que sean realizables, sustentadas en la autonomía, en la independencia, la imparcialidad y la objetividad, con una filosofía humanista apoyada siempre en la prudencia y la sensibilidad social, en tanto que la legitimidad del juez constitucional emana de los argumentos de sus sentencias.

Tercero. Interpretar expansivamente los derechos humanos aplicando la norma que más favorezca y avanzar con paso firme a la construcción de una teoría jurisprudencial que maximice la eficacia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Cuarto. En el ámbito de atribuciones del Tribunal constitucional propugnaré por dimensionar el acceso a la información pública, esto como un instrumento de las sociedades democráticas que facilite su pleno ejercicio y logre la adecuada defensa de los derechos de la persona. El canal judicial ya resulta una herramienta útil, pero los asuntos desahogados en las salas requieren de una apertura también al público.

Quinto. Propongo, como parte de mi política judicial, entablar un contacto permanente con las partes interesadas, con las asociaciones de abogados, organizaciones vinculadas con los derechos humanos, la Academia y juzgadores en general, esto con la finalidad de tener una visión integral de la pluralidad de opiniones en torno a los temas jurídicos a debate, pero sin menoscabo de la objetividad, ni de la independencia o de la imparcialidad.

Para ello, propondré a las instancias competentes, entre otras herramientas tecnológicas, la apertura de una página Web al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me permita ser receptor de las ideas, inquietudes, críticas y manifestaciones de todos los actores.

Sexto. Me sumaría a los Ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación para continuar con los diálogos jurisprudenciales, ya entablados con otros tribunales constitucionales del mundo, y con los tribunales que en el ámbito internacional juegan un papel fundamental en la defensa de la persona.

Séptimo. Ofrezco una interpretación constitucional que sea consecuente con la intención del Constituyente Permanente, armónica con los derechos de las víctimas que requieren una protección eficaz en el marco del avance en el combate a la impunidad y la delincuencia, pero en equilibrio con los derechos de los que debe gozar el inculpado.

Octavo. Alentar a través de la justicia la inversión nacional e internacional, otorgando garantías, transparencia, certeza jurídica y efectividad a las sentencias, juzgando, desde luego, con una dimensión social.

Estoy convencido de que para ejercer la función de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se requiere un amplio conocimiento del derecho, virtudes, capacidad para interpretar la Constitución y sensibilidad al resolver los problemas.

Representantes de esta Soberanía popular: Tengan la plena convicción de que mi esfuerzo estará encaminado con la justicia que demandan los mexicanos para construir siempre una sociedad igualitaria.

Si este órgano deliberativo lo decide, me encuentro preparado para asumir la alta encomienda a desempeñarme como un auténtico guardián de la Constitución y de los derechos humanos de manera responsable, profesional, independiente e imparcial, con el firme propósito de velar por la dignidad humana.

Agradezco al Senado de la República la oportunidad de ocupar esta tribuna y seguro estoy que ustedes habrán de tomar la mejor decisión en beneficio del fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación.

Recordemos el pensamiento de Benjamín Franklin: “El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles”.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Fuentes Barrera.
Tiene ahora el uso de la palabra el señor Horacio Armando Hernández Orozco, hasta por 20 minutos, para su exposición.
Adelante, señor Hernández Orozco.
El Ciudadano Horacio Armando Hernández Orozco: Gracias, señor Presidente.
Lo que es la idoneidad para el cargo de Ministro, ya lo he expuesto anteriormente, también mis propuestas, si llego a Ministro, están señaladas, está en esa nube que llama el señor Manuel Bartlett, ahí están.
Voy a aprovechar el espacio y el tiempo de ustedes, señores Senadores, para platicarles tres historias.
La primera historia, la de un niño que creció en este México, hijo de una familia de clase media baja, como diríamos los penalistas, entre la mínima y la media más cercana a la primera, en este sentido.
Un niño que sus papás le comentaron que habían terminado la primaria, nunca vio el certificado de primaria, ni era necesario; siendo feliz como niño, teniendo casa, comida, sustento, techo, ¿qué más puede pedir un niño?
Llega el momento en que tiene que ir a la escuela y va a la escuela.
Su primera primaria, la Abraham Castellanos, en pleno centro de la ciudad de México, en la Plaza del Carmen.
Este niño empieza a aprender a leer y a escribir, lo cual le abre un mundo de posibilidades de conocimientos, un mundo maravilloso.
Los cuentos ya no se los cuenta su mamá, los cuentos los empieza a leer este niño.
Este niño tiene por primer maestro a un maestro oaxaqueño, Benito Frías, lo recuerdo bien.
El maestro le empieza a hablar de los Héroes Nacionales, de esos que sí dieron la vida por México.
Vicente Guerrero: “La Patria es Primero”.
Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
El niño empieza a crecer, empieza a convivir.
Le dan un peso para gastar.
Con ese peso, ¿qué hace? Comprar una torta y un refresco.
Y en ocasiones no llega ese peso.
Pero, ¿qué pasa?
Sus compañeritos de condiciones sociales iguales, le convidan la torta, le convidan el refresco.
¿Cuál es la primera lección de este niño de sus compañeros? La solidaridad, el desprenderse cuando no tienes, o cuando tienes y le hace falta a los demás.
Obvio, el niño también tiene que corresponder cuando sus compañeritos no llevan dinero para comprar la torta o el refresco. Primera lección de la vida de sus compañeros.
Este niño juega, anda en bicicleta.
Sus papás se despreocupan porque saben que está en el parque seguro.
A las 8:00 de la mañana se levanta, se va a la escuela caminando.
A las 12:30 que sale de la escuela, regresa caminando a su casa y no pasa nada, vive en un México seguro.
Este niño llega el momento en que tiene que entrar a una secundaria y la secundaria a la que entra es la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior, la famosa ESANS, San Cosme 64, en esta ciudad de México.
Ahí empieza a ver una diversidad de maestros, de criterios y se da cuenta que existe el socialismo, o que en ese momento existía el socialismo, el capitalismo, y empieza a comprender la lucha social del proletariado, empieza a comprender que es importante también el capital para que se ostenten las políticas económicas del país, aunque es un menor todavía.

Pero llega un evento que marca su vida, un 2 de octubre.

Hablamos de San Cosme, cerca del Casco de Santo Tomás. Van marchando varios compañeros, varios jóvenes, gritando consignas.

Obviamente pensemos en un niño de 12 años, nunca había visto algo igual. Se asusta, se espanta, claro que se espanta.

Corre al refugio de su maestro de historia, Antonio Cutberto.

“¿Qué pasa aquí, maestro, qué es lo que sucede, nos van a hacer algo?”

“No, no te preocupes, ellos están protestando”.

“¡Protestando de qué, maestro!”

Y le explica el evento del 2 de octubre.

Ese niño comprende en ese momento que hay un derecho de expresión y que el Estado está obligado no únicamente a respetar, debe proteger, garantizar y promover ese derecho de expresión.

Cuando le platican sus mayores sobre otras situaciones, le duele, aunque es menor.

En esa escuela, la famosa Anexa a la Normal Superior, obviamente anexa a los normalistas y que veíamos a los maestros que practicaban en nuestra secundaria, tiene dos compañeros de origen japonés, iba a ser inevitable para esos compañeritos el recibir un bullying nada más por sus rasgos étnicos.

Hasta que la maestra de Civismo, Sofía Gorrola, dice: “¡Hey, vengan para acá!” Y llama a todos los compañeritos.

Y a los dos compañeros también que son de ascendencia japonesa.

Y a esos dos compañeros, les dice:

“A ver, habla”. Y hablan perfectamente español.

“¿Te sabes el Himno?”

“Sí”.

“Canta el Himno”

Y lo cantan perfectamente.

¿Cuál es la lección que nos da nuestra maestra de Civismo? Que hay una pluralidad étnica que se debe respetar en este país.

De ahí en adelante, ninguno de estos dos compañeros sufrió bullying en relación a su origen étnico.

Ese niño lo comprendió en ese momento.

Este niño también tiene la oportunidad de ingresar a un grupo de escultismo, la Asociación Mexicana de Boy Scout, o los Scout de México, A.C., donde aprende principios: “Dios, patria y hogar”.

Aprende virtudes: “abnegación, lealtad y pureza”.

Vive conforme a una ley, un decálogo que se le da de ley.

Este niño empieza a forjar su soberanía en un grupo de escultismo.

En la primaria, obviamente termina esta primaria y dice: “Ya suenan las campañas que atentas nos invitan a trabajar. Óyelas con sus dulces notas que invitan a estudiar”.

El niño sabe que tiene que estudiar, sabe que tiene que trabajar.

¿Cuándo le cae el veinte, como decimos los mexicanos? Cuando en secundaria sus maestros le dicen:

 “¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque es de lo que vas a vivir.

“¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque tus papás están haciendo un gran esfuerzo para que estudies.

“¿Por qué tienes qué estudiar?” Porque eres un mexicano y debes darle a México lo mucho que te ha dado.

El niño lo sabe, le queda muy plasmado.

Sus tres años de secundaria y sus tres años de preparatoria, excelencia académica, siempre el primer lugar en esos seis años. Claro, se hizo odiar por los demás compañeritos, pero él tenía que estudiar.

¿Qué pasa en esta secundaria? También hay un Himno, dicen: “Secundaria que llevas el nombre de la Anexa Normal Superior, en tus surcos germinan los hombres de un mañana y un futuro mejor”. Y lo sabe el compañero.

Posteriormente viene una preparatoria, estudia también en esa preparatoria, comparte intereses con otra preparatoria, con compañeros.

Ese niño, que ya es un jovencito, quería estudiar Filosofía.

Su maestro se hace llamar Vicente Guerrero, y hasta la fecha duda si en realidad se hacía llamar o era Vicente Guerrero su nombre real.

Cuando pasaba lista su maestro de Filosofía, en vez de decir “presente”, se tenía que decir: “Murió por la Patria”. Era el pase de asistencia en esa clase.

También tiene que tomar su clase de Derecho, no obstante que él quería estudiar Filosofía. Pero tal es la figura del maestro de Derecho, el licenciado José Cárcamo, que ese joven decide mejor estudiar Derecho.

Y ese propio profesor, un día viéndolo sentado en una banca escolar, dice:

Ya decidiste qué vas a estudiar.

Lo ve, y dice: Sí, derecho.

Le dice: ¿En dónde? “

No lo sé.

Ese maestro dice: Ven, déjame entregar las cosas en la dirección y te voy a llevar a una escuela que te va a agradar.

Ese joven ha de estudiar en la prepa Estado “Xoterela”, Lucerna 54. De ahí se van caminando, corren la Ciudadela, la atraviesan y llegan a Vertiz e Izazaga, a la Escuela Libre de Derecho. Desde el momento en que ese joven se mete en la escuela, está convencido que él quiere estudiar ahí, que él quiere egresar de la Escuela Libre de Derecho. Una frase impactante, el orden y la disciplina de esa escuela, quedan confiados al honor de estos alumnos, desde niño empezó a aprender principios, empezó a aprender virtudes, en cada una de esas escuelas se preocuparon los maestros, porque ese joven, ese niño aprendiera virtudes, aprendiera principios y los llevara a cabo también.

Ese joven estudia con varios maestros, donde está Fernando Aldivia, mi querido maestro, don Javier Alba Muñoz, que a lo mejor son hombres que les suenan algunos, José Becerra Bautista, varios de esos maestros estuvieron ahí y con mi apoyo.

Llega el momento en que el tercer año de la carrera se acerca un familiar y le dicen:

¿No te gustaría trabajar?

Sí, claro, ¿en dónde?

En el Poder Judicial Federal.

Ya tenía antecedentes, por parte de estos maestros, que es una institución noble, es una institución de sacrificio, del sacrificio a la enseñanza de este niño, desde que era así, siempre servir a los demás, que sea su máxima dentro del escotismo.

En ese aspecto lo recomiendan, porque así se entra a veces en el Poder judicial, por recomendación, por las recomendaciones para entrar y bajar, la permanencia depende de cada uno.

Ingresa a un tribunal, en materia laboral, sigue sus estudios, termina la carrera y se titula un 2 de abril de 1990, llega el momento en que él ya quiere ser secretario de juzgado, primero le dan un puesto de actuario con lo cual junta dinero para poder irse después de Secretario a Tijuana, porque su familia no le podía pagar, su viaje y su estancia en Tijuana, aunque fuese ya Secretario.

Un 17 de septiembre del 90, llega a Tijuana para trabajar como Secretario y ahí comienza su verdadera carrera dentro del Poder Judicial Federal.

Años después, regresa a la ciudad de México, donde trabaja en un Tribunal Colegiado Laboral, en ese tribunal, tiene la posibilidad de hacer su examen por oposición para convertirse en juez de distrito, un cargo muy importante, y lo reflexiona bien, porque la protesta dice: “Hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Anteriormente cuando eres pasante te aplauden, todos los logros que hagas, el esfuerzo que hagas, cuando eres Secretario es tu obligación, pero cuando eres juez no te puedes excusar en no conocer la norma, en no dar una solución al conflicto que se te presenta, en no administrar justicia.

Consciente de ese gran compromiso, acepta a este joven a ser Juez de Distrito, su primera y única excepción, Ciudad Victoria, año del 98. Ahí se desenvuelve y se desarrolla, sabe que tiene que seguir preparándose y hace su maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su maestría en Ciencias Jurídico Penales, donde sale con honores y felicitado en todas las materias 10, excelencia académica.

Ese juez, en ocasiones se levanta y se asoma a la ventana de su despacho, y alcanza a ver la sierra verde, la sierra verde tamaulipeca, pero cuando voltea hacia abajo, qué es lo que ve, a una señora llorar, a una señora llorar porque su hijo, su hermano o probablemente su esposo está dentro del penal, y sabe que él está juzgando a esa persona, se regresa a su asiente y vuelve a leer el asunto, porque no quiere tener un peso emocional o de una fiabilidad que traiga como consecuencia el cometer un error judicial.

Después lo anima un consejero con los Sánchez “Bringas” ya fallecido a que se haga magistrado, y así es como llega a Magistrado, primero en la ciudad de Puebla, en materia laboral un año, y posteriormente trece años en la materia penal del primer circuito.

También con vivencia día a día de los principios que forman la ética judicial, forma parte del Comité de Ética Judicial, y un buen día recibe una llamada, para que participe en la terna para ministro, forzosamente participa, claro que participa, cree en las instituciones de este país, porque él ha formado parte de las instituciones durante 29 años de su vida, más de la mitad de lo que tiene de vida, participa, lo convoca, presenta su exposición de idoneidad, presenta su exposición de los motivos por los cuales quiere llegar a ser ministro y cuando llega a ser ministro, frente a un Senado, también tiene que hacer una propuesta, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y sabe que es un compromiso fuerte, por lo que está atravesando su México querido. Sin embargo, no se raja, es mexicano y le atora.

¿Qué es lo que pasa con este nuevo ministro? Ve el nuevo paradigma de los derechos humanos, la legitimidad del estado es en función a los derechos humanos, la legitimidad democrática de un país es en función a los derechos humanos, los derechos humanos se tiene que vivir, ser reales, y no de blanco y negro.

¿Qué es lo que tiene que pasar? La universalidad tiene que ser real en los derechos humanos, antes se hablaba del voto libre, pero el voto conforme a la declaración universal de los derechos humanos y del ciudadano para el hombre blanco propietario, no pensemos en grupos étnicos, no, después el voto se le da a la mujer, pero no sigue siendo universal, porque a la gente de color o los grupos étnicos, no tenían derecho a votar.

Se vuelve universal cuando se presenta para todos, pero ese nuevo ministro se da cuenta que no basta con que la norma constitucional diga que tiene derecho a un voto, que tienes derecho a una educación, si al mexicano no se le da de comer, si al mexicano no tiene dónde dormir, si el mexicano no tiene qué vestir, cómo le podemos hablar que goza de derechos humanos. Ese ministro se da cuenta que el nuevo paradigma de los derechos humanos es hacer viable y eficaz los derechos humanos, la realidad está alejada, pero no es que esté incierta, la realidad está alejada de las resoluciones de este ministro pueden hacerla factible y viable.

Lo ideal lo dije en alguna ocasión, esta y la justicia, en los tribunales no hubiera juicios, eso sería lo ideal, esa es la utopía que me gustaría vivir algún día, pero sé que no vivo en esa utopía, sé que hay asuntos que se tienen que resolver día a día en los tribunales del Poder Judicial Federal.

Qué pasa con ese ministro, cuando tiene que alzar la voz, la alza, pero cómo la alza, dando los argumentos y consideraciones en sus sentencias que convenzan a justiciable de que lo que se está resolviendo es lo que es apegado a la norma, es lo que está apegado a la Constitución, es lo que es conforme a los derechos humanos.

Sus 15 años de vida como ministro, los vive bien, los vive entre compañeros de la Corte, se pelea en ocasiones, claro que sí, somos plurales, tenemos diferencias, pero los convive, lo sabe llevar a cabo. En ese aspecto cuando ese ministro se tiene que jubilar y se va a su casa de retiro, gustosamente sienta en las piernas a su nieto que le dice: “Hijo, yo luche por ti y aquí estamos”.

Gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Hernández Orozco.

Escucharemos ahora la exposición del señor Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Adelante, señor Medina Mora.
El Ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora: Muchísimas gracias a todos ustedes.
Distinguido Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Luis Miguel Barbosa. Honorables señoras y señores Senadores, queridos compañeros integrantes de la terna propuesta por el ciudadano Presidente de la República:

Agradezco enormemente el honor y la oportunidad de exponer ante ustedes y ante la Nación algunas ideas sobre los principales retos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Antes de comenzar, quiero reafirmar que soy sensible, escucho y pongo atención a las críticas, cuestionamientos y señalamientos que se han hecho con respecto a diversos temas relacionados con mi actuación en diversos cargos.

Respeto las opiniones, aunque no siempre las comparto, he hecho las declaraciones y puntualizaciones pertinentes precisando los datos y hechos en relación con los asuntos ahí abordados, tanto en mi comparecencia en la Comisión de Justicia, como en cartas y comunicaciones a diversos interesados.

Respecto de los asuntos más mencionados, como son las actuaciones de la Policía Federal en Atenco y Oaxaca, quiero recordar que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación que realizó en estos hechos no se me encontró responsable.

Sobre la Operación Rápido y Furioso, otras que le antecedieron, he aclarado que, de acuerdo con la investigación realizada por el inspector general del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes las realizaron, lo hicieron sin la autorización del departamento de justicia y sin consultarlo con las autoridades mexicanas.

Sobre la detención y consignación de Jacinta Francisco Marcial, he aclarado que esto ocurrió antes de mi gestión; lo que sí se hizo durante mi encargo fue que ante la duda razonable sobre su responsabilidad se presentaron conclusiones no acusatorias lo que permitió su liberación justo después de que yo dejar el cargo.

En referencia a la información contenida en la prensa esta mañana respecto al levantamiento del aseguramiento de los fondos del señor Raúl Salinas, aclaré que la Procuraduría General de la República no liberó los fondos del señor Raúl Salinas; que el juez suizo Paul Perrodin ordenó la devolución a México de más de 74 millones de dólares, es decir, de la totalidad del dinero asegurado cuya procedencia ilícita no fue acreditada ante las autoridades suizas, misma que fue depositada en propiedad de México en la Tesorería de la Federación en esa fecha.

El levantamiento mencionado del aseguramiento de los fondos que tuvo lugar en 2009, en los tribunales mexicanos fue un trámite legal, porque ya no había fondos en las cuentas, pues éstos habían sido recuperados por México en 2008.

Sobre las acciones de inconstitucionalidad a las que se ha hecho referencia, la premisa para mí, fue siempre cumplir a cabalidad el papel que la Constitución otorga al Procurador para velar que las normas de carácter general se ajusten a la Constitución.

La Corte concedió la razón a la Procuraduría General de la República en el 98 por ciento de los casos.

En todos estos casos mi actuación siempre ha sido sustentada en la buena fe y en el cumplimiento de la ley.

Estoy genuinamente interesado en escuchar las opiniones, críticas y sugerencias que personas o grupos quieran expresar. Creo firmemente en la libertad de expresar dudas y críticas a quienes como yo aspiran a servir a su país desde un cargo público.

También creo en la obligación de responder a estas críticas. La libertad de expresión es uno de los tesoros más valiosos que tenemos como país, y en caso de designarme como ministro la asumiré a cabalidad, como lo he hecho siempre en el desempeño de mis responsabilidades.

En dos años nuestra Constitución Política cumplirá 100 años de vigencia.

Cuando se promulgó, en el año de 1917 fue audaz e innovadora, como señaló el maestro Mario de la Cueva, con ella nació nuestra declaración de derechos sociales, fuente del Derecho Agrario, y del Derecho del Trabajo.

El centenario de nuestra norma suprema es un gran motivo para conmemorarla, pero sobre todo para honrarla, manteniéndola viva, actual, moderna.

Mi maestro, Jorge Carpizo decía, que la Constitución Mexicana de 1917 ha sido y es una buena Constitución, recoge y estructura una organización política al servicio del ser humano y de su dignidad.

Asegura la vigencia y defensa de los derechos humanos en sus diversos aspectos, el individual y el solidario.

Cien años han pasado desde su origen, y aunque los retos de aquél entonces, difieren mucho de los que enfrentamos el día de hoy, se mantiene igualmente vigente la importancia de poner a las instituciones al servicio de la sociedad o sea de las personas.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

El artículo 39 de nuestra Constitución consagra, sí, la relevancia de las aspiraciones de la ciudadanía que requiere de instituciones sólidas para desarrollarse y para garantizar la protección de sus derechos.

Hoy en día la aspiración más urgente que compartimos todos los mexicanos es la de consolidar un auténtico estado de derecho.

Nos encontramos ante la oportunidad y la responsabilidad de construir instituciones fuertes y creíbles que estén al servicio de la gente.

El reflejo más claro del estado de derecho y la fuente primordial de la certidumbre ciudadana es la experiencia cotidiana y personal de la seguridad jurídica.

Precondición de esta seguridad fundamental de la persona son la seguridad pública que dé certidumbre a la convivencia social y la seguridad nacional que garantiza la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones que conforman los poderes públicos del estado.

La seguridad pública es función del estado de garantizar que nuestra vida, nuestra integridad física y nuestra integridad patrimonial serán tuteladas y protegidas.

La seguridad nacional implica que el estado y sus instituciones preserven el principio de autoridad que puedan defenderse a sí mismas para poder entonces defender a la sociedad y que nadie dispute al estado las potestades básicas que le son exclusivas.

El proyecto de nación sólo puede construirse a partir de la confianza que tienen las personas de que sus derechos humanos serán siempre, e indefectiblemente, respetados y protegidos en toda interacción con cualquier autoridad, que los poderes públicos ejercerán su autoridad de conformidad con la ley; que las disputas y las diferencias que podamos tener con otros ciudadanos y las promesas recíprocas que nos hacemos a través de contratos, serán resueltas de manera pacífica y se harán cumplir mediante mecanismos institucionales ante autoridades jurisdiccionales que actuarán bajo reglas predecibles y transparentes.

Esta certidumbre que es el corazón de la seguridad jurídica es una responsabilidad primordial de las instituciones del estado, pero requiere que la ciudadanía asuma plenamente su responsabilidad de actuar con apego a la ley por la convicción de que la legalidad es la expectativa colectiva, y la forma de convivencia que hemos elegido y que más nos beneficia a todos.

El papel del Poder Judicial aquí, es impartir justicia, de tal forma que la ciudadanía la experimente con eficacia, consistencia, perfectibilidad y con apego a las normas y los principios a los que aspiramos como sociedad y que hemos plasmado en nuestra Constitución.

Para crear las certidumbres mencionadas el estado ejerce su autoridad la cual sólo se sostiene cuando las instituciones mantienen su legitimidad ante la sociedad.

Esta legitimidad deriva de la efectividad de las instituciones, es decir, que obtengan los resultados tangibles para los que fueron creadas, pero también depende que estos resultados sean obtenidos por vías legítimas, es decir, apegadas a las leyes, principios y valores fundacionales de la nación.

Sólo del balance entre estos dos elementos se construyen sociedades justas con instituciones fuertes.

Nuestro reto actual es responder a la enorme aspiración ciudadana con instituciones que en su fortaleza y legitimidad estén a la altura de nuestro momento histórico.

La Suprema Corte ha logrado constituirse como un pilar de legitimidad y un referente de diseño y de construcción institucional, gracias a las reformas de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo la Corte cuenta hoy con las herramientas, la capacidad y la obligación de extender esta solidez a todos los niveles de la impartición de justicia; esta es la única respuesta legítima a la aspiración ciudadana.

En este esfuerzo la Suprema Corte de Justicia enfrenta importantes retos, es la responsable de mantener y ser la guía en un orden jurídico que en la actualidad se integra con distintas fuentes del derecho que deben ser operadas de conformidad a nuevos parámetros de constitucionalidad y principios interpretativos como el pro persona, la no discriminación y la no regresividad.

Esta transformación sólo tendrá su máximo impacto en la vida de las personas a través del correcto ejercicio del nuevo control difuso de convencionalidad en todos los niveles de la impartición de justicia.

Para este fin la Suprema Corte tiene la responsabilidad de orientar a quienes ejercen la función jurisdiccional en los niveles y ámbitos, en los que más cerca están los ciudadanos.

Es ahí, en los juzgados familiares, laborales, administrativos, civiles y mercantiles donde se puede hacer la mayor diferencia, donde se puede hacer realidad de forma práctica, tangible y accesible el pleno derecho de los ejercicios.

El máximo tribunal debe dar parámetros jurídicos que otorguen transparencia, certidumbre y consistencia al sistema de impartición de justicia, esto incluye la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos se incorpore al derecho interno para cumplir con el deber de buscar siempre la norma, sea de fuente nacional o internacional, que mejor proteja a la persona en el ejercicio de sus derechos.

Estamos así frente a un nuevo modelo de estructura del Estado, un nuevo modelo de control constitucional para vigilar la actuación de todas las autoridades y de todos los autores desde parámetros más amplios en materia de protección a los derechos humanos.

La nueva arquitectura derivada de las reformas en materia política, económica y social, aprobadas por el poder de reformas de la Constitución, implica una reconfiguración del estado Mexicano, tanto de los principios jurídicos como de las relaciones entre los actores institucionales y sociales del país.

Las autoridades jurisdiccionales mexicanas tienen la obligación de redefinir los términos del debate constitucional y ajustarlas a la realidad.

Hoy a casi cien años de la promulgación de la Constitución, la justicia constitucional en México debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos mediante instituciones independientes, a través de criterios que otorguen seguridad jurídica a la ciudadanía.

El papel del máximo tribunal es clave porque es el árbitro que determina donde está el fiel de la balanza en el actuar institucional.

Los tribunales mexicanos constantemente emiten criterios que buscan fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica. El reto de la Corte es entonces garantizar que este proceso se adecue siempre a los cambios en la realidad del país y en las aspiraciones de la ciudadanía.

He descrito una serie de desafíos constitucionales, todos de la máxima importancia que deberán ser cuidadosamente atendidos por todos los operadores del sistema jurídico, en particular por la Suprema Corte.

Propongo hacerlo con base en tres categorías:
Uno. Fortalecer la consistencia en el respeto a los precedentes judiciales, de forma que las resoluciones judiciales sean predecibles y que la ciudadanía tenga certidumbre en el ejercicio de sus derechos.
Dos. Reconfigurar los estándares judiciales para evaluar la constitucionalidad de los actos de gobierno y garantizar que ninguno esté fuera de la Constitución.
Tres. Para la justicia mexicana y a cien años de la promulgación de la Constitución, el eje principal es la constante construcción del estado de derecho. La justicia no se limita a garantizar la certidumbre y predictibilidad de las normas, sino que además debe garantizar la igualdad y la libertad.
Honorables integrantes del Senado de la República, como responsable de mantener los equilibrios del sistema democrático, la Suprema Corte requiere de integrantes con un entendimiento amplio en el alcance de los ámbitos del quehacer nacional, profundo en los aspectos técnicos, jurídicos, legales y constitucionales que acompañan a los asuntos que se someten a su consideración, y también con visión de futuro viendo hacia delante, en la toma de decisiones de los cambios y tendencias que inevitablemente enfrentará la sociedad.

El Constituyente sabiamente diseñó a la Suprema Corte como un órgano colegiado para enriquecerla con amplitud de criterios frente a las controversias que se le presenten.

En mi trayectoria profesional, he tenido diversas responsabilidades. Entré al servicio público, animado por la firme convicción de que México puede construirse un futuro de mayor prosperidad y progreso, sobre la base de la legalidad y de la justicia.

Como Procurador General de la República y como Secretario de Seguridad Pública, tuve el honor de servir en momentos de grandes desafíos, y en consecuencia fue necesario replantear la estructura, los procedimientos y el marco legal de estas instituciones, esto incluyó la propuesta inicial que sentó las bases para la reforma constitucional en materia penal, cuya correcta instrumentación representa hoy uno de los principales desafíos, para el Poder Judicial.

Como Director General del CISEN, emprendí el desafío de construir un marco organizacional, normativo y constitucional, con el impulso de la Ley de Seguridad Nacional que respaldara una estrategia integral de seguridad nacional, eliminando la discrecionalidad y garantizando la existencia de contrapesos ciudadanos, legislativos y judiciales en la ejecución de las actividades de inteligencia.

He tenido el privilegio de representar al Estado mexicano en el exterior y defender los intereses de México y los mexicanos, como embajador, tanto en la Gran Bretaña como en los Estados Unidos de América.

Aquí mi más grande honor ha sido conocer a fondo nuestra comunidad de migrantes, quienes representan algo de lo mejor de México para trabajar intensamente en la defensa de sus derechos.

He tenido la oportunidad de atender, y además, la perspectiva de la ciudadanía gracias a mi paso por el mundo de la empresa, y del ejercicio de la profesión de abogado.

En todo momento me he conducido con apego los mismos principios, ética de trabajo, honestidad y una inquebrantable convicción de que solo con la adopción de una nueva cultura de la legalidad, lograremos transformar a México.

Quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben actuar con sentido de Estado, con independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, los cuatro principios rectores de la ética judicial, y buscando en todo momento la excelencia en su quehacer.

Estos son los compromisos que asumo si este Honorable Senado de la República decide elegirme para ocupar tan alta encomienda.

Como abogado y como servidor público, ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el mayor honor y la mayor responsabilidad a la que podría aspirar.

Señoras y señores Senadores, hoy los mexicanos tienen una demanda muy sentida y clara, es necesario que nuestro país deje atrás la sombra de la injusticia y el abuso, y se convierta en una nación donde la ley se aplique de manera efectiva e imparcial.

Los mexicanos quieren vivir en una nación donde la ley sea un escudo fuerte para la defensa de la libertad; quiere vivir un país donde las instituciones protegen al débil y al inocente, y castigan, efectivamente, a todo aquel que viola las normas y abusa de su poder.

En suma, los mexicanos quieren, queremos vivir en una nación más justa. Hoy me presento ante esta soberanía para poner en mi experiencia al servicio de nuestra sociedad.

Me mueve la firme convicción de que México sí puede ser un país de leyes, México sí puede ser una nación que fique su prosperidad en el imperio de la legalidad.

México sí puede ser una patria con justicia para todos. Creo firmemente para lograrlo, hoy tenemos la gran oportunidad de fortalecer la Suprema Corte, fortalecer a la Suprema Corte implica acercarla más a la sociedad, lo digo convencido de que la transparencia ayuda a construir instituciones más sólidas, más confiables y más efectivas.

Fortalecer a la Suprema Corte significa convertirla en la más decidida defensora de los derechos humanos. Las reformas constitucionales de años recientes, han dado a nuestro máximo tribunal nuevos instrumentos para la defensa de los derechos fundamentales.

Hay que hacer el mejor uso posible de estas herramientas, pues sólo si desterramos la impunidad y construiremos una sociedad más libre e incluyente.

Fortalecer a la Suprema Corte significa ampliar su autonomía y preservar su independencia. El futuro de nuestra República depende de que la división de poderes sea cada vez más efectiva y eficiente. Está en el máximo interés de nuestra sociedad, que la Corte se consolide como un árbitro imparcial, que dicte resoluciones, que sean respetadas por su estricto apego a la Constitución y a la justicia y que vean siempre por el bienestar de los mexicanos.

Si esta soberanía decide que puedo servir a México en la Suprema Corte de Justicia actuaré siempre con pasión, y con mesura, con convicción y con prudencia, con determinación y respeto absoluto al orden legal.

Mi único compromiso es con la verdad y la justicia, mi único compromiso es con la Constitución y es con México.

Muchas gracias a todos ustedes.

(Aplausos)
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Gracias, señor Eduardo Tomás Medina Mora.
Agradezco la presencia de los candidatos y solicito a la comisión los acompañe al salón contiguo para que el Pleno continúe con las etapas que restan de este proceso electivo.
Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios disponga de lo necesario para llevar a cabo la votación.
Se nos hizo llegar un documento que contiene la intervención del Senador Mario Delgado, se lo entrego a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que lo incluya en el Orden del Día, y lo transcriba a la letra, como está escrito.
Una vez concluidas las exposiciones de la terna y conforme al punto sexto del Acuerdo aprobado para normar el procedimiento de esta elección, realizaremos la votación de los candidatos que conforman la terna correspondiente a la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Informo a la Asamblea que se entregarán sobres personalizados para esta votación, en ellos se encontrará la cédula en la que deberán marcar la selección que ustedes determinen, para depositarlos en la urna una vez que la Secretaría los llame por orden de lista.
Las disposiciones constitucionales exigen que para la elección, se reúna una mayoría de dos terceras partes de las y los Senadores presentes.
El Acuerdo aprobado para esta elección prevé que si el resultado de la votación no permite reunir dicha mayoría a favor de ninguno de los candidatos, realizaremos inmediatamente una segunda votación por cédula.
En caso de que la segunda votación tampoco cumpla con la mayoría constitucional exigida, la terna se tendrá por rechazada y se comunicará al Ejecutivo Federal para que presente una nueva terna, como lo dispone el artículo 96 constitucional.
Solicito al personal de apoyo proceda a distribuir las cédulas de votación entre las Senadoras y Senadores.
Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores Senadores y Senadoras a fin de que pasen a depositar su cédula en la urna.
La Secretaria Senadora María Lucero Saldaña Pérez: Solicito a los señores y señoras Senadoras pasen a depositar su voto al momento de escuchar su nombre.
(Pasa lista)
(Los Senadores pasan a depositar su voto)
Realizaremos el escrutinio correspondiente.
(Se realiza el escrutinio)
Señor Presidente, doy cuenta del resultado de la votación.
Se distribuyeron 119 cédulas. Se recibieron un total de 118 votos.
Se recibieron de esos, 16 votos nulos.
Cuatro votos a favor de Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
Se recibieron 15 votos a favor de Horacio Armando Hernández Orozco.
Y se recibieron 83 votos a favor de Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Se reúnen las dos terceras partes, señor Presidente.
El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, el ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza reúne la mayoría constitucional de dos tercios de votos a favor.
Conforme el resultado de la votación, se designa Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.
Comuníquese esta designación al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza se encuentra en el salón contiguo a esta Asamblea, en consecuencia, solicito a las Senadoras y a los Senadores: Ernesto Gándara Camou, Fernando Torres Graciano, Jorge Aréchiga Ávila y Ana Gabriela Guevara, lo inviten a pasar a este recinto a fin de que rinda su protesta conforme lo establece el artículo 97 constitucional.

(La comisión cumple)

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Se solicita a los presentes ponerse de pie.

(Todos de pie)

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se la ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El Ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora Icaza: ¡Sí, protesto!

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande.

A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo.

(Aplausos)

Le pido pueda acompañarnos en esta tribuna para que le entreguemos la constancia de su elección.

Solicito a la comisión designada acompañe al Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza cuando desee retirarse del salón.

Solicito a la Secretaría dé lectura a la comunicación que nos remite el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Doy lectura:

En cumplimiento de lo dispuesto en el punto Séptimo del Acuerdo General 3/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 3 de febrero de 2015, y a fin de que esa Honorable Cámara de Senadores esté en aptitud de hacer la designación correspondiente, en términos de los artículos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción XXI y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envío a Usted la terna de candidatos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte propone para la designación de un Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1. Aguayo Silva Javier 
2. Aguirre Saldívar Enrique 
3. Cruz Ricárdez Julio César

Cabe señalar que la terna se presenta en el estricto orden alfabético del primer apellido del nombre de los aspirantes que obtuvieron la votación necesaria para integrarla.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: Para los efectos de lo que dispone el artículo 99 constitucional, túrnese a la Comisión de Justicia.

Compañeros Senadores; compañeras Senadoras: Les informo que se inscribió en el Orden del Día el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; de Seguridad Pública; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Dicho documento fue retirado de la agenda por acuerdo de la Mesa Directiva, para que se le aplicaran diversas adecuaciones de técnica legislativa. Las comisiones han entregado el documento reelaborado y la nueva versión está disponible en los escaños para su conocimiento.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo segundo del Reglamento, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense su publicación para que quede de primera lectura.

La Secretaria Senadora María Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la publicación del dictamen y quede de primera lectura. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la publicación, señor Presidente.

El Presidente Senador Miguel Barbosa Huerta: En consecuencia, queda de primera lectura.

Compañeros Senadores; compañeras Senadoras: Les informo que las iniciativas y proposiciones que cumplen hoy su segunda inscripción se turnarán directamente a comisiones.
Por otra parte, los textos de las intervenciones del rubro de efemérides de nuestra agenda se integran al Diario de los Debates.

Se levanta la sesión y se cita a la siguiente el jueves 12 de marzo a las 11:00 horas.


(Se levantó la sesión a las 18:49 horas)