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Qué esperan las víctimas de un delito, qué espera la sociedad de sus autoridades.

Inauguración del Foro Internacional: Equidad para las víctimas en el debido proceso
Hotel Camino Real, a 19 de julio de 2016..
Palabas de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos.
Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos:

Distinguidos miembros del presídium; apreciable auditorio, señoras y señores de los medios de comunicación:
Qué esperan las víctimas de un delito, qué espera la sociedad de sus autoridades.
 Esa es la pregunta que orienta a este Foro Internacional al que convoca la Asociación Alto al Secuestro, que preside la señora Isabel Miranda de Wallace, a quien agradezco la amable invitación a participar en esta inauguración, y a la que acudo con la honrosa representación del señor Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal.
 Es un honor también para mí estar al lado de las más altas autoridades del país, en un necesario debate entre la sociedad civil y las instancias gubernamentales que propicia el diálogo y la colaboración de una sociedad que anhela vivir en paz.
 Todos estamos conscientes de que en el transitar de los tiempos el mundo ha cambiado de signo, bajo la influencia de profundas conmociones sociales.

 Nos despertamos diariamente con noticias nacionales y del extranjero que desdibujan nuestras esperanzas.
 La creciente inseguridad y violencia deterioran y amenazan la sana convivencia.
 Por esto, encomiable es el esfuerzo de todos los que desde su personal ámbito de actuación luchan para dar voz a los reclamos de mayor seguridad y justicia, en la búsqueda de una sociedad que nos une en un solo compromiso: el reto de alcanzar el cambio con el rumbo trazado en múltiples reformas constitucionales y legales hacia un país en el que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos de víctimas y victimarios en plena armonía con el orden público y la seguridad jurídica.
 Desde la Promulgación de la Constitución de 1917, que se ocupaba tan solo de los derechos de los inculpados, hemos transitado por una serie de reformas constitucionales y legales que hoy reconocen plenamente los derechos de las víctimas, en el mismo grado que los de los inculpados, además de fortalecer su participación activa en el proceso, mediante nuevas garantías.
 Muestra patente de ello, las reformas a los Artículos 16, 19 y 20 de la Ley fundamental; la Ley General de Víctimas de enero de 2013 y su reglamento, que condensan la amplia tutela a sus derechos que hoy consagra el orden jurídico mexicano.
Las bases constitucionales están dadas, las leyes reglamentarias, también. Es mediante su implementación, eficiente y eficaz, donde la gélida norma cobra vida y sus mandatos se hacen realidad.
 La Reforma Constitucional de 2011, en Materia de Derechos Humanos, marcó un cambio importante en la concepción de estos derechos fundamentales, confiriendo una nueva dimensión a su tutela en todos los ámbitos del quehacer gubernamental.
 Sin embargo, por qué estamos reunidos hoy aquí. Qué es lo que escapa a esas leyes y aún hace necesario tratar el tema de los derechos de las víctimas. Por qué hablar de equidad en el debido proceso.
 Porque todo cambio supone una etapa de transición, de acomodo.
 La Reforma en Materia de Derechos Humanos trajo consigo una serie de criterios que enfocaron su mayor atención en la tutela de los derechos de los inculpados.
 El tiempo nos permite aquilatar en todos sus alcances el espíritu de la reforma al Artículo 1º de nuestra ley fundamental, al señalar que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos que les reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; así como de las garantías para su protección.
Mandato que no permite ignorar que el debido proceso es tanto para los inculpados por la comisión de un delito, como para las víctimas.
 La moderación es producto de la maduración. En esta ruta estamos caminando en un sendero que nos debe llevar a una tutela en plena equidad de los derechos de víctimas y victimarios.
 Hoy estamos dando un paso decisivo para el resarcimiento de dichas fallas.
 Comenzamos a mermar ya la desconsideración histórica de la norma frente a los derechos de las víctimas.
 No existe justificación para que los derechos, ni del agresor, ni del agraviado sean omitidos. La tutela diferenciada en un proceso es inadmisible, atenta contra la esencia misma de los principios que lo rigen. Donde no hay equidad, no hay justicia.
 La eficaz aplicación de las reformas constitucionales requieren de conjunción de esfuerzos de toda la comunidad jurídica, de apertura en la discusión en la que se privilegie la evolución del derecho, sin desechar aquellos criterios que, por constituir la base de nuestro sistema, el Constituyente considera inmutables; de propuestas serias y responsables, que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable, con reglas claras y universales, de ejecución no ilusoria, sino real.
 Estos ajustes requieren de profundas reflexiones en las que impere la prudencia y el sentido común. De ahí la enorme responsabilidad del juzgador en su deber de impartir justicia: actuar con la debida diligencia para atribuir las consecuencias jurídicas pertinentes a quien vulnere el orden jurídico, en una adecuada ponderación que mire más allá de la verdad formal, en la búsqueda de la verdad real, evitando de esta manera la impunidad.
 El nuevo Sistema de Justicia Penal que tiene como principios la publicidad, la igualdad, entre las partes y ante la ley, la continuidad y la concentración, entre otros, nos implica un cambio de cultura que debemos asumir con la mayor responsabilidad para hacerlo viable y dar una respuesta satisfactoria a la sociedad, a través de órganos jurisdiccionales serios, confiables, predecibles, que día a día legitimen su actuación.
 El dolor humano, la angustia, la pérdida que sufre el agraviado por la comisión de un delito es imposible de reparar por mayores que sean los esfuerzos.
 No obstante, frente a las limitadas posibilidades de una reparación total, la ley nos ofrece medidas alcanzables que toca a nosotros hacer concretas.
 Una realidad para cada víctima, empeñar nuestro mayor esmero para colmar su derecho de acceso a la justicia en un plano de equilibrio procesal que evite todo riesgo de impunidad.
 Mi reconocimiento a los integrantes de la Asociación Alto al Secuestro, quienes como seres que enaltecen la dignidad humana contribuyen con esfuerzos, como el presente, con la esperanza puesta en la búsqueda responsable de un destino promisorio para las generaciones venideras.
 Juntos hagamos realidad el México que soñamos: un país en el que impere la igualdad, la certeza, la justicia y la paz.
 Muchísimas gracias.


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