La señora Beatriz Gutiérrez Müller, reprochó al INE, el no haberle permitido ejercer su voto, en una casilla especial, durante la consulta popular de este domingo. A través de redes sociales, la esposa del Presidente acusó al órgano electoral de promover una democracia selectiva.
"Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias", posteó.
"Así, ¡que viva la democracia selectiva!", ironizó.
Lorenzo Córdova le reviró el reclamo..
"Quizá no está bien informada. El INE registró su nuevo domicilio junto con el del señor Presidente (cerca de Palacio Nacional), la casilla está funcionando y la está esperando su boleta
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Urge cambiar al INE; son empleados de la mafia.- Mario Delgado
Aseguró que urge cambiar a INE, al que acusó de trabajar para la derecha, poner pretextos, perseguir legisladores, callar bocas y actuar como si fuera la Inquisición.
¿Qué vamos a hacer?-, preguntó "Promover una reforma electoral, para que estos señores puedan pues ya afiliarse al PRI o que se afilien al PAN, mejor que compitan de frente contra nosotros, pero que no lo hagan disfrazados de árbitros".
Luego de emitir su voto aseguró que la consulta puede considerarse un éxito, al margen del nivel de participación que registre.
Mmm.
Se registra acarreo de comerciantes en casilla donde podría votar AMLO
En la mesa receptora de la sección 4749, que le corresponde al presidente López Obrador para la consulta popular, el acarreo de comerciantes estuvo presente desde abrió dos horas después de las ocho de la mañana.
Encabezados por jóvenes, que llegaban en motonetas, registraban el arribo de estas personas con fotos y videos que tomaban con sus celulares.
Además, afuera de la casilla “organizaban” a los ciudadanos para que hicieran una fila y arengaban al grito de “queremos votar”.
Eran grupos de entre 40, 30 y 20 ciudadanas que llegaron caminando, pero se concentraban en las calles aledañas, hasta la calle Jesús María número 5, en la escuela primaria Ponciano Arriaga, a dos cuadras de Palacio Nacional.
Un funcionario del INE bastó para cerrarle al paso al acarreo e “invitarlo” a buscar la sección que les corresponde para acudir a emitir su opinión en este ejercicio de participación ciudadana.
Sin embargo, hubo un momento donde los ánimos se encendieron, porque un grupo de ciudadanas intentó ingresar por la fuerza con empujones y gritos. (El Universal).
"¡Queremos votar, queremos votar!", empezaron a gritar unas 50 personas afuera de la casilla, al tiempo que los funcionarios redirigían a quienes no pertenecían a las secciones 4748, 4749, 4750 y 4751.
Un hombre, aparentemente líder de comerciantes, incluso se subió a un banquito para lanzar un reproche al INE por no poder votar.
"Vengan de Chalco, de Iztapalapa, es una consulta pública, no es una votación, que quede bien claro, ellos tienen la obligación de atendernos de dónde vengamos. ¿Están de acuerdo?".
"¡Sí!", le respondieron.
Después de este incidente, que llegó a forcejeos y obligó la presencia de policías, otros tres grupos más llegaron con la exigencia de votar. Como eran rechazados por el mismo motivo, la casilla fue cerrada de manera preventiva.
Hasta las 12:30 horas, la votación en esta casilla ubicada en la Calle Jesús María se normalizó, pues se retiraron los grupos y los vecinos comenzaron a entrar y a salir sin contratiempos.
El quid es que Presidente no fue a votar...
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Después de haber recibido a la Alcaldesa electa de Tepic de Nervo, Nayarit, el Presidente López Obrador, inició una gira por el Estado y declinó hablar sobre la consulta realizada este domingo en todo el País.
AMLO fue abordado a su salida de un hotel de esta localidad, donde pernoctó luego de que ayer concluyera una gira por Sinaloa.
¿Algún balance de la consulta, del día de hoy, Presidente?, se le preguntó.
No, pues yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra... vamos a la sierra de Nayarit", dijo.
Geraldine dijo que platicaron sobre las necesidades de Tepic, “de la importancia que hay que trabajar sin corrupción, con honestidad y transparencia, de buscar justicia social. Tepic lo necesita, hay un rezago histórico en infraestructura, obra pública, servicios, y en lo político y lo social”.
—¿Hablaron sobre algún proyecto especial o recursos para Tepic? -se le preguntó a la también diputada federal de Morena.
—No le corresponde a él. Los recursos para los municipios y los estados ya están etiquetados.
—¿Desayunaron?-. se le inquiere..
—Eeee… Bueno, je, je. Platicamos, platicamos, dijo sonriendo.
—¿Le trajo un regalo, alguna artesanía?
—Un sombrero con artesanía huichol, como siempre, con lo que nos caracteriza en Tepic, en todo Nayarit, y le gustó.
Mmm. Que bueno que el Presidente recibe a los alcaldes electos..
Me pregunto si en está giras el C. Presidente se ha reunido con algún otro alcalde electo, en Sinaloa por ejemplo.
Hasta donde sabemos no lo ha hecho, Geraldine es afortunada..
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Las columnas políticas hoy, domingo 1 de agosto de 2021
Ni siquiera Morena hizo mucho por la consulta
Bajo Reserva/ El Universal
A lo largo de la semana, diversos dirigentes de Morena estuvieron cocinando el pretexto que esgrimirán si la consulta de hoy resulta con una participación ciudadana baja. Desde la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, dirán que la culpa es del INE por no haber inundado al país con un gasto millonario en publicidad para dar a conocer una consulta que solamente tenían la obligación de organizar. Pues resulta que ni al Canal del Congreso, ni a la mayoría de Morena en el Senado les interesó mucho la difusión de la Consulta Popular contra los expresidentes. El senador morenista, Salomón Jara, presentó desde el pasado 13 de julio un exhorto para pedir a la televisora legislativa difundir o fortalecer dicho ejercicio que promueve el presidente López Obrador. ¿Qué pasó? Ni siquiera se le dio el estatus de urgente a la resolución para aprobarlo y se quedó en el archivo de los temas sin interés para senadores y diputados.
Burócratas estresados
Nos comentan que debido a que en el gobierno federal se han registrado varios casos de estrés, las dependencias han comenzado a destinar presupuesto público para atender estos casos. Ayer mismo en este espacio le contamos de este tema en la Cancillería. Hace poco Banobras lanzó una licitación para identificar “cómo aumentar la capacidad individual para manejar y controlar el estrés, el sentimiento de frustración o situaciones de presión”. Nos indican que la Lotería Nacional también lanzó hace unos días su concurso para la contratación de un servicio para, entre otros temas, saber cómo tolerar y manejar el estrés y por el cual pagará más de 454 mil pesos. ¿En los próximos días se sumarán más oficinas a esta atención del problema?
El costo del extraordinario
Salió muy caro, en términos sanitarios, el periodo extraordinario destinado a aprobar la prórroga a la ley del outsourcing, ya que en los últimos días al menos cuatro senadores dieron positivo a Covid-19, sumado a varios trabajadores de la Cámara Alta. La lista inició con Nestora Salgado, quien incluso el pasado miércoles 28 de julio dio una conferencia de prensa en la sede senatorial acompañada de invitados y obviamente ante reporteros. A la lista se suman el senador michoacano Antonio García Conejo, la morenista Cecilia Sánchez y su correligionario Daniel Gutiérrez.
Fuerzas Armadas buscan administrar la abundancia
Nos comentan que a partir del primero de agosto habrá cambios en el Sistema Educativo Militar, derivado de las tareas que tiene encomendadas el Ejército mexicano. El próximo lunes, nos aseguran, la Escuela Superior de Guerra incorporará la maestría en Administración Militar, con Especialidad en Estado Mayor, con el propósito de que los jefes y oficiales se capaciten para asesorar a los mandos superiores y para el manejo de los recursos humanos y materiales para los asuntos relacionados con la Administración Pública Federal. Hace días, nos recuerdan, el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, dijo que México carece de servidores públicos honestos y por ello persiste el problema de la corrupción. ¿Será también respuesta a que cada vez tienen más negocios públicos en sus manos?
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De cómo en la consulta los jueces quieren engañarnos (otra vez)/Sabina Berman
El Universal
-En España hay igual cantidad de pillos poderosos como hay en México —me presumió un periodista catalán—, la diferencia es que en México los pillos poderosos pueden comprar a los jueces y en España no.
Debe ser cierto, porque si una revisa los dictámenes de los últimos diez años de los jueces de uno y otro lado del océano, descubre una disparidad abismal.
Los jueces españoles han dictado sentencia contra el yerno del Rey, el tesorero del partido político en el gobierno y contra el mismo partido gobernante.
Eso mientras nuestros jueces salen invictos: en cada uno de los casos de mayor trascendencia para el país, han trabajado a favor de los verdugos y nunca de las víctimas.
El penúltimo caso siendo el de Kamel Nacif, el traficante de niñas para su explotación sexual, a quien recién esta semana que acaba declararon inocente, y el último caso siendo el de la consulta de este domingo, en la que pusieron todo de su parte para dejar librados de la Justicia a los expresidentes de México.
Esta es, contada en breve, la historia de la consulta.
Hace tres años, en una entrevista, Carmen Aristegui presionó al entonces candidato López Obrador acerca de si llevaría a juicio a los expresidentes.
La pregunta no estaba desencaminada: en Latinoamérica sí se enjuician a expresidentes y no pocos han pagado sus actos de corrupción en la cárcel.
López Obrador respondió de mala gana que sí los enjuiciaría, pero levantó su dedito índice para añadir que únicamente lo haría con “una consulta popular de por medio”.
Es decir, una consulta que le diera el poder para romper con la recia tradición mexicana de no tocar ni con el pétalo de un citatorio a los corruptos de un sexenio ya transcurrido, y eso para respetar la suprema ley no escrita de la tersa continuidad mexicana:
El respeto a la corrupción ajena es la paz.
Tarde, pasado ya medio sexenio, el hoy presidente cumplió la promesa —o más bien, intentó cumplirla. La pregunta que envió López Obrador al INE para realizar la prometida consulta era:
“¿Está de acuerdo o no que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
El INE envió la pregunta a la Suprema Corte de Justicia y ahí nuestros supremos jueces hicieron lo que tan bien saben hacer: su tradicional pase de magia: desaparecieron a los posibles culpables y también sus posibles delitos.
Así que usted este domingo podrá darle su SÍ o su NO a una pregunta que ya no menciona ningún presunto delito —vaya, que incluso ya no menciona la palabra “delito”— y menos menciona a posibles culpables, es decir, a los expresidentes, pero ah qué larga y complicada es:
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?"
Los jueces supremos del país nos lo han vuelto a hacer: entregarnos (in)justicia expedita, y así ratificar que son el engranaje clave de un sistema de impunidad para los poderosos.
¿Saldré yo sin embargo a votar hoy?
Saldré a votar y lo haré por dos razones.
Porque no votar es darle la razón a los jueces cuando piensan que somos un pueblo ciego ante sus maniobras. Y para expresar lo contrario: que estamos hasta la coronilla de ellos, los supremos de la impunidad.
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“Alito”: gobernar los despojos del PRI/Roberto Rock L.
El Universal
Alejandro “Alito” Moreno cumplirá este mes dos años al frente del PRI, al que ha llevado a tener solo cuatro gubernaturas, tras haber sido derrotado en las 15 elecciones estatales recientes. Únicamente ganó 11 diputaciones federales, de 300 posibles. Un desastre de esta magnitud debió derrumbarlo de la dirigencia, pero se conserva al frente gracias a una coalición de intereses que parece urgida de consumar la entrega de los despojos del Institucional en brazos del gobierno López Obrador.
El predominio de “Alito” podría contrastarse con lo ocurrido en 2016, cuando Manlio Fabio Beltrones renunció a la presidencia del partido (en la que había permanecido 11 meses) tras perder siete de 12 gubernaturas. En su carta de dimisión, el sonorense aludió a “un alto en el camino”, y citó a Luis Donaldo Colosio al asentar que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
Moreno Cárdenas operó en los meses recientes a espaldas de liderazgos relevantes del partido, y concentró el escaso poder que le resta en el minúsculo círculo que integra junto con el matrimonio formado por el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y Carolina Viggiano. Los tres serán las figuras clave de la próxima bancada priísta en la Cámara de Diputados, donde se prevé que la mayoría de la treintena de curules que ocupará (incluidas las de representación proporcional) funcione como apéndice de la voluntad del oficialismo, bajo el dictado de Morena.
Está documentado cómo el grupo de “Alito” y los Moreira-Viggiano impuso a sus cercanos, incluso a los hijos de éstos, en los primeros lugares de las listas para ocupar una diputación plurinominal. En las posiciones restantes colocaron incluso a personalidades enfrentadas a gobernadores ajenos a este bloque.
Fue el caso del mandatario mexiquense Alfredo del Mazo, quien en mayo de 2019 inclinó la balanza de los gobernadores priistas para impulsar a “Alito” a la dirigencia partidista. Hace pocos meses Del Mazo se enteró por los periódicos que dos rivales políticos, Carlos Iriarte y Ricardo Aguilar Castillo, figurarían en la nueva bancada tricolor en San Lázaro.
De la misma manera, diputados del priismo con renombre fueron marginados de la posibilidad de reelegirse, entre ellos Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara, e incluso el recién fallecido coordinador, René Juárez Cisneros.
Moreno Cárdenas, de 46 años y ex gobernador de Campeche, desarrolló en ese estado una larga carrera partidista, que consumó con una gubernatura trunca (2015-2019). Su buena fortuna se ha expresado también en el ámbito patrimonial. Su residencia personal, en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, en la capital campechana, está valuada en 200 millones de pesos, según cálculos divulgados en medios periodísticos y políticos. Es conocido que “Alito” se transporta regularmente en un avión privado.
Layda Sansores, virtual gobernadora electa de Campeche por Morena, anunció en campaña que incautaría la mansión de “Alito” Moreno para convertirla en “el museo de la corrupción”. Diversas versiones aseguran que en el inmueble hay un pequeño campo de golf, helipuerto y otras excentricidades dictadas por sus propietarios.
Destaca entre ellas una pista de boliche de alta gama. De acuerdo con versiones recogidas por este espacio, técnicos especializados trabajaban ya en días pasados para desmontar esa pista y trasladarla a otro destino.
Ese es el PRI de “Alito” y sus aliados, que muchos ven en una agonía, sangrado por un éxodo de liderazgos y militantes hacia una diversidad de siglas.
rockroberto@gmail.com
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Dos preguntas/Carlos Elizondo Mayer-Serra
en REFORMA, 01 Ago. 2021
Cuando la clase política está cómoda con ciertos arreglos contrarios al interés general, la presión ciudadana puede hacer cambiar las cosas a través de una consulta popular. Con el objetivo de tener una mejor democracia propongo dos preguntas a la ciudadanía.
La primera: ¿Usted quiere eliminar a los suplentes de los legisladores, cuyo nombre casi nadie conoce, pero son quienes acaban siendo nuestros diputados o senadores si éstos se van a hacer otra cosa? Los suplentes son muy cómodos para los legisladores si deciden dejar el puesto para el que fueron electos. Su partido no pierde esa curul y el suplente le guarda su espacio por si se le antoja regresar.
En algunos sistemas presidenciales como Estados Unidos y Argentina no existen los suplentes. Si un legislador deja su curul, hay una elección extraordinaria para elegir a su sustituto. Esto ayuda a consolidar una carrera legislativa. No saltan del Ejecutivo al Legislativo y de regreso, cuantas veces quieran. También permite tener una relación más directa entre el votante y su representante en el Congreso.
En un sistema como el mexicano, donde la Cámara de Diputados tiene 200 legisladores de representación proporcional, una elección extraordinaria para esos diputados es muy complicada, pues la elección no sería en un distrito sino en toda la circunscripción. Una solución sería la entrada en automático del siguiente candidato en la lista de diputados de representación proporcional, y que los legisladores que dejen su curul no puedan regresar al cargo en la legislatura para la cual fueron electos. Este método se puede utilizar también si un legislador de mayoría relativa abandona su curul.
La segunda pregunta: ¿Usted considera adecuado acortar el periodo entre la elección y el comienzo del nuevo gobierno o de las nuevas legislaturas para que no haya un largo desfase entre los deseos del elector y el nuevo responsable de gobernar?
Los legisladores electos el 6 de junio entran en funciones el 1o. de septiembre, casi 3 meses después. Entre las gubernaturas recién electas, la primera en asumir el cargo es Tlaxcala, el 31 de agosto, las tres últimas -Baja California, Colima y Sinaloa- lo harán hasta noviembre. Esto permite a los gobiernos salientes un largo tiempo para hacer todo tipo de maniobras para cubrirse las espaldas, descuidar o deteriorar deliberadamente la calidad de la administración pública y legislar con quienes ya van de salida para amarrarles las manos a sus sucesores.
En Francia, entre la segunda vuelta de la elección presidencial y la toma de posesión pasan 7 días, aunque eso es factible ya que no hay un periodo de calificación del proceso electoral como en nuestro país. Brasil es un caso intermedio. Entre la segunda vuelta de las últimas elecciones generales y la toma de posesión de Bolsonaro pasaron poco más de dos meses.
Ahora bien, según el artículo 35 de la Constitución, el cual regula la consulta popular, está excluida "la materia electoral". Nada tontos los legisladores, no quieren a la ciudadanía votando al respecto. Pero estas dos preguntas no son estrictamente sobre materia electoral. No se cambia cómo se elige a nuestros representantes, sino cómo hacerlos más cercanos al ciudadano.
En todo caso, sería la Suprema Corte la que debería opinar sobre la constitucionalidad de las preguntas. Tampoco se puede consultar sobre "la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución". Por ello la Corte diseñó la confusa pregunta de la consulta de este domingo que no es sobre los expresidentes, tal como los simpatizantes de Morena lo quieren hacer entender de forma tramposa e ilegal mostrando las fotos de los expresidentes, sino sobre la acción de cualquier funcionario público en el pasado.
Votar sobre cómo tener un régimen político más eficiente y democrático valdría la pena. No la absurda pregunta de hoy.
@carloselizondom
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Gatopardismo/Eduardo Caccia
en REFORMA, 01 Ago. 2021
Las consultas populares son un sello del gobierno de la autollamada cuarta transformación. Las más significativas parecen ejercicios de simulación donde las decisiones están tomadas con anterioridad y, lejos de obedecer criterios técnicos, han estado supeditadas a sesgos políticos e ideológicos del primer mandatario.
Ahí está, por ejemplo, la consulta en donde se confirmó lo que al Presidente convenía: cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que le permitió dar un golpe de autoridad a un costo cuestionable económicamente, aunque rentable para fines políticos. Lo que en el argot de la política se llama "quinazo", a raíz del golpe que la administración de Carlos Salinas propinó al entonces todopoderoso líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. Un acto con gran simbolismo para legitimar el poder y allanar el camino a decisiones subsecuentes. Por cierto, sigo sin saber qué actos de corrupción se han castigado por el NAIM.
O qué decir de la cancelación de la obra de la planta cervecera de Constellation Brands, en Mexicali, que nos demuestra además otro rasgo de las consultas de este tipo: abundan quienes votan para hacer el caldo gordo al gobernante y votan sin leer, no les interesa el trasfondo (al menos eso muestra la evidencia de aquel evento). Influenciados con la narrativa de que la empresa cervecera quitaría el agua a la ciudad, miles de personas aún piensan que la decisión de suspender la obra fue correcta en aras de una noble causa donde, para decirlo en forma por demás simple, un salvador del pueblo los defendió de un atraco. Si uno analiza la boleta oficial de aquel proceso, verá que dice en el anverso (en la opción del "Sí"): "Estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza de Constellation Brands porque ya han invertido y se crearán empleos, sin afectar el abasto de agua para la población". Como vemos, claramente especifica que no habrá afectación al pueblo. La opción de "No", dice: "...porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias". En ningún momento habla de una potencial carencia.
Por si fuera poco, en el reverso de la boleta se consigna que las autoridades federales y estatales que regulan el agua "coinciden en que la operación de la planta no significa un riesgo presente ni futuro" para el abastecimiento del agua ni para el campo ni para la ciudad. Además, menciona que la empresa se compromete a invertir para no sólo recuperar el agua que usara, sino multiplicarla por cuatro, en beneficio de la ciudad. ¿Cómo interpretaron la consulta quienes votaron por el "No" y buena parte de los seguidores del presidente López Obrador? Que estaban impidiendo un robo del agua al pueblo, cuando no había tal.
El plebiscito que se realiza hoy es un ejercicio inútil en términos de la idea original de "enjuiciar a expresidentes", pues la pregunta reformulada es de una ambigüedad extraordinaria. La utilidad del ejercicio de hoy radica en su simbolismo. Es un ejercicio exploratorio para observar de qué forma se comporta el tigre (alusión al poder del pueblo). La jornada suma sin duda a la política populista, pretende crear un aura de poder del pueblo: "ustedes decidan", al mejor estilo de Poncio Pilatos.
La consulta popular puede verse también, si así se quiere, como una válvula de escape, un efectivo mecanismo para disipar el descontento popular. Vista desde este ángulo, tampoco es un ejercicio inútil. Estimo improbable alcanzar el porcentaje de participación requerido para hacerla una consulta vinculante, lo cual quiere decir que pasará algo, para que no pase nada.
Es un hecho que López Obrador ha tenido gran habilidad para encarnar (el verbo no puede ser más preciso) el rencor (justificado) que tiene buena parte de la sociedad mexicana por sus anteriores gobiernos. El mejor acto de justicia sería, no una jornada costosa y teatral como la de hoy, sino crear prosperidad y justicia con estrategias de Estado que inyecten confianza a los diversos actores económicos, decisiones que hoy por hoy no se ven.
Un día para evocar la paradoja planteada por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El Gatopardo: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". En México le llamamos "atole con el dedo".
@eduardo_caccia
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Las mañaneras buscan intimidar, pero sobre todo procuran conducir la conversación/Luis Rubio
en REFORMA, 01 Ago. 2021
"La obsesión por silenciar a otros es tan vieja como la necesidad de expresarse", afirma Eric Berkowitz* en un extraordinario estudio sobre la censura. El gobierno mexicano postrevolucionario se pasó casi un siglo suprimiendo la libertad de expresión, haciendo toda clase de esfuerzos por censurar a los medios, controlar la conversación e impedir que entraran al país "ideas peligrosas" que pudiesen poner en entredicho la legitimidad de los gobiernos emanados de la revolución. Como bien apunta este autor, la censura no anula la expresión que molesta al gobernante, sino que la transfiere a otros medios, creando "mercados negros" saturados de discusión, información, desinformación, teorías conspirativas y una infinidad de chistes y memes. Sintomático de nuestro tiempo es el hecho de que los chistes sobre el presidente han renacido, justo como ocurría en los setenta.
El asunto de la libertad de expresión polariza a la sociedad mexicana. Para algunos, comenzando por el presidente, hoy se respira un ambiente de libertad sin igual. Y, claro, no hay duda alguna de que el presidente López Obrador emplea y explota su púlpito con plena libertad. Para otros, sin embargo, la forma de conducirse del presidente no es otra cosa que una permanente intimidación hacia quienes él denomina "adversarios".
La polarización en esta discusión es algo extraño porque vivimos en la era de la ubicuidad de la expresión. Las redes sociales permiten que cada ciudadano se exprese tal y como guste, con sentido común o sentido raro, con respeto o irreverencia, con buena o mala ortografía. Más al punto, la derrota del PRI en 2000 vino acompañada de un cambio radical en la naturaleza del Estado mexicano, abriendo las comparsas de la censura de par en par: tirios y troyanos súbitamente tuvieron acceso a todos los medios, escritos y electrónicos, en tanto que el gobierno no sólo perdió la capacidad de control, sino que optó por no emplearla. Ciertamente, no faltaron presidentes y sus personeros que intentaron acotar la libertad de expresión aún después del 2000, pero el advenimiento de las redes sociales hizo imposible retornar a la era anterior. Muchos de quienes afirman que esa libertad súbitamente apareció en 2018 son los mismos que habitan el mundo de las redes donde predominan expresiones, insultos y conversaciones fuera de toda posibilidad de control. Quien lo dude pregúntele a Peña Nieto.
En contraste con otros gobiernos, el mexicano se distinguió (casi siempre...) por la sutileza de sus métodos, pero nunca fue tímido en recurrir a otros, más directos, cuando, en su estimación, las circunstancias lo justificaban: 1968 es testimonio vívido de aquellos momentos. El gobierno se empeñaba en controlar el flujo de la información porque el objetivo era la preservación de la legitimidad postrevolucionaria y para ello se abocaba a la construcción de hegemonía (televisión, libros de texto), así como la censura en los periódicos.
El presidente López Obrador no es un paladín de la libertad de expresión, pero su verdadero objetivo es el control de la narrativa. Sus mañaneras buscan intimidar, pero sobre todo procuran conducir la conversación, informar a sus seguidores, establecer la legitimidad (e ilegitimidad) de los asuntos que le importan y construir una hegemonía ideológica. Muy en el espíritu de los setenta, pretende que es posible abstraer la discusión nacional de lo que ocurre en otras latitudes o que la información que él produce y manipula es la única posible. El problema no es que pueda lograrlo, sino que tiene a su alcance (y emplea) instrumentos de coerción y extorsión que fácilmente pueden convertirse en frenos efectivos a la libertad de expresión.
La pregunta es si, más allá del interminable flujo de insultos y contra insultos que esto genera en las mañaneras y las redes sociales, todo esto hace alguna diferencia. La libertad de expresión es parte inherente a la cultura nacional, como ilustran Posada y el Ahuizote en la era porfiriana: medios indirectos para esquivar la censura que ahora se pretende reinstalar a través de la intimidación y descalificación. Desde luego, hay naciones, especialmente China, que han logrado un enorme éxito económico sin contar con libertad de expresión, pero eso les fue posible, al menos en la era de Deng Xiaoping, con mecanismos que generaban certidumbre y confianza en el proceder gubernamental, como de alguna manera ocurría en el México postrevolucionario.
Sin embargo, México no es China, ni comparte su historia y cultura. En ese contexto, sin libertad de expresión y sin fuentes de confianza, el país no puede prosperar. Tampoco es evidente que las tácticas de Xi Jinping de controlarlo todo, centralizar el poder y perpetuarse, vayan a lograr mejores resultados que los que tuvo Mao en su tiempo.
En un intercambio al inicio de la revolución rusa, Lenin preguntaba: "¿Por qué habríamos de molestarnos en responderle a Kautsky?... Él debería respondernos a nosotros y luego tendríamos que responderle a su respuesta. No habría fin a eso. Sería suficiente anunciar que Kautsky es un traidor a la clase obrera y todo mundo entendería de inmediato". Esa es la manera del gobierno: intimidar. Quizá efectiva para el control, pero ciertamente no para el progreso.
* Dangerous Ideas.
@lrubiof
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Inseguro e impopular: el programa de salud de la 4T/Julio Frenk y Octavio Gómez Dantés
en REFORMA, 01 Ago. 2021
La semana pasada se hicieron públicos los resultados para 2020 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que coordina el INEGI. Ahí se revela una situación grave: el gasto en salud de las familias mexicanas aumentó 40 por ciento entre 2018 y 2020. Este resultado, literalmente catastrófico para millones de personas, es un ejemplo más de la destrucción regresiva que, disfrazada de transformación progresista, ha derivado del uso de criterios ideológicos para guiar las políticas públicas. El caso más notable en materia de salud ha sido la desaparición irreflexiva del Seguro Popular, la cual ha sido agravada por las deficiencias del Insabi y las medidas de austeridad adoptadas por la actual administración federal, que han incluido, entre otras cosas, la reducción del presupuesto de la Secretaría de Salud en medio de la contingencia sanitaria más importante de los últimos cien años.
Desde principios de 2019, diversos analistas advertimos del impacto que tendría, en el gasto de los hogares más pobres, la reducción del presupuesto de la Secretaría de Salud iniciada durante los últimos tres años de gobierno anterior. El presupuesto de dicha secretaría pasó de 153,839 a 122,245 millones de pesos constantes entre 2015 y 2018. Señalamos que estos recortes debilitarían inevitablemente la oferta de servicios de salud para la población sin seguridad social, que se vería obligada a recurrir a los servicios privados para satisfacer sus necesidades de salud.
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador hizo pensar que esta tendencia se revertiría. Durante su campaña y en el periodo de transición, el actual presidente prometió incrementar en un punto porcentual del PIB el gasto público en salud. Esta promesa, sin embargo, no se ha cumplido. Por el contrario, en los primeros dos años de su administración se volvió a recortar el presupuesto de la Secretaría de Salud, hasta caer a 102,446 millones de pesos constantes en 2020. Se acumularon así cinco años consecutivos de recortes que redujeron en una alarmante tercera parte el presupuesto real de esta secretaría.
A la falta de recursos financieros se suma la fallida compra consolidada de medicamentos. A tres años de iniciada esta administración, el gobierno federal no ha podido abastecer de suficientes medicamentos y otros insumos a las unidades de salud de las instituciones públicas. Una nota publicada recientemente en la prestigiosa revista The Lancet indica que hay desabasto de medicinas tan variadas como insulina, vacunas y quimioterápicos, entre muchas otras.
La falta de medicinas para el tratamiento del cáncer en niños ha llevado a las familias de estos pacientes a manifestarse en la vía pública. La promesa presidencial de resolver este gravísimo problema sigue sin cumplirse ya que estos medicamentos están llegando a las unidades de salud a cuentagotas.
A los hospitales dedicados a atender a la población sin seguridad social -incluidos los institutos nacionales de salud- se les ha ordenado ofrecer "atención gratuita de todas las enfermedades con todos los medicamentos", pero la falta de presupuesto y medicamentos simplemente no lo permite. Hace unos días se supo que en el Instituto Nacional de Perinatología los médicos y enfermeras decidieron trabajar bajo protesta por la falta de medicamentos y otros insumos tan básicos como el jabón para el lavado de manos.
La escasez de recursos en las instituciones públicas de salud está obligando a los usuarios a pagar por los insumos que no están disponibles en las unidades de salud o a recurrir a los servicios privados de salud. Ahí radica buena parte de la explicación del reciente incremento del gasto trimestral promedio en salud de las familias mexicanas documentado por la ENIGH 2020: de 901 pesos constantes en 2018 a 1,266 en 2020, un escandaloso aumento, como señalamos antes, de 40 por ciento. Esto contrasta con el comportamiento del gasto trimestral promedio en salud de los hogares durante el periodo reciente de operación del Seguro Popular, que disminuyó de 867 pesos constantes en 2008 a 654 en 2014, una reducción de 25 por ciento. Justamente el propósito del Seguro Popular fue sustituir el gasto privado de bolsillo, injusto y regresivo, por el sustancial incremento de la inversión pública en salud registrado entre 2004 y 2015. No sólo mejoró la salud, sino que también se protegieron las finanzas de las familias más pobres.
En una trágica ironía, el gobierno que acusó a las administraciones previas de ser "neoliberales" y que prometió el acceso "gratuito" a los servicios de salud está promoviendo, con sus malas decisiones, la privatización de facto de la atención a la salud.
Las consecuencias de este lamentable proceso no serán menores. Muchos de los hogares que están recurriendo al gasto de bolsillo para atender sus necesidades de salud incurrirán irremediablemente en gastos catastróficos y empobrecedores, los cuales habían disminuido a la mitad entre 2000 y 2018 gracias al Seguro Popular. Este es el caso, por ejemplo, de las familias sin seguridad social que tienen niños con leucemia o mujeres con cáncer de mama, quienes tendrán que movilizar sus escasos ahorros, vender sus pocos activos o pedir prestado para evitar el sufrimiento de los suyos. Todo ello agravará la crisis financiera desencadenada por la pandemia de Covid-19, reforzando el círculo vicioso entre el mal desempeño del sistema de salud y el retroceso económico.
A menos que rectifique el rumbo, la 4T dejará un legado destructivo en materia de salud. En sólo tres años de gobierno, ese legado incluye hasta ahora la sustitución de un seguro público que ofrecía protección financiera a la población pobre de México por un impopular instituto que ha generado altos niveles de inseguridad en la población no asalariada; un recorte suicida del presupuesto de la Secretaría de Salud en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes, y el manejo irresponsable de una pandemia que ha producido no menos de 300 mil muertes evitables.
Por eso puede afirmarse que el programa de salud de la 4T es exactamente lo opuesto del Seguro Popular: inseguro e impopular.
Julio Frenk es Rector de la Universidad de Miami y exsecretario de Salud de México (2000-2006).
@julio_frenk, Octavio Gómez Dantés es Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.
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