Un total de 16 mandatarios extranjeros asistirán a la toma de protesta de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum....
Están confirmados Luiz Inácio "Lula" da Silva, de Brasil; Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; y Miguel Díaz-Canel, de Cuba.
También Luis Arce Catacora de Bolivia, Bernardo Arévalo de Guatemala, Xiomara castro de Honduras, John Briceño de Belice y de Ghana, Nana Addo Dankwa.
Otros presidentes que estarán presentes son Luis Rodolfo Abinader Corona, de República Dominicana; y Santiago Peña, de Paraguay, entre otros.
En representación Joe Biden, participará la Primera Dama, Jill Biden.
La Cancillería invitó a todos los países con los que México tiene relaciones diplomáticas, incluso Rusia.
¿Vendrá Putin?
Un listado elaborado por la Oficina de Sheinbaum, difundido este miércoles, señala que han confirmado su asistencia 105 países y 22 organismos internacionales.
De las naciones confirmadas, 16 enviarán a sus respectivos Mandatarios, ya sean presidentes o primeros ministros.
Además, asistirán 4 vicepresidentes; 4 titulares de órganos legislativos; 17 representantes a nivel ministerial; 10 viceministros; 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores residentes y concurrentes.
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Coordenadas
Por qué importan las palabras de Ernesto Zedillo/ Enrique Quintana
Coordenadas
El Financiero, 18, 2024 |
En México hay cinco expresidentes de la República que están vivos. A partir del 1 de octubre serán seis.
¿Cuál ha sido su participación reciente en la vida pública de México?
Enrique Peña Nieto prácticamente no ha expresado opiniones públicas respecto al desempeño del gobierno de quien fue su sucesor.
Felipe Calderón ha tenido un intenso activismo, sobre todo en redes sociales, cuestionando múltiples aspectos de la política de AMLO.
Vicente Fox ha tenido un intenso protagonismo, pero con una influencia cada vez más escasa, pues se percibe carente de toda seriedad.
Ernesto Zedillo, hasta el pasado fin de semana, se había mantenido totalmente distante de la situación del país de la que no daba opiniones públicas pese a ser conferencista regular en eventos cerrados.
Carlos Salinas de Gortari tampoco ha expresado puntos de vista públicos respecto al gobierno de López Obrador.
De esta lista, me parece que la voz que tiene mayor influencia y credibilidad es Zedillo, quien además de expresidente es director del Centro de Estudios sobre la Globalización en la Universidad de Yale, además de participar en múltiples organismos académicos y de carácter multilateral.
Uno puede haber tenido discrepancias con la gestión que realizó entre diciembre de 1994 y noviembre del año 2000, pero fue exitosa y trascendente.
Tras la crisis de diciembre de 1994, en la que su gobierno sin duda tuvo parte de responsabilidad, logró darle la vuelta a la economía y pese a la caída de 1995, logró un crecimiento promedio del PIB de 3.4 por ciento al año, que ahora parece inalcanzable.
Pero, además, fue el factor determinante en la construcción de la democracia moderna en México.
El Poder Judicial autónomo que tuvimos hasta ahora y la autoridad electoral realmente independiente se lograron en buena medida por la autoridad de Zedillo.
El reconocimiento del triunfo opositor en el año 2000, pese a las críticas y presiones de su partido, demostró su vocación.
El que, después de un cuarto de siglo de haber estado callado, opte por expresar críticas muy fuertes hacia la reforma judicial que fue promulgada, refleja la trascendencia de la reforma y los temores de Zedillo.
Como era de esperarse, ayer, el presidente López Obrador respondió a las críticas del expresidente cuestionándolo por el Fobaproa, las privatizaciones, el ‘error de diciembre’, y sus actividades profesionales al haber dejado la presidencia de la República.
Sin embargo, no le dio mayor importancia a las declaraciones del expresidente y criticó a quienes lo invitaron, señalando “que hacen el ridículo”. La presidenta electa Claudia Sheinbaum señaló que Zedillo entiende la democracia de manera diferente.
Las opiniones de Zedillo no van a generar un movimiento opositor a la reforma judicial; tampoco van a propiciar una corrida contra el peso.
Pero, tengo la certeza de que en múltiples consejos de administración en México y en otros países, se ponderarán y valorarán, y las decisiones que tomen las empresas van a considerar su juicio con un insumo relevante.
No es un analista que cada semana emita opiniones, ni un político charlatán que como dice una cosa también dice otra.
Se trata de un actor de la vida pública de México que es sobrio, reservado, y que no habla sin pensarlo. Tanto que no lo había hecho públicamente en 25 años.
En la entrevista que ayer le hizo Ciro Gómez Leyva fue cuidadoso al diferenciar los juicios respecto a López Obrador de los que emitió sobre Claudia Sheinbaum. Dijo lo siguiente:
“La doctora Sheinbaum tendrá que tomar una decisión muy importante. Ella puede ser la opción de ser el rostro sin ningún poder del régimen de partido en una tiranía, o ella puede ser, y creo que tiene la capacidad y habrá, espero, que tenga la visión para ser presidenta de una República democrática, de una República progresista, una República en donde se construya y respete el Estado de derecho. Lo veremos”.
Aún hay mucho que observar, pues estamos a 13 días de que comience un nuevo gobierno.
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Estrictamente Personal
Empezó a hablar García Luna/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, septiembre 18, 2024
Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, habló públicamente ayer, por primera vez desde que fue detenido en Dallas en diciembre de 2019. Lo hizo mediante una carta dada a conocer por su abogado César de Castro –quizás inspirado en lo que hizo Ismael el Mayo Zambada una semana después de su captura–, y a tres semanas de que el juez Brian Cogan, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, le dicte sentencia tras haber sido encontrado culpable de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, donde enfiló sus baterías contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Todo lo que dice en la carta no paliará el veredicto de Cogan, que si uno se atiene a las experiencias en el sistema de justicia estadounidense, es probable que la sentencia sea por más de 200 años, a sabiendas de que posteriormente suele haber negociaciones y las penas se reducen significativamente. García Luna da por descontado que eso sucederá, pero también que apelará la sentencia en un tribunal colegiado, con la apuesta de que la reviertan junto con la condena. En esas líneas que esboza en su comunicado parece encontrarse el fondo de lo que finalmente desea, la anulación del juicio y la reposición del proceso que, en el caso que se diera, probablemente se desista la Fiscalía y se sobresee.
Eso pretendió la defensa de García Luna cuando presentó una moción al juez Cogan para la anulación del juicio, argumentando que seis testigos de la Fiscalía habían cometido perjurio. Cogan aceptó la moción y le pidió a los fiscales hablar personalmente con los testigos –cinco de ellos vinculados al Cártel de Sinaloa–, lo que es inusual.
El 8 de agosto, sin embargo, canceló todo lo que había promovido y anunció que rechazaba la moción, fijando para el 9 de octubre la lectura de la sentencia. Abogados en Nueva York vincularon el cambio radical de Cogan a la captura de Zambada dos semanas antes, cuyo juicio va a presidir él, para no entrar en un terreno donde pudiera dañar la credibilidad de testigos protegidos criminales que pudieran ser utilizados por los fiscales en futuros casos.
La carta de García Luna es un alegato de inocencia. Refiere que las pruebas que ofreció el gobierno de López Obrador a Estados Unidos –que pidió el exprocurador William Barr al entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo– fueron falsas –presuntos ingresos del crimen organizado, cuyos juicios en México contra la Fiscalía General ganó en octubre pasado– y que los criminales que lo imputaron los detuvo su equipo, los encarceló y fueron extraditados a Estados Unidos. Pero sobre todo, en dos momentos del escrito, hace señalamientos directos contra el Presidente.
El primero, al iniciar la carta, al afirmar que los fiscales le ofrecieron repetidamente un acuerdo para que se inculpara de los delitos por petición del gobierno mexicano, que quería “no imputar a delincuentes-narcotraficantes, (sino) imputar a personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”, a cambio de su libertad en seis meses y recibir beneficios económicos. García Luna nunca aceptó el trato, como se reveló en este espacio el pasado 12 de marzo.
El segundo está en el primer párrafo de la tercera hoja de la carta, donde revela que “en los registros oficiales de México y Estados Unidos” existen los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre López Obrador y sus operadores del narcotráfico, uno de los cuales, que había testificado contra él, imputó al Presidente y a sus operadores de estar vinculados con ellos. García Luna no lo identificó, pero se trata de Jesús Reynaldo el Rey Zambada, que hizo esas acusaciones durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, y que De Castro intentó, sin éxito, incorporar en su defensa. El Rey es hermano del Mayo, y era el encargado de cuidar la plaza de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno.
El fraseo de este párrafo parece un guiño a los fiscales en Brooklyn y, en general, al gobierno de Estados Unidos, que en los últimos meses parece haber llegado a un hastío con López Obrador y ha comenzado a filtrar en la prensa de los dos países investigaciones en su contra por vínculos con el narcotráfico, que se cerraron por razones políticas. Es posible que una doble apuesta del exsecretario tenga que ver con la búsqueda de un acuerdo con ellos, pero no en los términos que habían planteado, porque él se sigue diciendo inocente y ha rechazado ser testigo protegido, sino en los suyos.
García Luna ha dejado ver los misiles que dice tener contra López Obrador. El exsecretario se formó en las áreas de inteligencia desde mediados de los 80, compartiendo durante muchos de ellos información sensible con las agencias estadounidenses. Como secretario de Seguridad Pública conoció los detalles de la captura del Rey Zambada y quiénes en el gobierno de López Obrador negociaron el acuerdo de protección al Cártel de Sinaloa. Como secretario de Seguridad, conoció el expediente que le dio la DEA al presidente Calderón sobre los vínculos de López Obrador con el narcotráfico, que nunca quiso utilizar para dañar a su adversario.
Lo que parece un guiño a los fiscales es una amenaza directa a López Obrador. ¿Cuántos videos, audios, fotografías e intercepciones telefónicas tendrá García Luna en sus manos contra el Presidente? ¿Cuántos de funcionarios en su gobierno? ¿O del próximo de Claudia Sheinbaum? Difícil saber lo que tiene su mina de información, probablemente hoy en día resguardada en Estados Unidos. Difícil también saber cuánta información adicional ha recopilado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en el que se encuentra, donde también están recluidos narcotraficantes de diversos cárteles mexicanos.
Lo que no puede desdeñarse o minimizarse es el potencial de fuego que tiene García Luna y la decisión de hablar, no después de la sentencia, sino antes, lo que subraya su decisión final de no quedarse callado, pase lo que pase con él.
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El asalto a la razón
El zedillazo no fue chiste/Carlos Marín
Milenio, / 18.09.2024
Andrés Manuel López Obrador no reaccionó como supuso el expresidente Ernesto Zedillo a su demoledora disertación sobre la reforma constitucional al Poder Judicial.
“Estoy consciente de que la reacción del presidente será, como siempre ante quien disiente, critica o piensa distinto a él, la calumnia, el insulto y la amenaza”, dijo el domingo en la Conferencia Internacional de Abogados.
Sin embargo, ayer AMLO, si bien lo descalificó, no lo calumnió ni lo insultó ni lo amenazó.
De tomárselo en serio lo que dijo de la irrefutable crítica de Zedillo, pareciera que más bien se divirtió:
“Ahí vienen, traen a este… a Zedillo, para decir que ya es una dictadura México, y es de risa, sí es de risa…”.
Entre lo que al Presidente le parece hilarante está que las iniciativas de reformas que sus antidemocráticas mayorías legislativas le regalarán en lo que resta de su gestión está la advertencia de que “enterrarán la democracia mexicana y lo que quede de su frágil estado de derecho”, y que lo que pretende la 4T es “transformar nuestra democracia en tiranía”.
¿Dónde está el chiste?
En vez de denostar a Zedillo, AMLO debe agradecerle que fue gracias a él, como recuerda Pablo Hiriart en su Uso de razón de ayer en El Financiero: “Cuando López Obrador lanzó su candidatura a jefe de Gobierno del Distrito Federal no cumplía con los requisitos de la ley, dado que no acreditó su residencia en la capital del país en los cinco años previos. Luego de un par de manifestaciones en el Zócalo, Zedillo le ordenó al PRI no impugnar y dejarlo pasar (…). Fue así como AMLO aprendió que a él no le vienen con eso de que la ley es la ley…”.
Con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el expresidente dijo:
“Decidí romper el silencio porque veo que la república democrática está siendo destruida y no podía ser un cobarde y quedarme callado”.
La presidenta que iniciará su gobierno dentro de 13 días, Claudia Sheinbaum, cayó también en la descalificación porque durante la gestión de Zedillo se creó el Fobaproa, “una deuda privada que se convirtió en pública”, afirmó, omitiendo que aquel rescate bancario fue para que el dinero de los ahorradores y usuarios de la banca no se devaluara (como sucedió en Argentina con el “corralito”).
Reprochó que el remoto predecesor de AMLO “planteó que está en vilo la democracia de nuestro país, y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate, lo que muestra que justamente México es un país democrático”, declaró, y aseguró: “Hoy vivimos mucho más democracia de la que había antes, no se censuran periodistas como se hacía antes. Lo que queremos es que siga la democracia y se siga profundizando la democracia en México”.
No desde luego.
Lo democrático sería respetar la separación y la independencia de los tres poderes y la demagógica elección popular de jueces, magistrados y ministros es, por decirlo con suavidad, una dinamitera salvajada porque, en maligna mancuerna, Ejecutivo y Legislativo se han agandallado el Poder Judicial…
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Columna Uso de Razón
La imagen de la locura/ Pablo Hiriart
El Financiero,
El vistoso despliegue militar en el Zócalo capitalino no se corresponde con el desastre que el país vive en la inseguridad que, en teoría, a las Fuerzas Armadas le encargaron disminuir.
Inseguridad combinada con ingobernabilidad.
La estrategia de usar al Ejército para dar seguridad pública ha sido un fracaso que sólo el fanatismo puede negar. Doscientos mil asesinatos en el sexenio, mientras el gobierno engaña con un “vamos ganando”.
Miles de uniformados desfilaron en la Ciudad de México, rindieron y recibieron honores, y en Culiacán el gobernador de Sinaloa encabezó la ceremonia del 15 de septiembre ante una explanada vacía a la que lanzó un patético grito de “¡Viva el presidente López Obrador!”.
El culto a la personalidad que se vive en este sexenio, contrastado con la principal tarea de un gobernante que es dar seguridad a la población, es para avergonzar a cualquiera, salvo a los fanáticos.
Tuvimos, el fin de semana, la imagen viva del sexenio que acaba: la plaza vacía y un gobernador solitario que grita ¡Viva López Obrador!
También es la imagen de la locura.
En la Ciudad de México, el secretario de la Defensa informó al Presidente que construyeron 2 mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, remodelaron hospitales, administran aeropuertos, construyeron seis hoteles en zonas turísticas y operan 32 aduanas en las fronteras del país.
Eso les encargaron, eso hicieron y cumplieron. Pero el comandante supremo tiene alteradas las coordenadas: la mayoría de esas tareas corresponde al sector privado, y la seguridad compete al gobierno.
El orden y la seguridad se las encomendaron a la Fuerzas Armadas, y el jefe de la zona militar en Sinaloa dice que “la seguridad depende del crimen organizado, no de nosotros”.
López Obrador culpa a los medios de comunicación de exagerar la violencia que se vive en amplias regiones del país.
Y la presidenta electa dice que si el gobierno enfrentara a los grupos criminales se provocaría más violencia.
No hay lógica ni hay resultados.
¿Entonces, para qué quieren poner en la Constitución que la Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa?
Si las instrucciones presidenciales son que las fuerzas de seguridad del Estado, léase las Fuerzas Armadas, no sometan a los ejércitos irregulares del crimen organizado, carece de sentido militarizar la Guardia Nacional.
Cada día se anuncia el envío de más tropas a Sinaloa, y cada día se informa de nuevas agresiones a nuestros soldados por parte de Mayos y Chapos.
Oficiales y soldados tienen órdenes de no atacar a los criminales. Pero a ellos sí los pueden atacar.
Las gallinas de abajo ensucian a las de arriba.
¿Qué desorden es ése?
El gobernador Rocha Moya dio el grito solo porque no hay condiciones de seguridad para que la población participe en una fiesta cívica, la más importante del año.
Su policía no sirve. Un comandante de la judicial del estado y otros elementos de esa corporación estaban comisionados para servir de guardaespaldas del Mayo Zambada.
¿Entonces? Entonces a rezarle a Malverde para que los cárteles de las drogas y la extorsión se apiaden.
No hay seriedad, sólo locuras. Y de por medio está la tranquilidad secuestrada en la vida cotidiana de los sinaloenses. Y de los chiapanecos, de los guanajuatenses, de los habitantes de Guerrero, los de Tamaulipas…
El gobernador de Sinaloa tuvo ante sus ojos la fabricación de un escenario para simular una versión falsa del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen.
Fue un montaje, del gobierno estatal, para engañar sobre un crimen.
A Cuen lo asesinaron cuando iba a reunirse con el gobernador Rocha Moya para que, con la intermediación y buenos oficios del Mayo Zambada, se desistiera de la solicitud de aprehensión contra su hijo Héctor Melesio Cuen Díaz y del rector de la UAS, José Luis Madueña (actualmente prófugo).
Y en el ancho mar del cemento, los aviones y los automóviles, la Marina realiza las tareas de conciliación entre los taxistas del aeropuerto de la Ciudad de México con los choferes de aplicaciones (Uber, Didi, etcétera).
El gobierno está de cabeza. Militarizado y en desorden.
Urge recuperar una mínima racionalidad: que las Fuerzas Armadas se ocupen de las tareas que le son propias, la iniciativa privada haga las obras que sabe hacer, y que se formen policías civiles adiestradas, equipadas y bien pagadas que se ocupen de la seguridad pública.
Nada de lo anterior, por obvio que parezca, está asegurado.
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No es normal
Organismos autónomos ¿o dictadura?/Viri Ríos
Milenio, / 18.09.2024 02:16:19
No estoy a favor de la reforma a los organismos autónomos por el simple hecho de que con la Reforma Judicial ya tenemos suficientes piezas moviéndose y hay organismos autónomos, como la Cofece y el INAI, que funcionan relativamente bien y no veo razón para cambiarlos de tajo.
Sin embargo, me parece un despropósito y carente de todo fundamento institucional, decir que sin esas instituciones México será una autocracia.
Muchas democracias consolidadas del mundo no tienen organismos autónomos. De hecho, existen varios países en los que instituciones reguladoras sin autonomía constitucional funcionan mejor que las mexicanas. Pongo tres ejemplos:
Primero, en materia de competencia. La Cofece es la autoridad de competencia más independiente del mundo de acuerdo con el Global Competition Review. De hecho, en el mundo, solo el 39% de las instituciones de competencia cuentan con independencia formal. El resto, depende del Poder Legislativo o del Ejecutivo, ya sea directamente del presidente o primer ministro, o de algún ministerio.
Sin embargo, a pesar de su autonomía sin paralelo, la Cofece está peor evaluada que instituciones sin independencia formal, como la institución europea y la británica, que dependen del parlamento y la japonesa que depende del primer ministro.
Segundo, en materia de telecomunicaciones. En Estados Unidos, la agencia encargada de regular las comunicaciones no tiene autonomía constitucional. El presidente designa al titular y el Senado lo aprueba por mayoría simple. A pesar de que es independiente, el presidente tiene cierta capacidad limitada de usar órdenes ejecutivas para fijar la política de la comisión.
Chile no tiene un organismo independiente encargado de regular las telecomunicaciones. En Chile, la encargada de esto es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Finalmente, en materia de transparencia. Si bien todas las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información en los países de la OCDE tienen cierto grado de independencia legal, esto no quiere decir que todas sean instituciones autónomas constitucionalmente.
En países como Finlandia, Noruega y Suecia los organismos de transparencia son parte del Poder Legislativo y funcionan como parte de la facultad del Congreso para supervisar al Poder Ejecutivo (ombudsman). De acuerdo con un ranking de transparencia y acceso a la información publicado por el European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building, México tiene la misma calificación en materia de transparencia que Noruega y Suecia. Es decir, no parece haber una relación entre la autonomía constitucional y la calidad del acceso a la información.
Por todo lo anterior, me parece que una discusión más sensata sobre los organismos autónomos, más que aferrarse a una forma específica de diseño institucional, debería de tratar de comprender cuáles son los ingredientes específicos que hacen que las instituciones funcionen adecuadamente. Todo parece indicar que no será la autonomía constitucional, sino algo más que es en lo que verdaderamente debe centrarse la discusión pública y los intentos de reforma.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
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Día con día
Hidalgo: el anciano venerable y el guerrero cruel/Héctor Aguilar Camín
Milenio, 18.09.2024 ;
La Independencia de México no la logró el cura Miguel Hidalgo, sino el militar criollo Agustín de Iturbide, en 1821.
Iturbide nada quería tener que ver con la rebelión de Hidalgo, ni con los insurgentes a quienes seguía viendo como forajidos.
Algunos simpatizantes de aquellos insurgentes se colaron al Congreso que estableció la República en 1824. Asumieron el elogio de los insurgentes como precursores de la Independencia y de la mismísima República que nacía.
Hidalgo fue entonces el padre republicano de la nación. Él, que había iniciado su insurgencia gritando vivas al monarca Fernando VII.
La transfiguración histórica de Hidalgo corrió desde entonces la suerte triunfal de la República.
Iturbide cayó al abismo tratando de hacerse emperador. Fue derrotado por los republicanos de la época y expulsado de la historia de la Independencia.
Una ley del Congreso Republicano del 19 de abril de 1823 declaró beneméritos a Hidalgo y a otros insurgentes. Los restos de Hidalgo fueron exhumados y vueltos a enterrar con honores.
El 17 de septiembre de 1810, día de la arenga de Hidalgo en Dolores, se declaró fecha de la Independencia (luego cambiarían al 16).
“Fue así”, dice O’Gorman, “como Hidalgo pasó, legalmente, de ser cabecilla de salteadores a iniciador de nuestra Independencia”.
Poco quedó en los anales patrióticos del monárquico “sacerdote novohispano”. Hidalgo empezó a ser “el venerable filósofo virgiliano de corazón sensible” que reunía a “sus fieles para instruirlos en los derechos ciudadanos y redimirlos del abismo de ignorancia en que los tiene sepultados la más cruel e injusta de las tiranías”.
Las urgencias guerreras de la causa liberal ante la guerra civil y la intervención francesa de los 1860s parieron la siguiente transfiguración de Hidalgo.
Dijo indeleblemente Ignacio Ramírez: “No descendemos del indio ni del español, sino de Hidalgo, verdadero padre de la patria”.
El Hidalgo necesario para ese momento no era el anciano virgiliano sino el guerrero autor de la consigna: “Id a coger gachupines”‘: el ángel de la guerra sin cuartel. “Solo su ejemplo”, escribió Ramírez, “llevará la República a la victoria”.
Así fue como Hidalgo presidió también las cruentas guerras de la República, cincuenta años después de su cruenta y fracasada guerra de Independencia.
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La Feria
Sinaloa: no hay cártel bueno/Salvador Camarena
El Financiero,
Varios municipios sinaloenses, entre ellos la capital, padecen el terror de una pesadilla vuelta realidad: la guerra civil del Cártel de Sinaloa obliga a los ciudadanos a encerrarse, en lo que es el fin del mito de que existen los criminales respetuosos.
Que hay delincuentes ‘buenos’, o que aceptan ‘reglas’ y se prestan a ‘acuerdos y/o diálogo’ mientras otros son ‘salvajes’, fue algo tolerado, si no alimentado, por gobiernos que, en sus respectivos fracasos, hacían obvias distinciones al combatir cárteles.
La leyenda decía que, a la vieja usanza, el Cártel de Sinaloa ‘no se metía’ con la población, que no generaba violencia pues tenía ‘arraigo’, que se dedicaba a sus ‘cosas’ pero ni extorsionaba ni permitía abusos. Un cártel bueno. Casi aspiracional. Pamplinas.
Andrés Manuel López Obrador cierra el sexenio con Sinaloa en llamas. La inverosímil caída de Ismael el Mayo Zambada le estalló en medio de su fiesta de despedida. Su guion de supuestos éxitos gubernamentales, sacudido por su fracaso en seguridad.
Pero si aún subsisten interrogantes sobre cómo se urdió la llegada a una corte de Nueva York de uno de los líderes históricos del ese grupo criminal, de lo que hoy no hay duda es de que tal evento ha desatado una verdadera guerra intestina en Sinaloa.
Con esa confrontación vuela por los aires lo que restaba de la falaz idea de que estos (u otros) criminales respetan un código de honor con sus vecinos. Si, como es evidente, no honran compadrazgos ni lazos familiares, qué esperar con respecto a quienes les son extraños.
De que la gente del Cártel de Sinaloa no dudaría en recurrir a cualquier medida para salvaguardar sus negocios, es decir, su personal, sus activos y su capacidad de fuego, ya teníamos en este mismo sexenio muestras suficientes.
Desde el llamado culiacanazo (17/10/19) todo mundo tendría que haber perdido la candidez con respecto a lo que estaban dispuestos a hacer a los habitantes de Sinaloa quienes detentan, para mal, ese nombre como marca.
Al intentar, en esa ocasión con éxito, impedir a las autoridades la captura de Ovidio Guzmán, despojaron a particulares de su propiedad, atropellaron el libre tránsito a muchos más, provocaron muertes y, por supuesto, desataron un terror que paralizó a la sociedad por días.
Y no fue, lo vimos incluso antes de la caída del Mayo, un incidente excepcional.
Se sabe que en algunas de las zonas del país donde hay ‘paz’ en realidad lo que existe es una sumisión total a un solo ente criminal. El dominio de un grupo, que incluye la renuncia de la autoridad a imponerse, crea el espejismo atroz para creer que se está a salvo.
Las y los sinaloenses no merecen que México voltee más hacia otro lado. Los ciudadanos de a pie son víctimas del mito indolente cobijado por gobiernos como el de Calderón y el de López Obrador, tan distintos en sus presidencias y tan iguales en su fracaso.
El fin del mito del cártel bueno cae en medio del ruido de las balas. Perder así la inocencia valdrá la pena sólo si no se repite el error de volver a acostumbrarse a una convivencia que tarde o temprano se revertirá en contra de los inocentes.
Quizás había un destino manifiesto. Quienes con sangre y violencia construyeron un cártel de infama mundial estaban condenados a este desenlace de traiciones y guerra. Muerte y destrucción heredan a la siguiente generación.
Pero la comunidad de Sinaloa no tiene culpa. Por eso hay que rechazar toda declaración oficial que parezca resignación. Al crimen se le combate, sin tolerancia.
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