Efectivos federales - Defensa, Guardia Nacional, agentes de la FGE, apoyados por Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con seguridad física de Pemex y autoridades locales, aseguraron, en dos acciones, 129 carrotanques y 15 millones 480 mil litros de combustible, como parte de las acciones de seguridad en el estado de Coahuila.
Ello ocurrió en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, …
Es el aseguramiento de hidrocarburo más grande en la presente administración", emitió un x el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Las autoridades localizaron en ese sitio 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo.
"En otro evento, cerca de una estación en Saltillo, se localizaron 96 carrotanques varados sobre las vías del ferrocarril, que contenían 11,520,000 litros de hidrocarburo", se detalló.
En ambos casos, añadieron las autoridades, las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia lícit0.
Cada día tenemos mas revelaciones, nos echaron mentiras….; y eso es pecado capital…
Hace poco, el pasado 18 de junio, Car Garcia Harfuch...informó a través de X, que derivado de labores de inteligencia de campo y vuelos de reconocimiento, se identificó una operación clandestina en Coatzacoalcos, Veracruz, encontraron el hallazgo de una mini refinería.
Han habido otras operaciones de Huachicol, , en Tamaulipas, BC, y recientemente en Querétaro y el Estado de México.., y bosque se sumen..
Nos dijeron mentiras….
¿De que se trata esto?…
Hace meses decían que México había acabado el huachicol., pero parece que cada día es peor…
¡?Cuantos detenidos..?
¿Quienes..?…
¿Cuantos más…?
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Reportan que Chávez Jr. no se presentó a audiencia en EU
Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por ICE la semana pasada, no se presentó a una audiencia en Los Ángeles y su abogado desconoce su paradero, de acuerdo con medios estadounidenses.
Su abogado, Michael Goldstein, dijo a USA Today que no sabe si su cliente sigue en Estados Unidos. Hace dos días, Chávez Jr. se encontraba en Hidalgo, Texas, bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional.
De acuerdo con USA Today, a días de su arresto, Chávez Jr. todavía no aparecía en el localizador en línea de ICE para detenidos. Sin embargo, esto puede tomar días o más de una semana, mientras los detenidos esperan ser procesados.
Descarta juez frenar aprehensión de Chávez Jr.
Un juez federal descartó impedir que Julio César Chávez Jr. sea detenido, una vez deportado a México, con base en la orden de aprehensión librada en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, juez cuarto de Distrito en Mexicali, Baja California, dictó una suspensión de plano en favor del boxeador únicamente para que se respete el procedimiento penal y sea entregado a las autoridades competentes.
El fallo señala que, en caso de estar detenido en México, sea puesto a disposición del Ministerio Público, y en caso de que le ejecuten la orden de aprehensión que pesa en su contra, sea puesto a disposición del juez responsable de la causa.
"Todo lo anterior es así, salvo que se trate del cumplimiento de una orden de aprehensión librada por autoridad judicial, caso en que deberá ponerlo de inmediato a disposición de la misma".El fallo fue dictado en un amparo presentado el pasado viernes por un abogado, en nombre de Chávez Jr., e implica que en el momento en que el boxeador sea deportado, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá ejecutarle la orden de captura y trasladarlo a un penal federal.
Esta resolución no quiere decir que este amparo, uno de los cinco que han sido presentados en nombre del imputado, ya esté en trámite.
De hecho, el juez Ayala dio un plazo de 3 días para que Chávez Jr., aún detenido en Estados Unidos, manifieste si ratifica o no esta demanda de amparo, y de no hacerlo así, se tendrá por no presentado su recurso legal.
En ese mismo plazo, le pidieron al boxeador dar fe de lesiones a simple vista, en caso de haberlas, y que le interroguen para que informe si está siendo torturado y qué tipo de tortura está sufriendo.
El impartidor de justicia también estableció un plazo de cinco días a su abogado para aclarar si este amparo lo presentó por error en Mexicali, ya a que en el escrito de demanda señaló que estaba dirigido a los juzgados del Primer Circuito, es decir, de la capital del país.
"En la misma data, de manera electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través del módulo para presentación de demandas, ha presentado diversas demandas de amparo, en varios juzgados de distrito del país", dice el acuerdo.
Chávez Jr. fue detenido el pasado miércoles en Studio City, California, por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos y fue puesto a disposición de las autoridades migratorias para iniciarle un procedimiento de deportación.
En México, desde enero de 2023 un juez federal de Hermosillo, Sonora, ordenó su aprehensión por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas.
La acusación de la FGR señala que, por instrucciones de Néstor Ernesto Pérez Salas "El Nini", jefe de seguridad de "Los Chapitos", Chávez presuntamente golpeaba, como costales de box, colgados, a los miembros del Cártel de Sinaloa que incurrían en descuidos que pudieran delatarlos.
Con información de Abel Barajas
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PREGUNTA: Sí, Presidenta, eso se percibió.
Solamente haría otra pregunta, Presidenta. El fin de semana, después de que se anunció la detención de Julio César Chávez Jr., en las redes sociales, en los programas de televisión viernes, sábado, domingo y todavía hoy en la mañana, se está intentando construir una narrativa igual que el sexenio pasado: tomar ciertos cabos en el caso de este chico.
Que, el mismo papá, Julio César Chávez, la gran leyenda, ha hecho pública su posición de respaldar a su hijo, incluso de llevarlo a atención médica y psiquiátrica. Con mucha valentía como padre ha enfrentado esa situación, pero pareciera que algunos personeros de medios tradicionales y medios comerciales tratan de ligar la historia del padre con el hijo, cuando son situaciones totalmente distintas, e intentan ligar el tema del narcotráfico con apoyos a la Cuarta Transformación.
Entonces, se está construyendo una narrativa. Yo quería preguntarle sobre eso, Presidenta.
PRESIDENTA DE MÉXICO, : Pero ya tiene tiempo, ¿no?
PREGUNTA: Sí, sí.
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO: No es nuevo el “narcopresidente”, el… No, no, no tiene cabida pues, no tiene asidero en la gente, porque cuando se inventan cosas no hay manera de.
Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse. Y, particularmente si es penal, tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión.
Entonces, yo creo que es importante decirlo: Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie, con nadie. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia.
Entonces, si hay una orden de aprehensión, como en este caso hay una orden de aprehensión, la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas.
Si vienen de una investigación, inteligencia donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, tienen que presentarse las pruebas, siempre. En México todo mundo es inocente hasta que no se demuestra lo contrario. Pero cuando hay una orden de aprehensión, hay pruebas que sustentan.
PREGUNTA: Gracias, Presidenta.
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#Estrictamente Personal
¿Y si la bomba no la tiene Ovidio?/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, julio 07, 2025 |
Ha sido de llamar la atención el tiempo invertido por la presidenta Claudia Sheinbaum para reclamar y protestar al gobierno de Donald Trump, porque la mantiene en la oscuridad sobre la negociación con Ovidio Guzmán López, tras aceptar declararse culpable de las acusaciones de narcotráfico en la corte federal de Illinois, preámbulo de un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses, aunque ha sido explícita su preocupación: si del acuerdo salen imputaciones contra mexicanos, deben enviarse las pruebas a México para que la Fiscalía General abra carpetas de investigación. O sea, la presidenta sigue confundida.
Si bien, como dijo, en la operación de captura de Guzmán López murieron varios militares, su extradición se dio dentro del Tratado que firmaron México y Estados Unidos en 1978. Pedir acceso a expedientes confidenciales del Departamento de Justicia como compensación es un poco ingenuo y absurdo. No está clara la motivación de la presidenta, aunque la prensa política comentó este fin de semana que quizás obedece a que tenga miedo de cuáles serían las personas a quienes podría imputar. En ese casillero debe haber muy pocas personas cuya suerte le podría preocupar o le generen un problema.
De cualquier manera, sí tendría razones para preocuparse. El hijo más cercano de Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, en un operativo relámpago y sin balazos por una unidad de élite de la vieja Policía Federal. La extracción rápida para evitar una respuesta de las milicias del Cártel de Sinaloa no se dio. Los agentes pidieron el apoyo durante 45 minutos sin que les hicieran caso. En ese tiempo, las milicias prepararon el contrataque, vencieron a los soldados que no tendieron el cinturón de seguridad y amenazaron con asesinar a sus familias. Fue una terrible derrota para los militares, humillados por criminales por culpa de las decisiones en Palacio Nacional.
El entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, quien nunca autorizó la extracción, persuadió al expresidente Andrés Manuel López Obrador para que lo liberara. Guzmán López habló con sus hermanos para que detuvieran la contraofensiva porque lo iban a soltar. Esta podría ser una de sus revelaciones. ¿Fue porque, como en una cuenta en Twitter verificada por el Centro Nacional de Inteligencia que era de Iván Archivaldo Guzmán, se advirtió que si no lo dejaban libre revelarían cuánto dinero le inyectaron a la campaña de López Obrador? También podría decir quién, en nombre del expresidente, mandó el mensaje a sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo para que suspendieran la producción de fentanilo porque la situación con Estados Unidos estaba “muy caliente”.
Tras liberarlo, las autoridades mexicanas se olvidaron de él. Había sido detenido a petición de Estados Unidos con fines de extradición, pero en Palacio Nacional decidieron no hacerles caso, hasta que las crecientes presiones y acusaciones en el Capitolio contra López Obrador de complicidad con la facción de Los Chapitos lo obligaron a ordenar su captura cuatro años después. Pero no lo extraditó. Finalmente, con Washington encima de él, mientras daba el Grito de Independencia en 2023, Guzmán López fue entregado a Estados Unidos.
Es sobresaliente la preocupación focalizada de la presidencia por lo que pudiera decir Guzmán López, dejando entrever que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, o que se imagina las mismas cosas que muchos mexicanos. Las autoridades estadounidenses conocen las complicidades de Los Chapitos con políticos y funcionarios, luego de que en 2021 fueron infiltrados por el Grupo 959, una unidad de la División de Operaciones Especiales de la DEA, que toma su nombre del Código Penal de Estados Unidos que le da jurisdicción extraterritorial para investigar y castigar delitos relacionados con drogas.
Guzmán López no debería ser su única preocupación, aunque la información que tienen en Washington indica que el gobierno de López Obrador, aunque tenía vínculos con el Cártel de Sinaloa, tenía una inclinación por Los Chapitos. Resalta que el exsocio de su padre y contra cuyo liderazgo están enfrentados desde hace más de nueve meses en Culiacán, Ismael El Mayo Zambada, no haya tenido el respaldo que le ha dado implícitamente Sheinbaum a Ovidio, por la forma como cuestiona a las autoridades estadounidenses y les exige que, en su caso, cooperen con México.
Zambada podría aportarles mucho más información que Ovidio, si de narcotráfico solamente se tratara. No de otros cárteles, que como informante de la DEA les dio datos por años. Puede aportarles, no obstante, un mapa de cómo funcionaban las complicidades con diferentes gobiernos y revelar, si decidiera hablar, cómo tejió el apoyo electoral con el gobierno de López Obrador a través, según información de inteligencia en México y Estados Unidos, del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El gobernador está protegido en México. Zambada lo imputó en agosto del año pasado, sin que la Fiscalía General abriera una investigación en su contra.
Estas omisiones contra personas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa –el último, el boxeador Julio César Chávez Jr., contra quien tenían una orden de aprehensión desde hace dos años, que nunca se ejecutó–, han hecho que en Washington consideren al régimen obradorista parte de la estructura criminal de los cárteles, sin que Sheinbaum haya podido disminuir la percepción o demostrar que no es cierto.
Esa batalla es en la que se encuentra, mostrando cada vez mayor preocupación por las imputaciones que pueda haber contra personajes mexicanos. Pero quizás no es Ovidio, o su hermano Joaquín, o Zambada incluso, quienes más le deberían preocupar que hablen, sino Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública condenado a 38 años de prisión por los dichos de criminales del Cártel de Sinaloa, de los cuales Sheinbaum nunca exigió pruebas.
García Luna es un peligro mayor. Si habla, tiene en sus manos dos activos que ningún criminal tenía: documentación y grabaciones, y que no tiene por qué mentir porque no tiene nada que ganar al estar condenado y sentenciado. Su incentivo sería otro: que de quienes presumiblemente tiene pruebas que son criminales, no se vayan impunes. Esto, claro, si llega a un acuerdo con los fiscales y dispara al corazón de la ‘cuatroté’.
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El Cártel de Sinaloa, dueño del C5/Héctor De Mauleón
El Universal, | 07/07/2025
Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de revelar que un pirata informático, un hacker al servicio del Cártel de Sinaloa, identificó a un agente del FBI basado en la Ciudad de México, obtuvo sus registros telefónicos de entrada y salida, y utilizó cámaras de vigilancia de la capital para recopilar información, ver con quién se reunía, y asesinar a sus posibles informantes.
La información es uno de los primeros misiles que Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo que irá a juicio este 9 de julio, ha entregado al gobierno estadounidense en búsqueda de beneficios. La información se enmarca en los convenios —la “evidente” negociación con las autoridades de aquel país, como la ha llamado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch— que a mediados de mayo permitieron que 17 familiares de Ovidio se entregaran en la frontera y cruzaran hacia California.
Como de tantas otras cosas en la relación bilateral, el gobierno mexicano admitió y se quejó de que no estaba al tanto de esa negociación.
A través de una tarjeta emitida hace unos días por el coordinador general del C5 en la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, las autoridades negaron que hubiera ocurrido una infiltración criminal en el sistema de videovigilancia de la capital desde la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad, en diciembre de 2018.
Según Guerrero Chiprés, “no ha precisado el hacker que hizo la acusación si eran cámaras públicas o privadas”. Afirma el funcionario que el sistema se fortaleció en materia tecnológica desde la llegada de Sheinbaum al gobierno de la CDMX, lo que hace imposible su infiltración, y acusa que esto ocurrió en 2018, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.
Basta con revisar los artículos que Guerrero Chiprés publica en diarios mexicanos, en los cuales la autocrítica huyó en estampida y en los que los aplausos llegaron en masa. Y basta también con hacer un repaso del estado de las cámaras de videovigilancia de la ciudad durante el reciente asesinato de los dos funcionarios más cercanos a la jefa de gobierno Clara Brugada (que no estaban infiltradas, pues algunas ni siquiera servían) para entender el sentido de las declaraciones del funcionario.
En todo caso, Guerrero Chiprés emplea como argumentos exculpatorios del gobierno de la ciudad que “los hechos ocurrieron en una época en que se negaba la existencia del crimen organizado”, y sostiene que durante el gobierno de Mancera “se ha demostrado que hubo maquillaje sistemático de cifras de incidencia delictiva”.
Durante la gestión de Mancera como jefe de Gobierno la explosión criminal alcanzó rangos históricos, desde luego. Un ejemplo: la Unión Tepito dejó de ser una organización delictiva que actuaba solo en una delegación capitalina y se apoderó de las actividades delictivas en más de la mitad de la ciudad. Se asentó en el centro, el oriente, el poniente, el sur de la capital. Las narcoejecuciones alcanzaron niveles nunca vistos.
Fue sin embargo durante el gobierno de Claudia Sheinbaum cuando Ovidio Guzmán llegó a operar la capital del país. Después del Culiacanazo de noviembre de 2019, fecha en que, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, Ovidio fue liberado, el hijo del Chapo salió de Sinaloa y estableció en la CDMX lo que la periodista Peniley Ramírez llamó “un puesto de avanzada”: una oficina que, según informes de la Marina, recibía a través de componendas con autoridades aduanales el fentanilo llegado de China y operaba su traslado hacia el estado de Sinaloa.
Era en la capital del país donde se llevaban a cabo los pagos por esa operación.
Como se ha revelado, Ovidio estuvo al frente del “puesto de avanzada” entre 2019 y 2021 (o 2022). Los marinos siguieron su paso por departamentos de Santa Fe, la colonia del Valle y la Nápoles, y se enteraron de que el Mayo Zambada y Rafael Caro Quintero habían enviado sicarios de Tijuana para que lo asesinaran.
El 24 de octubre de 2021, cuatro gatilleros lo tuvieron a solo unos pasos en el Cheesecake Factory de Parque Delta. “Estamos listos”, informó uno de estos al jefe de esa operación: Pablo Núñez, El Flaco.
Ovidio se salvó porque a esa hora había en Plaza Delta mucha gente, y él iba acompañado por dos hombres armados. Los sicarios de El Flaco fueron detenidos más tarde por los marinos en la esquina de Dakota y Vermont, muy cerca del hotel donde Ovidio se hospedaba.
Fueron varios meses los que el hijo del Chapo, que hoy busca beneficios por parte del gobierno de Estados Unidos, se escondió y operó desde la capital después de ser liberado por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, y se hizo pasar por un empresario restaurantero.
A mediados de 2022, incluso, 14 pistoleros de su grupo fueron detenidos en Topilejo: eran miembros de sus “Fuerzas Especiales” y habían llegado a disputarle al Mayo Zambada y a Caro Quintero la capital del país.
Ovidio fue aprehendido en Sinaloa a través de información proporcionada por agencias estadounidenses que hoy lo acusan de haber negociado desde la CDMX la droga que llegaba en vuelos comerciales al aeropuerto capitalino, y por la que él obtuvo más de 24 millones de dólares.
¿Uno de sus hackers pudo haber infiltrado el C5 en ese tiempo?
El Departamento de Justicia deja suelta la bomba: una más en la serie de bombardeos contra el gobierno mexicano, en el que los misiles llegaron ya a la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, tras la acusación por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa contra la casa de bolsa de su amigo y enlace con el sector financiero, Alfonso Romo.
Estados Unidos va soltando, uno a uno, tiros de precisión que apuntan a un objetivo mayor.
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