No fue una denuncia formal, solo una "conversación entre amigos"
La columna de Roberto Rock "Retrato Hereje", que se distribuye en varios medios, entre ellos "El Sol de México", aclara que la supuesta denuncia de huachicol del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, a la FGR no fue un acto formal. A pesar de que el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó en varias ocasiones que Ojeda le había pedido investigar a personal de la institución, el propio Ojeda desmintió esto. En una comparecencia privada, Ojeda explicó que su encuentro con Gertz fue simplemente una "conversación entre amigos" y que no entregó ningún expediente o prueba, lo que contradice directamente la versión de Gertz.
Esta declaración -dice Roberto-, causó desconcierto en el entonces Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y en el nuevo titular de la Marina, Raymundo Morales, quienes no tenían conocimiento de tal denuncia.
El origen de la investigación
La verdadera investigación sobre el huachicol no provino de una denuncia de Ojeda, sino de una indagatoria interna de la nueva administración de la Marina. Esta investigación, apoyada por su Unidad de Inteligencia Naval y con la colaboración de agencias de EU, se centró en los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como "Los primos", quienes además resultaron ser sobrinos políticos de Ojeda.
El "Expediente Marina" fue entregado a la FGR para solicitar órdenes de aprehensión. La noticia se filtró al periódico Reforma a través de su reportero Abel Barajas, lo que obligó a adelantar la conferencia de prensa para el anuncio de las detenciones. Según Rock, se sospecha que la oficina del fiscal Alfredo Higuera Bernal fue la fuente de la filtración.
Un "golpe de timón" en la Marina
El texto sugiere que la presidenta Claudia Sheinbaum se distanció del grupo de Ojeda al nombrar a Raymundo Morales como el nuevo titular de la Marina, en lugar de a los candidatos propuestos por Ojeda. Morales es descrito como una figura más distante de la red de Ojeda, y su nombramiento es interpretado como un "golpe de timón" para renovar la institución.
Concluye que la decisión de Sheinbaum y la declaración de Morales de que "la ley es para todos" marcan un cambio importante, cuya profundidad aún está por verse.
Enhorabuena, ! Roberto
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El caso Bermúdez y la lista que sacude a la política tabasqueña
El caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ha provocado un terremoto político con la revelación de una lista de 32 supuestos colaboradores. Esta información, difundida en la columna de Mario Maldonado en El Universal, provendría de testigos protegidos, entre ellos Ulises Pinto Madera, alias "El Mamado".
La lista incluye a importantes figuras de la política y el empresariado, vinculadas al actual gobierno y a la administración anterior. Entre los nombres más destacados se encuentran:
Adán Augusto López: Exgobernador de Tabasco y actual coordinador de Morena en el Senado.
Jaime Lastra Bastar: Exfiscal de Tabasco y hoy diputado de Morena.
José Ramiro López Obrador: Hermano del expresidente y actual secretario de Gobierno de Tabasco.
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Se disparó huachicol en gobierno de Adán; REFORMA Pp, nota de Benito Jimenez
Con la llegada de Adán Augusto López como Gobernador de Tabasco en enero del 2019, las tomas clandestinas se dispararon.
Del 2018 al 2019 los piquetes a Pemex aumentaron un 167 por ciento.
En el primer año del Gobierno estatal del ex Secretario de Gobernación con AMLO y actual coordinador de los senadores de Morena, Tabasco se convirtió en un foco rojo para Pemex en el robo de combustibles.
Datos oficiales señalan un incremento sin precedentes en las tomas clandestinas en la entidad, al pasar de 201 piquetes a 536.
El antecesor de Adán Augusto López fue el perredista Arturo Núñez Jiménez.
En 2019, Tabasco contaba con un coctel de agrupaciones criminales, entre ellas, "La Barredora", que mantenía nexos con algunas células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con reportes militares.
"La Barredora" estaba bajo el mando de Hernán Bermúdez Requena, "Comandante H", pero también de Carlos Tomas Díaz, "Tomasín"; Euler Ruvalcaba Colorado, "Comandante Rayo", y Roger Pérez Salazar, "Profe", jefe de plaza en Macuspana, Tacotalpa, Jalapa y Teapa, quien fue plagiado por un comando armado.
Por su parte, Felipe Mollinedo Montiel, "Águila", es jefe de plaza en Huimanguillo, y Eleazar Sierra Chávez, "Comandante Chelo", en Playas del Rosario.
En Tabasco operaron además grupos independientes dedicados al huachicol encabezados por Uriel García Flores, "Pescuezo"; Lucero Naranjo García, "La Patrona"; Tania Libertad Morales, "La Jefa", y Gerardo Ovando Jiménez, "Yayo" y/o "Tigre".
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Adirman que buscaban paz por vacaciones de AMLO
Abel Barajas
Según un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), lo que provocó la renuncia de Hernán Bermúdez Requena a la Secretaría estatal de Seguridad en enero de 2024 fue no poder contener la violencia en Tabasco durante el fin de año que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador pasó algunos días de descanso en la entidad…
El Gobernador Carlos Merino le había encomendado pacificar la entidad y contener la ola violenta desatada desde fines de año por la disputa interna de "La Barredora".
A pesar de que envió a un emisario para negociar con Daniel Hernández Montejo "El Prada", quien había detonado la violencia, y de que luego incluso se reunió con él, a Bermúdez nada le funcionó.
Tabasco vivía quema de vehículos, ataques a comercios, tiroteos e intentos de motín en los penales, desatados luego de que el 22 de diciembre de 2023 agentes estatales intentaron asesinar a "El Prada" y a Carlos Tomás Díaz "Licenciado Tomasín", operadores de "La Barredora" y subordinados de "El Abuelo".
Para nuestra presidenta Lo importante es que Bermúdez está detenido, y porcesado, debería llevar un debido proceso…
Fue muy rara la tardanza para llegar a México, tras salir de Paraguay, hizo una escala en Colombia, posteriormente a Chiapas, luego a Tabasco, luego Campeche y, finalmente, Ciudad de México.
"Lo importante es que está detenido, y casi nadie lo menciona. Están detenidos esta persona y todas las que presuntamente están involucradas en episodios de violencia en Tabasco; tiene que haber un juicio", declaró.
"Lo he dicho aquí varias veces, eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros, a partir de las investigaciones. El propio senador Adán Augusto dijo: 'si me llaman, voy a declarar, no tengo ningún problema'. Es una decisión de la fiscalía", agregó.
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Las columnas políticas hoy, lunes 22 de septiembre de 2025
TEMPLO MAYOR/ REFORMA
SIGUE SIENDO un misterio por qué demoró más de un día el vuelo del ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, desde Paraguay, a Toluca.
EL CAPO DE "LA BARREDORA" fue entregado en Asunción a los agentes de la FGR sobre las 15 horas del miércoles 17 y llegó a Toluca a las 19 horas del día siguiente. Es decir, tardó 28 horas, cuando en el vuelo de ida el mismo avión de la FGR, matrícula XB-NWD, demoró sólo 10 horas.
AL REGRESO la aeronave tuvo un cambio repentino de planes. En lugar de regresar con una escala en Cozumel, como ocurrió en el vuelo de ida, cambió hacia Bogotá. De ahí salió rumbo a Tapachula y en esa ciudad fronteriza permaneció por lo menos ocho horas sin explicación alguna.
LLEGÓ A TOLUCA hasta las siete de la noche del jueves. ¿Por qué tardaron casi el triple en el regreso? ¿Por qué esa escala en Chiapas? ¿Y por qué tanto tiempo estacionados ahí? ¿Fueron sólo problemas de logística? Son preguntas.
EL PRESIDENTE Donald Trump acaba de tomar una de las decisiones más extrañas (y absurdas) de su mandato, la cual curiosamente podría beneficiar a México... siempre y cuando nuestro gobierno se ponga las pilas para aprovechar la oportunidad.
RESULTA QUE el gobierno de Estados Unidos impuso una tarifa de ¡100 mil dólares! para quienes soliciten la visa H-1B, la cual permite la entrada al país a trabajadores calificados, principalmente en los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
LA DECISIÓN TIENE en shock a las empresas norteamericanas, pues les encarece de manera dramática la posibilidad de contratar ingenieros o desarrolladores de software, por ejemplo, formados en el extranjero.
Y AQUÍ ES donde se abriría una gran oportunidad para México, pues habrá en el mercado internacional una sobreoferta de trabajadores STEM, que no podrán irse a trabajar a EU y podrían venirse para acá.
NO ES POR apurar a nadie, pero China ya empezó a moverse para atraer todo ese talento. A ver si a alguien en el gobierno mexicano se le prende el foco.
COMO en arenas movedizas, Sandra Cuevas mientras más se justifica, más se hunde. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc ha tratado de deslindarse de su ex pareja Alejandro Gilmare Mendoza, mejor conocido como "El Choko".
SE TRATA DEL LÍDER de "La Chokiza" un grupo responsabilizado de cometer extorsiones y despojos inmobiliarios en el oriente del Estado de México, tanto así que "El Choko" ya fue detenido y está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
DICE CUEVAS que apenas lo conoció en marzo, cuando hay innumerables evidencias de su vieja amistad. Lo que realmente preocupa es qué tanto se vio afectada su gestión como alcaldesa por las relaciones cercanas con presuntos criminales.
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Estrictamente Personal
Defensa de ¿indefendibles?/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, septiembre 22, 2025 |
Dos narrativas públicas están enfrentándose todos los días: la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que a vuelo de pájaro dice que de todos los funcionarios que señalan en Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico no existen pruebas en México, y la de Washington, que dice todo lo contrario. En sus reuniones privadas con funcionarios estadounidenses, la presidenta ha expresado lo que afirma en público, pero en privado, los emisarios de Donald Trump le han replicado: sí tenemos evidencias.
Sheinbaum no es crédula a todo lo que dicen los enviados estadounidenses, lo que es correcto, pero cada vez la acorralan más. La última presión fue durante la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Palacio Nacional, donde el tema predominante fue la narcopolítica. Rubio le entregó una relación de nombres de políticos y funcionarios de Morena que fueron entregados en México al gobierno estadounidense, que los revisó y verificó sus presuntos lazos con el crimen organizado, acotando el número a 55.
La administración Trump entregó primero una lista de 300 nombres, que además de políticos y funcionarios de Morena, había de otros partidos, así como empresarios, artistas y deportistas. En julio enviaron un mensaje a través de un alto funcionario mexicano que estuvo en pláticas bilaterales en Washington, con una relación de 12 nombres, dos generales –uno en activo–, tres gobernadores, dos miembros del gabinete y uno de los líderes de Morena. La última, de 55 nombres, llevaba el mismo mensaje: que les abran carpetas de investigación y los procesen. Si no lo hace México, ha sido la advertencia sistemática, lo hará el Departamento de Justicia.
En varias reuniones con diversos funcionarios estadounidenses –una buena parte de ellas no se han hecho públicas–, la presidenta ha espetado a sus interlocutores, señalándoles la falta de pruebas. Las respuestas, particularmente en dos casos, el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, por el tema de La Barredora y sus presuntos vínculos criminales en el sur del país –que es la información que afirman tener–, y el de Manuel Bartlett, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a quien quieren que México lo expulse para llevarlo a la justicia por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, atravesaron por momentos álgidos y ríspidos al ser planteados durante diferentes visitas.
La presidenta respondió casi mecánicamente cuando le pidieron que actuara en contra de ellos, que no había pruebas. La respuesta fue tajante: ellos, los estadounidenses, sí las tienen. Su negación, por defensa institucional, por precaución o porque no alcanza a comprender lo que le están diciendo, es metódica. Lo hizo el viernes con la diputada de Morena, exalcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, a quien el Departamento del Tesoro le congeló sus cuentas por estar relacionada con la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa. Lo hizo la víspera con el senador López Hernández. Antes exculpó al exjefe de Oficina de López Obrador, Alfonso Romo, cuando acusaron a su empresa de lavar dinero para el narco, y previamente a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuando le cancelaron la visa.
Sheinbaum suele reconocer en diversos temas que no tiene información de lo que está sucediendo y le están preguntando en la mañanera, y promete que la va a pedir. En algunos casos de narcopolítica, hay nombres que sus colaboradores más confiables le han mencionado por sus presuntos vínculos criminales. No obstante, ha decidido no actuar contra ellos, provocando que las presiones de los estadounidenses en casos específicos, vayan en aumento.
Los últimos nombres que volvieron a surgir en algunas de las conversaciones de funcionarios de ambos países, son los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas y, por primera vez, Evelyn Salgado, de Guerrero. Los dos primeros están imputados en un caso federal en San Antonio, ligados a Sergio Carmona, el empresario que, según sus investigaciones, financió con dinero del huachicol ocho campañas de Morena a gubernaturas en 2021.
La presidenta ha sido ambivalente con los estadounidenses, lo que probablemente a veces los desconcierta. Por ejemplo, durante la reunión con Rubio, el canciller estadounidense volvió a expresar la preocupación de su gobierno por el enorme poder que le han dado a las Fuerzas Armadas en tareas civiles, y que al ser puestas al frente de la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada, se generaban los incentivos suficientes para que se corrompieran. Días después, estalló el escándalo del huachicol administrado por altos mandos de la Marina, y la semana pasada, Sheinbaum insistió en que se mantendrían las Fuerzas Armadas realizando las encomiendas que les dio López Obrador.
No obstante, los estadounidenses siguen respaldándola y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Del resto del gabinete, aunque tengan una relación fluida con sus contrapartes en Washington, la confianza es relativa. Hay dudas, como de manera indirecta expresó Rubio durante su encuentro, de que Sheinbaum tenga la fuerza interna para poder llevar a cabo la depuración de la narcopolítica mexicana, por lo que sus planes unilaterales continúan.
Este fin de semana, dos informaciones inquietantes para la presumida soberanía mexicana fueron filtradas a la prensa estadounidense. The Washington Post reveló que la DEA –a la que Sheinbaum descalificó y dijo que había perdido poder–, ha presionado al presidente Trump para que realice ataques quirúrgicos contra los cárteles mexicanos y su infraestructura criminal, una idea que no fue rechazada por temeraria, sino por las implicaciones legales que tendría. The New York Times reveló, por su parte, que está circulando el borrador de un proyecto de ley preparado por republicanos en el Capitolio, que le daría la autoridad a Trump para matar –literalmente, matar–, a los miembros de los cárteles denominados “terroristas” –seis de ellos mexicanos– y atacar a cualquier país que los albergue.
Los planes de acciones unilaterales contra el crimen organizado no han cesado en Washington y México está en el centro de sus eventuales acciones. Es una nueva presión pública contra Sheinbaum, que está viendo cómo unas de las advertencias que se las han manifestado a lo largo de este semestre, se están concretando.
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Como en tiempos de Las Poquianchis/Héctor De Mauleón
El Universal, | 22/09/2025 |
Las Poquianchis. El tétrico sobrenombre de las hermanas Delfina y María de Jesús González Valenzuela inquietaba desde los puestos de periódico del país entero. Lo acompañaban macabras fotografías de cadáveres exhumados en una casa de San Francisco del Rincón y en los terregales de un rancho cercano, conocido como San Ángel.
En febrero de 1964, la revista Alarma!, que no había cumplido aún un año de vida y dio la cobertura más exagerada e inescrupulosa del caso, pasó de tirar 100 mil ejemplares a 333 mil: en poco tiempo gozaba ya de una circulación garantizada de 950 mil ejemplares.
Las notas del reportero Jesús Sánchez Hermosillo, enviado a San Francisco del Rincón por el director de Alarma!, Carlos Samayoa, provocaban entre los lectores una sensación de morbo que solo pocas veces se había visto en la prensa mexicana: “Jamás la ley había conocido la perversidad humana en su grado más bajo y canalla”, “Las hermanas del diablo”, “Pocos casos tan espeluznantes como este. Pocos tan despreciables y merecedores del más enérgico de los castigos”. “¡Se pide que se les queme en leña verde!”.
Sánchez Hermosillo hablaba del descubrimiento de cientos de cadáveres de mujeres y de niños enterrados en el burdel que regenteaban Las Poquianchis; de cuerpos quemados con gasolina y mujeres asesinadas a golpes: una sucesión de engaños, abusos, explotaciones, encierros forzosos, hambres, castigos y tormentos a los que un grupo de prostitutas habían sido sometidas por Las Poquianchis.
María de Jesús González relató desde la cárcel que el sobrenombre se le había quedado desde que en 1949 alquiló una casa “que antes estaba regenteada por un joto que le decían el Poquianchis”. Durante más de 25 años ella y su hermana Delfina manejaron burdeles en Guanajuato y Jalisco bajo la protección de autoridades municipales, alcaldes, secretarios, oficiales mayores, funcionarios de salud, comandantes y policías judiciales, que además de mordidas y pagos mensuales gozaban de los servicios en forma gratuita. En todos esos años ninguna de las pupilas de Las Poquianchis se quejó de los delitos de que estas fueron acusadas más tarde.
A principios de 1964 “tres madres angustiadas llegaron a mi comandancia para solicitarme ayuda. Estaban desesperadas por encontrar a sus hijas perdidas”, le dijo después el comandante Miguel Ángel Mota a la periodista Elisa Robledo.
Desde hacía dos años se había prohibido el ejercicio de la prostitución en Guanajuato. Las González se refugiaron en Jalisco, pero un hecho de sangre provocó el cierre del burdel que regenteaban. Con más de 30 muchachas, decidieron encerrarse de manera clandestina en San Francisco del Rincón, donde estaba uno de los prostíbulos que las autoridades les habían clausurado. El plan era esperar a que se diera el cambio de autoridades estatales, para llegar a un nuevo arreglo.
Vivieron escondidas durante más de ocho meses, bajo la vigilancia del capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado, apodado El Águila Negra, hasta que su antiguo cliente, el comandante Mota, las “descubrió”. Para entonces solo quedaban 15 mujeres. Las demás habían escapado, habían sido asesinadas o habían muerto por enfermedades provocadas por la desnutrición.
El relato de las vejaciones que habían sufrido, llevado al límite de la exageración por las notas de Jesús Sánchez Hermosillo, que hablaban de cientos de mujeres, de fetos y de niños enterrados en las propiedades de Las Poquianchis, enardecieron a México.
El expediente era, sin embargo, una escandalosa colección de contradicciones que Elisa Robledo reunió en un libro que todavía en 1980 vendió decenas de miles de ejemplares: “Yo, La Poquianchis: Por Dios que así fue”.
Guadalupe Moreno, una mujer que confesó que ella misma había quemado un cuerpo con gasolina, dijo después que los judiciales le habían aconsejado “que les echara lo más posible a las hermanas para que nosotras quedáramos limpias”. Dijo que había presentado una caja con los huesos que le daban al perro como si fueran de niños muertos. “No me consta que mataran a algún niño en los 23 años que trabajé con ellas”, dijo. Por el contrario, aclaró que todas las mujeres se pusieron de acuerdo “para hablar en contra, porque además teníamos miedo de los judiciales”.
Según Moreno, una de las mujeres había enfermado por tener contacto sexual con un perro. “Le empezó a dar una diarrea muy fuerte… Moribunda, su hermana (Adela Mancilla) la acabó de rematar… Cuatro compañeras la enterraron”. Flor, otra de las jóvenes —dijo Moreno— murió por un susto y “por la dieta de puros frijoles en agua sin sal” que les daban. Como no pudieron bajar su cuerpo por una escalera de madera “de puros palitos”, optaron “mejor por aventarla”. Una tercera “murió de flaca”.
Adela Mancilla dijo que Delfina la había obligado a matar a su hermana por cohabitar con un perro, así que ella la golpeó con un palo. Dijo que vio al chofer Enrique Rodríguez llevarse dos muertas envueltas en sábanas para tirarlas en la carretera y dijo que a Santa, otra de las pupilas, la mataron y la quemaron. Habló de 9 mujeres muertas.
El defensor de oficio de las González dijo que nunca se halló cadáver alguno, y que sus clientas fueron acusadas sin que esos cuerpos aparecieran. El inspector de policía Carlos Hidalgo recordó que “se encontraron unos huesos que al analizarlos resultaron ser de animales”, y que se localizó un solo cadáver “al que se le hizo la autopsia”.
Las mujeres rescatadas hablaron de 12 muertas. Los choferes y ayudantes de las hermanas aceptaron que habían ido a tirar entre dos y cuatro cuerpos en la carretera y uno de ello dijo que había inventado que echó otro más por miedo a que le hicieran algo.
Según un análisis del expediente que en 1980 Elisa Robledo mandó hacer con un penalista experto, se presentó la fotografía de una misma mujer y con esta se “identificó” a dos de las muertas.
Las mujeres declararon que una de las víctimas había muerto por golpes. La autopsia reveló que por desnutrición. Unas dijeron que a otra de las víctimas la habían quemado viva, y otras que Delfina le había puesto veneno en la cocacola. Unas hablaron con ánimo de perjudicar a Las Poquianchis. Otras, por miedo a que las fueran a perjudicar a ellas.
Las autoridades dieron por bueno todo y se negaron a investigar a quienes desde el poder habían dado protección durante años a las hermanas. Para no afectar a algún “influyente”, tampoco se llamó a declarar a los habituales del burdel, por más que las hermanas lo solicitaron. María de Jesús recordó que un cura y un sacristán figuraban entre los asiduos. Las hermanas fueron condenadas a 40 años.
Luisa González, una hermana de Delfina y María de Jesús que no había tenido nada que ver con el negocio de estas, se presentó a declarar porque la habían amenazado y tenía miedo de que la lincharan. La condenaron a 27 años y murió en la cárcel, completamente loca.
Delfina falleció en 1970. A las puertas de su celda, una cubeta llena de cemento le cayó en la cabeza. Según María de Jesús, antes de morir le contó “la verdad”: que solo hubo dos muertas: una que se hinchó, se abotagó, murió de madrugada y se les zafó cuando quisieron bajarla por la escalera de madera (“miedosas de que la policía no creyera la verdad… decidimos no sacar certificado médico y la enterramos”) y otra que tenía una enfermedad venérea “y para colmo tenía contacto con el perro”, a la que su hermana Adela “le apachurró el pescuezo porque se quejaba mucho”.
Lo que siguió fue como un diálogo de Jorge Ibargüengoita.
—¿Por qué no lo dijiste todo a tiempo? –le preguntó María de Jesús.
Delfina respondió:
—¡Ay!, hermanita, si lo pendejo no se estudia.
Han pasado 61 años. Pero en general, el caso de Las Poquianchis, revivido ahora en la exitosa y bien lograda serie de Luis Estrada, demuestra que no ha pasado tanto: que en 2025 la corrupción y la manera de impartir justicia en México siguen siendo en iguales, exactamente iguales, que cuando la revista Alarma! se ocupó por vez primera de las tétricas Poquianchis.
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Aguilar y Vidulfo, la nueva justicia en México/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior,
Vidulfo Rosales, flamante secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, con un salario de 118 mil pesos mensuales (uno de los mejores en el nuevo Poder Judicial) comenzó su gestión mintiendo.
Cuando hace un mes dejó botados a los familiares de Ayotzinapa, dijo que renunciaba por razones “personales y de salud”, aunque ya había sido visto, incluso salía en una foto con los colaboradores de los nuevos ministros y había trascendido que trabajaría con Aguilar como su asesor.
Entrevistado negó que se fuera a integrar al equipo de Aguilar. Pero desde el día uno estuvo trabajando con el nuevo ministro presidente y ahora se sabe que no será simplemente asesor, como se dijo originalmente, sino que tiene ya una de las posiciones más cercanas al mismo, donde se definen en realidad muchas de las decisiones que toman los ministros.
Vidulfo no parece tener ni la formación ni el perfil mínimo para ocupar esa posición. Lo suyo es otra cosa, es la política en sus vertientes más radicales. Como ya hemos relatado aquí, ha estado relacionado con el ERPI y participó en organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y otros grupos de Tlacoapa, muchos de ellos con un pie en los movimientos armados y otro en el crimen organizado.
Es un viejo enemigo de las Fuerzas Armadas y sobre todo del Ejército, ha mentido constante y conscientemente en la interminable investigación del caso Ayotzinapa y ha manipulado a los familiares y a las autoridades que se lo han permitido.
La acusación que construyeron el entonces subsecretario Alejandro Encinas, el fiscal especial Omar Gómez Trejo y Vidulfo Rosales, como asesor de los padres de Ayotzinapa, estuvo basada en los testimonios de sicarios de Guerreros Unidos que participaron en el secuestro y asesinato de los jóvenes, y que se convirtieron en testigos protegidos a partir de 2020, muchos años después de haber sido detenidos y de haber confesado sus crímenes, a cambio de su libertad. Construyeron una acusación falsa en forma consciente y utilizando a criminales a los que les dieron la libertad. Y en el camino manipularon al entonces presidente López Obrador.
Todas esas declaraciones eran inverosímiles, no estaban sustentadas en pruebas y, eran contradictorias con las declaraciones originales que los nuevos “testigos protegidos” habían proporcionado durante años, ya que algunos de estos sicarios reconvertidos en testigos tuvieron que brindar hasta 11 declaraciones distintas para poder ajustar sus dichos a lo que quería la fiscalía especial e impulsaba Vidulfo.
Todo en vano, porque no tenían una sola prueba. Pero fue suficiente para que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se encarcelara durante largos meses a varios militares, al tiempo que los sicarios quedaban en libertad, construyendo una narrativa que se cayó por su propio peso, por su falta absoluta de congruencia.
Hay una historia que sirve muy bien como referencia para entender cómo entiende la justicia el flamante secretario de Estudio y Cuenta de Hugo Aguilar. Vidulfo fue terminante en la oposición a que se otorgara la Medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, un ingeniero de Chilpancingo que salvó la vida de muchos ofreciendo la propia, cuando los jóvenes de Ayotzinapa incendiaron el 12 de diciembre de 2011, mucho antes de los hechos de Iguala, la gasolinera donde trabajaba. Hubieran podido morir decenas de personas si hubieran estallado los tanques de esa gasolinera que guardaban 100 mil litros de combustible. Gonzalo Rivas dio su vida para evitarlo.
Vidulfo no quería que le otorgaran la Belisario Domínguez a Rivas porque eso, decía, sería “criminalizar” a los jóvenes de Ayotzinapa. Es el mismo argumento que ha usado cuando se denuncia la relación de los líderes de esos jóvenes y directivos de la normal con grupos armados y criminales. No se trata de criminalizar a las víctimas, sino de denunciar a los victimarios. Y en la Normal de Ayotzinapa había y hay de los dos: víctimas y victimarios. La justicia, así lo entiende, debe ser selectiva.
Nada tiene que hacer Vidulfo en la SCJN. Decíamos en agosto pasado que uno no dejaba de asombrarse con la configuración de la nueva Corte: el ministro presidente Aguilar, orgulloso de su añeja relación con el zapatismo, su secretario de Estudio y Cuenta, Vidulfo Rosales, con estrechos lazos con el ERPI y ambos enemigos declarados de las Fuerzas Armadas. El nuevo Poder Judicial.
MOVIMIENTOS
Me dio mucho gusto participar la semana pasada en el relanzamiento de ADN, donde también trabajo, dejando atrás dos etapas clave de ese canal de noticias: primero como Proyecto 40, con la dirección de Luis Armando Melgar, y años después, ya con la dirección de Luciano Pascoe convertido en ADN40, y ahora en ADN Noticias. Me complació especialmente que ese día se le otorgara un reconocimiento por trayectoria a dos queridísimos y muy talentosos colegas y amigos, Mónica Garza y Joaquín López-Dóriga. Fue una gran noche, con amigos de muchos años, de distintos medios y con la mira puesta en el futuro.
También me dio gusto que se concretara la llegada de Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera como el nuevo director general de Femsa, donde honrará la notable labor que han realizado en esa empresa su padre, su abuelo y su bisabuelo. Éxito.
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365 días
“México marcará un hito en Madrid”/Ciro Gómez Leyva
Excelsior,
Fuera de los gruñidos con la corona por la Conquista y derivaciones, la relación del gobierno mexicano con España tiende a ser cada vez mejor. Un nuevo botón de muestra.
Mañana estará en Madrid la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, para realzar desde ahora el papel de México como país invitado de la Fitur 2026, a celebrarse en enero en la capital española, huésped permanente.
La Fitur, me entero, es la segunda feria mundial en el ramo. Nuestra secretaria se presentará así: “Madrid se vestirá con los colores, sonidos y sabores de México”. Anunciará que el Pabellón de México “marcará un hito al convertirse en el más grande de la historia de nuestro país, con una superficie de casi dos mil metros cuadrados, en donde estarán representados los 32 estados”. Prevé una delegación de 800 personas, entre empresarios y representantes estatales, “la más numerosa hasta la fecha”.
La meta, dirá Josefina, “es superar los resultados alcanzados en la edición de 2025, que reunió en Madrid a 250 mil visitantes, de los cuales 155 mil fueron profesionales de 156 países”. Lo escribí aquí hace unos meses, lo repito hoy: algo están haciendo bien el gobierno y la embajada de México en la relación con España.
Algo efectivo, armónico, con admiración por el pasado y con sentido de futuro. Aquí los quieren.
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Pipa, tragedia y Gobierno de CdMx/Carlos Marín
Con mi sincero, consternado pésame a los familiares y amigos de la periodista Débora Estrella
Pipazo
La explosión de la pipa con saldo superior a un centenar de víctimas entre muertos y heridos destapa la incapacidad gubernamental para precisar las causas y prestar auxilio.
Apenas ocurrió la tragedia, el oficialismo perfiló un falso “exceso de velocidad” como razón, lo que avaló después la fiscal Bertha Alcalde:
“El vehículo, efectivamente, iba a exceso de velocidad, de acuerdo con el carril por el cual circulaba”, dijo.
En vez de un peritaje científico, la afirmación parece basada en que el camión cisterna iba en el ilusorio carril “de alta velocidad”, donde rodaba en realidad al mismo paso lento el par de autos que le precedían y sin signos de imprudencia, como lo revelaron Canal 6 y MILENIO Televisión de Grupo Multimedios.
La narrativa del “exceso” se antoja maniobra para desviar la atención en las responsabilidades.
¿Qué confianza merecen los peritos de la Fiscalía capitalina?
La funcionaria dijo también que la investigación y la causa penal por homicidio culposo, lesiones y daños culposos continúan “más allá del fallecimiento del conductor” (Fernando Soto Munguía), pues el objetivo es “establecer con claridad” lo que sucedió, pero hasta hoy la causa del siniestro es turbia.
Gobierno
Y luego un anuncio preocupante: la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de un “comité de solidaridad” para las víctimas, integrado por la ONU, la UNAM, la Cruz Roja, “la sociedad civil” y su área de “Bienestar”, aunque un fondo de caridad no suple el deber elemental del gobierno de responder con recursos propios a una catástrofe en su territorio. No se trata de recurrir a la filantropía, sino de actuar con responsabilidad institucional.
Pero desde el arranque de su gestión, Andrés Manuel López Obrador extinguió el Fondo Nacional para Desastres Naturales, y en CdMx lo más “natural” es el deplorable estado de calles y avenidas, así como los habituales congestionamientos vehiculares.
¿Por qué la administración de Brugada no tiene una reserva de recursos etiquetados y verificables para atender emergencias?
En lugar de activar un mecanismo de Estado se apela a la “solidaridad social” con respetables supervisores que no se tuvieron cuando pegó el huracán Otis u otras desgracias multitudinarias.
La nobleza de la solidaridad pública es incuestionable. Lo reprobable es que un gobierno se refugie en esa fórmula para enfrentar sus obligaciones y no tenga presupuestado un fondo para contingencias.
Como ha ocurrido ya en tantas otras incontables ocasiones, lo previsible es que el “fondo supervisado” se vuelva un embrollo y que difícilmente se sepa qué destino tenga cada peso donado.
Las familias afectadas por la explosión requieren de respuestas y justicia de un gobierno que en lugar de mentir sobre la velocidad de la pipa les cumpla con los recursos de todos los contribuyentes o se endeude, y no con la buena voluntad de los particulares...
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Jefe policiaco ¡de cuatro estrellas!/ Óscar Cedillo
Milenio.
Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana a Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez presumió resultados en materia de seguridad; aunque el peculiar modo de operar de las policías en su territorio sigue causando escozor en las instancias federales, principalmente en las fuerzas armadas.
Con un amplio despliegue comunicacional de la reestructura de los cuerpos de seguridad y del ostentoso equipo adquirido para su desempeño (tales como un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk y embarcaciones marítimas tipo Monster) ha tomado protagonismo la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, unidad policiaca de élite para combatir el crimen organizado.
En la Sedena y la Semar no se explican cómo de la noche a la mañana se creó una fuerza de reacción especial sin el entrenamiento adecuado. Ni cómo es que la adquisición de los vehículos de tipo militar se anunció apenas hace un par de meses, cuando un helicóptero similar surcaba los cielos chiapanecos desde finales del año pasado.
Si bien la Fuerza Pakal ha logrado reducir los niveles de violencia en el estado, también ha causado a la Federación graves problemas; el más sonado, cuando sus efectivos cruzaron la frontera con Guatemala para combatir a un grupo de delincuentes. Más allá de la intención positiva, tuvo el potencial para generar un conflicto de talla internacional.
Palabras clave
La más reciente ocurrencia del secretario de Seguridad de Chiapas, el piloto aviador Óscar Aparicio Avendaño, es aparecer en sus videos oficiales con una gorra policiaca de cuatro estrellas; se trata de un insignia que solo puede ser utilizada por los titulares de la Defensa Nacional y de la Marina. Ni siquiera Arturo El Negro Durazo (el tristemente célebre jefe policiaco del Distrito Federal en el sexenio 1976-1982) osó algo así, cuando José López Portillo lo hizo de un plumazo “general de División”; usaba “respetuosamente” las tres estrellas “correspondientes”.
El atrevimiento ya se ve en el centro del país como una ofensa. En este contexto —y tras el incidente del líder de La Barredora, Hernán Bermúdez Requena— hay preocupación respecto al cuidado en el perfil, la conducta y la legitimidad de los jefes de la policía de los estados. Cualquier exceso o desviación está minando la confianza institucional y está encendiendo alertas —más rojas que amarillas— en el ámbito federal.
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La lista de amigos y cercanos a Hernán Bermúdez/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL| 22/09/2025 |
La captura y entrega de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, está comenzando a sacudir la política tabasqueña y más allá. Lo que comenzó como un expediente criminal por delincuencia organizada, extorsión y robo de hidrocarburos, se está convirtiendo en un terremoto político tras la circulación de una lista con 32 nombres que se atribuye a testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR).
El retorno de Bermúdez desde Paraguay, tras más de 30 horas de trayecto y un proceso de expulsión exprés, coincidió con las revelaciones sobre Ulises Pinto Madera, “El Mamado”, operador cercano que negoció un criterio de oportunidad y se convirtió en pieza clave para armar la narrativa judicial que lo describe como líder de La Barredora, el grupo señalado por operar redes de huachicol y extorsión en el sureste del país.
La lista que circula es amplia y lo mismo incluye al exgobernador y actual coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, al exfiscal y hoy diputado de Morena, Jaime Lastra Bastar, al hermano del expresidente López Obrador, quien hoy funge como secretario de Gobierno de Javier May, José Ramiro López Obrador, y a notarios como Manuel Pinto, Gonzalo Humberto Medina Pérez Nieto y Jesús Antonio Piña Gutiérrez; y a empresarios como Hugo Villaseñor y Miguel Cantón Zetina, director de Tabasco Hoy. En total, 32 personajes que, según el documento, habrían sido mencionados por testigos.
Medios como EL UNIVERSAL y Latinus confirman la existencia de un expediente de hasta 500 páginas con testimonios de colaboradores y operadores, así como los vínculos políticos y económicos de Bermúdez. La presidenta Claudia Sheinbaum intentó cortar, infructuosamente, las especulaciones el viernes pasado. “Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto y es falso que en las investigaciones estén los nombres de los hijos del expresidente López Obrador”, dijo, con lo que dejó en manos de la Fiscalía la definición de responsabilidades.
Lo cierto es que varios de los nombres de esa lista de 32 personas han aparecido antes en investigaciones periodísticas sobre el entramado tabasqueño. Es el caso de Enrique Priego Oropeza, presidente del Tribunal Superior de Justicia, o Luis Romeo Gurría, exsecretario de Finanzas. Otros, como Yolanda Osuna Huerta, alcaldesa de Centro, aparecen en la lista aunque no han sido mencionados en una carpeta judicial.
A estas conexiones se suma un hallazgo que documenta el peso económico de la familia Gutiérrez León, relacionada con Altor Casa de Bolsa. Luis Arcadio Gutiérrez León, actual secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, designado por Adán Augusto en 2019, es hermano de Gustavo Matías Gutiérrez León, principal accionista de la firma financiera. Un reportaje de EL CEO detalló cómo el grupo diversificó negocios en hotelería, automotriz e inmobiliario con respaldo político al más alto nivel. El nombre de Luis Arcadio también aparece en la lista de los 32.
Mientras tanto, la FGR sostiene que los delitos atribuidos a Bermúdez podrían acumular más de un siglo de cárcel. La Fiscalía de Tabasco ya lo vinculó a proceso y en próximas audiencias se sabrá si los dichos de los testigos se sostienen con pruebas documentales y financieras.
Para el gobierno de la 4T, el riesgo está la vista y el escándalo puede escalar a niveles insostenibles y golpear a las más altas esferas de Morena.
Por ahora, Bermúdez está preso y la FGR ha hecho del caso un emblema contra la corrupción enquistada en las policías estatales. La presidenta Sheinbaum asegura que irán hasta el fondo en este y en otros casos de corrupción.
El martes próximo se definirá la situación jurídica de Bermúdez Requena, según la Fiscalía de Tabasco. En esa fecha se reanuda la audiencia inicial donde el juez determinará si se le vincula a proceso como líder de La Barredora. De resultar culpable, podría enfrentar hasta 158 años de prisión por delitos que incluyen secuestro, asociación delictuosa y extorsión.
Posdata 1
En plena tormenta política, tras la captura de Hernán Bermúdez, los amparos “fantasma” de los hijos del presidente López Obrador y la apuesta por aniquilar esa figura legal en el Senado, apareció una vez más Ricardo Salinas Pliego y su conglomerado.
El tema ahora es TV Azteca y la negociación con bonistas en Estados Unidos. En la mañanera de Claudia Sheinbaum se abordó el caso de forma errónea, según expuso la empresa, además de intentar ligarlo al litigio fiscal con el SAT, que nada tiene que ver.
La empresa puntualizó que, como ha sido desde el inicio de este proceso, sigue abierta a negociar una reorganización justa de su deuda. Expuso que ya ha puesto sobre la mesa una propuesta de pago, pero ciertos acreedores —fondos buitre— se levantaron de la mesa, rechazaron cualquier salida razonable y prefirieron la estridencia mediática.
Lo más llamativo vino de la propia presidenta de la República, quien sugirió que el caso tendría que revisarlo la Secretaría de Economía por tratarse de un tema del TMEC. El asunto es que a esos fondos buitre no les aplican los beneficios del tratado, como aclaró la empresa. Y añadió que ha sido el mismo gobierno, a través de la SE, el que ha reiterado que no tiene jurisdicción sobre este asunto, al tratarse de una negociación privada bajo tribunales estadounidenses.
El punto central está en quiénes son los acreedores: fondos buitre como Contrarian y Cyrus, actores conocidos en América Latina por litigar hasta el cansancio y sacar retornos desproporcionados. Han bloqueado restructuras soberanas en Argentina y Ecuador; Contrarian, además, es parte del grupo que busca quedarse con Citgo, la joya refinadora venezolana en Estados Unidos. Su modus operandi es el de comprar deuda en crisis, torpedear cualquier salida negociada y judicializar el caso hasta exprimir a empresas o países enteros.
No se trata de víctimas inocentes, sino de depredadores financieros que vieron en TV Azteca una oportunidad más para engordar su portafolio. Lo contradictorio es que el gobierno parece darles aire con declaraciones que los elevan a la categoría de socios comerciales bajo el TMEC, cuando en realidad son litigantes especializados en sacar ventaja de vacíos legales.
Posdata 2
A menos de un año del Mundial de Futbol 2026, en el que México será una de las tres sedes junto con Estados Unidos y Canadá, y a siete meses del fracaso de la inyección de mil 300 millones de dólares del grupo estadounidense Apollo Global Management a la Liga MX, se renueva el interés de fondos de inversión por los equipos mexicanos. Lo advertí en esta columna hace unas semanas: el tablero de negocios del futbol vive un reacomodo sin precedentes.
El 11 de julio la firma estadounidense Innovatio Capital adquirió por 120 millones de dólares el Club Querétaro. La Federación Mexicana de Futbol (FMF), al mando de Mikel Arriola, avaló la operación, destacando que cumplió con todos los requisitos regulatorios. El comprador fue un fondo encabezado por Marc Spiegel, junto con socios mexicanos, estadounidenses y europeos, que negociaron la transacción con Grupo Caliente, de la familia Hank. La operación no sólo eliminó el dilema de la multipropiedad, pues Caliente controlaba también a Xolos de Tijuana, sino que cerró un capítulo marcado por las sanciones al Querétaro tras la violencia en el estadio en 2022.
Pocos días después, Grupo Orlegi anunció la venta del Atlas, un movimiento que también responde a las exigencias de la Liga MX y la FIFA para erradicar la multipropiedad. El grupo de Alejandro Irarragorri —investigado por la FGR por una presunta defraudación fiscal de 17 millones de pesos— contrató al banco Moelis y a los despachos Weil, Gotshal & Manges y ADS para garantizar transparencia. La operación podría alcanzar 200 millones de dólares, tomando como referencia la venta de Querétaro y considerando activos como su estadio, academia y títulos recientes. Entre los interesados se encuentran exfutbolistas y artistas, lo que abre la puerta a una transacción mediática y financiera de gran escala.
Este domingo, el Financial Times recogió esta dinámica y subrayó el apetito internacional que despierta la Liga MX. Destacó la entrada de capital texano en Juárez, de inversionistas de Hollywood y del deporte en Necaxa, y de capital español en Atlético San Luis. La periodista Christine Murray entrevistó a Mikel Arriola, quien confirmó que el Mundial acelerará aún más el interés, y que con Apollo Global Management se sigue buscando un acuerdo, aunque con condiciones distintas y más favorables para los 18 clubes.
El atractivo para los inversionistas internacionales no es menor. La industria del futbol mexicano está valuada en unos 3 mil millones de dólares al año, con el plus de los partidos jugados en Estados Unidos, donde la afición supera los 40 millones de personas. Allí radica la verdadera joya para los fondos extranjeros. Apollo ofrecía mil 300 millones de dólares a cambio de centralizar derechos de TV, publicidad y boletaje, además de eliminar ascenso/descenso y multipropiedad, quedándose con entre 10% y 20% de los ingresos por cinco décadas. Fue rechazado en diciembre pasado por ocho clubes grandes, lo que derivó en la salida de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez de la FMF y en la creación de un comité para reactivar las negociaciones. Ya veremos cuánto tiempo tardan Arriola y su grupo en lograr la hazaña.
Posdata 3
Televisa renovó sus instalaciones en Acapulco. La inauguración y corte de listón fue encabezada por Emilio Azcárraga Jean el pasado viernes, acompañado de René Posselt Aguirre, director General de Comunicación Social del Estado de Guerrero, quien asistió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado.
“Televisa es fundamental para que Acapulco Brille”, dijo Posselt Aguirre, quien resaltó el apoyo que la televisora dio al puerto después de los huracanes Otis y John, pues a nivel nacional e internacional han permitido que su audiencia vea que el Puerto y el estado están de pie, al transmitir las galas de pirotecnia de fin de año, así como mostrar imágenes de las playas y el avance que se ha tenido en la recuperación de la infraestructura turística.
Por su parte, Emilio Azcárraga señaló que Acapulco tiene un gran potencial y futuro, por lo que los empresarios deben regresar a ver a este destino como un lugar de inversión y recuperación.
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México, la novia deseada del TMEC/Salvador García Soto
El Universal, | 22/09/2025 |;
La reciente visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a México, dista mucho de ser solo un acercamiento diplomático o político. Parece que en su necesidad de enfrentar y moderar al presidente Donald Trump, en su agresiva política contra los canadienses, el señor Carney entendió aquello de que “la unión hace la fuerza” y, tras el impasse en las relaciones entre Ottawa y Palacio Nacional —provocada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nunca pudo tener una buena relación con el gobierno del exministro Justin Trudeau— el gobernante canadiense vino hasta el Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y plantear una posible alianza estratégica entre los dos países, con miras a enfrentar la próxima renegociación del TMEC con el gobierno de Donald Trump.
Fue la primera visita de Mark Carney a México, desde que asumió la primera magistratura de Canadá, y es muy significativo que haya sido él quien pidió el encuentro con la presidenta mexicana y se haya trasladado hasta el Palacio Nacional para tener un encuentro privado con la doctora Claudia Sheinbaum, en la única actividad oficial que programó durante esta visita. Está más que claro que, tras sus choques y desencuentros con Donald Trump, Carney está viendo al gobierno mexicano como un aliado estratégico con el que puede fortalecer su posición frente a Washington, algo que también le conviene a México, en el marco de la inminente revisión del tratado comercial entre los tres países.
Tampoco es casualidad que tras la conversación privada que sostuvo con Sheinbaum y la conferencia de prensa conjunta en la que los dos hablaron de un replanteamiento de la relación bilateral, con miras a mejorar el intercambio comercial e impulsar estrategias conjuntas contra la droga del fentanilo, el primer ministro haya salido ayer a las redes sociales de su país con un video en el que habla de la integración económica con México y del fortalecimiento de la industria de su país, gracias al intercambio comercial con los mexicanos. En la imagen aparece Carney junto a su canciller, Anita Anand, y su ministro de Relaciones Comerciales entre Canadá y México, Dominic LeBlanc, compartiendo un pan de muerto con sus colaboradores, mientras menciona que la harina con la que se hizo el pan mexicano proviene de una de las provincias de Canadá.
“El buen trigo de Manitoba ha recorrido un largo camino a través de todo México para convertirse en esos panes que acabo de comer. Desde una granja en Manitoba hasta una panadería en Ciudad de México. Nuestras relaciones comerciales se traducen en más negocios para los canadienses. Nos centramos en fortalecer y diversificar dichas alianzas para que nuestras industrias, trabajadores y agricultores puedan abastecer a una mayor parte del mundo con producto”, dice Carney mirando a la cámara.
La apuesta del primer ministro canadiense claramente es a fortalecer su relación con México y con la presidenta Sheinbaum con intenciones de generar un contrapeso entre dos de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y evitar así, en la medida de lo posible, ser arrollados por las políticas arancelarias y las intenciones avasallantes de Trump para modificar a su antojo, y acorde sólo a los intereses de Estados Unidos, el tratado trilateral de comercio.
En el 2024 el comercio bilateral entre México y Canadá superó los 56 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de la firma Global Affairs, con un crecimiento del 4.7% con respecto al volumen comerciando en 2023. El incremento se atribuye al aumento del 7.4% en las importaciones mexicanas a Canadá y una disminución del 7.2% de las exportaciones canadienses a México. Los sectores automotriz y agropecuario son los que más exportan desde México a Canadá, mientras que México importa semillas de canola, trigo, carne y vehículos desde el país de la hoja de Maple.
En su visita de la semana pasada a Palacio Nacional, el primer ministro de Canadá vino acompañado, además de su gabinete económico y diplomático, de empresarios canadienses importantes como Keith Creel, presidente y director ejecutivo de CPKC; François Poirier, director ejecutivo de TC Energy; Scott Thomson, presidente y director ejecutivo de Scotiabank; así como Nancy Southern, presidenta y directora ejecutiva de ATCO, empresa de energía, construcción y defensa con sede en Calgary.
Y tras el encuentro con la mandataria mexicana, los dos presidentes dieron a conocer el comunicado conjunto en el que ambos gobiernos “reiteran su compromiso compartido con los mercados abiertos y predecibles, México y Canadá se comprometen a colaborar bilateralmente, y con Estados Unidos, para proteger y fomentar la sólida base de su integración económica, la cooperación regulatoria y fortalecer los vínculos de las cadenas de suministro mutuamente beneficiosas, con miras a seguir consolidando a América del Norte como la región más competitiva del mundo", dice el documento oficial.
Así que, en medio de las presiones, amenazas y caprichos con los que Donald Trump ha manejado sus relaciones tanto con México como con Canadá, siendo incluso más duro y despectivo con los canadienses, la potencia comercial de Norteamérica ha entrado en un duelo de estrategias, acercamientos, compromisos y negociaciones, en los que tanto Palacio Nacional como Ottawa necesitan equilibrar, hasta donde puedan, su relación con Washington para evitar ser avasallados y sometidos por los designios proteccionistas del actual gobierno estadunidense.
Lo que falta saber es cómo toman en la Casa Blanca el reencuentro entre México y Canadá y si el intento de alianza entre dos de los integrantes del TMEC no incomoda o molesta al imprevisible gobierno de Trump, y que tanto avanzan en su intención de aliarse Sheinbaum y Carney o que tanto las presiones de Washington buscan debilitar este acercamiento. Por lo pronto está claro que México vuelve a convertirse en un aliado necesario para Canadá, pero al mismo tiempo vinculado estrechamente con la economía de los Estados Unidos.
NOTAS INDISCRETAS… Muy beligerante se escuchó la presidenta en su "informe regional" de ayer en Cancún. Disparando verbalmente contra sus opositores, la mandataria dijo que "el conservadurismo no soporta que México sea el país más democrático del mundo" y para sostener tan temeraria afirmación, la doctora mencionó que los mexicanos eligen a su presidente, a sus legisladores y ahora también a su Poder Judicial. Y aunque el tono belicoso de la presidenta era celebrado a gritos por la entusiasta gobernadora verde Mara Lezama, convertida en porrista presidencial, la realidad es que la democracia mexicana está muy lejos de ser la primera en el mundo. Más bien es evidente su debilitamiento que puso en marcha López Obrador y ahora ella continúa con sus reformas autoritarias que limitan o de plano anulan derechos de los mexicanos, como el del amparo, la transparencia, y hasta el sometimiento de los órganos electorales como el INE y el Tribunal Electoral, que plantea la reforma política que preparan los morenistas solos y sin tomar en cuenta a las minorías opositoras ni a la sociedad civil a los profesionales electorales. La presidenta debe saber que la democracia no se agota en el ejercicio del voto ciudadano y que también es antidemocrático no dialogar ni tomar en cuenta a las oposiciones y tampoco atender los reclamos ciudadanos por la violencia, la inseguridad y el pésimo servicio y atención de un sistema de salud sin recursos y en crisis. Así que pregonar la democracia solo como discurso y no como práctica y acción de gobierno es mera demagogia... Los dados mandan una doble escalera. Se viene buena la semana.
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Marina: expediente prohibido/Jorge Triana
EL UNIVERSAL,
Se ha cruzado un umbral peligrosísimo: la filtración de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, aquella que documenta la operación de lo que quizá sea la red criminal y de complicidades políticas más grande en la historia del país, vinculada al huachicol fiscal, a la Marina y, en general, al gobierno de López Obrador. Que un caso de esta magnitud —con nexos en las Fuerzas Armadas, las aduanas y hasta con cárteles de la droga— quede expuesto, refleja la extraordinaria vulnerabilidad institucional que enfrentamos como país.
El expediente filtrado a medios de comunicación —512 fojas— detalla lo que la propia Fiscalía y el gobierno ya habían admitido de manera general: que la Marina se convirtió en epicentro de una red criminal que facilitaba el contrabando de combustibles, encabezada por los sobrinos del almirante Ojeda, exsecretario de Marina en el sexenio pasado. Gracias a la filtración, información que debía guardarse en estricta confidencialidad aparece respaldada con documentos, testimonios y nombres.
La ley es clara: el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la reserva de las investigaciones, y el artículo 225 del Código Penal Federal tipifica como delito la revelación de información confidencial. Filtrar este expediente no solo viola la ley, también socava un principio fundamental del proceso penal: la secrecía procesal.
Lo grave es el silencio. La Fiscalía no ha desmentido ni confirmado nada: ni la filtración del documento ni la veracidad de su contenido. Y su mutismo abre la puerta a la sospecha: ¿será porque todo es cierto?
Lo que revela el expediente prohibido es demoledor: los hermanos Farías Laguna, sobrinos del almirante Ojeda, ratificados como jefes de la red; el testigo protegido “Santo” confesando sobornos millonarios entregados en cajas de perfume; la denuncia de tensiones internas entre Andy López Beltrán y Omar García Harfuch; y el papel del Capitán Sol, operador financiero que coordinaba aduanas, sobornos y el paso de buques cargados de hidrocarburos ilegales. También se documenta que un contralmirante, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, fue asesinado tras reunirse con el secretario de Marina para advertirle de la trama de corrupción.
Pero hay más. Se han exhibido los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se menciona a la empresa Vector, de Alfonso Romo, como parte del esquema de lavado de dinero, y se revela que incluso se introdujeron armas de contrabando al país. También se ha señalado una reunión, a finales de 2021, entre Gonzalo “Bobby” López Beltrán, Amílcar Olán y Roberto Farías Laguna, vinculada a las operaciones de esta red.
Tampoco quedan fuera los actores cercanos al poder: el empresario tabasqueño Saúl Vera Ochoa, amigo y patrocinador de Adán Augusto López, que controlaba el muelle 289 en Tampico; las empresas de la familia de Audomaro Martínez, jefe de inteligencia de López Obrador, que forman parte del entramado criminal; y los negocios del hijo del gobernador Alfonso Durazo con uno de los sobrinos del almirante Ojeda.
La gran incógnita es quién decidió filtrar un expediente que, además de documentar la enorme red de huachicol fiscal, expone la guerra interna en el grupo gobernante. ¿A quién conviene que esta información salga a la luz? ¿Quién mueve los hilos dentro de la Fiscalía para exhibir a marinos, empresarios, políticos y hasta a los hijos de López Obrador? Y, aún más grave, ¿por qué Claudia Sheinbaum guarda silencio frente a una filtración que vulnera la secrecía procesal y sacude los cimientos de su gobierno?
Más aún, no podemos descartar un escenario perverso: que esta filtración, lejos de fortalecer la investigación, termine por dinamitarla. Si al final se comprueban los hechos y hay sentencias contra los responsables, la defensa podría alegar que se vulneró el debido proceso al hacerse público un expediente que debía permanecer reservado. No sería la primera vez que un caso de gran calado se derrumba por violaciones procesales: ahí está el precedente de Florence Cassez, liberada por irregularidades en la investigación. Si este expediente filtrado se convierte en argumento para impugnar, el resultado sería desastroso.
Este expediente prohibido no solo desnuda la corrupción en el gobierno, en la Marina y en las aduanas, ni los vínculos con el crimen organizado y el lavado de dinero. Sobre todo, revela el tamaño del conflicto interno que consume al poder y deja al país entero con una pregunta inquietante: ¿quién y con qué propósito filtró la verdad más incómoda para el régimen?
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