La Presidenta de la República ha optado por descalificar de manera contundente las recientes manifestaciones contra la propuesta de la Ley de Aguas Nacionales, incluyendo los cierres carreteros, al reducirlas a un intento por "mantener privilegios".
Esta narrativa, expuesta durante su conferencia matutina, parece buscar anular la legitimidad del descontento social, sugiriendo que toda oposición a las iniciativas de la "Cuarta Transformación" responde a intereses ilegítimos.
Sheinbaum afirmó que la resistencia a la ley proviene de agricultores que se niegan a devolver el excedente de agua concesionada.
La Presidenta defendió que el objetivo de su ley es noble: asegurar el abasto humano, tecnificar el uso agrícola con recursos públicos y poner fin a la compraventa privada del líquido. Sin embargo, en lugar de reconocer la posibilidad de un desacuerdo legítimo sobre la implementación o los términos de la entrega de concesiones, la Presidencia recurre a la acusación de "privilegio".
"Si tienen concesionado tantos metros cúbicos de agua... entrega la otra mitad de agua para que pueda ser utilizada para abasto de agua para la gente," sentenció Sheinbaum.
Esta postura simplifica un conflicto complejo sobre derechos de agua y producción agrícola, enmarcando a los opositores no como actores con preocupaciones válidas, sino como enemigos de la justicia social.
Uno de los puntos más cuestionables de las declaraciones de la Presidenta es su crítica a los cierres carreteros, argumentando que "no hay razón" para manifestarse cuando existen mesas de diálogo abiertas en el Gobierno federal y el Congreso.
"Cuando hay diálogo con el Gobierno no hay razón a menos que quieran defender algún privilegio," inquirió la Mandataria.
Esta posición plantea una doble vara en el derecho a la protesta: implícitamente, la Presidencia valida el diálogo institucional como la única vía legítima, deslegitimando la manifestación pública y la presión social como mecanismos democráticos.
Sugiere que el Gobierno acepta el diálogo, pero rechaza la protesta que interfiere con la vida pública, a la vez que exige el cumplimiento incondicional de su narrativa.
Sheinbaum concluyó su intervención asegurando que su Gobierno no integrará carpetas de investigación contra los manifestantes, negando que las protestas deriven en acciones penales y reiterando que no caerá en la "provocación de la represión".
Esta declaración contrasta con el debate del día anterior, donde la Secretaria de Gobernación sí confirmó que cerrar las carreteras es un delito, una declaración que la Presidencia ahora minimiza, calificándola de "malinterpretada".
El intento de la Mandataria por deslindarse de posibles acciones legales, mientras se insiste en que los cierres carreteros son injustificados, genera incertidumbre y pone en evidencia una tensión entre el discurso de "no represión" y el señalamiento legal de las acciones de protesta.
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