¿Por qué no investigar de oficio las acusaciones de corrupción que ahí se narran?

El laberinto de la rendición de cuentas

La atmósfera en el salón Tesorería de Palacio Nacional cambió de densidad cuando el eco del libro de Julio Scherer, Ni venganza ni perdón, alcanzó de nuevo el estrado.: ¿por qué no investigar de oficio las graves acusaciones de corrupción que ahí se narran?

La secretaria Raquel Buenrostro asumió con naturalidad el papel de muro de contención. Sin titubeos, trazó una frontera infranqueable entre la narrativa periodística y el rigor del derecho administrativo. Para la guardiana de la Anticorrupción, "el dicho" no basta, aunque el relator sea un testigo de primera mano. En su lógica, la maquinaria del Estado es un gigante que solo despierta con el combustible de datos duros, nombres y oficios; una historia bien contada, por cruda que sea, le resulta un ruido insuficiente, o sea lara ella no es irrelavante.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el reportero insistió: si el autor fue un alto funcionario y testigo presencial, ¿no es él mismo la fuente? Antes de que la pregunta terminara de aterrizar, la presidenta Claudia Sheinbaum intervino, casi por instinto, para sellar cualquier grieta: —"Que presente su denuncia"—, soltó con la sequedad de quien busca cerrar un capítulo antes de que se convierta en incendio.

Buenrostro retomó el hilo, secundando la línea presidencial: la narrativa no tiene elementos para iniciar una investigación. 

Ante el blindaje dialéctico, el reportero optó por la retirada con un cortés "muchas gracias", mientras la Presidenta remataba con una invitación que sonó más a desafío que a procedimiento: "Quien tenga pruebas, que presente su denuncia... cualquiera lo puede hacer".

Sin embargo, en este juego de espejos donde la política intenta devorar al derecho, queda un cabo suelto. La Presidenta y su secretaria anticurrupción parecen olvidar que la justicia no siempre espera a que alguien toque a su puerta. Tratándose de presuntos delitos que afectan el interés público, la autoridad está obligada a abrir carpetas de investigación de oficio. No hacerlo —o escudarse en la burocracia de la denuncia formal frente a señalamientos de tal magnitud— es caminar por el peligroso filo de la omisión, con todo el peso histórico que ello implica.

##