No hay enemigo pequeño

Columnas en El Universal sobre el EPR
Estrictamente personal/Raymundo Riva Palacio
Publicado en El Universal, 21/09/2007;
Seis años de frustraciones en el combate al EPR son directamente atribuibles al desorden con el que el ex presidente Fox y su equipo manejaron la inteligencia civil en su sexenio
Recién arrancado su gobierno, la guerrilla recibió al entonces presidente Vicente Fox Quesada con un par de bombazos en instalaciones bancarias, reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Era el 8 de agosto de 2001 y Fox, bisoño y sin un gabinete experto, presionó al Cisen y a la Policía Federal Preventiva (PFP) para producir resultados. No había pistas que permitieran en ese momento entregar a los responsables, pero Fox estaba empeñado en que le entregaran cabezas en forma casi instantánea.
En el Cisen y la PFP tuvieron que ceder ante las peticiones presidenciales y “reventar” dos casas de seguridad de la guerrilla que venían vigilando de tiempo atrás con el propósito de acumular el mayor volumen de información posible y desmantelar, en definitiva, al EPR.
En una de ellas, en el estado de México, habían vivido el jefe de la guerrilla, Tiburcio Cruz Sánchez, y su esposa, Elodia Canseco Ruiz.
Las fuerzas federales entraron a esa casa, ubicada en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, al oriente del valle metropolitano, que habitaba en ese momento un carpintero —que se encuentra en la cárcel—, donde encontraron ropas de tipo militar, armas y propaganda del EPR y de sus escisiones, Tendencia Democrática Revolucionaria y las FARP, además de documentos internos, como un manual llamado “Sistema de Información”, y una minuta sobre la ejecución de tres miembros, David, Antonio y Miriam, a quienes acusaban de robo y traición.
En otra de las casas de seguridad, en Xochimilco, al sur de la ciudad de México, donde incautaron armas, dispositivos electrónicos para explosivos, y equipos de cómputo y propaganda, encontraron la pista que los llevó al arresto un mes más tarde de los hermanos Antonio Héctor y Alejandro Cerezo Contreras, hijos de Francisco Cerezo Quiroz, el nombre que por más largo tiempo ha usado Tiburcio Cruz Sánchez.
Con esa operación, la vieja línea de investigación sobre la guerrilla del Cisen y la PFP había quedado desbaratada. La presión de Fox llevó también a un cambio de estrategia en la vigilancia de los movimientos armados sobre la prevaleciente, inspirada por el contralmirante Wilfrido Robledo, director de la PFP en el gobierno de Ernesto Zedillo, que se enfocaba en acumular información sin dar golpes que pusieran en riesgo el paciente proceso de inteligencia.
La dinámica impuesta por la presión de Fox resultó en algunos arrestos, pero dejó intacta la estructura orgánica y operativa de la guerrilla. Robledo fue derrotado por Fox por partida doble, al permitir también que su entonces secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, hiciera a un lado todos los considerandos de seguridad nacional y lo persiguiera penalmente, terminando de romper los vínculos que concentraban la información sobre la guerrilla.
Al perder la línea continua de información sobre el EPR, el gobierno intentó recuperarla mediante una estratagema: dejó en libertad a Alejandro Cerezo Contreras en marzo de 2005 y le puso una “cola” permanente para seguirlo.
Esa vigilancia no les dio el resultado esperado. Presionados nuevamente por Fox, los cuerpos de seguridad tuvieron que “reventar” otra casa de seguridad que habían estado vigilando durante dos años. Esa casa se encontraba en San Juan Ixtayoapan, en Tláhuac, una delegación semirrural al sur del Distrito Federal, donde la PFP planeó un operativo para atacar ese objetivo donde, presumían, no sólo vivía la familia Cerezo Contreras y sus padres, sino estaba la comandancia general del EPR.
La PFP envió a tres agentes sin experiencia operacional en trabajo contrainsurgente, y el 23 de noviembre de 2005 fueron linchados. Dos de ellos murieron a golpes y por las quemaduras cuando les prendió fuego una turba manipulada por una célula eperrista, que los había descubierto dos semanas antes y les tendió una trampa. Los servicios de contrainteligencia del EPR habían detectado la presencia de los policías federales y estimularon un linchamiento.
La operación fue un rotundo fracaso. No detuvieron a nadie y el EPR movió su centro de operaciones a la Reserva Tepeyac, en el norte de la capital, donde tenía otra casa de seguridad. Todas las casas de seguridad del EPR en la zona metropolitana de la ciudad de México fueron abandonadas, y las autoridades no han podido restablecer hasta ahora la línea de investigación rota por el conflicto de Gertz Manero contra Robledo, y la insistencia de Fox por resultados inmediatos tras los bombazos. El Cisen, de donde habían salido los dos principales expertos en el EPR, Robledo, hoy fuera de actividad gubernamental, y Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública —sin responsabilidad directa en el tema—, también sufrió merma con la llegada de Eduardo Medina Mora, quien encabezó el servicio de inteligencia civil durante casi todo el sexenio foxista.
Medina Mora redujo el número de elementos y, de acuerdo con altos funcionarios federales calderonistas, inició el desmantelamiento humano y tecnológico de la agencia, que viene arrastrando hoy en día.
La información que tiene el Cisen sobre el EPR en la actualidad es obsoleta y deficiente. Por ejemplo, identifican a Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos militantes eperristas desaparecidos a fines de mayo pasado, como Constantino Alejandro Cruz Sánchez, a quien también ubican como el número 2 del EPR, y al que afirman tener videograbado en marchas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), durante la larga ocupación de la capital oaxaqueña.
Sin embargo, hay nuevas evidencias sólidas que Reyes Amaya no es quien supone el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Constantino Alejandro, de quien tampoco se tienen noticias cuando menos hace tres meses, recibió un balazo cerca del corazón que le dejó permanentemente la dolencia a fines de los 70, cuando era estudiante en la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca, y el PROCUP, precursor del EPR, pasaba por momentos de fuertes contradicciones internas.
Las fallas del Cisen se han venido multiplicando bajo la conducción del nuevo director, Guillermo Valdés, quien ha venido siendo remplazado gradual pero enérgicamente en esas tareas por el coronel Héctor Tonatiuh Velasco Bernal, jefe de la Sección II del Estado Mayor Presidencial, a quien le están encomendando cada vez más el trabajo de inteligencia sobre la guerrilla que los civiles, en este caso encabezados por un amigo del presidente Felipe Calderón, no han podido hacer.
La participación de los militares, como en otras áreas de la seguridad pública, se va ampliando de manera sobresaliente, y el EPR es su siguiente objetivo, tras varios años de fracasos y frust raciones en su combate y control, porque a quienes responsabilizaron de la inteligencia civil no cumplieron su tarea. Pero no se esperan resultados prontos. Seis años prácticamente echados por la borda, frente a una guerrilla crecientemente sofisticada, son demasiado para empatar el juego. rriva@eluniversal.com.mx
Columna Itinerario Político/Ricardo Alemán
El Universal, 20/09/2007;
EPR: deslinde y justificación
Como pocos de los mensajes emitidos en su nueva etapa de lucha, el más reciente comunicado del Ejército Popular Revolucionario (EPR) deja ver con mayor claridad cuáles son sus objetivos estratégicos, dibuja con nitidez a sus aliados, establece las razones por las que pasó de un activismo regional a acciones de carácter nacional y, sobre todo, acusa lo que el grupo armado considera los errores del gobierno de Felipe Calderón.
En pocas palabras, el EPR deja ver que al calor de la polarización social producto de julio de 2006, encontró las condiciones para salir de su reducto regional para escalar a nivel nacional, que se ampara no en el PRD todo, sino en la corriente de Andrés Manuel López Obrador, que con sus acciones violentas buscaría una interlocución política al más alto nivel —para empujar los cambios democráticos que ellos consideran necesarios—, y que en lugar de una respuesta política, ha recibido del gobierno una reacción de fuerza.
En esa misma lógica pareciera que el reclamo de que la autoridad presente con vida a sus compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya —desaparecidos el 25 de mayo en Oaxaca— es un reclamo estratégico para justificar ante la opinión pública y ante los poderes formales su incursión como fuerza real de poder —porque más allá de su identidad el EPR es un poder fáctico que emplea la violencia como método de lucha y que se adjudica la representación de los mexicanos pobres—, sin que esto quiera decir que no es real la desaparición de sus compañeros.
Para empezar, el nuevo comunicado eperrista —firmado el 18 de septiembre—, adquiere de manera franca el carácter de intercambio epistolar —como en su momento lo hizo el EZLN—, en el que además de cuestionar la respuesta del gobierno de Felipe Calderón a los actos de sabotaje contra pozos petroleros, se dirige a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, integrante del PRD y pieza destacada del llamado grupo de Los Chuchos.
Lo interesante de esa parte del comunicado es que al tiempo que el EPR se deslinda y hasta cuestiona a una parte del PRD —el grupo de los moderados, agrupados en la corriente Nueva Izquierda—, confirma su cercanía con lo más radical de ese partido, el ala que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, que ante el llamado que formuló el pasado sábado el presidente Calderón, cuando pidió a todos los sectores: “que se sepa quiénes apoyamos a la democracia y quiénes la cancelan por la vía de la violencia: que se sepa quiénes apoyamos o promovemos de palabra y obra las instituciones democráticas, y quiénes de palabra y obra apoyan la violencia”, el EPR reacciona no con un deslinde del PRD en su conjunto, sino sólo con el deslinde de los perredistas “que en los hechos convalidan” al gobierno de Calderón.
En el México de hoy, dice el EPR, “aún no existe la democracia…” Y enumera una larga lista de causales que, en su opinión, hacen nulo el carácter democrático no sólo del gobierno de Calderón, sino de la vida nacional. Nunca dicen desde cuando, en su opinión, no existe democracia en México. Pero si se revisan los anteriores comunicados, el EPR sí creía que existía democracia cuando Andrés Manuel López Obrador tenía posibilidades de ganar la contienda presidencial de julio de 2006. El problema y el detonante de su escalada a objetivos nacionales parece ser el gobierno de Calderón.
¿Pero qué es lo que pretende el EPR? además de que sean presentados con vida sus compañeros. Sin restarle un grado de legitimidad a la demanda, nadie puede creer que ese sea el objetivo en conjunto. ¿Cuál es el todo? De nueva cuenta el más reciente comunicado deja ver que el EPR se asume como una nueva etapa de los grupos guerrilleros que en México hicieron posibles los cambios rumbo a la “apertura democrática” desde los años 1970 hasta la fecha.
Pareciera que el EPR —igual que otras expresiones guerrilleras del pasado—, pretendiera una contribución al avance democrático, mediante la combinación de violencia y negociación, y que cree que el actual es el momento. Para ello requería —y en buena medida lo ha conseguido—, tener la presencia nacional que no había logrado en reductos como Oaxaca, Puebla y Guerrero. Pareciera que pretende un puente, una interlocución oficial. Pero en cambio, la respuesta del gobierno de Calderón —es la queja en el comunicado— es la fuerza.
Y en esa lógica, tienen razón. Y es que si bien los atentados a instalaciones petroleras colocan al EPR como un grupo terrorista, más que guerrillero —definición que ha provocado un creciente debate—, lo cierto es que el Estado mexicano y el gobierno de Calderón tienen la obligación de usar la fuerza para castigar a quienes provoquen daños al conjunto del Estado, pero el gobierno también está obligado a buscar los cauces de la negociación política. Y el problema es mayor, cuando no funcionan los sistemas de seguridad e inteligencia, pero tampoco los cauces de la política. Y ahora resulta que el “puente político” lo ha propuesto el Senado. Algo anda mal, y si todo sigue igual, es altamente probable que veamos nuevos estallidos en instalaciones estratégicas. Al tiempo.
Negociaciones de inexpertos/Ana María Salazar
Publicada en El Universal; 21 de septiembre de 2007
La reacción del gobierno de Calderón ante los atentados en julio y septiembre del Ejército Popular Revolucionario a los ductos de Pemex nos demuestra que este gobierno no sabe negociar con grupos armados, ya sea por ingenuidad o ineptitud. Entre mis actividades académicas tengo la oportunidad de dar cursos y talleres de negociación a estudiantes y profesionistas. Los errores en estrategia que ha cometido el gobierno federal con el EPR son errores de negociadores principiantes, tal vez por su nerviosismo ante el impacto de los atentados a la economía nacional e internacional.
Y es que, ¿cómo no va a haber nerviosismo? Si después de los atentados del pasado 5 y 10 de julio en Guanajuato en su “parte de guerra” el EPR amenazó con una campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y el “gobierno ilegítimo” de Calderón. Seis semanas después, 11 cargas explosivas fueron colocadas en ductos en Veracruz y en Tlaxcala y explotaron simultáneamente; sólo uno de los artefactos no fue activado.
No hay enemigo pequeño: entre los errores que más se observan en negociadores novatos o ingenuos está el de tratar de minimizar la capacidad de la contraparte. La semana pasada el procurador, Eduardo Medina Mora, señaló que el EPR no puede alcanzar las dimensiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya que es un grupo pequeño, pero violento. Pero reconoció que “distrae” la atención de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado y desvía las labores de inteligencia destinadas a combatir a los cárteles.
Al tratar de minimizar al EPR, el procurador hizo tres cosas incorrectas desde la perspectiva de negociadores experimentados: crear un incentivo más para volar ductos y llevar a cabo otros atentados, y con esto el EPR deja de ser un grupo “pequeño” ante los ojos del gobierno. Pero este comentario también fortalece la capacidad de negociar del EPR, ya que los atentados no tienen sólo un impacto económico, sino otro impacto importante: el gobierno no puede perseguir otros objetivos más relevantes. El EPR y otros grupos armados tienen incluso más incentivos ahora para volar más ductos. Con este comentario el procurador violó otra regla importante de todo negociador: no mostrar tus verdaderos intereses a la contraparte. Pero al hacer este comentario el procurador también cae en otro error de principiantes: no revelar sus debilidades.
También Carlos Ramírez Fuentes, vocero de Petróleos Mexicanos, violó este último principio de negociación cuando admitió que es prácticamente imposible mantener una vigilancia extrema de los 19 mil puntos clave en el abastecimiento de combustibles. Con este comentario el EPR y todo grupo armado o de crimen organizado conocen una forma fácil de forzar al gobierno a negociar: volar oleoductos porque es fácil y el impacto es grande.
Cuidado con negociadores inoportunos. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, el panista Ulises Ramírez, informó que esa instancia legislativa acordó crear un grupo de enlace y diálogo con el EPR. El objetivo será escuchar sus denuncias sobre la presunta desaparición de dos de sus integrantes en Oaxaca el pasado 25 de mayo. Dialogar con esta comisión es otro logro para el EPR. Estos legisladores panistas le están dando un estatus especial al EPR, porque sería inimaginable que senadores se sentaran a dialogar con criminales o con representantes del crimen organizado. Tal vez por la ingenuidad de los senadores panistas es que no se dieron cuenta que violaron otros dos principios de negociación: primero, no dar nada gratis, todo tiene un costo; y segundo, dividir para conquistar. Los senadores están dispuestos a dialogar sin nada a cambio y corren un gran riesgo de contradecir públicamente al gobierno. Y aunque el senador panista Federico Döring aseguró que la condición para este diálogo es que la guerrilla deje de hacer atentados, obviamente el EPR no ha anunciado que dejará de volar ductos. Así que estos legisladores de buena fe asumen que por dialogar con el EPR éste cesará los atentados. Otro error de los senadores es establecer claramente los objetivos. La negociación del EPR gira alrededor de si habrá más atentados o no.
Todo ello es por demás ingenuo, porque la verdadera exigencia del gobierno y la sociedad civil debe ser perseguir y castigar a los autores de los atentados antes de que se negocie cualquier otra cosa.
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