El Ombudsman y el Presidente

El Presidente Calderón asistió a la presentación del Informe Anual de actividades de la CNDH

Cpnviene señalar que es primera ocasión -desde que la CNDH fue fundada en 1990- en que un Presidente de la República asiste a la sede del organismo autónomo para escuchar el Informe Anual del Ombudsman nacional.

De acuerdo a la ley los informes anuales deben rendirse ante los tres poderes de la Unión; dice un comunicado que "Próximamente será presentado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el 23 de enero lo fue ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión"

Discursos
Muy buenas tardes.
Doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión.
Señoras y señores comisionados y responsables de la protección de derechos humanos en las entidades federativas.
Señoras y señores:
Me da mucho gusto estar aquí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su sede, y vengo porque reconozco la importante labor que la Comisión ha desempeñado para consolidar los derechos humanos y su protección como cimiento y pilar de nuestra democracia.
En ese ánimo recibo el Informe de Labores que hoy presenta su presidente, correspondiente al año 2007; y no puedo más que coincidir con el Presidente de la Comisión en el sentido de que la protección de los derechos humanos ha ganado una victoria cultural en el país, es un principio que ya no reclama ni discusión, ni demostración, es un principio asentado en la sociedad mexicana, en las autoridades.
Y creo que gran parte de esa victoria cultural obedece, sin duda alguna, a la labor que ha realizado en sus distintas etapas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La vitalidad de nuestra democracia se sustenta en la plena vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Su salvaguarda es una obligación indeclinable de cualquier Gobierno, de mi Gobierno el primero, y ante todo un imperativo moral, ético y constitucional.
En el Gobierno Federal sabemos que el reto de México, uno de ellos, es avanzar hacia un mejor futuro, salvaguardando los derechos de todos.
En el Plan Nacional de Desarrollo hemos articulado una política de Estado en materia de derechos humanos que se basa en cuatro líneas de acción.
Primera. Modernizar nuestro marco jurídico para adecuarlo a los compromisos internacionales contraídos por México.
Segunda. Diseñar un programa para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales.
Actualmente trabajamos en la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos para la Administración, con la participación de centros académicos, miembros de la sociedad civil, especialistas.
Reitero la invitación a todas las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos para que nos ayuden y enriquezcamos los contenidos de este programa.
Tercera. Dar prioridad a la atención de grupos vulnerables para prevenir la violación de sus derechos.
Y cuarta. Poner en marcha campañas para promover o fortalecer más bien, una cultura de respeto a las libertades y a los derechos personales.
El Gobierno Federal tiene plena conciencia de que es indispensable redoblar esfuerzos para combatir prácticas que atentan contra las prerrogativas de los ciudadanos.
Por ello, en lo que va de la Administración hemos avanzado en la atención de asuntos muy importantes.
En primer lugar, en materia de derechos de las víctimas, coincido plenamente con la Comisión en la necesidad de modernizar el Sistema de Justicia Penal para garantizar que éste y otros aspectos fundamentales queden protegidos en la procuración y administración de justicia.
Celebro, además, la coincidencia con lo que ha manifestado el Presidente de la Comisión, la protección de las víctimas es, por lo menos tan importante como la protección de los derechos de quienes son procesados.
Y hay que decirlo, que se ha enfocado el esfuerzo, precisamente, en la protección de las garantías contenidas en los procesos, pero poco, poco hemos hecho para hacer eficaz los derechos humanos de quienes sufren el delito. Y, en consecuencia, para mi Gobierno es urgente dar prioridad clara al caso de la víctima en la defensa de sus derechos.
Es por ello que el Ejecutivo a mi cargo presentó, dentro del marco de una serie de iniciativas de reforma constitucional en materia de justicia penal, un punto relevante que se refiere, precisamente, a la protección de los derechos de las víctimas, a la revisión de su participación en los casos en los que han sufrido las consecuencias del delito y también en lo atingente a la reparación del daño causado.
Esta reforma que está ahora en discusión en el Congreso de la Unión ha sido aprobada en ambas Cámaras, y está ahora en proceso de revisión con la Cámara de origen, en un punto que está pendiente de ser finalmente aprobado, permitirá avances que estimo sustanciales en la impartición de justicia equitativa y justa y, en consecuencia, en la protección de los derechos humanos de todos, tanto de víctimas como de procesados.
La reforma permitiría cambiar el Sistema de Justicia Penal en México de un sistema inquisitorial, un sistema acusatorio, hacia un sistema adversarial, con juicios orales, procesos simplificados; además de contar con un sistema eficaz de protección de los derechos de las víctimas y reparación del daño, y además para esclarecer las facultades y competencias constitucionales que permitan al orden público poder perseguir los delitos y combatir con eficacia el crimen organizado.
Yo estoy seguro de que con la acción responsable del Poder Legislativo, los mexicanos pronto contaremos con esta reforma que es esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia para todos.
Por otra parte, no podemos permitir que en México exista la explotación sexual o laboral de nadie, y menos en términos generalizados, como ocurre en grupos vulnerables, en el caso de mujeres, de niñas y niños.
Acepto el señalamiento que ha hecho el Presidente de la Comisión respecto de la enorme responsabilidad que compete al Estado y al Gobierno Federal por la competencia de los delitos vinculados a la trata de personas.
Hoy hemos dado algunos pasos importantes con la promulgación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Se han conformado 29 grupos de atención a víctimas de trata en la República Mexicana, con la participación activa de instituciones de los tres órdenes de Gobierno, entre ellos el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública.
Hoy reitero el firme compromiso de mi Gobierno de brindar toda la atención necesaria a las víctimas de este delito y de castigar a quienes lo cometen.
México también enfrenta el reto de garantizar la equidad de género. Gracias al respaldo del Poder Legislativo, el año pasado se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la que podremos sancionar actos vejatorios de la integridad y dignidad de las mujeres, especialmente la violencia intrafamiliar.
En abril de 2007 se instaló el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, y recientemente fue nombrada la nueva Fiscal para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
Amigas y amigos:
La protección de los derechos humanos es un compromiso del Gobierno de México que va más allá de nuestras fronteras.
Mi Gobierno ha encabezado una defensa firme de los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, y lo mismo hacemos y debemos hacer para proteger los derechos de los migrantes que ingresan al país por la frontera sur.
Desde enero del 2007 se instrumentó el Programa para la Frontera Sur de México, con él queremos facilitar los flujos migratorios documentados, a la vez que proteger los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
También pusimos en marcha el Programa de Dignificación de Estaciones Migratorias, con lo que se ha ampliado la capacidad para alojar a migrantes con respeto a su dignidad y derecho.
Finalmente, a partir de marzo pondremos en marcha un ambicioso proyecto para garantizar los derechos de los trabajadores y visitantes fronterizos mediante la implementación de una credencial que registrará su entrada o salida, lo que impedirá que sean víctimas de discrecionalidad o abuso, sin embargo, sabemos que en ello debemos redoblar esfuerzos.
Coincido con la Comisión en que si reclamamos el respeto a los derechos de los mexicanos en la frontera norte y más allá de la frontera, debemos también respetar y esforzarnos en hacer respetar los derechos de los migrantes hacia México en la frontera sur.
Como ha dicho Kofi Annan, anterior Secretario General de las Naciones Unidas, los derechos humanos en la práctica y como principio, no pueden tener muros, ni fronteras.
Aquí, el respeto y protección de los derechos humanos de quienes emigran desde México, de quienes inmigran a nuestro país o quienes transmigran por México hacia otros países, reclama la urgente y mayor atención del Gobierno Federal, de los gobiernos locales y de todas las instituciones y organizaciones civiles competentes en la materia.
Tenemos que hacer de nuestras fronteras, de ambas, de la frontera norte y de la frontera sur del país, fronteras seguras y a la vez fronteras de oportunidades plenamente respetuosas de los derechos humanos.
Tal como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y es un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia.
Con la aprobación de las reformas al Código Penal Federal que han despenalizado los delitos de calumnia, difamación e injuria, se consolida la libertad de expresión y se cierran los espacios a la censura.
No obstante, hoy quienes censuran con violencia la labor de periodistas y comunicadores son fundamentalmente las organizaciones criminales que buscan vivir al cobijo de la opacidad, de la ilegalidad y de la impunidad.
La integridad y los derechos de los informadores es una responsabilidad de los tres órdenes de Gobierno.
En esta tarea, las autoridades tenemos el deber de castigar con todo el peso de la ley a quienes acallan la labor de los medios de comunicación mediante la intimidación y la violencia.
Todo atentado contra los profesionales de la comunicación es un atentado contra la libre expresión de las ideas y es un atentado contra México.
Por otra parte, estoy convencido de que la impunidad y la inseguridad pública representan, en sí mismas, una agresión contra los derechos humanos.
Hoy, la mayor amenaza a los derechos humanos proviene precisamente del crimen organizado, cuyas organizaciones han segado vidas de ciudadanos, periodistas, jueces, así como de policías, soldados y marinos, en el cumplimiento de su deber.
La mayor censura, las amenazas y los crímenes contra periodistas y ciudadanos en general, provienen de esas organizaciones, y de ahí la urgencia de combatirlas.
Nuestra lucha por un país de leyes, en el que imperen el orden y la legalidad, es en esencia una lucha por salvaguardar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por ello es indispensable la participación decidida del Gobierno Federal y también de gobernadores y alcaldes en todo el país.
Garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado que compartimos los tres órdenes de Gobierno, y todas las autoridades debemos asumir plenamente la tarea de velar por la seguridad de los ciudadanos sin titubeos y sin regateos.
Por lo mismo, no toleraremos que se combata a la delincuencia violando la ley; no admitiremos que se pretenda hacer justicia atropellando la justicia; no se sanciona ni repara un delito cometiendo otro.
Mi Gobierno actuará contra los servidores públicos que violen garantías individuales en los casos en que se tienen elementos jurídicos fundados para ello.
En este sentido, estamos también trabajando para que en las instituciones del Gobierno Federal existan cada vez más áreas especializadas en derechos humanos.
Agradezco la mención que ha hecho el Presidente de la Comisión a la recientemente creada Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El respeto a los derechos humanos impone también responsabilidades a los ciudadanos, como lo es el participar en una verdadera cultura de la legalidad, de la denuncia y del rechazo a la corrupción.
Abrir paso a un México de derechos y libertades, a un México justo y seguro para todos, implica cerrar espacios a la impunidad y a la ilegalidad. Ese es un imperativo ético de nuestra generación.
Señor Presidente, señores consejeros, señoras y señores:
Por todas estas razones he convocado a los Poderes de la Unión, a los tres órdenes de Gobierno y a la sociedad en su conjunto, a construir un pacto nacional por la legalidad y la seguridad, para garantizar que la ley sea la norma de convivencia y para cerrar el paso a los criminales donde quiera que se encuentren.
La legalidad y la seguridad son una responsabilidad de todos. Y la base de la legalidad y la seguridad está, precisamente, en el respeto a los derechos humanos de las personas.
Yo sé que esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos juega un papel destacadísimo en su protección en el país y en consecuencia en el logro de la cultura de legalidad y en una circunstancia de seguridad para todos, y por eso, respetuosamente, invito a la Comisión a guiar, impulsar y sumar su enorme conocimiento y su noble tarea al fortalecimiento y construcción de este pacto nacional.
Sé que sólo trabajando unidos hombro con hombro podremos transformar a México y convertirlo en una Nación de derechos, un país de igualdad, de orden y de paz.
El informe de actividades que presenta el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refleja que esta Comisión está cumpliendo con su deber y haciendo una valiosa aportación a la vida del país.
En esta tarea, en la de la legalidad y la protección de los derechos humanos, los mexicanos cuentan con el compromiso del Gobierno Federal, el compromiso personal del Presidente de la República y, por supuesto y para fortuna de todos, contamos también con el apoyo invaluable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de todas las organizaciones de la sociedad civil, a quienes refrendo el respaldo del Gobierno Federal.
Sigamos construyendo, entre todos, un México libre, ordenado y justo, un México a la altura de nuestros anhelos y de nuestras aspiraciones.
Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Intervención del Dr. José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Presentación del Informe de Actividades Anual 2007

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradece muy cumplidamente al señor Presidente de la República, abogado Felipe Calderón Hinojosa, su deferencia al haber querido trasladarse a la sede de este organismo nacional a recibir su Informe Anual 2007 que en cumplimiento a lo prescrito por el Artículo 102 Constitucional, apartado B, párrafo VII, se lleva a cabo esta mañana.
Abogado Felipe Calderón, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de esta Comisión.
Señoras y señores presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos que nos hacen favor de acompañarnos esta mañana.
Señoras y señores:
Los derechos humanos han ganado una decisiva victoria cultural.
Gracias a la ardua y paciente labor educativa, hoy su defensa y promoción son una fuerza social, una bandera política común a todos los mexicanos, un espacio en el que confluyen creencias, causas y movimientos sociales para unirnos como país. En este punto todos estamos de acuerdo.
Tras varias generaciones de esfuerzos educacionales, en el 2007 los derechos humanos se han consolidado como una parte fundamental de la cultura cívica mexicana y ocuparon el centro del debate nacional, de la tribuna legislativa y de las conversaciones del ciudadano común.La sociedad civil organizada y la clase política, la opinión pública y la población en general, han hecho intensamente suya la defensa de las prerrogativas fundamentales.
Han quedado atrás los debates estériles, propios de una de una sociedad políticamente inmadura, ya nadie considera innecesario que el Estado defienda los derechos humanos o que les deban ser cancelados a quienes delinquen.
Millones de mexicanos tienen plena conciencia del alcance y la fuerza de sus garantías, además saben que en las comisiones públicas de derechos humanos trabajamos para defenderlos.
Una buena parte de este avance lo debemos al debate de varios casos que tuvieron gran impacto, no sólo entre analistas, académicos y políticos, sino también entre el grueso de la población.
El caso Zongolica, la situación de las cárceles y los indígenas, los conflictos en Oaxaca, los inmigrantes y los emigrantes, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los atentados contra periodistas generaron discusiones que sirvieron para que los mexicanos apreciaran el genuino valor de los derechos humanos.
El beneficio educativo que tales debates aportaron a la cultura política nacional es tan positivo, como evidente.
Esa conciencia ciudadana se reflejó en las cinco mil 244 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos que recibimos durante el 2007 y en los más de 39 mil servicios de atención al público que dimos en el Distrito Federal, lo mismo que en la atención que brindamos a más de seis mil personas en nuestras oficinas ubicadas en diversos puntos de la República, particularmente en las fronteras.
Las autoridades que generaron más quejas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con mil 15 y la Procuraduría General de la República con 631.
Le siguieron la Secretaría de la Defensa Nacional con 377, el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con 335; y la Secretaría de Educación Pública con 311.
Otras 270 quejas fueron generadas contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 221 correspondieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el INFONAVIT.
Contra el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaron 220 quejas; recibimos 198 quejas sobre los servicios de la Comisión Federal de Electricidad y 136 contra la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.
Contra la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra Luz y Fuerza del Centro se presentaron 115 y 110 quejas, respectivamente.
Durante el año pasado, emitimos 70 recomendaciones. Vale la pena reconocer que todas las recomendaciones producidas por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año que se informa, dirigidas al Gobierno Federal, todas fueron aceptadas tanto por las autoridades civiles, como por las autoridades militares.
Por sí solo ese dato nos habla de un mayor compromiso con la justicia y de un Gobierno capaz de escuchar las voces críticas. La autoridad que más recomendaciones recibió fue el Instituto Nacional de Migración con ocho; le siguieron el Gobierno del Estado de Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, con seis cada uno.
El Gobierno del Estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública Federal recibieron cuatro recomendaciones; los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, el Congreso de Veracruz y el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, se hicieron acreedores a tres.
Tanto los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y del Distrito Federal, así como los ayuntamientos de Apizaco, Tlaxcala, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibieron dos recomendaciones cada una.
También emitimos una recomendación general sobre los derechos de las víctimas del delito, enumeramos una serie de medidas que consideramos deben tomarse para asegurar que quienes sufran la acción de la delincuencia sean tratados debidamente por la autoridad y no sufran una segunda victimización a manos de la burocracia.
El sistema penal en México debe evolucionar y ser más equitativo, es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas, de que la reparación del daño sea tan relevante, como el correctivo y la indemnización tan trascendente, como la rehabilitación social.
Ya es hora de que el Estado vea las dos facetas del drama penal con humanismo y con justicia.
Señalo también con vehemencia la falta de disposición de algunas autoridades para atender las violaciones a los derechos humanos.
El Gobernador de Guerrero se negó a aceptar dos de nuestras recomendaciones, al igual que el Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala.
El Gobernador de Baja California rechazó una recomendación, lo mismo hizo el Gobernador de Colima, así como cada uno de diversos ayuntamientos del Estado de Oaxaca.
Los ayuntamientos de Huitzilac, en Morelos, y Xoxocotla, Veracruz, también se negaron a aceptar sendas recomendaciones.
Nos preocupa que sean los ayuntamientos donde hay mayor rechazo a la defensa de los derechos humanos, porque en el palacio municipal está la primera puerta que el ciudadano toca cuando enfrenta un problema, la primera cara que el Estado presenta al pueblo y los primeros accesos y medios de defensa para aquél que ha sido vulnerado en sus garantías.
El alcalde y el cabildo encarnan la democracia participativa por su cercanía con la comunidad, justamente por ello, cuando un ayuntamiento atenta contra los derechos humanos la gravedad de la falta se magnifica.
Es ahí donde comienza a debilitarse la confianza en la autoridad y donde se cancela la posibilidad de justicia.
Reitero mi llamado a los congresos locales para que, desde sus atribuciones soberanas, vigilen muy de cerca la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos.
No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicien una balcanización, no podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, feudos o cacicazgos.
Al rechazar nuestras recomendaciones las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos. Espero que la opinión pública de las comunidades, junto con los medios de comunicación a las que estos gobernantes pertenecen, señalen y condenen sus faltas.
Otro tema que trabajamos con gran intensidad fue el conflicto en Oaxaca, con una presencia permanente in situ, nos aseguramos de contar con información de primera mano y procuramos que la presencia de nuestros visitadores inhibiera violaciones a los derechos humanos, presentamos un informe especial y una recomendación sobre el caso.El saldo de dicho conflicto, que para muchos sigue latente, ha sido lamentable.
Persisten las diferencias entre los oaxaqueños y se ve distante la reconciliación social plena. La confianza que el Estado mexicano perdió con su injustificable ausencia, difícilmente podrá ser recuperada.
El daño que sufrió la educación de millones de niños es irreparable, jamás podrán reponer esas clases que perdieron por un conflicto que les era por demás ajeno, además de los crímenes que aún siguen impunes.
Un tema que ha definido la evolución de nuestra sociedad es la desigualdad entre mujeres y hombres. Participamos en ese debate mediante un intenso trabajo que generó un informe especial.
Señalamos caminos por los cuales las diversas autoridades pueden ejercer una acción de Gobierno más justa, más respetuosa y con una visión de género equilibrada.
La democracia que hemos alcanzado en diversos ámbitos de nuestra vida social, debe de reflejarse en el trato que la autoridad brinda a la mujer.
No es posible que la discriminación y la desigualdad persistan en el trato que el gobernante da a los gobernados.
Es necesario que la autoridad brinde, ya, el primer ejemplo de trato equitativo hacia las mujeres y hombres.
Queremos llamar la atención sobre un asunto de mayor importancia: la violación de la libertad de expresión.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos convencidos de que un ataque a la prensa es un ataque a la democracia. Por eso, durante 2007 radicamos 84 expedientes por agravio a periodistas, cifra que está lejos de ser tranquilizadora.
Es especialmente preocupante que durante 2007 fueran asesinados cuatro periodistas y otros tres desaparecieran.
De 2000 a la fecha han muerto 35 periodistas y han desparecido seis, sin embargo, las investigaciones de las autoridades han arrojado pobres resultados.
La escasa atención gubernamental ha creado un ambiente de impunidad. Hoy en México el periodismo se ejerce bajo amenaza.
Por conducir una magistratura de opinión, el Ombudsman nacional trata de incidir sobre el desarrollo cívico y político de la sociedad mexicana. Por ello, en 2007 la CNDH alcanzó una producción editorial de un millón 540 mil ejemplares, cifra que incluye libros e impresos tales como folletos, carteles y trípticos.
Además, con nuestro programa de capacitación llegamos a 72 mil personas en los ámbitos de educación formal, media superior y diplomados, y casi 18 mil grupos vulnerables y organizaciones sociales.
Nuestras acciones se dieron en el marco de un estrecho contacto con la sociedad, jamás de manera aislada. En 2007 ejecutamos 751 acciones de vinculación, por medio de las cuales abrimos caminos para trabajar conjuntamente con organizaciones sociales en la defensa plural y participativa de los derechos humanos.
Señor Presidente:
2008 es un año de retos para los defensores de los derechos humanos. Estamos enfrascados en una lucha que no podemos darnos el lujo de perder, de este esfuerzo depende que millones de personas vivan con dignidad.A los temas ya presentes en la agenda de los derechos se suman otros que requieren la participación decidida de autoridades federales. El primero de estos temas es la trata de personas, un brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos.
Se estima que cada año entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata, delito que genera alrededor de 12 mil millones de dólares anualmente.
Con gran preocupación hemos visto que en territorio nacional la delincuencia organizada ha hecho crecer la trata de personas con fines de explotación.
Se calcula que en México cada año son víctima de trata alrededor de 20 mil personas, en especial mujeres, niñas y niños migrantes, principalmente en las zonas fronterizas y en las de gran movimiento turístico.
Por ello, en la Quinta Visitaduría General, abocada a vigilar la situación de los migrantes, establecimos el Programa contra la Trata de Personas.
Estamos decididos a combatir esta moderna forma de esclavitud y a hacer de nuestro país un espacio de plena libertad para los migrantes. Por ello, contamos con la colaboración de actores sociales comprometidos, pues este delito sólo puede combatirse en plena consonancia entre la ciudadanía y el Estado.
Además, en ese tema será de vital importancia la colaboración de su Gobierno, señor Presidente, pues la naturaleza del delito de trata y las leyes que lo sancionan son federales.
Si hay una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona es la tortura, una práctica abominable que llega a grados inimaginables de crueldad y de atrocidad, un flagelo para la humanidad del que ninguna región del mundo ha podido librarse, como también lo han denunciado recientemente organizaciones internacionales de protección a los derechos humanos.
México no es la excepción.
A pesar de los avances, la tortura sigue siendo de una preocupación vigente; afortunadamente, recibimos más atribuciones para prevenirla y denunciarla, gracias a las que esta CNDH recibió la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el protocolo facultativo de la convención correspondiente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la cual el Estado mexicano se adhirió en junio del 2006, con las nuevas herramientas que nos proporcionó el Estado podemos inspeccionar los espacios públicos para vigilar las condiciones en la que se retiene a las personas privadas de la libertad, manteniendo al mismo tiempo una estrecha comunicación con organismos internacionales.
Las funciones que ejercemos dentro de este mecanismo están en plena concordancia con las acciones de combate a la tortura que la CNDH ha desempeñado durante 17 años, así como para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
Sociedad y gobierno también debemos reforzar la atención que prestamos a la frontera sur. La más elemental solidaridad humana debe movernos a combatir las atrocidades que diariamente suceden en las riveras del Río Suchiate.
Esperamos que el 2008 sea un año en el que el peso del Estado sea sentido en la frontera sur y haya más orden, más oportunidades y más respeto a los derechos humanos en esa región.Es una gran incongruencia ética y política reclamar respeto en la frontera norte, cuando nuestra frontera sur está en las condiciones actuales. Los abusos de policías mexicanos contra ciudadanos de Centroamérica son tan graves como los perpetrados por la patrulla fronteriza estadounidense contra los mexicanos.
Por todo ello, creemos que en 2008 nuestra frontera sur deberá ser atendida con especial cuidado para hacer valer los derechos humanos de millones de personas y elevar la autoridad moral de México en el concierto internacional.
En todos estos esfuerzos, señor Presidente, la participación de las autoridades a su cargo será toral y decisiva. La agenda de los derechos humanos está ineludiblemente ligada al Gobierno Federal, a su capacidad para hacer de la autoridad una fuerza a favor de la dignidad, a favor de la persona, a su sensibilidad ante el sufrimiento humano y ante el dolor evitable.
En 2008 se dibuja un horizonte adverso para los derechos humanos.
Éste será un año intenso y difícil; de hecho, ya lo es para quienes tenemos la tarea de defender las prerrogativas fundamentales.
Habremos de enfrentar presiones, obstáculos y agresiones, así como ataques políticos.
Apelo, señor Presidente, a su formación de abogado para que respalde con el peso del Gobierno Federal la lucha de los defensores de los derechos humanos, tanto los de instituciones públicas, como los de Organizaciones No Gubernamentales.
Estamos ciertos de que un Presidente que respeta las leyes y las conoce a cabalidad, no puede sino solidarizarse con esta causa.
Señoras y señores:
Así como el año pasado hice público que habíamos sido objeto de demandas judiciales y presiones diversas por funcionarios federales, hoy informo que estas acciones de intimidación han cesado.
Todavía siguen abiertas algunas querellas iniciadas por personas de la anterior administración federal contra la CNDH.
Sin embargo, los actuales funcionarios han mostrado una actitud diferente.
Hemos constatado que su Gobierno ha abierto canales de interlocución y nuevos espacios de defensa de los derechos humanos.
La creación de una Dirección General abocada al tema de los derechos humanos dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional es muy buena señal.
Aunque ha habido graves errores, justo es reconocer también la voluntad política para enmendarlos.
Esta actitud no es privativa del Gobierno Federal. Hemos visto que en general, la fuerza social detrás de la defensa de los derechos humanos ha sido respetada por el Estado.
Hay más conciencia, más preocupación y, en la mayoría de los casos, más políticos y gobernantes dispuestos a escuchar y a corregir el rumbo.
Desgraciadamente la sociedad sigue sufriendo serias trabas para ejercer sus derechos.
No podemos decir a las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos que en México hay pleno respeto a los derechos humanos.
Tampoco podemos esperar que los oaxaqueños confíen en un Estado que los dejó indefensos durante tantos meses.
De cada cárcel, de cada comunidad indígena, de cada hospital público, de cada estación migratoria ha salido más de una persona cuyos derechos han sido atropellados. Hay hechos desgarradores, trágicos, provocados por una deficiente y a veces inexistente acción gubernamental. Sin embargo, tenemos una clara ventaja que permitirá a la nación mexicana seguirse desarrollando.
Ya se reconoce a los derechos humanos como el cimiento de nuestra democracia, hay plena conciencia de que ejercerlos es la libertad que hace posible todas las demás libertadas.
Por ello, estoy obligado a señalar la agradable situación de los derechos humanos en México; sin embargo, también debo resaltar que en la pluralidad, en la capacidad política de los mexicanos, en la multiculturalidad de nuestra Nación y en la solidez de nuestro tejido social existen herramientas para crear una República con respeto a los derechos humanos y a la justicia para todos.
Muchas gracias.

Fuente: Presidencia de la República