El Presidente Calderón en la XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Viernes, 19 de Septiembre de 2008 Discurso
Ciudad de México
Señor Diputado César Horacio Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados del Congreso de la Unión.
Señor Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Señor doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad.
Viernes, 19 de Septiembre de 2008 Discurso
Ciudad de México
Señor Diputado César Horacio Duarte Jáquez, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados del Congreso de la Unión.
Señor Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
Señor doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores Gobernadores de los Estados y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes de este Consejo Nacional de Seguridad.
Señoras y señores legisladores vinculados a las comisiones de seguridad y de justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales y religiosas.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores:
Agradezco a todos ustedes, y en especial a las señoras y señores gobernadores, su presencia en esta XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Su presencia el día de hoy ratifica el compromiso con la seguridad de todos los mexicanos y nos permite también revisar los compromisos y los avances en los mismos, logrados en estos últimos días.
Desde la última vez que estuvimos aquí reunidos, hace poco menos de un mes, acontecimientos, como el cobarde atentado perpetrado por miserables contra gente inocente en la ciudad de Morelia, el pasado 15 de septiembre, ha generado la indignación y la condena unánime de toda la sociedad.
Hago eco de las expresiones manifestadas por los integrantes de este Consejo Nacional para expresar a nombre del mismo nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Michoacán, y nuestro repudio a hechos tan cobardes.
Hoy que nos encontramos de frente con un enemigo que ha mostrado su verdadero rostro, los alcances de su brutalidad, que actúa en contra de los mexicanos más indefensos para saciar sus mezquinos intereses; hoy más que nunca debemos reafirmar nuestra voluntad de combatir al crimen, redoblar el esfuerzo y no dar ni un paso atrás.
El cumplimiento de los compromisos asumidos a través del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que expresan la Estrategia Nacional de Seguridad, nos irán mostrando que este es el camino correcto.
La Estrategia Nacional parte de un principio elemental, que consiste en que la seguridad pública es la primera obligación de los gobernantes, como bien se ha dicho aquí; que es la actividad esencial del Estado, que es intransferible y tiene como objeto prevenir y evitar los peligros que amenazan a la comunidad.
Por ello, la tranquilidad y el orden social son indispensables para el progreso y el bienestar de la sociedad de cualquier Nación.
En el momento en que esa base de convivencia social se vea amagada por la acción de la criminalidad que vulnera la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley, cuando la intimida o la corrompe, o cuando construye una base social que la cobija y encubre, el Estado tiene que intervenir con todos los recursos a su alcance para restablecer condiciones mínimas de orden, de seguridad y de legalidad.
Hoy el Estado despliega su fuerza, una fuerza legítima, una fuerza legal, una fuerza democrática, una fuerza pública, la única que debe haber, para que todos los mexicanos y sus familias puedan vivir en paz y tranquilidad.
Por ello la Estrategia Nacional de Seguridad es y debe ser una estrategia de Estado y de todo el Estado, y por ello tiene entre sus componentes los Operativos Conjuntos, cuyo objetivo es, precisamente, recuperar o preservar el poder territorial del Estado en aquellas zonas o regiones donde los criminales pretendan imponer su propia ley.
Con ellos combatimos de manera frontal la amenaza de la delincuencia sin escatimar esfuerzos ni recursos, a fin de apoyar a la ciudadanía y a los gobiernos locales, convencidos de que esta es la forma de arrebatar a los criminales la impunidad con la que pretenden actuar al intimidar o extorsionar a las autoridades y a los ciudadanos, y al envenenar a nuestros niños a nuestros jóvenes.
Al desarticular redes operativas y financieras de la delincuencia, no sólo estamos capturando importantes líderes de las bandas, sino que también asestamos golpes y golpes importantes a su estructura económica y, en consecuencia, a su capacidad de operación para limitar su poder.
Un elemento central de la estrategia es también, como lo hemos comentado, el fortalecimiento y la depuración de los cuerpos policiacos en todo el país, porque requerimos contar con policías de probada honestidad en todos los órdenes de Gobierno, altamente capacitados y equipados; policías que cuenten con la confianza de la comunidad a la que sirven y con la capacidad necesaria para poner un alto a la delincuencia y a la criminalidad.
Buscamos que las policías de todo el país, federales, estatales y municipales, cumplan con los más altos estándares éticos; que cuenten, justificadamente, con la confianza de la gente, con el apoyo de los ciudadanos.
Policías honestos que combatan con eficacia la criminalidad a partir de contar con los mejores instrumentos de información y de inteligencia, y con un servicio profesional de carrera que dignifique la actividad policial.
Una buena parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad buscan este propósito. Y estoy seguro que si cumplimos este solo objetivo, ya habremos dado un paso significativo y quizá con pocos precedentes en la lucha contra la delincuencia.
Pero sabemos que, para que sea efectiva, nuestra estrategia tiene que ir más allá de la ejecución de operativos, de la desarticulación de bandas criminales o de secuestradores, o de la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos.
También debe, necesariamente, incluir políticas públicas de carácter preventivo. Las últimas estadísticas confirman la grave problemática a la que se enfrentan nuestros jóvenes a causa de la droga, de las adicciones y de la incapacidad del Estado, en sus diversos órdenes, de proporcionarles oportunidades de desarrollo, bienestar, formación y trabajo.
Es en este frente donde también debemos actuar y actuar unidos. Durante años las estructuras criminales penetraron en todas las esferas sociales del país, buscaron esclavizar a nuestros niños y jóvenes con la dependencia de las drogas que venden y, consecuentemente, incrustarlos en las actividades delictivas que rodean a este fenómeno.
Es por eso que la Estrategia tiene y debe tener un muy importante componente preventivo, orientado a recomponer el tejido social mediante espacios públicos recuperados, escuelas seguras, libres de droga; centros especializados para el tratamiento de las adicciones y, sobre todo, la generación de oportunidades para el desarrollo personal, y la protección y la integridad de las familias mexicanas.
La Estrategia Nacional de Seguridad se expresa, se articula y se fortalece con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que los tres órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión sin distingos de partidos, así como organizaciones ciudadanas y del sector productivo, queremos sumar voluntades y esfuerzos.
Sé que la cooperación y la corresponsabilidad rendirá frutos, y hoy podemos ver algunos incipientes primeros resultados, pero que nos indican qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfatizar.
En primer lugar. Celebro que a partir de hoy contemos con una estrategia nacional e integral contra el secuestro, que ha generado consenso con las autoridades estatales de todo el país. Este es uno de los delitos que más lastima a la sociedad y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con él.
Con esta estrategia los gobiernos habremos de enfrentar el delito de secuestro a partir de un diagnóstico compartido y con programas específicos y adecuados a la realidad que vive cada una de las entidades federativas.
Estamos decididos a golpear de manera contundente a una delincuencia que pretende dañar a la Nación, despreciando el Estado de Derecho y el régimen de libertades que nos hemos dado los mexicanos a lo largo de nuestra historia gloriosa.
En segundo lugar. Estamos fortaleciendo el marco legal para hacer más eficaz la acción de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ayer, precisamente, en cumplimiento del Acuerdo, presenté al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, con la que los recursos que utilizan los criminales podrán ser apropiados por el Estado de manera expedita, y ser utilizados, entre otras cosas, para reparar a la sociedad agraviada por el daño que se le ha causado.
Distinguidos representantes de organizaciones civiles, sindicales, empresariales y religiosas.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Señoras y señores:
Agradezco a todos ustedes, y en especial a las señoras y señores gobernadores, su presencia en esta XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Su presencia el día de hoy ratifica el compromiso con la seguridad de todos los mexicanos y nos permite también revisar los compromisos y los avances en los mismos, logrados en estos últimos días.
Desde la última vez que estuvimos aquí reunidos, hace poco menos de un mes, acontecimientos, como el cobarde atentado perpetrado por miserables contra gente inocente en la ciudad de Morelia, el pasado 15 de septiembre, ha generado la indignación y la condena unánime de toda la sociedad.
Hago eco de las expresiones manifestadas por los integrantes de este Consejo Nacional para expresar a nombre del mismo nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Michoacán, y nuestro repudio a hechos tan cobardes.
Hoy que nos encontramos de frente con un enemigo que ha mostrado su verdadero rostro, los alcances de su brutalidad, que actúa en contra de los mexicanos más indefensos para saciar sus mezquinos intereses; hoy más que nunca debemos reafirmar nuestra voluntad de combatir al crimen, redoblar el esfuerzo y no dar ni un paso atrás.
El cumplimiento de los compromisos asumidos a través del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que expresan la Estrategia Nacional de Seguridad, nos irán mostrando que este es el camino correcto.
La Estrategia Nacional parte de un principio elemental, que consiste en que la seguridad pública es la primera obligación de los gobernantes, como bien se ha dicho aquí; que es la actividad esencial del Estado, que es intransferible y tiene como objeto prevenir y evitar los peligros que amenazan a la comunidad.
Por ello, la tranquilidad y el orden social son indispensables para el progreso y el bienestar de la sociedad de cualquier Nación.
En el momento en que esa base de convivencia social se vea amagada por la acción de la criminalidad que vulnera la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley, cuando la intimida o la corrompe, o cuando construye una base social que la cobija y encubre, el Estado tiene que intervenir con todos los recursos a su alcance para restablecer condiciones mínimas de orden, de seguridad y de legalidad.
Hoy el Estado despliega su fuerza, una fuerza legítima, una fuerza legal, una fuerza democrática, una fuerza pública, la única que debe haber, para que todos los mexicanos y sus familias puedan vivir en paz y tranquilidad.
Por ello la Estrategia Nacional de Seguridad es y debe ser una estrategia de Estado y de todo el Estado, y por ello tiene entre sus componentes los Operativos Conjuntos, cuyo objetivo es, precisamente, recuperar o preservar el poder territorial del Estado en aquellas zonas o regiones donde los criminales pretendan imponer su propia ley.
Con ellos combatimos de manera frontal la amenaza de la delincuencia sin escatimar esfuerzos ni recursos, a fin de apoyar a la ciudadanía y a los gobiernos locales, convencidos de que esta es la forma de arrebatar a los criminales la impunidad con la que pretenden actuar al intimidar o extorsionar a las autoridades y a los ciudadanos, y al envenenar a nuestros niños a nuestros jóvenes.
Al desarticular redes operativas y financieras de la delincuencia, no sólo estamos capturando importantes líderes de las bandas, sino que también asestamos golpes y golpes importantes a su estructura económica y, en consecuencia, a su capacidad de operación para limitar su poder.
Un elemento central de la estrategia es también, como lo hemos comentado, el fortalecimiento y la depuración de los cuerpos policiacos en todo el país, porque requerimos contar con policías de probada honestidad en todos los órdenes de Gobierno, altamente capacitados y equipados; policías que cuenten con la confianza de la comunidad a la que sirven y con la capacidad necesaria para poner un alto a la delincuencia y a la criminalidad.
Buscamos que las policías de todo el país, federales, estatales y municipales, cumplan con los más altos estándares éticos; que cuenten, justificadamente, con la confianza de la gente, con el apoyo de los ciudadanos.
Policías honestos que combatan con eficacia la criminalidad a partir de contar con los mejores instrumentos de información y de inteligencia, y con un servicio profesional de carrera que dignifique la actividad policial.
Una buena parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad buscan este propósito. Y estoy seguro que si cumplimos este solo objetivo, ya habremos dado un paso significativo y quizá con pocos precedentes en la lucha contra la delincuencia.
Pero sabemos que, para que sea efectiva, nuestra estrategia tiene que ir más allá de la ejecución de operativos, de la desarticulación de bandas criminales o de secuestradores, o de la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos.
También debe, necesariamente, incluir políticas públicas de carácter preventivo. Las últimas estadísticas confirman la grave problemática a la que se enfrentan nuestros jóvenes a causa de la droga, de las adicciones y de la incapacidad del Estado, en sus diversos órdenes, de proporcionarles oportunidades de desarrollo, bienestar, formación y trabajo.
Es en este frente donde también debemos actuar y actuar unidos. Durante años las estructuras criminales penetraron en todas las esferas sociales del país, buscaron esclavizar a nuestros niños y jóvenes con la dependencia de las drogas que venden y, consecuentemente, incrustarlos en las actividades delictivas que rodean a este fenómeno.
Es por eso que la Estrategia tiene y debe tener un muy importante componente preventivo, orientado a recomponer el tejido social mediante espacios públicos recuperados, escuelas seguras, libres de droga; centros especializados para el tratamiento de las adicciones y, sobre todo, la generación de oportunidades para el desarrollo personal, y la protección y la integridad de las familias mexicanas.
La Estrategia Nacional de Seguridad se expresa, se articula y se fortalece con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en el que los tres órdenes de Gobierno, los Poderes de la Unión sin distingos de partidos, así como organizaciones ciudadanas y del sector productivo, queremos sumar voluntades y esfuerzos.
Sé que la cooperación y la corresponsabilidad rendirá frutos, y hoy podemos ver algunos incipientes primeros resultados, pero que nos indican qué es lo que tenemos que corregir y qué es lo que tenemos que enfatizar.
En primer lugar. Celebro que a partir de hoy contemos con una estrategia nacional e integral contra el secuestro, que ha generado consenso con las autoridades estatales de todo el país. Este es uno de los delitos que más lastima a la sociedad y que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con él.
Con esta estrategia los gobiernos habremos de enfrentar el delito de secuestro a partir de un diagnóstico compartido y con programas específicos y adecuados a la realidad que vive cada una de las entidades federativas.
Estamos decididos a golpear de manera contundente a una delincuencia que pretende dañar a la Nación, despreciando el Estado de Derecho y el régimen de libertades que nos hemos dado los mexicanos a lo largo de nuestra historia gloriosa.
En segundo lugar. Estamos fortaleciendo el marco legal para hacer más eficaz la acción de las instituciones de procuración y administración de justicia.
Ayer, precisamente, en cumplimiento del Acuerdo, presenté al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley de Extinción de Dominio, con la que los recursos que utilizan los criminales podrán ser apropiados por el Estado de manera expedita, y ser utilizados, entre otras cosas, para reparar a la sociedad agraviada por el daño que se le ha causado.
Es un principio de elemental justicia, que quienes lucran con el sufrimiento y el dolor de las familias deban ser despojados del producto de sus actividades ilícitas y retribuir con ello a las víctimas de sus actos.
También propuse al Congreso un paquete de modificaciones a diversos ordenamientos en materia penal. Con ello las fuerzas del orden podrán actuar con mayor eficacia contra la criminalidad; además se fortalecen las capacidades de las autoridades en la investigación y castigo de actos delictivos; y lo más importante, se amplía y desarrolla la participación de las víctimas y se protegen mejor sus derechos.
Es importante que todos y cada uno de nosotros brindemos apoyo a las propuestas para que pronto contemos con una legislación que responda a legítimas demandas sociales y a necesidades imprescindibles en el combate a la criminalidad.
Además, el día de hoy la Procuraduría General de la República publica el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se implementa un sistema seguro de pago de recompensa a aquellos ciudadanos que proporcionen útil y veraz que permita la captura de los criminales que más agravian a la sociedad.
En tercer lugar. El día de hoy hemos conversado todos sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de lograr una coordinación más eficaz entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad pública.
Yo estoy seguro que una vez analizado por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Gobernadores, y puesto también al análisis de los alcaldes, representados aquí, en este Consejo, por sus asociaciones nacionales, la próxima semana estaremos en posibilidad de presentar, a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, una buena iniciativa que permita coordinarnos de manera más eficiente, señalar también responsabilidades y consecuencias, y cumplir así otro de los compromisos del Acuerdo Nacional.
En cuarto lugar. Hemos agilizado la expedición de licencias colectivas de portación de armas de fuego; con ello, la Defensa Nacional, por conducto de su Secretario, ha informado que los cuerpos policiacos locales que hayan demostrado probidad y honestidad a través de las pruebas de control de confianza contenidas, precisamente, en los compromisos del Acuerdo, también podrán contar con mejor armamento no sólo igual, sino superior. Ese es el propósito al que utilizan los criminales.
El objetivo es equipar con mayor capacidad de fuego a las fuerzas del orden para que puedan enfrentar una delincuencia que ha ido escalando cada vez más sus niveles de violencia, en un intento por replegar a la autoridad y por intimidar a los ciudadanos.
En suma, con acciones como éstas estamos dando pasos para el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Es tiempo de redoblar esfuerzos para que estos logros se traduzcan en mejoras concretas y palpables, por parte de los ciudadanos, en la situación de seguridad.
Así queremos hacerlo y así lo hemos venido haciendo todos a partir de la firma del Acuerdo.
De la firma del mismo a la fecha, en lo que toca a las fuerzas federales, por ejemplo, se han dado golpes importantes a la criminalidad.
En estos días, del Acuerdo al día de hoy se han incautado casi 30 toneladas de marihuana y siete de cocaína; se logró el segundo aseguramiento más importante de dinero en lo que va de esta Administración, con el decomiso, por parte del Ejército Mexicano, de más de 26 millones de dólares, en efectivo, que presuntamente pertenecían a capos del Cártel de Sinaloa.
Se logró la detención y puesta a disposición de más de mil 300 presuntos delincuentes en los últimos 30 días, incluyendo a 20 integrantes de la organización delictiva La Familia, que tenían secuestradas a dos personas y nueve integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Cruz.
Hasta el 31 de julio, por otra parte, las fuerzas federales: Policía Federal, Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, habían capturado a 266 secuestradores y desarticulado a más de 35 bandas dedicadas al delito de secuestro.
Y, tan sólo desde la Firma del Acuerdo a la Fecha, la federación, que incluye a los estados y al Gobierno Federal, han detenido a 120 presuntos secuestradores y desarticulado 10 bandas, liberando a 30 personas que mantenían como rehenes.
Sabemos que falta mucho por hacer, sabemos el tamaño del desafío y la profundidad de los problemas que hoy estamos enfrentando; pero la parte medular, precisamente, del Acuerdo y del Consejo es la voluntad y la determinación de enfrentarlos y de cumplir los compromisos asumidos en este Palacio Nacional.
Para seguir avanzando en esa lucha también hemos propuesto al Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos 2009, un incremento real de más del 33 por ciento a los recursos destinados al rubro de orden, seguridad y de justicia, incluyendo el presupuesto para la construcción de dos penales de alta seguridad, o su habilitación, y también el incremento en el socorro de ley.
Con acciones como éstas el Gobierno Federal se mantiene firme en la tarea indispensable de recuperar la seguridad; con unidad y decisión de los mexicanos vamos a combatir a los criminales en todos los frentes.
Reconozco la disposición y la voluntad de los gobiernos de los estados por hacer frente a este mal común.
Sé que con coordinación entre todos nosotros y con voluntad firme, devolveremos la seguridad y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Señoras y señores:
Los arteros crimines del 15 de septiembre, en Morelia, ponen de manifiesto la cobardía y el verdadero rostro de la criminalidad que combatimos.
Por eso, hoy más que nunca, los mexicanos debemos mantenernos unidos para hacer frente a quienes pretenden sembrar el desaliento y el miedo en nuestro país.
Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes en el combate a la delincuencia y al crimen; así lo hace y lo hará el Gobierno Federal.
Convoco a la sociedad entera a que nos mantengamos unidos en esta lucha, que es superior a cualquier interés parcial. Una lucha que es, precisamente, del interés nacional, superior a los intereses parciales por legítimos que estos sean.
Hoy más que nunca necesitamos unidad entre poderes, unidad entre gobiernos de distintos órdenes, unidad entre partidos políticos y, sobre todo, unidad entre sociedad y Gobierno.
Hoy más que nunca necesitamos una sociedad fuerte y unida, que exija, que vigile y también que denuncie y participe en la creación de una cultura de legalidad y prevención del delito, que tanta falta le ha hecho a nuestro país.
El Observatorio Ciudadano, que surgirá en el marco del Acuerdo Nacional, será un paso fundamental para ese fin. Y por eso, el Gobierno Federal ha expresado todo su apoyo a esta iniciativa.
A las autoridades de todos los órdenes de Gobierno y de los poderes, aquí reunidos; agradezco la solidaridad con la Nación y el compromiso con su seguridad, y reitero la convocatoria a la unidad nacional.
En días pasados hemos visto como los gobernadores, los legisladores, los alcaldes, los partidos han condenado unánimemente el cobarde crimen cometido en Michoacán.
Hemos visto también como se han incrementado en distintos lugares del país la acción y la captura contra los delincuentes. El Acuerdo y su cumplimiento permiten pasar de la indignación y la condena a las acciones concretas.
Es hora de sumar esfuerzos y recursos para que las autoridades que representamos al Estado mexicano logremos que las familias de México vuelvan a sentirse seguras y tranquilas.
Es un momento de definiciones históricas. Lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre, marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia.
De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México. La generación que, por encima de diferencias políticas, se supo unir a lo esencial en el momento histórico que se le exigió: recuperar a México de manos de la delincuencia y ponerlo en la ruta para ser un país desarrollado, próspero, justo que avanza por la vía del orden, de la equidad, de la legalidad y de la paz.
Sé que con el apoyo decidido de todos ustedes y de todos los mexicanos ese México vendrá y tendrá lugar entre los mexicanos que vengan detrás de nosotros.
Y, si me permiten ustedes, les pido que me acompañen a hacer la declaratoria formal de clausura.
Hoy, viernes 19 de septiembre del año 2008, siendo las 13:00 horas, me es muy grato declarar formalmente clausurados los trabajos de la XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, esperando que se hayan alcanzado todos sus objetivos y que nos reunamos próximamente para darle seguimiento a los compromisos que hemos asumido en bien de los ciudadanos.
Enhorabuena para todos.
También propuse al Congreso un paquete de modificaciones a diversos ordenamientos en materia penal. Con ello las fuerzas del orden podrán actuar con mayor eficacia contra la criminalidad; además se fortalecen las capacidades de las autoridades en la investigación y castigo de actos delictivos; y lo más importante, se amplía y desarrolla la participación de las víctimas y se protegen mejor sus derechos.
Es importante que todos y cada uno de nosotros brindemos apoyo a las propuestas para que pronto contemos con una legislación que responda a legítimas demandas sociales y a necesidades imprescindibles en el combate a la criminalidad.
Además, el día de hoy la Procuraduría General de la República publica el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se implementa un sistema seguro de pago de recompensa a aquellos ciudadanos que proporcionen útil y veraz que permita la captura de los criminales que más agravian a la sociedad.
En tercer lugar. El día de hoy hemos conversado todos sobre la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de lograr una coordinación más eficaz entre la Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad pública.
Yo estoy seguro que una vez analizado por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Gobernadores, y puesto también al análisis de los alcaldes, representados aquí, en este Consejo, por sus asociaciones nacionales, la próxima semana estaremos en posibilidad de presentar, a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, una buena iniciativa que permita coordinarnos de manera más eficiente, señalar también responsabilidades y consecuencias, y cumplir así otro de los compromisos del Acuerdo Nacional.
En cuarto lugar. Hemos agilizado la expedición de licencias colectivas de portación de armas de fuego; con ello, la Defensa Nacional, por conducto de su Secretario, ha informado que los cuerpos policiacos locales que hayan demostrado probidad y honestidad a través de las pruebas de control de confianza contenidas, precisamente, en los compromisos del Acuerdo, también podrán contar con mejor armamento no sólo igual, sino superior. Ese es el propósito al que utilizan los criminales.
El objetivo es equipar con mayor capacidad de fuego a las fuerzas del orden para que puedan enfrentar una delincuencia que ha ido escalando cada vez más sus niveles de violencia, en un intento por replegar a la autoridad y por intimidar a los ciudadanos.
En suma, con acciones como éstas estamos dando pasos para el cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Es tiempo de redoblar esfuerzos para que estos logros se traduzcan en mejoras concretas y palpables, por parte de los ciudadanos, en la situación de seguridad.
Así queremos hacerlo y así lo hemos venido haciendo todos a partir de la firma del Acuerdo.
De la firma del mismo a la fecha, en lo que toca a las fuerzas federales, por ejemplo, se han dado golpes importantes a la criminalidad.
En estos días, del Acuerdo al día de hoy se han incautado casi 30 toneladas de marihuana y siete de cocaína; se logró el segundo aseguramiento más importante de dinero en lo que va de esta Administración, con el decomiso, por parte del Ejército Mexicano, de más de 26 millones de dólares, en efectivo, que presuntamente pertenecían a capos del Cártel de Sinaloa.
Se logró la detención y puesta a disposición de más de mil 300 presuntos delincuentes en los últimos 30 días, incluyendo a 20 integrantes de la organización delictiva La Familia, que tenían secuestradas a dos personas y nueve integrantes de la banda de secuestradores denominada Los Cruz.
Hasta el 31 de julio, por otra parte, las fuerzas federales: Policía Federal, Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, habían capturado a 266 secuestradores y desarticulado a más de 35 bandas dedicadas al delito de secuestro.
Y, tan sólo desde la Firma del Acuerdo a la Fecha, la federación, que incluye a los estados y al Gobierno Federal, han detenido a 120 presuntos secuestradores y desarticulado 10 bandas, liberando a 30 personas que mantenían como rehenes.
Sabemos que falta mucho por hacer, sabemos el tamaño del desafío y la profundidad de los problemas que hoy estamos enfrentando; pero la parte medular, precisamente, del Acuerdo y del Consejo es la voluntad y la determinación de enfrentarlos y de cumplir los compromisos asumidos en este Palacio Nacional.
Para seguir avanzando en esa lucha también hemos propuesto al Congreso de la Unión, en el Presupuesto de Egresos 2009, un incremento real de más del 33 por ciento a los recursos destinados al rubro de orden, seguridad y de justicia, incluyendo el presupuesto para la construcción de dos penales de alta seguridad, o su habilitación, y también el incremento en el socorro de ley.
Con acciones como éstas el Gobierno Federal se mantiene firme en la tarea indispensable de recuperar la seguridad; con unidad y decisión de los mexicanos vamos a combatir a los criminales en todos los frentes.
Reconozco la disposición y la voluntad de los gobiernos de los estados por hacer frente a este mal común.
Sé que con coordinación entre todos nosotros y con voluntad firme, devolveremos la seguridad y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Señoras y señores:
Los arteros crimines del 15 de septiembre, en Morelia, ponen de manifiesto la cobardía y el verdadero rostro de la criminalidad que combatimos.
Por eso, hoy más que nunca, los mexicanos debemos mantenernos unidos para hacer frente a quienes pretenden sembrar el desaliento y el miedo en nuestro país.
Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes en el combate a la delincuencia y al crimen; así lo hace y lo hará el Gobierno Federal.
Convoco a la sociedad entera a que nos mantengamos unidos en esta lucha, que es superior a cualquier interés parcial. Una lucha que es, precisamente, del interés nacional, superior a los intereses parciales por legítimos que estos sean.
Hoy más que nunca necesitamos unidad entre poderes, unidad entre gobiernos de distintos órdenes, unidad entre partidos políticos y, sobre todo, unidad entre sociedad y Gobierno.
Hoy más que nunca necesitamos una sociedad fuerte y unida, que exija, que vigile y también que denuncie y participe en la creación de una cultura de legalidad y prevención del delito, que tanta falta le ha hecho a nuestro país.
El Observatorio Ciudadano, que surgirá en el marco del Acuerdo Nacional, será un paso fundamental para ese fin. Y por eso, el Gobierno Federal ha expresado todo su apoyo a esta iniciativa.
A las autoridades de todos los órdenes de Gobierno y de los poderes, aquí reunidos; agradezco la solidaridad con la Nación y el compromiso con su seguridad, y reitero la convocatoria a la unidad nacional.
En días pasados hemos visto como los gobernadores, los legisladores, los alcaldes, los partidos han condenado unánimemente el cobarde crimen cometido en Michoacán.
Hemos visto también como se han incrementado en distintos lugares del país la acción y la captura contra los delincuentes. El Acuerdo y su cumplimiento permiten pasar de la indignación y la condena a las acciones concretas.
Es hora de sumar esfuerzos y recursos para que las autoridades que representamos al Estado mexicano logremos que las familias de México vuelvan a sentirse seguras y tranquilas.
Es un momento de definiciones históricas. Lo que hagamos o dejemos de hacer después de este 15 de septiembre, marcará para siempre la forma en la que los mexicanos del futuro recordarán este momento de nuestra historia.
De nosotros depende convertirnos en la generación que enfrentó y derrotó con decisión, unidad y firmeza a los enemigos de México. La generación que, por encima de diferencias políticas, se supo unir a lo esencial en el momento histórico que se le exigió: recuperar a México de manos de la delincuencia y ponerlo en la ruta para ser un país desarrollado, próspero, justo que avanza por la vía del orden, de la equidad, de la legalidad y de la paz.
Sé que con el apoyo decidido de todos ustedes y de todos los mexicanos ese México vendrá y tendrá lugar entre los mexicanos que vengan detrás de nosotros.
Y, si me permiten ustedes, les pido que me acompañen a hacer la declaratoria formal de clausura.
Hoy, viernes 19 de septiembre del año 2008, siendo las 13:00 horas, me es muy grato declarar formalmente clausurados los trabajos de la XXIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, esperando que se hayan alcanzado todos sus objetivos y que nos reunamos próximamente para darle seguimiento a los compromisos que hemos asumido en bien de los ciudadanos.
Enhorabuena para todos.
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