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Personas desaparecidas..Rabia e impotencia/ el reportaje de la Turati.


  • Rabia e impotencia/Marcela Turati.

Revista Proceso # 1909, 2 de junio de 2013

Suman ya cientos, miles los casos de madres, padres, hermanos, esposos, amigos… que se han atrevido a derrumbar las sordas paredes de la “justicia” mexicana para encontrar personalmente a los seres que aman, mientras que las autoridades, al cínico paso que todos los mexicanos conocemos, responden con más cinismo. Aun cuando los cuerpos de algunas personas reportadas como desaparecidas llegan a ser localizados, vuelven a perderse por obra del desorden, la falta de metodología y la indolencia en los registros de anfiteatros y panteones.
 La señora Beatriz Mejía Díaz volvió por enésima ocasión a un anfiteatro mexiquense para pedir que le enseñaran el registro de todos los cuerpos de personas no identificadas que habían tenido en sus bóvedas.
 “Señora, usted ya ha venido varias veces, su hija no está en los registros”, le dijo un empleado cuando pidió las carpetas. Obstinada, exigió que le dejaran revisar personalmente cada una de las fichas a partir del 4 de noviembre de 2011, cuando su hija Alejandra Viridiana Osornio Mejía desapareció, fueran registros de hombres, niños o ancianas.
Al repasar los documentos del 27 de enero de 2012 la encontró. La tuvieron ahí como NI (no identificada) y la enviaron a la fosa común.

“Encontré las ropas de mi hija. Me dijeron que tenían sólo el cráneo, que me fuera al Servicio Médico Forense (Semefo) de Izcalli. Pero allá perdieron la carpeta con sus datos. En el anfiteatro tampoco encontraron la ropa. No entiendo: ¿cómo es posible que la mandaran a una fosa común si yo había puestos muchas denuncias y llevaba tanto tiempo buscándola?”, dice la señora afuera de la PGR, a donde acudió a gritarle al procurador, Jesús Murillo Karam, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, su asco y su rabia por el calvario que pasó desde que su hija de 21 años fue raptada del bar billar Victorias, de Cuautitlán.
 Les gritó cuando ellos anunciaban, una vez más, la creación de la Unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
 “Desde el 28 de noviembre de 2011 comencé a ir a los semefos. Fui al de Tlalnepantla, que es el principal del Estado de México, luego al de Texcoco, al de Ecatepec, al de Amecameca y hasta al del Distrito Federal, de la colonia Doctores. Jamás me permitieron revisar personalmente las carpetas, los encargados introducían las características en la computadora y ellos hacían la supuesta búsqueda, hasta que les exigí que me permitieran revisar, y ahí estaba. Eso vine a decirles a la PGR: que cómo es posible que mi hija hubiera pasado tanto tiempo en la fosa común y que nadie me informara nada”, dice Beatriz Mejía, que hacía unos minutos gritaba con furia y angustia.
 La acompañan otras madres y padres que se han enfrentado al desorden administrativo de morgues y panteones, donde los cadáveres se descomponen bajo tierra y en total anonimato por la impericia, la burocracia y la negligencia institucionalizadas. Al menos 24 mil cuerpos permanecen en fosas comunes a la espera de una digna sepultura, pero por el desorden administrativo sufren una doble desaparición: la primera cuando fueron secuestrados, la segunda cuando los peritos forenses los clasificaron mal, perdieron las pertenencias que llevaban, registraron mal sus datos en la computadora o los mandaron a una fosa común, revueltos con otros, y muchas veces ni siquiera anotaron la ubicación final.
 El mismo destino corrió Abril Selena Caldiño Rodríguez, desaparecida el 26 de mayo de 2011, localizada muerta pocos días después en “un municipio cercano a Tecámac” y enviada a una fosa común. Dos años después, el pasado Día de las Madres, las autoridades descubrieron que el cadáver de la quinceañera fue clasificado como el de una mujer de 45 años y tardaron semanas en ubicarlo, ya que perdieron la carpeta de investigación que indicaba el panteón donde fue enterrado.
 Desorden
En vez de tener fiesta de 15 años, la niña Bianca Edith Barrón Cedillo tuvo una ceremonia fúnebre, pues el pasado abril la familia identificó la ropa y los rasgos físicos de un cadáver enviado a la fosa común en mayo del año pasado, una semana después del hallazgo, al que un perito había clasificado como mujer de 25 a 30 años. Por esta razón, cuando su madre pedía que buscaran el cuerpo de una quinceañera, no se hallaban registros a pesar de que el cadáver había sido encontrado al día siguiente de la desaparición.
O el caso de Barbie, Bárbara Reyes, la joven de 17 años desaparecida el 8 de agosto de 2011 en Tlalnepantla, cuyos restos fueron encontrados 18 meses después en una fosa común luego de que su madre hizo lo mismo: revisar personalmente cada expediente.
Su madre, Lourdes Muñiz, había emprendido una campaña de búsqueda; incluso logró que las autoridades del Estado de México dedicaran a un equipo para su búsqueda y ofrecieran una recompensa por datos que ayudaran a localizarla, pero a los funcionarios no se les ocurrió cotejar los registros de las morgues.
Otra mamá con su mismo penar le sugirió ir al Semefo donde la encontró: estaba registrada –a lápiz por falta de computadora– como una mujer de 18 años, cuyo cuerpo fue localizado a kilómetros de donde se reportó su desaparición.
“Empecé por el Semefo de Cuauti­tlán Izcalli, luego fui al de Cuautitlán, y ahí encontré que había un cuerpo no reclamado con coincidencias en edad, sexo y otras características. Me dijeron que fuera a Barrientos para ver las fotos y así identifiqué las ropas de mi hija, su blusa y sus tenis. Llevé también los moldes de yeso de sus dientes, que también eran similares. Luego fuimos al panteón estatal La Loma, en Cuautitlán, donde tardaron tres días en ubicarla porque tenían un completo desor­den: había cuerpos mezclados, habían pasado unos de fosas particulares a las comunes, o no debían estar ahí. Calculaban que en los primeros metros cuadrados la iban a encontrar, pero terminaron cavando 64 metros cuadrados, y cuando se les complicó me dijeron que quizá sólo podrían encontrar el cráneo”, dice Lourdes afuera de la PGR, donde también exigió a gritos justicia para su hija.
 “Lo único que recuperé fueron los huesitos de mi hija, ni ropa ni nada. Nadie sabe nada”, dice, entre molesta y resignada. Se dirige a su hija:
 “Hoy, a 20 meses de ardua búsqueda, de frustración, dolor y lágrimas… mi pequeña, te hemos encontrado, no como nosotros –papá, mamá, hermanas, familia y amigos– queríamos (…) Discúlpanos por nuestra ineficiencia y tardanza de 19 meses en encontrarte… pero otros burócratas mal nacidos, que no realizaron su trabajo y te mandaron a una fosa común en las peores condiciones, nos obstaculizaron… Pero no importó; finalmente te encontramos y recuperamos, como te lo habíamos prometido, y en breve estarás al lado de tus abuelitas, abuelitos y tíos.”
 El escándalo de Barbie destapó la cloaca en el Estado de México, fiel reflejo de lo que ocurre en todo el país. Por la presión de las madres, tuvieron que mostrar fotografías de todos los cuerpos. “Todo ese proceso de ver cuerpos es desgastante, devastador”, dice la señora Guillermina Hernández, madre de la adolescente de 14 años Selena Giselle Delgado, desaparecida el 29 de abril de 2010 en Ecatepec.
 “Los semefos no tienen estructura bien hecha, ponen la edad que creen que tiene el cadáver, sin investigar. No tienen infraestructura, no registran fechas. Si guardan ropa, la pierden, no la tienen junto al cuerpo”, dice la mujer, que ha recorrido también panteones como el de Texcoco, donde detectó cuerpos de NI enterrados en los pasillos entre las tumbas, y sepulturas sólo clasificadas con el número de expediente en un papel envuelto en una bolsa de plástico. Ya recorrió Naucalpan, Texcoco, Iztapalapa y Barrientos. Y nada.
 Considera que si a su hija la desapareció una dentista que ella ubica como responsable, el gobierno la desapareció por segunda vez con su desorden, su incompetencia, su negligencia.
 Por eso el 27 de mayo se presentó en la PGR con otras madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, justo durante el anuncio de la unidad especializada que Osorio Chong había anunciado ya en febrero pasado pero que, como se indicó en el acto, cuenta sólo con 12 agentes del Ministerio Público para buscar a miles de personas registradas como desaparecidas o no localizadas –de ellas 27 mil corresponden al sexenio anterior–, y que aún no tiene reconocimiento jurídico, mandato, instalaciones ni presupuesto.
 La tarea en los anfiteatros del Semefo y en los panteones es ardua. De 2006 a 2012 la base nacional de perfiles genéticos de la PGR recibió 15 mil 618 perfiles de cadáveres de desconocidos muertos con violencia, de los cuales solamente 425 fueron identificados, según el reporte que el periódico La Jornada publicó el pasado 2 de enero.
 En 13 entidades (Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca) se carece de laboratorios de genética para identificar cadáveres –además, en algunos las necropsias se practican en funerarias privadas o en cementerios–, y en muchos casos los desconocidos son enviados a la fosa común con expedientes incompletos y sin que sus huellas dactilares, peritajes de fotografía o genética hayan sido confrontados con los datos nacionales que poseen la PGR o la Secretaría de Seguridad Pública federal. Los criterios para las exhumaciones y el tratamiento de cadáveres no identificados no están homologados.
 El reportero Víctor Hugo Michel, de Milenio, reveló en octubre de 2012 que los municipios reportan que durante el sexenio pasado enviaron a fosa común 24 mil cadáveres no identificados. Según datos oficiales, sólo 3% de los asesinados que llegan como NI a los panteones son identificados posteriormente, como en los casos de Bianca, Barbie y Viridiana.
 En la actualidad cada estado tiene sus propios plazos, que van de un día a seis meses, para enviar a un desconocido a la fosa común. Cada municipio cuenta con sus propias regulaciones para clasificar el cadáver y sobre el número de cuerpos que puede contener una fosa. Algunos restos son incinerados.
Intervención humanitaria
La crisis humanitaria por la desaparición de personas obligó al gobierno federal a pedir ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que intervenga en México y, entre otras cosas, enfrente el desorden existente en los semefos y en los cementerios, que es un impedimento importante para localizar personas.
El pasado 21 de febrero se firmó el convenio para que el organismo internacional fundado en 1863 proporcione asesoría a las autoridades mexicanas.
El asesor jurídico de la delegación del CICR en México, Romarick Ferraro, inicia la entrevista con Proceso indicando que los principios del comité son neutralidad, imparcialidad e independencia, y que en todos los países donde trabajan de manera bilateral (en acuerdo con gobiernos o con grupos armados reconocidos) mantienen la confidencialidad. Los informes que realice no serán públicos si el gobierno mexicano no lo desea.
Explica que los ejes temáticos de la organización humanitaria en cuanto a la desaparición de personas son la prevención (evitar desapariciones), esclarecimiento de la suerte de la persona (promoviendo mecanismos para establecer la verdad), gestión de información (recolección y producción de información clara), identificación forense y apoyo a las familias en todas sus necesidades, así como fortalecimiento para que participe con las autoridades en la búsqueda. El gobierno mexicano elegirá en cuáles de esos temas requiere asesoría.

Cuando se le pregunta cuál será su función, insiste: “El contenido es parte de ese diálogo confidencial, nosotros asesoramos al gobierno en lo que nos pide”.
 Y aunque en conflictos armados, como el colombiano o el afgano, el CICR es interlocutor de los actores armados, como las FARC o los talibanes, cuando se le consulta si en México negociarán con narcotraficantes para esclarecer hechos, responde que en ciertos contextos el diálogo “no se logra o no se puede si no existen condiciones aceptables de seguridad”.
 Alejandra Jiménez, odontóloga forense colombiana que trabaja como asesora para el CICR, explica que desde 2010 ese organismo comenzó a trabajar en México con equipos forenses de diferentes estados y en 2012 con los directores de los semefos de las 32 entidades. Su objetivo es recomendar buenas prácticas que permitan la recuperación de cadáveres, que se desarrollen y apliquen todas las disciplinas forenses hasta que el cuerpo se inhume, y se lleve un registro profesional y adecuado con buenas fotografías, huellas dactilares, características físicas, registros médicos y odontológicos del fallecido y todas las señas que puedan ayudar a establecer su identidad.
 La idea es crear una base nacional de registros antemortem (basados en las denuncias de las familias y en la información que aporten) y postmortem (registros sobre los cadáveres), cuya información sea exhaustiva, compatible y confiable. Desde hace un año Tlaxcala es el estado piloto para la aplicación de este sistema donado por el CICR y que implica mucha capacitación.
 “La consolidación de estos sistemas de información toma mucho tiempo. En Colombia tomó 15 años porque significa armonizar los procesos que son cimiento para la gestión de información”, explica Jiménez en entrevista.
 Los expertos reconocen que aquí la situación se complica por el tamaño del país y por la federalización, ya que se deberá armonizar y unificar el trabajo de cada entidad. Sin embargo, señalan que ya el conflicto de los Balcanes impuso al CICR­ nuevos retos en la búsqueda de personas desaparecidas, que lo llevaron a desarrollar más ese rubro.
 En sus 150 años de historia el organismo ha colaborado en el intercambio de listas de personas detenidas-desaparecidas entre grupos o Estados, en el fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales para la localización de personas, en la creación de bases de datos con la información proporcionada por las familias, en el diálogo con todos los grupos armados protagonistas de un conflicto y el gobierno para obtener información sobre personas cuyo paradero se desconoce, en la facilitación para que los presos se comuniquen con sus familias y en la liberación de rehenes.
 –¿Qué van a hacer en México? –insiste la reportera.
 –La idea es trabajar los cinco ejes con las autoridades, pero serán ellas las que decidan el énfasis. Les mostraremos las capacidades que tenemos, otras experiencias en el mundo, nuestras expertisses, y el gobierno decide –responde Ferraro.
 A su vez, Jiménez señala que en México es evidente la necesidad de trabajar la gestión de información a nivel nacional, por lo que ofrecen asesoría para consolidar los registros. En cuanto a los asuntos forenses, explica que se requiere una inhumación adecuada, en lo posible individualmente, con tumbas señaladas con sistemas de registros confiables que permitan a las familias tener información 30 años después, si es necesario. Pero advierte que la búsqueda no es sólo de cadáveres, sino sobre todo debe hacerse en vida.
 “Nada es similar a México –admite Ferraro–. Los problemas humanitarios son los mismos, las necesidades de las familias, pero la forma de expresión es inédita. Estamos en un país con índices de desarrollo elevados y niveles de violencia pronunciados.”­
 Sin embargo, señala que ve un futuro prometedor si se aplican las leyes de víctimas y de registro de personas no localizadas, porque serán herramientas jurídicas para la prevención, el esclarecimiento, la restitución y el apoyo a las víctimas.
 A más de tres meses de haber firmado el convenio con el CICR, la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia están por lanzar el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense –al que este semanario tuvo acceso–, que intenta homologar en todo el país “la investigación criminalista, en medicina forense y en sistemas de identificación humana”, con la finalidad de que los agentes del Ministerio Público tengan mejores elementos de trabajo.
 El protocolo, de más de 300 hojas y elaborado con asesoría del CICR, señala en su introducción que pretende regular el levantamiento de cadáveres en el lugar del hallazgo, la práctica de la autopsia y la identificación, determinando la causa y las circunstancias de la muerte. Sin embargo –admiten funcionarios de la PGR– actualmente ni siquiera existe un dato oficial sobre el número de cementerios existentes.
 Entre panteones
 Mientras las autoridades elaboran nuevos protocolos cuya aplicación puede tardar años, el señor José Serrano recorre el país buscando a su hijo David Serrano Sandoval, un abogado de 38 años secuestrado el 16 de junio de 2012 en Lerma, Estado de México, por una célula de la banda criminal La Mano con Ojos y posteriormente del Cártel Independiente de Acapulco. Aunque desde el inicio la familia tuvo asistencia del grupo antisecuestros de la Policía Federal, nunca se concretó la liberación del penalista.
 Desde este año, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR asesora a este padre para que confirme si su hijo pasó por algún semefo, ya sea en el Distrito Federal, el Estado de México o en Guerrero. Una vez la fiscal Rosario Sandoval, de la SEIDO, le informó erróneamente que había sido ubicado en la Ciudad de México.
 “Desde el 15 de agosto, cuando se terminaron las negociaciones con los secuestradores, empecé a ir a semefos: a los de la Ciudad de México, Cuernavaca y Toluca; a los hospitales, a ver si estaba malherido, fui viendo pacientes cama por cama. He seguido haciendo visitas a esos lugares, he visto cadáveres que me enseñan en Lerma, Toluca, Zihuatanejo, Acapulco y Chilpancingo”, cuenta el señor Serrano.
 Su búsqueda se convirtió en un calvario: de Lerma, donde no tienen cámaras frigoríficas, le dijeron que buscara en Toluca y ahí le mostraron fichas con fotografías de unos 100 cadáveres, enteros (muerte natural o atropellamiento) y decapitados o mutilados. También lo invitaron a ver cuatro cuerpos en la zona refrigerada.
En Zihuatanejo acudió a la funeraria particular habilitada como semefo y vio dos cadáveres que ni siquiera tenían datos, como fecha de ingreso o edad establecida, todo se basaba en la memoria del encargado. De ahí lo canalizaron a Acapulco, donde Serrano vio 50 fichas de cadáveres rescatados (30 de ellos de la fosa clandestina La Peña del Chivo), hasta que ubicó la ficha de un hombre alto, de 35 a 39 años de edad, sin muelas del juicio. Le pareció que podía ser su hijo y fue a Chilpancingo a pedir la muestra genética tomada a ese cadáver y su ficha. Actualmente espera a que le confirmen si es su hijo.
 “Me gustaría venirme de Chilpancingo con algo, no porque quiera que forzosamente me den ese cadáver, sino para saber si debo seguir investigando”, dice este padre afuera de la PGR, entre triste y esperanzado después de seguir las rutas de la muerte y pasar por los laberintos de la ine­ficiencia burocrática que desaparece por segunda vez a las personas.

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