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El protocolo de la muerte*


El protocolo de la muerte*/MARTHA PATRICIA GIOVINE
Revista Proceso # 1943, 25 de enero de 2014;
Los casos de pena de muerte en cualquier estado (de Estados Unidos) son complicados, además de costosos, y son muy pocos los especialistas en leyes que están preparados para defender y liberar a un acusado una vez que la fiscalía pide la sentencia capital.
 La mayoría de los casos de pena de muerte en Texas son asignados por las cortes a defensores públicos debido a que los acusados son casi por regla general personas sin recursos económicos, que trabajan como obreros, trabajadores de la construcción, en el campo, o que no trabajan, y ni ellos ni sus familiares tienen los recursos para solventar a un especialista.
 Los procesos en que los abogados de distrito piden la pena capital para un acusado, son aquellos que involucran asesinatos con agravantes; es decir, asesinato agravado con robo, con violación, cometido durante un asalto o en contra de un agente del orden público, llámese policía o cualquier otro funcionario que trabaje para los gobiernos local, estatal o federal, aun cuando éste se encuentre encubierto al momento del homicidio.

 Los abogados capacitados por lo general pueden demostrar que la investigación policiaca tuvo irregularidades, o que el arresto no se dio en el marco de la ley; pueden contratar investigadores privados o especialistas en pruebas de balística, de laboratorio, así como psiquiatras y médicos forenses En cambio los abogados de oficio poseen poca experiencia, están poco motivados y tienen sobrecarga de trabajo, y alguno incluso se ha quedado dormido durante el juicio. Estos abogados ganan poco y no se les asigna el dinero que se requiere para pagar a expertos que puedan presentarse a declarar o a realizar pruebas adicionales a las estrictamente necesarias para la defensa del caso. El resultado es que son los más pobres los que terminan en los pabellones de la muerte.

El investigador privado Richard Reyna, quien ha tomado decenas de casos de sentencia capital para los equipos de abogados defensores en todo Estados Unidos, explica que la pena de muerte es discriminatoria, pero no en contra de afroamericanos o hispanos, sino en contra de los pobres.

“Las aberraciones más grandes en estos casos se dan durante los juicios. Son derivadas de una pésima defensa que descuida elementos importantes, o que teme enfrentarse a las autoridades policiacas al poner en evidencia sus irregularidades, y prefiere sacrificar a su cliente”, expone.
El camino de las cortes
Una vez que un jurado, por lo general integrado por 12 personas, emite un veredicto y que el juez ratifica la sentencia de muerte, se presenta por ley una primera apelación a cargo de los mismos abogados y, por tanto, como regla general, con iguales resultados que en el juicio. Después de esto, el condenado se queda sin abogado y a expensas de alguna firma que trabaja pro bono, con fondos del estado o pagada por el gobierno mexicano –en el caso de los mexicanos– o por organizaciones europeas (…)
Durante las apelaciones las cortes nunca aceptan la revisión de los elementos presentados durante el juicio, ya que defienden que con base en ellos el jurado emitió un fallo y éste nunca se cuestiona. Así, lo importante en adelante es demostrar irregularidades en el proceso, no la inocencia del acusado.
La aplicación de la sentencia de la pena de muerte no es inmediata. El promedio de tiempo que un condenado pasa en el pabellón de la muerte en Texas, antes de ser ejecutado, es de 15 años. Sin embargo hay casos, como el del mexicano César Fierro, con 33 años, convirtiéndose éste en uno de los reos con más antigüedad en el corredor de la muerte (…). En otros estados, como California, los condenados a muerte pueden pasar toda la vida en sus celdas sin que se les haga efectiva la condena.
 Por lo general los abogados esperan a que se acerque una fecha de ejecución para empezar a agotar el camino por las cortes con apelaciones. Cuando lo hacen, regresan con nuevos elementos a la Corte de distrito en la que se emitió la condena de apelación.
 Una vez que esta Corte en Texas rechaza la apelación, se recurre a la Corte de Apelaciones de Distrito, y de ser negada la revisión el expediente es entregado a la Corte del Quinto Circuito en Nueva Orleans. (Si ello no fructifica) se recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 Una vez que se han agotado infructuosamente todas las cortes, se recurre a la Junta de Perdones de Texas, integrada por siete representantes de diversos sectores de la comunidad, residentes de ciudades como Austin, San Antonio, Huntsville y Amarillo. Su función es la revisión de la petición de clemencia ejecutiva y votar al respecto para hacer una recomendación al gobernador del estado.
 En caso de recibir la recomendación por mayoría de la Junta de Perdones, el gobernador puede otorgar el perdón que liberaría al reo o la conmutación de la pena de muerte por tiempo en la cárcel o una suspensión temporal para dar tiempo a una revisión del caso.
 En muy pocas ocasiones la Junta de Perdones recomienda al gobernador de Texas la clemencia ejecutiva. Sólo en ese caso se puede suspender la ejecución incluso en el último segundo, justo antes de que comiencen a fluir las sustancias letales por los brazos y hacia el cuerpo del reo. Por ello en la cámara de ejecuciones hay un teléfono que representa la última esperanza del condenado a muerte, y de su familia cuando está presente (…)
Traslado
El protocolo establece que el día de la ejecución, en algún momento de la mañana o el medio día, las autoridades carcelarias trasladan a los condenados a muerte en un vehículo blindado de la Unidad Polunsky, en Livingston, a la Unidad de Las Paredes en Huntsville, en donde comienza la última fase del protocolo de la muerte.
El trayecto en una van blanca con ventanas con reja de metal es de 45 minutos y en la mayoría de las ocasiones es el último contacto que tienen los reos con el exterior. Las autoridades no revelan por seguridad el trayecto que seguirá esta camioneta, o la hora en que partirá de Polunsky. En algunos de los casos, cuando el preso no ha emitido su última voluntad, se les ordena a su llegada a la Unidad de Las Paredes que decidan e informen si su cuerpo será entregado a la familia o si será enterrado en el panteón de la prisión.
(…) Inmediatamente después el reo es sometido a una revisión corporal y es llevado hasta una pequeña celda, adyacente a la cámara de la muerte, en la que hay un sistema de circuito cerrado y una vigilancia constante. Esta celda es la última parada antes de la ejecución. Cuenta con un camastro empotrado en la pared, un retrete y en ocasiones una máquina de escribir. Los movimientos del reo son documentados minuto a minuto.
Testimonios de esos prisioneros cuya ejecución ha sido suspendida a última hora, incluyendo César Fierro, relatan que el camino de la Unidad Polunsky en Livingston a la Unidad de Las Paredes en el centro de Huntsville es especialmente emotivo: por un lado porque es su trasladado a la cámara de la muerte; y por el otro porque muchos de ellos no habían visto por años más allá de las celdas y no habían tenido contacto visual con calles, edificios y gente en las aceras. No habían sentido ni visto los rayos del sol. Esos reos saben que no sólo es la primera vez en años que tienen contacto con el mundo exterior, sino que también será la última.
Inyección letal
Texas lleva a cabo el cumplimiento de la condena capital por medio del método de la inyección letal, que hasta julio de 2012 consistía en una combinación mortal de tres sustancias conocidas como “el coctel de la muerte”. Primero, dos gramos de tiopental sódico, un anestésico que técnicamente puede llevar a una persona a la inconciencia hasta 10 minutos; la segunda sustancia: bromuro de pancuronio, que induce la parálisis total del reo; y por último, cloruro de potasio, que ocasiona un paro cardiaco.
 El sistema penitenciario estadunidense argumenta que este método de ejecución es el más humano, especialmente cuando se compara con la silla eléctrica que todavía se utiliza en el estado de Nebraska, o la cámara de gas que se utilizaba en California. Asegura que con la inyección letal el reo queda desde un inicio en la inconciencia y no siente el resto del proceso (que debe durar no más de 10 minutos), cuando se le paraliza el diafragma, los pulmones o se colapsa el corazón (…)
 Un estudio dado a conocer por la publicación médica Lancet basado en la autopsia de 49 cuerpos de reos ejecutados, reveló que en 43 casos la concentración de anestesia (tiopental sódico) contenida en su torrente sanguíneo era menor a la que se necesita para adormecer el área de un paciente antes de que se lleve a cabo una incisión; y en 21 casos la cantidad no era suficiente para evitar que una persona respondiera a órdenes verbales. Esto quiere decir que el reo puede salir de la inconsciencia antes de que concluya el proceso, para encontrarse totalmente paralizado por el bromuro de pancuronio; sin poder siquiera parpadear o quejarse, o hacer un gesto de dolor, al tiempo que siente que no trabaja su diafragma ni sus pulmones y que se colapsa su corazón, aunque, para quienes lo ven desde el exterior, parece inconsciente.
 Los resultados del estudio fueron corroborados en mayo de 2006 durante la ejecución de Joseph Lewis Clark, de 57 años, en el Sistema Correccional de Ohio.
 De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron presentes, el reo murió después de 90 minutos de iniciado el proceso. Clark, que en un principio se veía tranquilo y resignado, había sido ajustado a la camilla de ejecución y se había iniciado ya la introducción de las sustancias, cuando empezó a gritar desesperado: “¡No funciona, no funciona, no está funcionando!”.
 Los trabajadores del penal se apresuraron a cerrar las cortinas que separan por un grueso cristal el cuarto de testigos de la cámara de ejecución, quienes aun así lo escuchaban quejarse y gemir. Cuando la cortina se abrió nuevamente, unos 40 minutos después, Clark tenía un brazo vendado. La ejecución seguía su curso y el reo tenía los ojos cerrados, pero levantó la cabeza varias veces para respirar hondo, antes de finalmente quedar inmóvil. Las autoridades del penal indicaron que una de sus venas había colapsado.
 La ejecución de Clark puso en la conciencia de los condenados a muerte y de sus familias que el suministro de estas tres sustancias podía ser sumamente doloroso. Comenzaron a luchar en las cortes por una moratoria con el argumento de que la inyección letal era un castigo cruel e inusual.
 Desde entonces los estados de Arizona, Idaho, Ohio, Dakota del Sur y Washington cambiaron el suministro de estas tres sustancias por una sola: una dosis letal de anestesia. El 18 de julio de 2012 Texas se convirtió en el sexto estado en utilizar una sola sustancia y ejecutó a Yakhon Hearn con una dosis mortal de fenobarbital. California está en vías de hacer lo propio.
 Hasta ahora, en Estados Unidos han sido ejecutadas 728 personas con el coctel de la inyección letal.
 *Fragmentos del libro El protocolo de la muerte: mexicanos en la antesala de su ejecución, escrito por la periodista Martha Patricia Giovine y publicado en octubre pasado por la editorial Palibrio.



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