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La ONU, implacable: México, reprobado en derechos humanos


La ONU, implacable: México, reprobado en derechos humanos
GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso #1956, 26 de abril de 20014
 Una vez más, México sale reprobado en el informe que el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, presentará en el Consejo de Derechos Humanos de la organización internacional en junio próximo. Según el funcionario, pese a que las reformas penal y de derechos humanos son positivas, el gobierno de Enrique Peña Nieto debe pasar de su retórica a los hechos, ya que la impunidad con que se cometen casi todos los delitos en el país genera corrupción, complicidad, más violencia, y “convierte a la justicia en una farsa”.
La impunidad que origina violencia y violaciones al derecho a la vida, la militarización de la seguridad pública, la manipulación de pruebas y la utilización de chivos expiatorios que convierten “a la justicia en una farsa” son algunos de los males que diagnostica a México el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.
En su informe final como resultado de la visita que realizó al país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, el cual presentará en el 26º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, del 10 al 27 de junio próximo, Heyns “observa con preocupación que México sigue sufriendo niveles alarmantes de violencia. Se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable”.

En el documento, del cual este semanario tiene copia, el relator señala que el gobierno de Enrique Peña Nieto modificó la retórica oficial respecto de la manejada por su predecesor, Felipe Calderón, quien lanzó en 2007 la “guerra contra el narcotráfico”.
Y aunque desde su toma de posesión y la firma del Pacto por México Peña Nieto se comprometió a “recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia”, el experto originario de Sudáfrica advierte: “Lo que todavía hace falta son estrategias sobre la forma en que se han de alcanzar esos objetivos”.
Y sostiene: “El hecho de que las autoridades públicas hagan menor hincapié en la cuestión de la violencia y la delincuencia podría no significar necesariamente que en realidad haya disminuido el número de delitos violentos”.
El año pasado, cuando visitó México, el relator especial de la ONU dijo a Proceso que llegaba “en un momento muy oportuno, en un momento de transición, pues hay tantos cambios institucionales, tantos cambios jurídicos bajo el nuevo gobierno; incluso ha cambiado la retórica, lo que es importante”.
Entrevistado por la reportera el 2 de mayo de 2013, Heyns consideró que un año era suficiente para advertir un cambio en la estrategia de seguridad.
“Como orientación muy general diría que podríamos esperar un año antes de empezar a encontrar soluciones, pero más importante que las cifras es percibir un consenso o bien un grado de reconocimiento general de que el país avanza en sentido adecuado”, afirmó (Proceso 1905), pero aclaró que no sólo se refería al reconocimiento por parte de los políticos, sino también de organizaciones civiles, organismos de derechos humanos e incluso de periodistas: “Entonces podremos afirmar que sí están cumpliendo las políticas”.
Ahora, en su informe final, pide pasar del dicho a los hechos: “Se exhorta al gobierno de México, en los niveles federal y estatal, a que vele por que se proteja el derecho a la vida, tanto en lo que respecta a cada uno de los incidentes como en las declaraciones públicas y las reformas legislativas y de política. También se hace hincapié en que un componente central de la protección del derecho a la vida es exigir que se rindan cuentas de todos los casos en que se haya vulnerado ese derecho”.
 Heyns recuerda que antes de su visita solicitó al Estado mexicano información sobre 31 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2007 y 2012. Sólo recibió datos de 26 de ellos, y se dice preo­cupado de que “en muchos de esos casos de homicidio al parecer no se hayan formulado cargos y/o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas, con la consiguiente impunidad aparente”.
 “El relator especial reitera la importancia de la diligencia debida e insta al gobierno a velar por que se enjuicie a los autores de esas muertes y se honren los derechos de las familias de las víctimas, entre otras cosas mediante el pago de una indemnización.”
 Como hizo en su visita, en el documento Heyns reitera su reconocimiento a las reformas constitucionales en materia penal de 2008 y a las de derechos humanos de 2011, pero alerta sobre el avance de contrarreformas como la de Chihuahua, donde se ha instituido el nuevo sistema penal, y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “que cuando hubiera una restricción al ejercicio de los derechos humanos, se aplicaría tal restricción no obstante las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales”.
Resistencia a los derechos humanos
Catedrático en derecho de las universidades de Washington y Oxford, Heyns destaca que si bien Peña Nieto ha declarado que mantendrá a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública “hasta la aplicación de una nueva estrategia en materia de seguridad y justicia”, para después retornarlas a sus cuarteles, mientras el experto redactaba su informe “todavía era escasa la información sobre la forma en que (la desmilitarización) se iba a llevar a la práctica”.
Al respecto, el informe del relator cita números de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): de 52 recomendaciones emitidas entre 2006 y abril de 2013 relacionadas con violaciones del derecho a la vida, 39 estaban dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de la Marina (Semar). Esto “pone de manifiesto los riesgos que conlleva la asignación de tareas de protección de la seguridad pública a cuerpos militares”, comenta el funcionario de la ONU.
Asimismo, cuestiona la labor de la CNDH, que preside Raúl Plascencia Villanueva, ya que de las 52 recomendaciones mencionadas, 18 se consideraron cumplidas pero “ello no se tradujo necesariamente en el enjuiciamiento efectivo de los responsables de violaciones del derecho a la vida, como en el caso de los dos estudiantes muertos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (marzo 2010)”.
Heyns alienta a la CNDH a cerciorarse “no sólo de que se abran investigaciones oficiales” por sus recomendaciones, sino también de que éstas “se realicen con prontitud y a fondo, de modo que los responsables sean llevados ante la justicia. Todos los indicios dejan pensar que no ha ocurrido así”.
También considera indeseable la prevalencia del fuero castrense para juzgar a personal militar que incurre en violaciones a derechos humanos contra civiles, entre ellas el homicidio, a pesar de la existencia de cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan reformas legislativas para cambiar esa situación.
Recuerda Heyns que, durante su visita a México, representantes del gobierno de Peña Nieto reconocieron el problema y afirmaron que las causas penales de esa clase cambiarían de fuero:
“Esto significaría que más de 5 mil investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por personal militar contra civiles han de transferirse de la justicia militar a la justicia civil. Sin embargo, el relator especial observa que en el momento en que se escribía el presente informe no se habían hecho públicos datos concretos que demostraran que efectivamente se habían transferido esos expedientes y destaca la importancia que se publique esa información.”
En cuanto a la reforma al Código de Justicia Militar, lamenta que la versión a la que tuvo acceso antes de finalizar la redacción de su informe, el 4 de diciembre pasado, haya “sido suavizada y no tratara el problema de la reducción de la competencia de la jurisdicción militar de forma inequívoca”.
Por eso el relator recomienda a México ir más allá y “que considere la posibilidad de establecer la jurisdicción civil para todas las cusas relativas a homicidios cometidos por militares, incluso cuando la víctima no sea civil”.
En el mismo texto dice que no se explica por qué si el gobierno de Peña Nieto difundió que en el sexenio de Calderón se registraron 102 mil 696 asesinatos –unos 70 mil relacionados con el tráfico de drogas–, “el homicidio no figura entre los delitos enumerados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
Esta carencia, indica, ha derivado en que “las autoridades federales a menudo no investigan ni enjuician esos delitos, incluso cuando los primeros indicios señalan claramente que las muertes están relacionadas con la delincuencia organizada y pese a que las autoridades federales tal vez estén en mejor posición para hacerlo que las estatales”.
Peor aún sería, en opinión del funcionario de la ONU, que “las fuerzas de seguridad pudieran considerar que en el contexto de la lucha del Estado contra la delincuencia organizada no tenía importancia que murieran personas involucradas en el narcotráfico y que ‘el problema se resolvería solo’ cuando el miembro de un cártel mataba a alguien de otro cártel. Esa forma de pensar menoscaba el valor mismo de la vida”.
Al considerar que la impunidad “constituye en sí una violación al derecho a la vida por el Estado”, enumera situaciones que la fomentan: la “complicidad de ciertos funcionarios de las fuerzas del orden y del Poder Judicial con la delincuencia organizada”; omisiones o negativas de autoridades federales y estatales para abrir investigaciones; cierre apresurado de indagatorias, “cuando había sospechas , sin la debida investigación, de que la muerte era el resultado de vínculos con la delincuencia organizada”, o dejar las investigaciones sobre las muertes en manos de las familias de las víctimas.
Igual de alarmante es para Heyns que las autoridades no hayan preservado pruebas de muchos casos, y que ahí donde se involucraron integrantes de las Fuerzas Armadas se haya manipulado la escena del crimen, como ocurrió en el ITESM, en marzo de 2010. “Incluso las versiones oficiales reconocen que no se ha avanzado en la investigación para dar con los responsables de las muertes o la manipulación de las pruebas” en dicho caso.
Resalta la implicación de inocentes, “por lo general vulnerables, en crímenes, muchas veces tras la obtención de confesiones obtenidas bajo tortura –como presuntamente ocurrió en el caso de Israel Arzate, acusado de la masacre de estudiantes en Ciudad Juárez en enero de 2010– o bien en virtud del testimonio de supuestos testigos que no estaban presentes en el lugar del delito”.
Dicha “utilización de chivos expiatorios convierte a la justicia en una farsa. Si bien de esa forma se crea una ilusión de rendición de cuentas, en realidad se está cometiendo una doble injusticia”.
El veneno de la impunidad
Entre las prácticas que profundizan la impunidad, la cual según la CNDH cubre entre 98% y 99% de los crímenes cometidos en México, Heynz incluye la falta de independencia de las instituciones de administración de justicia, cuya expresión más grave son los “temores ante actos de intimidación, las amenazas y las agresiones de que son objeto los fiscales u otras autoridades judiciales”, escenario compartido por los servicios forenses estatales.
Durante la visita oficial del relator, familiares de víctimas de homicidios y de testigos de los crímenes denunciaron ante él que fueron amenazados o sufrieron represalias “de autoridades estatales o grupos de la delincuencia organizada por haber solicitado que se iniciaran investigaciones o acciones judiciales”.
De ahí que en su informe Heyns se muestre crítico hacia la Ley General de Víctimas, “un acontecimiento positivo” pero enfocado en la indemnización de las víctimas y no “aparejado con medidas adecuadas para alentar la rendición de cuentas por violaciones graves”.
Otro espacio importante en el texto del experto sudafricano se destina al “legado de la guerra sucia”, es decir, a los crímenes cometidos durante las masacres de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y del Jueves de Corpus en 1971; al caso del guerrillero Diego Lucero, fundador de la Liga Comunista 23 de septiembre, detenido, interrogado, torturado y “ejecutado por agentes de las fuerzas del orden en el estado de Chihuahua”, así como a los obstáculos que enfrenta la Comisión de la Verdad (Comverdad) de Guerrero para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquella época.
“No se ha dictado ninguna sentencia condenatoria y no existe un programa general de reparaciones para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la guerra sucia. Han pasado muchos años y aún no se ha otorgado reparación a los familiares de ninguna de las víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales”, señala el relator en su informe.
Acerca de los sectores más vulnerables, cita alarmantes cifras oficiales: “Según la CNDH, desde 2007 se registraron 4 mil 419 feminicidios”; existe “un vínculo directo entre la desaparición y el asesinato de migrantes, la delincuencia organizada y la complicidad de las fuerzas del orden, los encargados de las investigaciones y otras autoridades”.
En cuanto a los periodistas, “según la CNDH, 83 han sido asesinados desde el año 2000”. Corren más riesgo los “que informan de la delincuencia y los funcionarios públicos”, en tanto que, con datos de la propia comisión, “desde 2005, 18 defensores de los derechos humanos han sido asesinados y muchos otros han recibido amenazas de muerte”.


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