Hoy es martes 7 de octubre de 20144
Los días del gober Ángel Aguirre se agotan
¿Qué dicen las columnas políticas hoy, martes 7 de octubre de 2014?
FRENTES POLÍTICOS/Excelsior
I. Condena. En un breve y sustancial mensaje sobre el caso Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo: “En el Estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, enfatizó. La misión inmediata, ordenó, será conocer la verdad y hacer que se aplique la ley. Instruyó al gabinete de seguridad para actuar en el marco de sus atribuciones y dar con los responsables. Anunció, además, que mantendrá informada a la población. “Como toda la sociedad mexicana, me encuentro indignado y consternado ante esta situación”, dijo.
II. Con qué cara. Carlos Navarrete, nuevo presidente nacional del PRD, informó que la dirigencia de ese partido sesionará en Iguala. Acudirán el comité estatal, legisladores locales, senadores y diputados federales del sol azteca. Anunciarán la expulsión de sus filas de José Luis Abarca, edil de Iguala en fuga. ¿Ya para qué? ¿No sería mejor que reconocieran ante las familias de las víctimas que fue ese partido quiene cobijó a Abarca; que fueron justo ellos quienes lo propusieron como alcalde y disimularon ignorar sus actividades junto a la organización criminal los Guerreros Unidos. Y que fue en el estado que gobiernan donde lo dejaron escapar, pese a las evidencias? ¿Por qué no dicen que el PRD le falló a Guerrero? ¿Por qué?
III. Coludidos. En el multihomicidio y desaparición de normalistas de Ayotzinapa, no sólo hay responsabilidad de los policías municipales de Iguala; las investigaciones también apuntan hacia la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Los cuerpos policiales de ese municipio operaban desde mayo pasado bajo el esquema de mando único que comanda el gobierno estatal, a pesar de que el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, afirmó que ese programa comenzaría hasta octubre. Cada indicio enturbia más el caso. Pese a ello, Aguirre Rivero declaró que no se irá “ni como asesino ni como vil delincuente”.
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Bajo Reserva/El Universal
Los otros pendientes de Abarca
Una raya más al tigre. Nos aseguran que el presidente municipal de Iguala, Guerrero, también es señalado como el presunto responsable de la desaparición y muerte en 2013 del activista Arturo Hernández y de otras dos personas. Nos comentan que hay un testigo que ha señalado al edil José Luis Abarca y a la policía municipal de Iguala como los responsables de la desaparición y asesinato de Hernández y dos de sus compañeros. El testigo dijo que luego de que los tres participaron en un bloqueo a una carretera, fueron detenidos por la policía y después fueron asesinados por hombres vestidos de negro y con armas largas.
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TRASCENDIÓ/Milenio
Que la estrategia federal para enfrentar la crisis en Guerrero va en las vertientes de procuración de justicia y seguridad más uso de inteligencia.
La primera, mediante la presencia territorial de Marina, Policía Federal y Ejército, lo que derivó en que los militares se encargaran de inmediato de desarmar a los agentes de Iguala y trasladarlos a Tlaxcala para los exámenes de control de confianza, mientras que la Gendarmería asumió las funciones de seguridad local.
Para dar con los autores del crimen se envió a los mejores peritos federales y se formó un equipo con gente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y las áreas de inteligencia de Defensa, Marina y la Policía Federal, además de ser inminente que se trasladen a la zona de Iguala el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
Que el silencio de Andrés Manuel López Obrador sobre la tragedia de Iguala tal vez tenga que ver con que el alcalde prófugo, José Luis Abarca, expulsado del Partido de la Revolución Democrática, llegó a ese puesto recomendado por el secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, destapado por el propio López Obrador desde febrero como aspirante de Morena para la gubernatura y quien ocupó dos veces esa alcaldía.
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TEMPLO MAYOR/Reforma
EL GOBERNADOR Ángel Aguirre Rivero desafía las leyes de la Física, pues cualquier otro en su circunstancia seguramente ya habría caído.
SIN EMBARGO, el gobernador de Guerrero ya advirtió desde su contundente cuenta de Twitter: “Aguirre no se raja”.
HABRÁ que aprovechar que -¡por fin!- está en ánimo de ponerse a chambear, para pedirle que explique un detallito del que nomás no ha dicho una palabra.
SI SABÍA de la gravedad de los hechos en Iguala y, desde el inicio, había señalamientos del contubernio entre las autoridades municipales y el crimen organizado, ¿por qué diablos dejó escapar al alcalde José Luis Abarca y al jefe de la policía, Felipe Flores Velázquez?
RESULTA difícil entender que alguien en el gobierno estatal haya tenido un descuido taaan grande. ¿O a poco no fue accidente? Es pregunta sin orden de arraigo.
POR CIERTO que quienes también están en un lío gordo por el caso Iguala son los líderes perredistas de la tribu de “Los Chuchos”.
SE SABE que en cuanto estalló la bronca, Jesús Zambrano fue de los primeros en defender al alcalde José Luis Abarca ante las autoridades federales.
A ESO se suman los señalamientos que existían desde hace más de un año contra el edil por sus nexos con el narcotráfico, ante los cuales la dirigencia del PRD cerró los ojos.
Y AHORA Carlos Navarrete como que quiere desmarcarse, pero nomás no lo logra. Así, con el góber ausente y el alcalde prófugo, el perredismo se asoma el próximo año a una elección sumamente complicada.
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Lenguas Viperinas/La Silla Rota
EL LEVANTAMIENTO y presunto asesinato de normalistas de Ayotzinapa en Guerrero es hasta hoy el golpe más fuerte en imagen para México desde la entrada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. El equipo más cercano al mandatario explicó que el caso Iguala desató una postura especialmente adversa de la prensa internacional sobre la seguridad y los niveles de violencia de México. En pocas palabras, todo lo construido en los 22 meses de gobierno regresó a ceros con la situación en Guerrero, principalmente en el tema del nulo respeto a los derechos humanos y la percepción de inseguridad.
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EL DESAFÍO EN GUERRERO/Editorial EL UNIVERSAL
Luego de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y del asesinato de un diputado federal en Jalisco, lo ocurrido en Iguala, Guerrero, es una llamada de alerta. El asesinato de normalistas a manos de criminales organizados —y la desaparición de decenas más— ameritaba sin duda la atención del propio presidente Peña Nieto, lo cual se dio ayer.
“En el marco de las atribuciones del gobierno de la República y del gabinete de seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos”, dijo el mandatario. No es asunto menor pues significa que el gobierno federal está dispuesto a responder, en adelante, respecto a lo ocurrido.
La gran pregunta es: ¿se puede hacer algo significativamente diferente hoy —siete años después de iniciadas las intervenciones federales en entidades amenazadas por el crimen— para frenar los crímenes en contra de la población? Los propios números oficiales muestran que los resultados no llegan tan rápido como la ciudadanía lo demanda.
Una de las críticas más frecuentes contra la administración del ex presidente Felipe Calderón era su aparente improvisación y falta de inteligencia militar y policial en el combate al crimen organizado. Se mandaba a miles de soldados y agentes federales a regiones en problemas, se decía, sin que el efecto de la ocupación fuera otro que el repliegue temporal de los delincuentes.
Detenciones importantes en el presente sexenio, como la de El Chapo o la de El H hacen gala de un estilo diferente en ese rubro de las detenciones de alto perfil: se efectuaron “sin un solo disparo”, con esa inteligencia que se le reclamaba al gobierno anterior. Elocuente contraste con la estruendosa persecución y posterior “abatimiento” de Arturo Beltrán Leyva en 2009.
Un esquema nuevo también se puso en práctica en Michoacán, con el envío de un comisionado y la participación de civiles armados. Ahora viene el reto de qué hacer con Guerrero, una entidad con sus propias particularidades.
En los últimos meses los gobiernos locales en Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Estado de México han recurrido a la ayuda del gobierno federal para atender sus propios problemas de inseguridad, con resultados variopintos, aunque sin duda siempre mejores que cuando intentaban atajar al crimen organizado por su cuenta.
El gobierno federal se comprometió con la investigación. Responder el porqué de los hechos puede llevar, después, a tomar acciones para prevenir que otros actos similares se repitan.
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La Federación ante Ayotzinapa/La Jornada, Editorial
El presidente Enrique Peña Nieto difundió ayer un mensaje en el que calificó de indignantes, dolorosos e inaceptables los hechos ocurridos hace 11 días en Iguala, Guerrero; lamentó la violencia contra estudiantes, y ofreció que su gobierno buscará localizar a los responsables para aplicar la ley e impedir que persista el más mínimo resquicio de impunidad. Tras la alocución, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, anunció que la Gendarmería Nacional, apoyada por el Ejército, asumió las tareas de seguridad pública en ese municipio. Por su parte, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que la dependencia a su cargo ha asumido la investigación judicial de la masacre.
Las declaraciones y las acciones referidas constituyen una respuesta plausible, pero tardía, a los inauditos homicidios y desapariciones de normalistas de Ayotzinapa por efectivos policiales municipales auxiliados por pistoleros de la delincuencia organizada. Ha de constatarse que ante esta tragedia, tanto las autoridades estatales como federales han reaccionado en forma errática y equívoca: el gobernador guerrerense, Ángel Aguirre Rivero, dejó pasar cuatro días antes de pedir al Congreso estatal el desafuero del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en tanto que el titular del Ejecutivo federal se limitaba, hasta hace unos días, a exhortar a las autoridades estatales a que se responsabilizaran de las investigaciones y de la procuración de justicia, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmaba que la masacre de Iguala era un asunto local.
Pero las actitudes omisas de los gobiernos federal y estatal vienen de mucho antes. Los vínculos de Abarca Velázquez con grupos de la delincuencia organizada y el hecho de que ésta prácticamente tenía a su servicio a la policía del municipio fueron objeto de múltiples denuncias desde el año pasado y, a lo que puede verse, ninguna institución superior consideró necesario investigar tales señalamientos. Por mencionar sólo un ejemplo, a fines de mayo del año pasado fueron secuestrados, torturados y asesinados en Iguala tres activistas sociales: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez; sus partidarios y la viuda del primero acusaron de inmediato a Abarca Velázquez de los homicidios, y varias voces locales, secundadas por la senadora Dolores Padierna, señalaron los nexos del ahora prófugo con grupos de narcotraficantes que operan en la región.
De manera inexplicable, la procuraduría estatal se negó a investigar de oficio los señalamientos, en tanto la General de la República se abstuvo de iniciar una averiguación previa por delincuencia organizada.
Hoy resulta imperativo y urgente corregir éstas y otras omisiones que han abonado el terreno para los asesinatos de estudiantes perpetrados entre el 26 y el 27 de septiembre, despejar sin lugar a dudas el destino de los alumnos desaparecidos, esclarecer los motivos de la masacre –los cuales siguen, hasta el momento, en el misterio–, identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales, presentarlos ante los organismos jurisdiccionales correspondientes y restaurar la paz social en todos los municipios de la entidad.
Pero las autoridades federales y estatales tienen además la obligación de explicar por qué han sido renuentes y omisas en su condición de garantes constitucionales de la seguridad pública
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ITINERARIO POLÍTICO/Ricardo Alemán
El Universal
¿Por qué los mataron?
Si nos atenemos a la información disponible, es casi un hecho que los 28 cuerpos localizados en fosas clandestinas de Iguala corresponden a parte de los 43 normalistas desaparecidos —atacados a balazos por la policía municipal y por sicarios del crimen organizado—, y faltaría saber la suerte de otros 25 que siguen en calidad de desaparecidos.
Y si ya se sabe que los policías de Iguala dispararon contra los normalistas; si se sabe que esos policías obedecieron órdenes de la banda criminal Guerreros Unidos —para levantar y masacrar a los estudiantes—; y si sabemos que el alcalde de Iguala y su titular de Seguridad Pública obedecían al crimen organizado, entonces falta saber la razón por la que mataron a los estudiantes.
¿Por qué los mataron?
Las hipótesis pueden ser tantas y tan descabelladas como la imaginación lo sugiera. Sin embargo, si apelamos al modus operandi de los hechos ocurridos en Iguala hace diez días, podemos suponer que, en efecto, en la persecución y masacre de los normalistas de Ayotzinapa, participaron un grupo de sicarios del crimen organizado.
Y es que los estudiantes que habían secuestrado camiones para regresar de Iguala a Chilpancingo no fueron víctimas de una reprimenda policial, tampoco de un escarmiento ejemplar. No, desde el momento que secuestraron los camiones se desató una persecución con la clara intención de matarlos. Por eso los disparos a los autobuses que provocaron las primeras seis muertes.
Pero el asunto no se quedó en un susto, en una reprimenda policial y menos un escarmiento ejemplar. No, luego de la persecución y la primera balacera contra los estudiantes, un supuesto jefe criminal —también jefe y hasta presunto pariente del alcalde y del titular de Seguridad Pública—, ordenó el secuestro y posterior masacre de por lo menos 28 normalistas.
Hoy se sabe que desde la primera persecución y balacera, uno de los normalistas no sólo fue alcanzado por las balas, sino desollado y hasta le sacaron los ojos. También se sabe que algunos de los 28 cuerpos localizados en fosas clandestinas fueron desmembrados, desollados y les sacaron los ojos; además de que les prendieron fuego en la fosa y los sepultaron.
¿Qué significa que persigan a los normalistas, que los maten, que sus cuerpos sean desollados y que les saquen los ojos? Ese modo de barbarie es propio de un grupo criminal que sabe que un cuerpo martirizado de esa manera se convierte en un mensaje para sus enemigos. Es mucho más que una mera venganza. Pero además, desmembrar los cuerpos, quemarlos y sepultarlos también es parte del mensaje de terror.
Y aquí es donde aparecen los paralelismos. ¿Qué ocurrió cuando desaparecieron los jóvenes del bar Heaven? Sí, los secuestraron, los torturaron y los asesinaron, para luego sepultarlos en una fosa clandestina. ¿Y cuál fue el mensaje del crimen colectivo? Si hacemos memoria, recordaremos que fue una venganza contra un grupo rival, al que los responsables del secuestro y el asesinato colectivo de jóvenes del Heaven responsabilizaban por una disputa de territorio y por el asesinato de un narcomenudista.
En el caso de Iguala, en Guerrero, parece claro que si el móvil hubiese sido político, no habría sido necesario matar a medio centenar de personas, ni martirizarlas como lo hicieron los matarifes especializados en causar dolor y miedo. Un mensaje político no requiere de un mensaje de terror y menos emplea esas formas. También parece claro que si fue un intento por calentar la plaza —sea contra el gobierno estatal, municipal o alguno de los grupos clandestinos que cohabitan en Guerrero—, el resultado fue completamente distinto. ¿Por qué? Porque más que calentar la plaza, la incendiaron.
Pero aparece una duda clave a la que pocos han puesto atención. ¿Qué hacían en Iguala un centenar de normalistas de Ayotzinapa, si su centro de influencia y activismo es la capital del estado, Chilpancingo? ¿Por qué secuestrar autobuses en Iguala, si los pudieron secuestrar en la capital del estado; en la autopista, en otros municipios?
Una pista que podría ser la punta de la madeja es que líderes de los normalistas podrían estar involucrados con grupos criminales adversarios a los Guerreros Unidos. Y el móvil del crimen colectivo podría ser un ajuste de cuentas entre bandas. Y los jóvenes serían el mensaje. Al tiempo.
EN EL CAMINO Igual que defendió al narcodiputado, Julio Cesar Godoy, el PRD defiende al gobernador de Guerrero.
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Columna Alhajero/Martha Anaya
24 Horas
“Acusé recibo”, dice Navarrete
Son 11:56 de la mañana. Patio central del Palacio Nacional. El presidente Enrique Peña Nieto aparece ante los medios de comunicación. Se dice “indignado y consternado” por lo acontecido en Iguala, Guerrero (una presunta masacre de normalistas de Ayotzinapa).
Anuncia cooperación y colaboración “con las instituciones de seguridad” de Guerrero (no menciona al gobernador) y agrega prácticamente a manera de advertencia: Se esclarecerán los hechos, se encontrará a los responsables, se conocerá la verdad y se aplicará la ley.
Todavía subraya para concluir: “No cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Apenas cuatro minutos. Peña Nieto no dice más. Se va. Los periodistas quedan desconcertados. Se miran unos a otros. Se preguntan: ¿Qué quiso decir?
Y es que las palabras presidenciales, por cómo las expresó, sonaban más a un mensaje cifrado y con destinatarios precisos, que a otra cosa. Algo así como “ésta no se las vamos a dejar pasar y vamos con todo a esclarecer lo ocurrido…”
El no a la “impunidad”, parecía ser el mensaje central.
Lejos de ahí, en las oficinas del PRD, Carlos Navarrete escuchó por segunda ocasión las palabras de Peña Nieto; comentó el mensaje con Héctor Bautista y su equipo; recibió llamadas y el aviso de que la Gendarmería se desplegaría en Iguala.
Cernido todo ello, el nuevo presidente del PRD dijo: “Sé leer entre líneas…; acusé recibo, tomo nota”.
EL PRD DARÁ LA CARA.- 12:45 horas. Navarrete baja de sus oficinas a la sala de prensa para dar su propio mensaje. Sus primeras palabras son para dar un marco nacional -y apartidista- a lo acontecido en Iguala:
-El Estado mexicano tiene una crisis enfrente… -sostiene-; los criminales han recuperado territorio, se han apropiado de policías municipales; vienen a mostrar que son dueños del territorio y pueden hacer lo que quieran, incluso asesinar jóvenes. Estos grupos actúan sin distinguir banderías políticas, lo mismo en Tamaulipas (las fosas de migrantes en San Fernando) que en los límites de Michoacán, del Estado de México -estados priistas-, como de Guerrero, territorio del PRD…
Sobre el mensaje de Peña Nieto declara:
Respaldamos la contraofensiva del gobierno mexicano. Eso es lo que necesita hacer el gobierno de manera coordinada: pasar a la contraofensiva en Guerrero, en Tamaulipas, en Jalisco, establecer un mando único.
Anuncia asimismo que hoy sesionará todo el Comité Ejecutivo del PRD en Iguala; iniciarán el proceso de expulsión de sus filas del alcalde José Luis Abarca.
El mensaje que enviar, explica Navarrete, es “que el partido da la cara, que está con ellos y vamos a respaldar las acciones estatales y federales para recuperar la seguridad en Iguala y en todo Guerrero”.
Luego, es posible que vayan a Chilpancingo y se reúnan con el gobernador Ángel Aguirre. Ah, pero algo tienen clarísimo el dirigente perredista, la renuncia del gobernador no está contemplada en lo absoluto. La solución, asevera, “no pasa por ahí”.
Eso sí, indica que si hay perredistas involucrados -y hay pruebas de ello-, “seremos los primeros en pedir que sean investigados, pues el PRD tiene que cuidar la seguridad de los mexicanos y no de sus dirigentes.
GEMAS: Obsequio del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam: “Les aseguro que vamos a llegar a la verdad”.
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Razones/Iguala: Aguirre se debe ir/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Iguala: Aguirre se debe ir
Tiene toda la razón el presidente Peña Nieto al decir que está “profundamente indignado y consternado ante la información que ha venido dándose” sobre el secuestro y, aparentemente, el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa. También en demandar que (con el gabinete de seguridad federal) “tomemos acciones y participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley a estos hechos… (porque) en el estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Es lo menos que se puede pedir al ejecutivo federal: el secuestro y presunto asesinato de 43 personas a manos de fuerzas de seguridad no puede pasar desapercibido para las autoridades. Pero en esto debe haber también otro tipo de responsabilidades incluyendo la política. Hace 18 años, Ángel Heladio Aguirre llegó al gobierno de Guerrero como consecuencia de la matanza de Aguas Blancas. Luego de varios meses de haber negado los hechos, el gobernador Rubén Figueroa tuvo que renunciar a su cargo cuando el periodista Ricardo Rocha difundió videos que demostraban que se trató de una matanza, no de un enfrentamiento iniciado por los campesinos. Llegó al gobierno Ángel Aguirre, quien era entonces el presidente estatal del PRI, un funcionario cercanísimo a Figueroa. Pasaron los años, Aguirre fue diputado y senador por el PRI, y quiso ser nuevamente candidato a gobernador por ese partido. Le dijeron que no, en parte por su pasado, pero, se convirtió en candidato del PRD sin haber militado un sólo día de su vida en la izquierda. Una izquierda que ahora, a diferencia de Tlatelolco o Aguas Blancas, dice que el gobernador no es responsable de nada de lo sucedido en Iguala.
Ayer se esperaba que el presidente Peña Nieto fuera aún más contundente en su mensaje sobre Iguala en Palacio Nacional. No sé si podía exigirle al gobernador que por lo menos pidiera licencia mientras se realizan las investigaciones, pero sí que se designara una fiscalía especial o una intervención en toda la línea de las fuerzas de seguridad estatales, profundamente penetradas por el narcotráfico y los grupos criminales. Pero en esa vía hay que leer el mensaje.
¿Por qué tendría que pedir licencia Aguirre Rivero? Primero, por una elemental congruencia. No estamos ante un hecho menor: 43 estudiantes secuestrados por policías locales en connivencia con delincuentes, trasladados en vehículos oficiales, siete muertos y por lo menos 25 heridos.
El presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, es un personaje muy cercano al gobernador Aguirre, también llegado de última hora al PRD como el mandatario y que fue muy influyente en su campaña. Desde siempre se supo que uno de sus cuñados fue Alberto Pineda Villa El Borrado, hermano de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, uno de los jefes de los Beltrán Leyva en Guerrero, y su otro cuñado es Salomón Pineda El Molón, que estuvo preso en Tamaulipas y fue puesto en libertad apenas el año pasado. Las autoridades afirman que Salomón Pineda es el actual jefe de Los Guerreros Unidos en Iguala. Si el presidente municipal es cuñado de los dos principales líderes del crimen organizado en esa misma ciudad ¿usted lo apoyaría para ese cargo?, ¿no le pondría especial atención a su desempeño?, ¿ no le pediría que rindiera cuentas?, ¿no tendría por lo menos que pasar algún control de confianza?. Nada de eso se hizo con Abarca.
Las primeras versiones oficiales trataron de hablar, como en Aguas Blancas, de un enfrentamiento o de ataques de los normalistas. Hay videos que muestran que no fue así: los policías municipales llegaron con un objetivo claro, dispararon y se llevaron en patrullas y camionetas oficiales a los jóvenes. Uno de ellos, un joven apodado El Chilango, apareció desollado al día siguiente.
A pesar de esos testimonios y del cadáver encontrado, lo primero que decidió el gobierno estatal, fue realizar una búsqueda casa por casa en Iguala porque se mantuvo la tesis de que los estudiantes estaban escondidos, cuando se sabía que se los habían llevado los policías. Casi una semana se perdió con la ridícula búsqueda casa por casa, hasta que uno de los policías detenidos habló de las fosas comunes.
El gobernador Aguirre, por cierto, tardó poco más de 72 horas en hacer su primera aparición pública después de los hechos y 24 horas más para que se tomaran medidas contra el alcalde de Iguala, lo que le dio tiempo más que suficiente para huir. Al momento de escribir estas líneas el alcalde Abarca no ha sido, aún, desaforado.
Tampoco estamos hablando de hechos aislados. Apenas el fin de semana se registraron siete muertes en Acapulco, incluyendo una madre y su hija, ambas maestras y todavía no se resolvía el asesinato del secretario general del PAN ocurrido al día siguiente de los hechos de Iguala. Hay que tomarle la palabra al presidente: en el estado de derecho “no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Mientras tanto, el gobierno federal ha decidido la virtual intervención en Guerrero. El Ejército se hace cargo del control territorial; la Marina, de las ciudades costeras, y la Gendarmería sustituye a policías locales en toda la zona de Iguala. La PGR, de la investigación. La política irá, en estos días, por otra vertiente.
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Teléfono Rojo/Por los caminos de Guerrero/Por José Ureña I
24 Horas
Las aguas políticas se agitan en distintas direcciones en Guerrero.
En cuanto se agudizó la crisis por la masacre de jóvenes y gente pacífica en Iguala, los gobernadores perredistas expresaron su apoyo a Ángel Aguirre Rivero.
En la consigna de mantenerlo en el cargo también participan la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus senadores y diputados.
Primero lo hizo el ex dirigente Jesús Zambrano y ahora su flamante sucesor Carlos Navarrete ha asumido una doble tarea:
Por un lado, frenar las tentaciones de relevo y, por el otro, fortalecer las preferencias de su organización y de su principal abanderado, Armando Ríos Píter, puntero en todas las encuestas.
No pueden dejar caer a Aguirre Rivero porque ello disminuiría las posibilidades de triunfo del PRD en las elecciones de 2015.
Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respetó la decisión de Fausto Vallejo y la cuestionable suplantación del gobierno de Michoacán con el comisionado Alfredo Castillo, los perredistas no lo permitirán.
A esa tarea están dedicados Carlos Navarrete, Miguel Mancera, Graco Ramírez y Arturo Núñez.
La crisis guerrerense ha definido la candidatura amarilla.
Armando Ríos Piter se ha dedicado, desde hace muchos años, a cincelar su triunfo con un esmero de artesano y cree llegado el momento.
Pero con ciertos elementos de razón el gobernador Ángel Aguirre Rivero se siente con el derecho a intervenir en la postulación perredista.
La principal: si él fue capaz de retener el poder estatal para el PRD tras la desastrosa administración de Zeferino Torreblanca, en su momento calificado como el peor gobernador, su partido debe darle voz y voto en la sucesión.
Tiene dos prospectos, su hijo Ángel Aguirre y Sofío Ramírez, quien lo ha seguido con fidelidad canina tanto en el PRI como en el PRD.
Como las posiciones se endurecían, Jesús Zambrano y Jesús Ortega buscaron a Aguirre Rivero y las negociaciones avanzaban cuando apareció la nueva crisis política.
El preacuerdo proyectaba una fórmula simple: Ríos Piter para gobernador y Aguirre hijo para presidente municipal de Acapulco.
Los sucesos actuales y las encuestas subsecuentes determinarán si se mantiene esa mancuerna, a la cual se ha allanado Ríos Piter,hasta principios del año próximo.
Pero hay un elemento nuevo: Nueva Izquierda y en especial Carlos Navarrete reclamarán su derecho de decisión si Aguirre Rivero permanece en el palacio de Chilpancingo.
El favor del triunfo estará pagado con generosidad.
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El Cristalazo
VEINTIOCHO CADÁVERES Y MÁS PREGUNTAS/Rafael Cardona
La Crónica
La simple sociedad policiaco-criminal con el crimen, hace doblemente grave la actuación del gobierno demostrada con la fuga del alcalde José Luis Abarca y la consignación de 22 policías municipales.
Si la información prolijamente divulgada durante el fin de semana y ayer se llega a confirmar plenamente —en detrimento absoluto de las demás teorías—, dos cosas quedarán claras: el asunto no se aclara todavía del todo y aún faltarían saber el paradero de otros 17 desaparecidos. Pero sobre todo, saber por qué pasó todo esto.
De acuerdo con la información divulgada por el fiscal guerrerense Iñaky Blanco, los cuerpos de 28 estudiantes de Ayotzinapa fueron encontrados en las macabras fosas cercanas a Iguala, lo cual es una tragedia mayor, superada únicamente por aquella masacre de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.
Y por si fuera poco, el crimen de Tlatlaya, poblado vecino de ese corredor delictivo cuya ruta cubre Michoacán, el Estado de México y Guerrero.
Dicen los estudiantes cuya voz se alza en nombre de los desaparecidos: no creemos en esa versión, el gobierno se quiere lavar la cara achacándole la autoría del múltiple crimen a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada, sin percatarse de lo imposible de limpiarse el rostro con sangre. La simple sociedad policiaco-criminal con el crimen, hace doblemente grave la actuación del gobierno demostrada con la fuga del alcalde José Luis Abarca y la consignación de 22 policías municipales.
La información es estremecedora (EoL): “En conferencia, el funcionario (Iñaki Blanco) informó que se comprobó que la Policía Municipal de Iguala actuó en conjunto con la delincuencia organizada para realizar los ataques, pues uno de los policías declaró que la orden de detener a los 17 normalistas la dio el director de Seguridad Pública municipal, Francisco Salgado Valladares, y, una vez hecho esto, un tipo de quien se desconoce el nombre y sólo se sabe que le apodan El Chucky, líder de Guerreros Unidos, dio la orden de asesinarlos.
“El fiscal informó de la detención de siete personas, quienes pertenecen a Guerreros Unidos; ellas declararon que cuentan con la colaboración de 30 policías municipales de Iguala, mismos que ya son investigados. Cuatro de los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la SEIDO, en la ciudad de México, para ser interrogados”.
Hasta hoy la mayor de las muchas preguntas a las cuales nos conduce este terrible caso es la más simple: ¿Por qué?
No hay, ni siquiera en la torcida lógica de la delincuencia ni en el pensamiento más enfermo, un solo indicio de “utilidad” en esas ejecuciones. No se advierte ganancia ninguna, no se percibe cómo pueden los traficantes proteger las condiciones de su innoble operación mediante la ejecución de una veintena o más de estudiantes por muy activistas como fueran. Simplemente no se advierte donde se rozan las esferas de los normalistas con los forajidos.
Por eso el por qué cobra interés. De acuerdo con versiones periodísticas uno de los estudiantes del grupo dirigente de Ayotzinapa, Uriel Alonso, ha dicho:
“Nosotros vimos que los policías se los llevaron. No puede ser posible que fueran los del crimen organizado, nosotros no le hemos hecho nada al crimen organizado.”
CNDH
En el Atlas de la CNDH, Taiwán queda más cerca que Iguala. En Guerrero no regalan “corcholatas”.
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
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AL OMBUDSMAN “LO TRAEN A TOALLAZOS”/Francisco Garfias
Excelsior
No hay ombudsman nacional. Raúl Plascencia anda muy ocupado en su reelección. Por esa razón buscamos a su predecesor en el cargo, José Luis Soberanes, para preguntarle sobre la desaparición y muerte de los normalistas en Iguala.
“Es muy serio lo que ocurre. Si seguimos así se va a colapsar el Estado. Vamos a llegar al temido Estado fallido”, advirtió el doctor Soberanes, quien está dedicado por completo a la academia.
Charlamos con el doctor poco después del mensaje del Presidente de la República sobre lo ocurrido en Iguala. Muchos esperábamos un anuncio espectacular. Algo que sacudiera al país. No lo hubo.
Enrique Peña, rostro crispado, calificó de “indignantes e inaceptables” los hechos ocurridos en el convulsionado municipio de Guerrero. Aseguró que no habrá espacio para la impunidad, y anunció que mantendrá la colaboración con las instituciones de seguridad del estado.
“Puro discurso, promesas de que no habrá impunidad. Lo que se necesitan son políticas públicas para que nos proteja el Estado. Con declaraciones no salimos adelante”, reviró Soberanes.
Mas tarde salió Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad, a hacer un anuncio que sí llamó la atención: el Ejército y la Gendarmería desarmaron a la policía municipal de Iguala, y asumen de lleno el control de la seguridad en el castigado municipio.
Dicen que Raúl Plascencia es hechura de Soberanes. Quizá por eso el exombudsman se compadece de su sucesor. “Lo traen a toallazos. Es muy difícil trabajar con una opinión pública hostil”, manifestó don José Luis.
Aunque dijo que eso no exime a Plascencia de su responsabilidad. “Está cuidando otras cosas y no los derechos humanos”, reconoció.
—¿Su reelección?— preguntamos.
—Pues sí…
Carlos Navarrete se estrena como presidente del PRD con un llamativo anuncio que no hace unanimidad hacia adentro del partido: la primera sesión del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza se llevará a cabo en Iguala.
“Es una torpeza. ¿A qué van? Son riesgos innecesarios” coincidieron voces amarillas.
Y es que con su traslado al convulsionado municipio, los integrantes de la nueva dirección nacional del PRD no ayudan sino estorban. Los cuerpos federales de seguridad van a tener que echarles ojo y distraerse de sus urgentes tareas.
Ya lo dijo el clásico: si no ayuda no estorbe.
Los días de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero parecen contados. Ya ni las oraciones y los buenos propósitos del senador del PRD, Miguel Barbosa le alcanzan para quedarse.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado espera que no le encuentren ninguna responsabilidad al gobernador en la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa.
Pero no hay condiciones para que siga en el cargo. La sombra de estudiantes asesinados lo va a perseguir lo que resta de su gobierno. Le van a mover el tapete por todos lados. Los periodicazos le llueven diario. Su seguridad personal y la de su familia tienen las alertas encendidas.
Normalistas ya aventaron bombas molotov en la casa de Gobierno de Guerrero, residencia oficial del gobernador. Lanzaron piedras, volcaron vehículos. La tensión a todo lo que da.
El gobernador no parece aferrado al cargo. Al menos es lo que reflejan sus declaraciones. “Si mi renuncia resuelve las cosas, me voy”, dijo ayer.
Otro gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, tuvo que abandonar el cargo por la matanza de Aguas Blancas. En esa ocasión fueron 11 campesinos asesinados por la policía estatal.
En Iguala son seis normalistas los que oficialmente cayeron por balas disparadas por municipales. Pero ya ni los familiares dudan, los 28 cuerpos encontrados en las fosas, algunos de ellos calcinados, son de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos.
La cifra de desaparecidos es de 43.
A Ángel Aguirre no le queda mucho en el Palacio de Gobierno. La elección de su sucesor es el primer domingo de junio de 2015. Mantenerse un año más, en una situación tan convulsionada, no parece recomendable ni para él.
El gobernador, eso sí, declaró que no tiene nada absolutamente nada que ocultar, y que no se va a ir “ni como asesino ni como delincuente”.
Barbosa no ocultó su simpatía por Aguirre. Al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores lo traicionó el subconsciente, cuando la reportera de México Al Día, Mariana Escobedo, le preguntó qué tanta responsabilidad tiene el gobernador en la matanza de Iguala.
“Yo espero que ninguna, no veo al gobernador vinculado a estos hechos. Sin embargo, habrá autoridades encargadas en cada caso que determinen la responsabilidad de cada quien”, repuso el senador perredista.
La respuesta nos puso la mosca en la oreja. “¿Ninguna?” nos preguntamos sorprendidos. Esperamos pacientemente a que llegara nuestro turno para preguntar. “Eso sonó a exoneración”, le dijimos.
“Yo no exonero a nadie. No me toca exonerar. Dije —o más bien lo quiso decir— que no veo responsabilidad penal de Ángel Aguirre en los homicidios de los normalistas”, aclaró.
Al tema ya se subieron los perredistas antichuchos para cobrar facturas vinculadas con la reciente elección de la dirigencia nacional.
Dolores Padierna, esposa de René Bejarano, no perdió oportunidad de recordar que hace un año se alertó a Jesús Zambrano de los vínculos del ahora prófugo presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de extracción perredista, con los malosos.
“Nueva Izquierda (de Los Chuchos) se opuso rotundamente a que se le tocara con el pétalo de una rosa a su presidente municipal”, acusó la senadora.
Bonito se va a poner el jueves en San Lázaro cuando la Cámara de Diputados condecore a Olga Sánchez Cordero con la medalla al mérito civil, Eduardo Neri.
El PAN acordó votar en bloque en contra de la ministra de la Suprema Corte por sus posturas a favor del aborto y el PRD “no la adoptó”, según fuentes de la Mesa Directiva.
Los amarillos, a quienes les tocaba designar al ganador este año, querían que la medalla se le otorgara a Raúl Álvarez Garín, recién fallecido líder estudiantil. Pero la propuesta nomás no prosperó.
Sánchez Cordero recibirá la medalla. PRI, Verde y Nueva Alianza tienen mayoría. Pero sería la segunda ocasión que no hay unanimidad en la designación. El año pasado los perredistas no aprobaron a Fernando Landeros, del Teletón.
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EL ASALTO A LA RAZÓN/Carlos Marín
Milenio
… Y siguió ejerciendo como alcalde
En El asalto… de MILENIO Tv, René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional (solo detrás de la predominante Nueva Izquierda del PRD), hizo un relato que azora:
Desde hace más de un año, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue señalado por un sobreviviente (ante notario y este año ante el MP guerrerense) de asesinar con tiros de escopeta (en la cara y el pecho) al dirigente de la agrupación Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, de ordenar la muerte de dos más y de torturar a otros de la misma organización.
El profesor Bejarano denunció esos hechos (hoy cobran mayor verosimilitud) en congresos partidistas y ante las autoridades estatales y federales; promovió un par de resoluciones del Senado para que al alcalde se le hiciera marcaje personal, pero de nada sirvió.
Alguien debe responder: ¿por qué el hoy fugado Abarca Velázquez continuaba en funciones y mandaba sobre sus venales policías el viernes y el sábado, hace diez días cuando ocurrieron los asesinatos y desapariciones de normalistas de Ayotzinapa?
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ESTRICTAMENTE PERSONAL/Raymundo Riva Palacio
El Financiero
Tiempo de decir adiós
El cuadro de descomposición en Guerrero va abriendo el camino para la desaparición de poderes en el estado. De manera sistemática, el gobernador Ángel Heladio Aguirre ha mostrado por largo tiempo su ineficacia como gobernante y su incapacidad por conducir un estado que le quedó grande. La puerta para un juicio político que lo destituya o una solicitud de licencia la abrió el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa hace casi dos semanas en Iguala, y el descubrimiento de fosas clandestinas en esa comunidad. No hay pruebas científicas aún que vinculen los dos eventos, pero en términos de gobernabilidad, Iguala ya no es el determinante de la viabilidad del gobernador; no es síntoma de descomposición, sino una de sus consecuencias.
Iguala es una vergüenza nacional que debe tener responsables políticos. Y Guerrero, considerado en el gobierno federal como un estado más complejo y violento que Michoacán, por la manera como convergen y se entrecruzan problemas de marginación y descontento centenarios, con la beligerancia y activismo de poderosos grupos de interés, está acéfalo. Sí existe un gobernador, pero no gobierna. Aguirre ha perdido la confianza de los guerrerenses y es cada vez mayor la desconfianza que sobre su capacidad tienen en el gobierno federal. Le dieron apoyo político, económico, le enviaron fuerzas federales a que controlaran la seguridad –este lunes una vez más-, y no deja de naufragar.
Por el contrario, la polarización política en el estado sigue una espiral ascendente, con un enfrentamiento abierto con un viejo amigo y hoy enemigo, el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, cuyo hijo Rubén Figueroa Smutny, está en lucha abierta contra Aguirre por sus alianzas con el precandidato del PRD al gobierno, el senador Armando Ríos Piter, quien pactó la paz con él a cambio de integrar a su hijo en la campaña y apoyarlo para la alcaldía de Acapulco. También rompió el frágil acuerdo con grupos del PRD, como el que representa el dueño de La Jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio, que publicó este domingo un editorial en el periódico donde lo acusa de “falta de sensibilidad” al querer reacomodar sus piezas para las elecciones de 2015 en medio de esta crisis.
Aguirre es el galvanizador del descontento, la síntesis, a ojos de muchos, del desastre que vive el estado. El hallazgo de las fosas fue el detonante que demuestra el alcance de la ingobernabilidad. El sábado, la violencia que domina al estado tocó a su puerta: 10 bombas Molotov fueron detonadas en las puertas de su casa, poco después de haberse reunido con familiares de los normalistas desaparecidos que quedaron inconformes con su explicación. En muchos sentidos, tienen razón. Iguala es el incidente más grave en donde se hayan visto claramente involucradas las autoridades, y la más obscena –por cínicamente abierta-, de su cooperación criminal con cárteles de la droga.
El propio gobernador admitió esa dupla cuando dijo el sábado que los hechos en Iguala estaban relacionados con “Guerreros Unidos”, que es una escisión del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, y que tiene asiento sólido en Iguala y en Acapulco. Pareciera confesión de parte. Al señalarlos tocó el fenómeno del narcotráfico que ha sido una constante en la zona de Iguala, donde no hizo nada. La impunidad en ese municipio, de acuerdo con investigaciones, la garantizaba el alcalde con licencia y prófugo, José Luis Abarca Velázquez, muy cercano al gobernador y presumiblemente uno de sus financieros en la campaña electoral. Aguirre sabía del problema en Iguala y no hizo nada. Era cómplice de Abarca, o estaba rebasado por la actividad delincuencial en Iguala. En cualquier caso, gobierno, no ejercía.
Aguirre ha jugado políticamente con la amistad del Presidente, pero no puede estirar mucho más esa liga. En el gobierno de Ernesto Zedillo, el gobernador Figueroa Alcocer, solicitó licencia tras la masacre de Aguas Blancas, donde la policía embistió a una manifestación en la que resultaron 17 campesinos muertos. Figueroa Alcocer era el gobernador más cercano de Zedillo y pagó lo que hicieron sus policías. Quien lo sustituyó en forma interina fue, precisamente Aguirre.
¿No recordará cómo se dieron las cosas? ¿Piensa que Peña Nieto es más débil que Zedillo? ¿No se da cuenta que en la medida en que se profundiza el deterioro más lastima a un Presidente que, si revisa el gobernador a Peña Nieto, sabe que cuando tiene que cortar drásticamente, lo hace?
El gobernador podría evitar llegar al extremo vergonzoso si la solución pronta a lo que sucedió se da en forma clara y contundente, tan convincente que todo el lastre que ha acumulado del caso y de eventos previos, pueda neutralizarse, aunque se ve sumamente difícil que suceda, aún si se llegara a la verdad. Sus lastres parecen irreversibles. Pero podría dejar de arrastrar más a su amigo el Presidente y solicitar licencia, como lo hizo Figueroa Alcocer en 1996. Lo que quedará, de no hacerlo, es la posibilidad de que se le inicie un juicio político para desaforarlo y echarlo del gobierno. Tiene los enemigos suficientemente poderosos para que se lo hagan. La pregunta es si su amigo el Presidente, aún tiene algo de confianza en él y lo vuelve a rescatar, o si como sería natural, su paciencia y tolerancia se colmó.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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EN PRIVADO/Joaquín López-Dóriga
Milenio
Iguala, la impiedad de la barbarie
La vida: cosas muy malas le pasan a gente muy buena. Florestán
Todavía no puedo encontrar la forma de decir, de digerir, que en Iguala, tras una larga noche de cuchillos largos, expresión de complicidad, impunidad y colusión de policías y sus jefes, con la delincuencia y de ésta con el poder político, agentes municipales, a las órdenes del crimen organizado, hubieran matado a seis personas, herido a 19 y desaparecido a 57 estudiantes normalistas, de acuerdo con el primer reporte del sábado 27 de septiembre.
Pero el segundo reporte, este fin de semana, fue más grave, si es que puede haber algo más grave: se documentó que de los seis muertos, tres eran normalistas, torturados a niveles inimaginables de impiedad, un menor del equipo de futbol de Chilpancingo y el chofer del autobús que los transportaba, y una mujer, en medio de un fuego cruzado; que de los 57 desaparecidos habían ubicado con vida a 14 pero no a los otros 43, que seguían sin saber de ellos, y la localización de seis fosas clandestinas en un paraje cerca de Iguala con 28 cuerpos que, todo indica, son de los normalistas desaparecidos.
La pista de la fosa, y de la identidad de los restos, la dieron, según el fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, dos de los sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, que domina Iguala, al aceptar que agentes de la policía municipal detuvieron la noche del viernes 26 a los normalistas y que, por órdenes de un jefe de los delincuentes, El Chucky, los mataron, quemaron y echaron a una fosa común.
Yo, la verdad, hay días como éstos, en que no puedo con la realidad.
No con esta realidad.
RETALES
“VENDETTA”. El diputado local del PRI en Guerrero Rubén Figueroa Smutny responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre de lo que le pueda pasar a él y a su familia. Ayer, Aguirre dijo que él nunca se ha metido con el hijo de Rubén Figueroa Alcocer, ex gobernador de Guerrero y a quien el mismo Aguirre relevó en el gobierno de Guerrero tras la matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995, siendo presidente Ernesto Zedillo;
¿REGRESO? El próximo día 22 se cumple el bicentenario de la Constitución de Apatzingán, que ha pasado inadvertido. Ante esto, Manlio Fabio Beltrones prepara una ceremonia en la Cámara de Diputados en la que el invitado especial sería el presidente Enrique Peña Nieto. En México los presidentes, por disposición de los diputados, solo van a la Cámara una vez en su sexenio, el primer día a protestar el cargo; y
OCENOGRAFIA. ¿Cómo que Oceanografía, de Amado Yáñez, regresa como contratista de Pemex tras el escándalo, el fraude a Banamex, los documentos apócrifos y el proceso que en la PGR no ha terminado? Sería lo más cercano a eso que se llama impunidad y que todos dicen rechazar. Lo veremos muy pronto.
Nos vemos mañana, pero en privado
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El penosos debut de Carlos Navarrete/Salvador García Soto...
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