Para
la prensa extranjera, el gobierno de Peña Nieto está rebasado/MATHIEU
TOURLIERE
Revista Proceso NO. 1982, a 25 de octubre de 2014
Un
mes después de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa –y el asesinato
de tres más–, los organismos internacionales de derechos humanos y los
principales medios de comunicación extranjeros no sueltan el caso y, a
contrapelo del discurso oficial –que ha pretendido reducir el problema al
ámbito municipal y estatal—, apuntan directo al gobierno de Peña Nieto. Le
achacan responsabilidad debido a su incapacidad para encontrar a los
estudiantes y sancionar a los culpables de su desaparición. Incluso van más
allá: abordan la crisis de seguridad y de derechos humanos que padece el país y
exhiben sus desatinos: la corrupción, la impunidad, la complicidad de políticos
con el crimen organizado…
Este
análisis, según el cual Peña Nieto trató de minimizar la magnitud de la
inseguridad en el país, lo compartieron varios medios internacionales.
El
martes 7 el semanario alemán Der Spiegel comentó: “Desde el inicio de su gobierno,
hace casi dos años, (Peña Nieto) intenta mantener el tema de la violencia fuera
de los medios y presentar a México como un paraíso abierto a la reformas para
los inversores: un país con un futuro color de rosa, en el salto a las grandes
naciones industrializadas”.
Al
día siguiente siguió The Economist: “Peña Nieto dio prioridad a las reformas
económicas y restó importancia a la ley y el orden como forma de modernizar a
México, sin admitir que ambos eran igualmente importantes”.
El
mismo miércoles 8, el diario británico The Guardian destacó, frente al horror
que suscitó el hallazgo de varias fosas con 28 cuerpos “desmembrados y
calcinados a tal punto que las autoridades mexicanas estiman que necesitarán
hasta dos meses para identificarlos”: “La terrible ola de violencia que sujeta
a México volvió a ser noticia”.
En
entrevista vía correo electrónico, el coordinador de la oficina en México de
The New York Times, Randy Archibold, dice a Proceso que su periódico realiza
una amplia cobertura del caso de Iguala, ya que “no todos los días desaparecen
43 estudiantes en un acto de aparente secuestro masivo”.
Y
agrega: “El caso se mantiene relevante a un mes de ocurrido. Los estudiantes
siguen desaparecidos y fueron descubiertas fosas con varios cuerpos… ambos
hechos sugieren que el trabajo del crimen organizado, en particular en las
áreas rurales, es más serio de lo que pensábamos”.
“Todos
los males”
El
jueves 9, ante la captura del capo del Cártel de Juárez Vicente Carrillo
Fuentes, El Viceroy, The New York Times señaló que pudo ser una treta del
gobierno federal para desviar la atención de los casos de Ayotzinapa y la
matanza del 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas
fueron ejecutadas.
“El
momento en que ocurre este arresto –apuntó el diario– levantó sospechas entre
algunos en México. El presidente Peña Nieto se encuentra en medio del escándalo
de seguridad más grande en lo que va de su mandato; con México y el mundo
horrorizados por el reciente descubrimiento de una fosa común con 28 cuerpos
cerca de un pueblo de Guerrero.”
Incisivo,
el diario español El País resumió el pasado 18 de octubre: “en la telaraña de
Iguala se entrecruzan todos los males que México pretendía conjugar: violencia,
impunidad, corrupción, infiltración del narco en la política…”.
El
6 de octubre, 10 días después de la tragedia, Peña Nieto ordenó el despliegue
de fuerzas federales en Guerrero para buscar a los desaparecidos. En esa
ocasión, calificó lo sucedido como “indignante, doloroso e inaceptable”.
“Peña
Nieto detesta tales apariciones”, comentó entonces Der Spiegel. Y añadió:
“Estudiantes (presuntamente) asesinados por el crimen en cooperación con la
policía local, quemados y enterrados, definitivamente no encaja con la imagen
que quiere dar. Y reaccionó cuando no le quedaba otra, cuando el fin de semana
las imágenes de las fosas encontradas en Iguala le dieron la vuelta al mundo”.
Según
The Guardian, durante los primeros 10 días el presidente “trató de evitar el
problema”, y El País, cuya línea editorial suele ser amigable con el
presidente, criticó el “inmovilismo” del presidente.
“Tomó
un mes y medio, y una matanza de por medio, para que la Gendarmería, una
división de la Policía Federal creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto
para vigilar los territorios oprimidos por el narco, llegara a Guerrero, el
estado más violento de México”, informó el martes 7.
El
Financial Times sostuvo en una nota fechada el 21 de octubre que “en un primer
tiempo (Peña Nieto) abordó de manera errónea el caso como un asunto local y no
nacional”. Reconoció que tiempo después el mandatario reaccionó, pero, observó,
“no ha visitado la escena del crimen”.
Además,
Peña Nieto “pareció omitir el hecho de que en 2011 las fuerzas de seguridad del
estado (de Guerrero) asesinaron a dos estudiantes durante una marcha”, recordó
The Economist el miércoles 8.
Y
agregó: “Un caso como éste sugiere una tendencia (de la administración de Peña
Nieto) a enterrar la cabeza en el suelo”.
En
un comunicado que emitió el pasado viernes 24, la Oficina del Alto Comisionado
de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al
gobierno federal a reconocer la competencia del Comité de las Naciones Unidas
contra la Desaparición Forzada “para recibir comunicaciones de parte de
víctimas”.
Al
presentar su “disposición para proveer toda la asistencia que le sea
requerida”, la ONU dejó entrever que la desaparición masiva de estudiantes
rebasó al gobierno federal.
Previamente,
el domingo 19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció su
asistencia técnica a la administración de Peña Nieto y llamó a la adopción de
medidas cautelares para las víctimas.
El
día anterior el secretario ejecutivo del organismo internacional, Emilio
Álvarez Icaza, subrayó que “los casos de Tlatlaya y de Iguala abren una
discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la política pública y la
eficacia de la política pública”.
Fue
apenas el miércoles 22 cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) anunció que solicitaría al Estado que adopte medidas cautelares. “Los
expertos en seguridad dicen que (la CNDH) es ineficiente”, sentenció el
Financial Times.
“Baño
de sangre”
“Los
acontecimientos de Iguala forman parte de las peores atrocidades del baño de
sangre en México, que fue desencadenado por una política de mano dura contra el
crimen organizado, concebida de manera loca hace ocho años”, afirmó el
británico The Guardian el martes 14.
Y
abundó: “Cuando Peña Nieto ganó las elecciones prometió una estrategia menos militarizada,
pero fracasó en diferenciarse de manera seria de las políticas de su
predecesor… Esta insistencia en responder a la guerra contra las drogas con
medios militares es absurda”.
Esta
crisis de seguridad contradice los discursos optimistas de Peña Nieto sobre la
disminución de la violencia como consecuencia de su nueva estrategia de
seguridad”, subrayó Le Monde desde el miércoles 8. Iguala “se convirtió en el
símbolo de un Estado débil”, acotó el vespertino francés.
A
su vez, el Financial Times informó en su edición del jueves 9: “Ésta y otras
tragedias, como la ola de secuestros en Valle de Bravo, un lugar al que acuden
los ricos de México para pasar un fin de semana tranquilo, y la violencia en
los estados incendiados de Michoacán y Tamaulipas demuestran hasta qué punto
siguen vigentes los viejos estereotipos de un México con crimen, corrupción y
nepotismo”.
Una
semana después Le Monde volvió a la carga: “Este caso de desapariciones masivas
se convirtió en una crisis de seguridad mayor que pone en duda la credibilidad
del Estado mexicano y del presidente Enrique Peña Nieto”.
The
Guardian compartió este punto de vista. El sábado 18 informó: “El caso de los
estudiantes desaparecidos se convirtió en un símbolo poderoso del fracaso
general de las autoridades municipales, estatales y federales en contener la
influencia del crimen organizado en Guerrero, con evidentes paralelos en varias
otras partes del país”.
Pocos
fueron los medios extranjeros que creyeron la versión oficial según la cual el
gobierno federal ignoraba la colusión entre los mundos de la política y del
narcotráfico en Guerrero, y de manera más específica en Iguala.
Le
Monde, por ejemplo, informó desde el martes 7 que la regidora igualteca Sofía
Mendoza –la viuda del activista Arturo Hernández Cardona, de la organización
Unidad Popular, quien presuntamente fue ejecutado el 31 de mayo de 2013 por el
entonces alcalde José Luis Abarca Velázquez– presentó una queja ante la CIDH
tres días antes de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa en la que
insistía en que Abarca Velázquez había ultimado a Hernández Cardona.
Los
Angeles Times reportó una rueda de prensa que dio el titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a los corresponsales de los
medios extranjeros acreditados en México. El diario indicó que el funcionario
“buscó destilar la idea de que el gobierno federal ignoraba el dominio de los
cárteles en Guerrero”; “pero ignorar la sospecha en Iguala parece equivalente a
ignorar el elefante en la bodega”, ironizó.
Posteriormente,
precisó que Murillo Karam descartó un video en el que la suegra de Abarca
confirma que sus hijos trabajaron para el cártel de Los Beltrán Leyva y que el
alcalde les proveía de protección a cambio de 155 mil dólares mensuales.
“Resulta
difícil” encontrar pobladores de Iguala que crean en la versión del gobierno y
en “su aparente sorpresa por el nivel de colusión” existente entre las
autoridades locales y el crimen organizado, señaló The Guardian el 14 de
octubre.
Desaparecidos
La
semana antepasada, los medios de comunicación extranjeros seguían dando espacio
a las desapariciones forzadas y a la impunidad que impera en México. Con base
en estadísticas de las propias autoridades mexicanas, el semanario británico
The Economist publicó el sábado 18 una investigación según la cual en 2013 la
tasa de crímenes no reportados o investigados fue de 93.8% en el país, casi 2%
superior a la de 2010.
“Peña
Nieto fracasó en investigar las desapariciones de 22 mil personas en México
durante la guerra a las drogas lanzada por su predecesor, Felipe Calderón, y
durante su propia administración”, sentenció The Economist.
La
agencia Associated Press apuntó que aun cuando Peña Nieto y sus colaboradores
insistan en la disminución de la violencia, su administración ha puesto “poca
atención sobre el hecho que 9 mil 790 –más del 40% de los 22 mil 300
desaparecidos durante el sexenio calderonista– desaparecieron desde que el
político priista llegó al poder…
Y
lamentó que, pese a los discursos en los que las autoridades se comprometen en
redoblar sus esfuerzos para encontrar a las personas desaparecidas, el gobierno
federal recortó en más de 60% el presupuesto que dedicará el próximo año a la
Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013.
Con
respecto a las fosas clandestinas, muchos de los corresponsales extranjeros se
impactaron cuando comenzaron a exhumarse los restos humanos en los cerros
aledaños a Iguala. El sábado 18 –tres semanas después de la agresión de los
policías municipales de Iguala a los normalistas–, “mínimo 19 fosas masivas”
fueron localizadas, publicó The Guardian.
“El
Cerro Gordo es un cementerio de cadáveres sin nombre”, escribió el corresponsal
de France Presse el miércoles 22 en un extenso reportaje, algo poco usual en
las agencias de noticias.
“El
taxi colectivo que transita en los pueblos ubicados debajo de la montaña fue
apodado ‘la combi del cementerio’… La naturaleza exuberante, aquí, se nutre de
sangre humana.
“El
sábado 4, una primera batida permite exhumar 28 cuerpos. Se sabe más tarde que
ninguno de los estudiantes se encuentra entre ellos”, narró el corresponsal.
Y
remató: “Pero entonces, ¿quiénes son estos muertos?”.
Viento
de insurrección
“Un
viento de insurrección sopla sobre el estado de Guerrero”, destacó Le Monde el
miércoles 22. Y añadió: “Salida de la región, la indignación ganó la totalidad
del país, incluso la Ciudad de México”.
La
marcha que se llevó a cabo ese día sirvió para “denunciar, otra vez, la
incapacidad del gobierno para esclarecer un caso que revela la barbarie de la
policía y sus vínculos con el crimen organizado.
“Decenas
de miles de personas marcharon en manifestaciones en México la semana pasada
para expresar su furia ante los ataques, y apuntar su indignación ante el hecho
de que las víctimas fueron estudiantes originarios de familias rurales pobres.”
Al
día siguiente por la tarde, el gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia.
Desde 12 días antes, El País advirtió sobre la “oleada de consternación sin
precedente en el mandato de Enrique Peña Nieto”. Afirmó que ésta reúne las
condiciones para crear una situación explosiva. “Todo está listo para
estallar”, indicó.
Tres
días después, advirtió que la desesperación de los familiares de los
desaparecidos representaba una “bomba de relojería cuya onda expansiva amenaza
con salpicar al propio gobierno federal”, y el sábado 18 señaló: “El horror
está sirviendo de combustible para una incipiente revuelta”. (Con información
de Yetlaneci Alcaraz y J. Jesús Esquivel.)
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