El
otoño de nuestra indignación/FABRIZIO
MEJÍA MADRID
Revista Proceso No. 1982, 2014-10-25
Breviario
de lo que nos viene sucediendo
La
historia se cuenta en desbandada: a un movimiento de las escuelas del
Politécnico contra una reforma aparentemente administrativa que significa su
fin como fuente de educación científica y tecnológica, se le une una
desesperación por los desaparecidos –43– de una normal legendaria, en
Ayotzinapa, Guerrero. Normales rurales formadas por el cardenismo para
abastecer de letras a las comunidades agrarias e indígenas. Un Politécnico,
también formado por el cardenismo para abastecer de científicos a la industria
nacional. Los dos en riesgo de desaparición. Se asume que el delito es pensar.
Las
fuentes de la indignación
Llego
a Acapulco el 19 de septiembre. Se trata de un seminario sobre José Revueltas
organizado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Se habla de las
protestas en el Instituto Politécnico Nacional –leo algunas consignas entre las
risas de los estudiantes sudorosos en las sillas del Fuerte de San Diego: “Más
IPN, menos EPN”, “Mejor no estudio y me vuelvo presidente”, “Somos los nietos
de los que no pudiste matar. Hijos de quienes no pudiste callar. Alumnos de los
que no pudiste comprar”– que redundaron en un paro y el intento mediático del
secretario de Gobernación, Osorio Chong, de calmarlas con un calculado “lo que
pidan”. Inmersa en un proceso de reforma, la UAG ya no es la
“universidad-pueblo” de los años setenta, sino que discute los límites de su
propia autonomía y si el voto de los alumnos debe pesar tanto como el de los
profesores. Van –me dicen los estudiantes– como el Politécnico, hacia un
Congreso Universitario: “No queremos que nos suceda lo que en la UNAM en 1990.
Ellos fueron solos y empataron con las autoridades. Nosotros queremos ir con
los politécnicos de México”. Sin embargo, Acapulco está colapsado, no por la
agitación estudiantil, sino por lo que ahora se percibe como su contrario: el
alcalde Luis Walton Aburto acarrea tantos camiones para tener público en su
informe de gobierno que no deja calle transitable. Mientras transcurre ese
virtual secuestro de las autoridades del puerto decido hacer tiempo en La
Granja, el restorán favorito de Carlos Montemayor, el autor de Guerra en el
Paraíso. En medio de la modorra calurosa de Acapulco, de pronto, un comando de
encapuchados –pasamontañas, ropa de camuflaje y rifles de asalto AR-15– irrumpe
en el lugar. Miran a las familias desayunando con sus hijos, nos escrutan sin
dejar de apuntarnos. De pronto, uno de los soldados-narcos –uno qué va a saber
a estas alturas– saca del jardín a un cachorro de león. Lo mantiene entre sus
brazos haciendo que su rifle de asalto se bambolee distraídamente entre apuntar
al piso y a mi café de la mañana. Lo que me sorprende no es la aparición de un
león en pleno restorán –los niños dicen: “Mira al gatito”– sino que los
comensales no se alarmen de la presencia de un comando.
O
pagan o no construyen…/JESUSA
CERVANTES
Proceso
En
la peligrosa región de México que hoy acapara la atención mundial, la de Tierra
Caliente en Guerrero, las empresas constructoras padecen secuestros, el cobro
de derecho de piso y extorsiones del crimen organizado; y aunque el gobierno
siempre lo ha sabido, en lugar de brindar seguridad suspende obras e incluso
eleva exageradamente sus costos.
El
gobierno federal conoce plenamente la situación (Proceso 1981). Documentos de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dan cuenta de un caso en
que una constructora optó por suspender sus labores.
De
acuerdo con un oficio del Centro SCT Guerrero, firmado por su director general,
Eduardo Rodríguez Abreu, seis empleados de la empresa Coconal, SAPI de CV
fueron secuestrados en Ajuchitlán del Progreso:
“Me
refiero a los trabajos que ejecuta la empresa Coconal en la región de Tierra
Caliente (en los municipios de Ajuchitlán, Coyuca de Catalán y San Miguel
Totolapan).
“…Informo
a usted que la empresa citada comunicó a este Centro SCT Guerrero que el día
viernes 10 de octubre, seis trabajadores de esa empresa fueron privados de su
libertad por un grupo no identificado en la comunidad de San Antonio de Los
Libres, municipio de Ajuchitlán, mismos que fueron liberados cuando se dio un
enfrentamiento con otro grupo armado no identificado en la madrugada del día
siguiente”.
La
noche del martes 14, en Ajuchitlán, por lo menos 100 sujetos con armas de alto
calibre llegaron a la comunidad de La Llama, asesinaron a los taxistas Arturo
Refugio y Santana Martínez Marcos e incendiaron sus vehículos. Además,
levantaron al joven Ventura Bautista, cuyo paradero se desconoce hasta el
momento.
El
miércoles 15, Coconal informó al Centro SCT Guerrero que un grupo del crimen
organizado les exigió el pago de derecho de piso para que le permitieran
trabajar:
“La
empresa –se dice en el documento de la dependencia federal– informó que el día
de hoy, a las 13:00 horas aproximadamente, se presentaron ante el personal de
la misma un grupo de personas que los amenazaron haciendo peticiones
económicas, debiendo suspender los trabajos en todos sus puentes hasta en tanto
no exista un arreglo, bajo riesgo de poner en peligro su vida”.
Héctor
Ovalle Favela, representante de Coconal, le reiteró a la SCT “que suspenderá la
totalidad de los trabajos hasta en tanto no existan las condiciones que
permitan reanudarlos”.
La
empresa estaba construyendo cuatro puentes. Uno es el de Hacienda Santa Fe, en
Ajuchitlán, con una longitud de 150 metros y el cual lleva un avance de 27%.
Este fue el primer trabajo suspendido por el secuestro de los seis
trabajadores.
Otro
puente, llamado Amuco, deberá alcanzar los 90 metros, está en Coyuca de Catalán
y tiene 17% de avance. Uno más, en el mismo municipio, es el de San Juan
Chamacua, que tendrá 150 metros y está adelantado en 21%. El cuarto puente es
el de San Miguel Totolapan, en el municipio del mismo nombre; tendrá 270 metros
de longitud y lleva un avance de 21.5%.
Ahí,
el pasado 24 de septiembre apareció flotando en el río Balsas el cuerpo del
sacerdote de la parroquia de San Pedro Totolapan, Ascención Acuña Osorio.
Testigos dijeron que días antes un grupo armado se lo llevó a la fuerza.
El
costo de no invertir
Mientras
el crimen organizado aterroriza, asesina y cobra por dejar trabajar, la SCT
escatima recursos para la ampliación de la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia,
y el dinero que sí ha llegado se está aplicando de manera dudosa, pues se han pagado sumas muy altas.
La
solicitud de ampliación de dicha carretera obedece a que en esa zona se han
reportado frecuentes asesinatos y levantones, confía a la reportera una fuente
que pide el anonimato porque ya está amenazada de muerte.
De
acuerdo con otros documentos emitidos por el jefe del Centro SCT Guerrero,
Rodríguez Abreu, el plan es ampliar la vía en 68.5 kilómetros, con un costo
estimado en 500 millones de pesos. Sin embargo, el año pasado sólo se avanzó
cinco kilómetros, a 14 millones de pesos por kilómetro.
“Es
absurdo el costo porque es una zona plana, y la grava y la arena que usaron la
sacaron del río, no la compraron. Además, el material de tepetate que usaron lo
tomaron de la propia comunidad”, dice un habitante de la región.
En
el documento oficial se indica que para 2013 se autorizaron 70 millones de
pesos y se contrató la construcción de 5 kilómetros. Ese año se utilizaron 34
millones y en 2014 los otros 36 millones de pesos.
Para
2014, en plena crisis de seguridad, la SCT sólo ha adelantado 3 kilómetros y
gastó 41.2 millones de pesos, es decir que cada kilómetro costó 13.73 millones.
El
mismo informe refiere que se contrataron tres puentes más por 12.4 millones de
pesos, esto es, 4.13 millones de pesos por puente. Y para noviembre se pretende construir el puente Presa
Vicente Guerrero, por el cual se pagarán 4.5 millones.
Así,
a la demanda de ampliar la carretera Iguala-Teloloapan-Arcelia en 68.5
kilómetros a fin de reducir el nivel de inseguridad, el gobierno federal sólo
ha respondido con ocho kilómetros construidos, en los cuales erogó 112 millones
de pesos, “lo que resulta exorbitante”, comenta la fuente.
La
SCT presume que este año se han invertido 94 millones de pesos en obra
carretera y que se podrán construir otros ocho kilómetros después que se revise
el proyecto que le envió el gobierno del estado y “el cual se encuentra en
proceso de validación, motivo por el cual no se pueden licitar los tramos
subsecuentes” de los 68.5 kilómetros autorizados para la ampliación.
En
cambio, el gobierno federal decidió enviar contingentes de la Policía Federal y
de las Fuerzas Armadas justamente a Iguala, Teloloapan y Arcelia, así como a
otros nueve municipios guerrerenses tras la ejecución de 22 personas en una
bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya (municipio colindante con Arcelia) el
pasado 30 de junio, y el asesinato de dos normalistas, un futbolista
adolescente, un taxista, una mujer y el chofer de un camión, así como la
desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
CHILPANCINGO.-
El Congreso local, constituido en Colegio Electoral, eligió a Rogelio Ortega
Martínez, ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro),
como gobernador interino del estado, en sustitución de Ángel Aguirre, quien
pidió licencia al cargo luego de la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Con
39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, los diputados locales
votaron a favor de la propuesta única de la Comisión de Gobierno.
En
la sesión, sólo estuvo ausente el hijo del gobernador con licencia, Ángel
Aguirre Herrera.
Posteriormente,
en sesión solemne, Rogelio Ortega rindió protesta como gobernador interino ante
el Congreso de Guerrero.
En
el acto estuvieron presentes decenas de universitarios y ex compañeros del
nuevo mandatario, quien se mantendrá en el puesto hasta octubre de 2015.
“Protesto
mirando por el bien y prosperidad de la entidad si así no lo hiciera que el
pueblo y la nación me lo demanden”, declaró.
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