DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA
DECLARATORIA SEGUNDA DEL DECRETO DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL
ACUSATORIO Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN JURÍDICO
DEL DISTRITO FEDERAL.
México,
D.F., a 6 de octubre de 2015
Jefatura
de Gobierno. Palacio Virreinal.
Saludo
con el mayor respeto al líder político del Distrito Federal, a nuestro amigo,
el doctor Miguel Ángel Mancera; al ciudadano procurador; al señor consejero
jurídico; a la secretaria técnica de la implementación; a los ciudadanos
secretarios de seguridad; a los señores magistrados, muchas gracias por su
presencia, a los señores jueces y consejeros, muchas gracias por su presencia.
Hemos
venido trabajando sin pausa todos los mexicanos en la consecución de un viejo
anhelo: y es darnos un sistema de justicia acorde con nuestras necesidades y,
sobre todo con los recursos que tenemos a nuestro alcance de toda naturaleza.
Acercarnos
a un modelo mexicano que nos distinga y nos prestigie, y darnos una manera de
encarar los conflictos judiciales abiertamente, sin tapujos y sin escondrijos,
y sin ninguna vía de arrinconamiento o de escape.
Un
sistema que se funde más en los jueces y en la ley, esto es, en la fuerza de la
razón y no en la razón de la fuerza.
Son
años de trabajo que no ha reconocido pausa ni tregua, al menos en el Tribunal
Superior.
Nos
dimos todos una plataforma magnífica en la Constitución desde 2008, y siguieron
otras reformas de similar calado, como la relacionada con la regulación de los
derechos humanos, en tanto libertades y facultamientos de las personas que el
Estado reconoce y protege mediante garantías eficaces.
Debían
continuar todos los trabajos para llevar adelante una obra titánica como la que
nos echamos a cuestas los mexicanos, todos.
l
nuevo sistema de justicia oral, acusatorio y adversarial precisaba de una bien
definida legislación secundaria que le diera perfil y rumbo.
Todos
recordamos uno de los compromisos y ejes rectores del Gobierno federal, y que
en la ciudad a través del jefe de Gobierno, se sumó a la necesidad de unificar
la legislación penal en la República para dar seguridad y certidumbre jurídica
a los mexicanos todos.
Los
trabajos de diseño y formulación de la nueva Ley Procesal Nacional iniciaron
con la participación y debate de los representantes de toda la población
mexicana y de todas las entidades federativas, a través de las Cámaras de
Diputados y senadores del Congreso de la Unión; así, con las voces y voluntades
unidas de todos, se logró votar el nuevo Código Nacional en el que se sumó las
opiniones regidas por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de
nuestra Ciudad de México.
Por
supuesto que no dejamos de lado las complejidades de la Ciudad de México, que
nos diferencia del resto de las entidades federativas de nuestro Pacto de Unión
Federal; tuvimos especial prudencia y se asumió en los tiempos de recepción del
nuevo derecho procesal penal; por eso, le podemos decir a doctora Fromow que no
se preocupe, que los esfuerzos que ella pide, mayores a los que hemos hecho,
decirle que ya no se pueden dar.
Hemos
llegado a nuestro máximo esfuerzo, el Tribunal Superior ha dado todo, hemos
tenido toda la fuerza de los jueces, hemos tenido toda la fuerza y preparación
de los magistrados, y sí le decimos a la Ciudad de México que también hemos
contado con todos los recursos necesarios para poder operar un sistema en el
que es absolutamente diferente al de todos los demás estados.
Que
no se nos olvide que el Distrito Federal lo podemos comparar como Chile todo, o
lo podemos comparar como 13 entidades federativas. Sí debe quedar claro que
hemos hecho un esfuerzo mayúsculo, que no se puede pedir más de todas las áreas
que hemos trabajado en este tema: Procuraduría, Consejería, Tribunal Superior,
todos unidos de la mano le estamos dando resultados a la ciudad.
Desde
luego, la colaboración de los poderes que informan nuestra naturaleza jurídico
política, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial hemos impulsado, todos,
unánimemente, hemos participado en un esquema de trabajo bien organizado, bien
sincronizado, de acuerdo con el principio de división de poderes, y tuvimos al
alcance lo que pudimos tener con nuestras propias fuerzas.
Desde
luego, quiero dejar constancia fehaciente del reconocimiento que la función
judicial capitalina hace a nuestro jefe de Gobierno, al doctor Mancera, y a
nuestra muy activa y sensible política y socialmente Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, pero, sobre todo, dejar un reconocimiento a toda la población
de la Ciudad de México por su ímpetu, por su inteligencia y diligencia para
llegar hasta ahora donde nos encontramos.
Es,
efectivamente, como ya se ha apuntado aquí, una tarea de corresponsabilidades.
Corresponsabilidad del Gobierno federal; corresponsabilidad de la Ciudad de
México; corresponsabilidad del Poder Judicial; corresponsabilidad de la
Asamblea Legislativa. Ninguno de los participantes en este enorme proyecto va a
poder llegar a la meta con éxito sino trabajamos juntos y de la mano.
Ha
sido la Ciudad de México, nuestra magnífica capital del país, escenario
conspicuo de la historia patria. Y hoy estos argumentos políticos que hemos
dado, estamos trabajando para la historia de México.
México
está en marcha y se mueve a su destino. Se ha llevado adelante una gran reforma
estructural, siempre con base en la ley y por la ley encabezada, para
colocarnos al día del acontecer mundial.
Todo
cambio implica sacudidas en las conciencias y en los ánimos, y con ellas
sabemos caminar para llegar allá, donde todos queremos: todos queremos llegar a
un México más justo, todos queremos llegar a un México más fuerte y más eficaz.
Entre
los rasgos de esa gran reforma estructural mexicana, está la de justicia. Esa
justicia que hemos venido trabajando con ahínco y puntualidad y que hoy nos
trae aquí a iniciar una nueva era en nuestro compromiso judicial, con reglas
renovadas, y modernas, y que irán probando su pertinencia en el camino, y
ajustándose a nuestra realidad. Ya venimos en un acto de pueblo y gobierno de
la capital mexicana a darnos hoy una ley nueva, una ley moderna, una ley adecuada
a estos tiempos. Iniciamos con un catálogo mínimo de delitos, para atender bajo
los nuevos esquemas, los delitos culposos y perseguibles por querella de parte.
Hoy,
ampliamos ese catálogo, que hace que se vuelven a escribir aumentando nuestras
responsabilidades en el nuevo procedimiento judicial.
Hoy,
damos un paso más al frente con capacidad de respuesta y calidad en los
servicios; hoy le podemos decir a nuestra ciudad, a todos los habitantes del
país, que lo haremos con
responsabilidad, y que en ella no empeñaremos, ni regatearemos, absolutamente
esfuerzo alguno. Sabemos de la fuerza unidos, y sabemos de las debilidades y
donde estamos; sabemos que hacemos pero también sabemos a dónde vamos.
Y
lo puedo decir con contundencia: con el Gobierno del Distrito Federal y su
liderazgo llegaremos tan lejos como se exija y llegaremos tan lejos como
nuestra fuerza nos lo permita.
Muchas
gracias.
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