16 abr. 2017

Militares en el papel de policías: diez años de fracasos

En el caso de Sinaloa, con la llegada del gobierno de Quirino Ordaz Coppel el 31 de diciembre de 2016, la seguridad del estado fue entregada prácticamente a los militares. 
Revista Proceso #2111, 16 de abril de 2017
Militares en el papel de policías: diez años de fracasos/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Hace poco más de 10 años militares y marinos salieron a las calles a combatir al crimen organizado por instrucciones presidenciales. Hoy están en 26 entidades; algunos altos mandos castrenses incluso han sido secretarios estatales de seguridad pública, pero los resultados han sido calamitosos, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Índice de Paz México 2017. Ante esta realidad, el general en retiro Sergio Aponte Polito exige que los militares regresen a los cuarteles y que los gobiernos estatales capaciten a sus cuerpos policiacos.
De manera paralela a sus operaciones abiertas de combate a la delincuencia, el Ejército y la Marina han ocupado cada vez más espacios como jefes policiales en todo el país. Prácticamente no hay estado de la República intocado en la última década por soldados o marinos en tareas de seguridad pública vestidos de civil.
Al tiempo que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a las tropas que salieran a las calles para combatir a la delincuencia organizada, jefes y oficiales de las dos fuerzas han cambiado el uniforme militar por el de policías al ser designados como secretarios de seguridad pública estatales, directores de policía municipales, subdirectores o jefes operativos en ambos niveles de gobierno.
De acuerdo con una revisión hecha por Proceso entre ese año y 2016, sólo seis estados quedaron fuera del control de los militares como encargados de la seguridad pública, aunque su presencia en municipios de esas mismas entidades fue constante.

En esa década, más allá de sus operaciones castrenses, el Ejército y la Marina han enviado a sus hombres a 26 estados de la República para dirigir a las policías estatales en distintos momentos.
Más significativa aun es su presencia en las policías municipales. De los 50 municipios más violentos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), casi todos, en algún momento, han tenido a militares como responsables de la seguridad pública.
Hoy, más de una tercera parte de las entidades está en manos de militares como secretarios estatales de seguridad pública, incluidos Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. De acuerdo con el Índice de Paz México 2017, dado a conocer el martes 4 por el Instituto para la Economía y la Paz, es en esos estados donde más se ha deteriorado la seguridad en los últimos seis años.
Un caso sobresaliente es el de Nayarit, donde un general ha estado al frente de la seguridad pública durante el gobierno de Roberto Sandoval. El general de brigada retirado Jorge Alonso Campos Huerta coincidió durante cinco años como secretario de seguridad pública con el exfiscal del estado, Édgar Veytia, detenido el pasado 30 de marzo en San Diego, California, bajo cargos de narcotráfico.
Mandos militares en funciones de policía civil también están o han estado al frente de municipios con los índices más altos de inseguridad para las personas en México, como Acapulco, Tijuana, Culiacán, Ciudad Juárez, Ecatepec, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Manzanillo e Iguala, según las cifras del SNSP.
Policías fallidas
El Ejército y la Marina han enviado desde generales y almirantes para dirigir a miles de policías en todo el territorio. Los de mayor rango se convierten en jefes policiales una vez que pasan a retiro, recomendados a gobernadores y presidentes municipales por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Otros jefes castrenses han hecho paréntesis en su carrera militar al obtener licencia temporal para ser policías.
Los hay desde experimentados como comandantes de regiones o zonas militares y navales, graduados en seguridad nacional de las escuelas del Ejército y la Marina o capacitados en Estados Unidos en tareas de fuerzas especiales, hasta generales con carrera más administrativa que operativa.
Los titulares de ambas instituciones son quienes autorizan a los militares en retiro o próximos a retirarse para que ocupen cargos de seguridad pública, y es el presidente de la República el que da luz verde a esa participación, explica a Proceso el general retirado Sergio Aponte Polito, quien como militar en activo ha denunciado públicamente la protección política y policial a la delincuencia.
Pese a la marcada presencia de militares como jefes de policía en todo el país, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, han reiterado que la participación de personal castrense en funciones de seguridad pública se debe al fracaso de las policías.
La más reciente declaración pública en ese sentido fue la del almirante Soberón Sanz, el pasado 27 de marzo, en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país, según las cifras de enero y febrero de este año reportadas por el SNSP.
El Estado debe proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Por eso el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México han sido convocados para hacer labores de seguridad pública. Pero también, “hay que decirlo, debido a que en muchos estados los cuerpos de policía se han visto rebasados”, afirmó.
El general Cienfuegos ha sido más reiterativo durante sus intervenciones públicas de promoción de la Ley de Seguridad Interior que ansían los mandos militares.
“Al Ejército, la Fuerza Aérea y Marina Armada de México les gustaría que la policía tuviera un plazo para empezar a cumplir con su deber y que las tropas regresen a los cuarteles. Pero ante el incumplimiento de la ley, los soldados y marinos deben seguir en las calles; por ello la exigencia de un marco legal que regule sus actividades”, declaró el 8 de diciembre pasado.
Lo que ni el general Cienfuegos ni el almirante Soberón mencionan es que el fracaso de las policías alcanza a los militares que han sido secretarios estatales de Seguridad Pública, directores municipales y jefes operativos en estados y municipios, con el consentimiento de los mandos del Ejército y de la Marina.
Cifras fatídicas
De acuerdo con la revisión hecha por este semanario, 11 de las 32 entidades del país tienen a marinos o soldados como jefes de la policía: Aguascalientes, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
De ellos, Colima, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas han figurado entre los estados más inseguros, según los datos de incidencia delictiva del propio SNSP. Junto a Nayarit, esas entidades han tenido a jefes militares por años.
Además está el caso de Quintana Roo, que desde septiembre pasado, cuando asumió el gobierno Carlos Joaquín González, creó una coordinación de Seguridad Pública, la cual se encuentra en manos del general Eduardo Bahena Pineda, exsecretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, quien está por encima del mando civil.
El más llamativo caso es el de Guerrero, que además de tener desde hace lustros jefes policiales estatales y municipales de origen castrense, es el único estado del país con dos regiones militares. Desde el combate a la guerrilla en los años sesenta y setenta ha sido la entidad con más presencia de soldados en el país y ahora tiene una creciente participación de los marinos en el combate a la delincuencia organizada.
Otro ejemplo es el de Colima, donde en años recientes la seguridad pública ha estado en manos de la Marina y que desde el sexenio pasado se mantiene como uno de los estados más violentos del país.
En una situación similar está Veracruz, que ha tenido a militares como encargados de la seguridad pública estatal y municipal, además de que la Marina está a cargo de la Policía Naval, desplegada en el Puerto de Veracruz y los municipios conurbados Boca del Río y Medellín, y que opera también en el sur del estado: Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque y Acayucan.
En Boca del Río, el director de Seguridad Ciudadana es el excomandante de la Sexta Región Militar, el general Martín Cordero Luqueño, quien el jueves 6 fue secuestrado durante unas horas por un grupo armado en ese municipio, cuyo alcalde es Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Como comandante de la Sexta Región Militar, Cordero Luqueño tuvo el mando en Veracruz, Puebla y Tlaxcala.
Aguascalientes no ha dejado de tener a militares como secretarios de seguridad pública desde 2006, aunque es uno de los estados que históricamente ha tenido bajos índices de inseguridad y violencia.
En el caso de Sinaloa, con la llegada del gobierno de Quirino Ordaz Coppel el 31 de diciembre de 2016, la seguridad del estado fue entregada prácticamente a los militares. Quedó al mando de ella el general Genaro Robles Casillas, subjefe administrativo y de Logística del Estado Mayor de la Defensa Nacional en el anterior sexenio, cuando el titular de la Sedena era el general Guillermo Galván Galván, ahora en retiro.
Lo primero que hizo Robles Casillas fue nombrar a militares en los principales cargos de la policía. Después, decidió que los uniformados estatales y municipales deben tener entrenamiento militar y los está enviando al Centro de Adiestramiento que el Ejército tiene en Mazaquiahuac, Tlaxcala.
Para reforzar su presencia en el estado, el Ejército ha enviado a 2 mil 200 efectivos a Sinaloa en lo que va del año. La mayoría pertenece a la Policía Militar. El general asegura que los oficiales designados también van a capacitar a los policías estatales y municipales.
Avasallante presencia
Según informó el general Robles Casillas al Congreso de Sinaloa el 8 de marzo pasado, 18 militares son directores de seguridad pública municipal en el estado, además de que 141 están en el C4 (Centro de Control, Comando y Comunicación), y tiene a 11 en el equipo cercano de la secretaría que dirige.
Aunque él es el primer secretario estatal de seguridad pública de origen militar en la última década, no es el primer jefe castrense en altos cargos de policía con carácter estatal en Sinaloa.
En febrero de 2014, el entonces gobernador Mario López Valdez creó el cargo de Coordinador General de Seguridad para el general Moisés Melo García después de que se retiró del Ejercito y de haber sido comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán y que abarca Sinaloa y Durango. Melo García es consuegro del general Cienfuegos Zepeda.
Además del despliegue en Sinaloa, el Ejército envió a mil efectivos de la 5ª Brigada de Policía Militar a Sonora, uno de los seis estados que en la última década no ha tenido a militares como jefes de la policía estatal.
En el caso de San Luis Potosí, los militares también han tenido presencia como policías en la última década. Y aunque actualmente no figura como de las entidades más violentas, tuvo graves episodios de inseguridad en el sexenio pasado. Lo mismo ocurre con Nuevo León, que como en el caso de Sinaloa el exjefe de la Onceava Región Militar, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, asumió como jefe policial una vez retirado.
Tamaulipas y Zacatecas, que figuran entre los estados más violentos, también registran en la última década a militares como secretarios de seguridad pública. Además, soldados y marinos se han hecho cargo de esa tarea en varios municipios de esas entidades.
La presencia castrense como la máxima responsable de la seguridad es la excepción en sólo seis estados, al menos desde el inicio del combate al narcotráfico con militares declarado por Calderón y seguido por Peña Nieto: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco y Sonora.
Sin embargo, durante el sexenio pasado varios de ellos tuvieron operativos conjuntos en los que los militares tomaron el mando. Fue el caso de Baja California, Chihuahua y Durango. Además, en varios municipios de esas entidades, jefes y oficiales del Ejército y la Marina han dirigido las corporaciones de policía municipal.
La presencia castrense en funciones de seguridad, ya sea como secretarios, directores o en operativos, no ha respondido a una lógica de despliegue en los lugares más violentos del país.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República asegura que esa presencia en labores de seguridad no ha estado justificada del todo por los altos índices de homicidios.
El análisis, titulado Seguridad Interior: elementos para el debate, publicado en enero de este año, señala que los operativos militares dispuestos por Calderón se desplegaron en estados que en 2006 habían sido los más violentos por el mayor número de homicidios: Guerrero, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa y Baja California; pero quedaron fuera Oaxaca y el de México, que tuvieron tasas más altas que Tamaulipas y Nuevo León, donde también hubo acciones castrenses.
Es más, de los siete estados donde se emprendieron operativos, con excepción de Michoacán, los homicidios aumentaron pese a ello. Asegura que a 10 años del despliegue militar en tareas de seguridad pública no existen evaluaciones públicas del desempeño y los resultados íntegros de las acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas ni se dispone de un diagnóstico detallado de la situación de las policías del país.
El general retirado Sergio Aponte Polito, quien fue comandante en la Segunda Región Militar, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como en la Novena Zona Militar, en Culiacán, asegura que por orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, los militares han asumido funciones de seguridad pública debido a la incapacidad y corrupción de las policías estatales y municipales que han sido penetradas por la delincuencia organizada.
Sin embargo, considera que “ya es tiempo de que el personal (militar) deje esta responsabilidad y que los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la sociedad en general, exijan con determinación a los gobiernos estatales que cumplan con sus deberes de capacitar y adiestrar a las instituciones policiales, a lo que se comprometieron hace 10 años y no han cumplido”. (Con información de Areli Villalobos)
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Incesante desplazamiento de mandos policiacos/
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
En la última década, altos mandos del Ejército han dirigido las secretarías de Seguridad Pública estatales, por encima de los civiles; hoy están al frente de ellas en siete entidades: Guerrero, Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, Sinaloa, San Luis Potosí y Zacatecas; en otra más –Quintana Roo– un general se desempeña como coordinador en esa área, mientras que en los últimos años oficiales de la Marina de alto rango se posicionaron en Colima, Oaxaca y Tamaulipas. Pese a ello, la violencia no cede.     
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Generales del Ejército con licencia o en retiro, almirantes, vicealmirantes y contralmirantes y hasta capitanes de la Armada de México son los responsables de la seguridad pública en 11 entidades del país, la mayoría como titulares del sector y uno como coordinador estatal en esa área, por encima del mando civil.
El Ejército predomina en ese control, con siete secretarios y un coordinador general. Sin embargo, los cambios de gobierno en Colima, Oaxaca y Tamaulipas abrieron las puertas a la Marina como los máximos jefes de la policía, sin contar que muchos marinos y soldados han sido, desde hace años, jefes de Policía Municipal o que muchos de los actuales titulares de Seguridad Pública lo han sido en otros estados, además de que sus principales colaboradores son también de origen castrense.
En Guerrero, el responsable de Seguridad Pública y Protección Civil es desde 2014 el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, quien está fuertemente cuestionado, incluso dentro de la corporación policial del estado, no sólo por sus magros resultados, sino por el trato que le da al personal.
Guerrero es el estado con más presencia castrense de México desde los años de la guerra sucia. Es la única entidad del país con dos regiones militares y tres zonas militares. La seguridad pública estatal y la de numerosos municipios han estado asimismo bajo este tipo de mando.
De acuerdo con el Índice de Paz México del Instituto para la Economía y la Paz, en 2016 Guerrero fue, por cuarto año consecutivo, el estado con más violencia en el país.
El general Almazán Cervantes remplazó al teniente Leonardo Vázquez Pérez, quien en enero de 2014 había entrado en lugar del almirante Sergio Javier Lara Montellano. El teniente Vázquez Pérez renunció después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de ese año, por lo que tuvo que declarar ante la Procuraduría General de la República.
Almazán es un oficial de larga carrera y con un título de maestría en administración militar por la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Es experto en el combate al narcotráfico, como lo indica su participación en la Fuerza de Tarea Cóndor XI en el municipio de Guadalupe y Calvo, en Chihuahua –en el llamado “Triángulo Dorado de la Droga”, formado también por Durango y Sinaloa–, donde se desempeñó como comandante.
Estuvo igualmente comisionado en labores de policía en Tlaxcala, donde además fue jefe de Estado Mayor de la Vigésima Tercera Zona Militar. Apenas el jueves 6 el portal especializado EstadoMayor.mx informó que el general tiene ingresos como jefe de la seguridad en el estado y cobra también en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como comisionado, de acuerdo con una denuncia de policías que se quejan de su gestión.
Otra entidad en la que la seguridad pública está en manos de un militar es Nayarit, ahora en medio del escándalo por la detención en San Diego, California, del exfiscal del estado Édgar Veytia, acusado de operaciones de narcotráfico presuntamente al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El general retirado Jorge Alonso Campos Huerta fue designado, al igual que Veytia, por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, al inicio de su gobierno, en septiembre de 2011.
En el mismo camino que otros exjefes militares en el país, el general Campos había sido hasta entonces jefe de Estado Mayor de la Décima Tercera Zona Militar, con sede en Tepic, Nayarit, de donde pasó a ser jefe policial de la entidad.
Al inicio de su gestión tuvo como jefe operativo al coronel Silvestre Chávez, quien un año después se fue como responsable de la Policía en Puerto Vallarta, Jalisco, cargo al que renunció meses después. La prensa local reportó que no había pasado los controles de confianza, pero la versión no fue confirmada oficialmente. El gobierno municipal aseguró que Campos Huerta había renunciado de manera voluntaria.
Los almirantes
Colima es uno de los estados donde la Marina ha tenido el control policial desde hace años. El actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es el contralmirante Francisco Javier Castaño Suárez, con más experiencia operativa que administrativa. Llegó en momentos en que el estado no puede salir de la crisis de inseguridad en la que se halla desde hace algunos años y que lo ubican como uno de los más violentos del país, por el número de homicidios.
Castaño Suárez sustituyó a su homólogo Eduardo Villa Valenzuela, quien salió por presiones del Congreso estatal ante la imparable violencia en la entidad, a pesar de sus más de cuatro décadas de experiencia de mando en distintas zonas navales del país.
Con 40 años de trabajo operativo, tiene una maestría en administración militar por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav). Por más de una década estuvo al mando de tropas en el Batallón de Infantería de Marina en el Golfo, en la Primera Brigada de Infantería de Marina, y fue comandante del sector naval en Champotón, Campeche. Además, durante 2013 fue el coordinador general de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río, en el gobierno del prófugo Javier Duarte.
La seguridad pública de Oaxaca también está en manos de la Marina desde que Alejandro Murat llegó al gobierno estatal en diciembre pasado. La SSP está a cargo del capitán de fragata José Raymundo Tuñón Jáuregui, quien a su vez designó al capitán de la Marina José Aniceto Sánchez Saldierna como comisionado de la policía.
Paracaidista de la Infantería de Marina, Tuñón es ingeniero hidráulico por la Heroica Escuela Naval Militar, con varios cursos de operaciones navales y un posgrado en logística, en España. Fue comandante de Infantería de Marina, del Batallón anfibio del Pacífico y del Batallón de embarcaciones y vehículos anfibios.
Tamaulipas también está en manos de la Marina con el vicealmirante Luis Felipe López Castro. Por primera vez un marino está al frente, luego de la responsabilidad que tuvieron los soldados. Llegó a la SSP después de haber sido el jefe de seguridad de Francisco Cabeza de Vaca en su campaña para gobernador.
Jefe del sector naval en Puerto Peñasco, Sonora, fue hasta el año pasado comandante de la Zona de Acción Frontera, de la Secretaría de Marina, con sede en Reynosa, Tamaulipas, pero con jurisdicción en Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo. En una de sus primeras declaraciones, López Castro advirtió que la policía bajo su mando responderá con fuerza letal, “de ser necesario”, en su confrontación con la delincuencia.
Desfile de generales
En Aguascalientes, la seguridad pública ha estado bajo el mando militar desde la década pasada. El actual titular de la dependencia es el general de brigada Sergio Alberto Martínez Castuera, con experiencia operativa y académica. Egresado del Colegio Militar, cursó la maestría para seguridad y la defensa nacional en el Colegio de la Defensa Nacional. En el sexenio pasado fue comandante de adiestramiento del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército y director del Colegio Militar.
Con la llegada del general Salvador Cienfuegos a la Sedena, fue designado comandante de la Décima Zona Militar, en Durango, Durango. De ahí pasó a ser coordinador del operativo Laguna Segura, en Durango y Coahuila. Su último cargo operativo fue la comandancia de la Onceava Zona Militar, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, que dejó en diciembre de 2015. De ahí pasó a la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, designado en diciembre pasado por el nuevo gobernador panista Martín Orozco.
El general Martínez Castuera entró en reemplazo del general Eduardo Bahena Pineda, uno de los guardias del Estado Mayor Presidencial que custodiaban al candidato del PRI Luis Donaldo Colosio el día que lo asesinaron, el 23 de marzo de 1994, y que ahora es el coordinador de la SSP del gobierno de Carlos Joaquín González en Quintana Roo.
Como ocurrió en el anterior gobierno de Sinaloa, Carlos Joaquín creó una Coordinación de Seguridad Pública ex profeso para un mando militar, que está por encima del mando civil de la SSP. Bahena, quien fue titular de Seguridad Pública en Aguascalientes, es el primer jefe militar con ese cargo, pero no el primero en esas labores en la entidad.
El general de brigada retirado Carlos Bibiano Villa Castillo fue el responsable estatal al inicio del gobierno de Roberto Borge, mientras que el general de brigada Mauro Tello Quiñones fue llevado por el entonces alcalde de Benito Juárez (Cancún), Gregorio Sánchez, pero fue asesinado en esa localidad en 2009.
Uno de los nombramientos que más rechazo ha concitado es el del general de división retirado Cuauhtémoc Antúnez Pérez como titular de la SSP de Nuevo León, designado por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
Además del general Antúnez, el gobernador sin partido designó al contralmirante Augusto de la Cruz Morales como director de la Agencia Estatal de Investigaciones, a quien se le tuvo que reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría del estado para que pudiera asumir el cargo, ya que no es abogado. El contralmirante fue secretario de Seguridad Pública de Monterrey, la capital del estado, durante la gestión de Margarita Arellanes, que también designó al marino Juan Sánchez Alvarado como director de Vialidad y Tránsito.
El nombramiento del general Antúnez Pérez, en octubre de 2015, como jefe de Seguridad Pública fue muy cuestionado en Nuevo León por su participación en acciones contra la población civil mientras fue jefe militar en el estado, entre 2008 y 2011. Uno de esos casos fue la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, hecho que el general justificó oficialmente al sostener que eso había sido resultado de un enfrentamiento.
Licenciado en administración militar por la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Antúnez también se convirtió en jefe policial después de haber sido jefe militar en el estado. Comandó la Cuarta Región Militar, con sede en Nuevo León, y la Décima Primera Región Militar, en Torreón. Entre 2002 y 2007 fue comandante de la Policía Judicial Militar.
El Nuevo León del “Bronco”
Nuevo León está prácticamente militarizado. De acuerdo con una revisión hecha en mayo pasado por la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), para entonces había en la entidad cinco jefes policiales de orden civil con carrera militar.
Después de Antúnez están el general brigadier Tomás Reyes Rodríguez, comisario general de Fuerza Civil; el capitán Juan Carlos Campos, el segundo al mando de la Fuerza Civil; el contralmirante Augusto de la Cruz Morales, y el capitán Pedro Muñoz, subdirector operativo de la cárcel de Topo Chico, quien fue reemplazado en marzo último ante las constantes crisis en el penal, donde en febrero de 2016 se registró un enfrentamiento en el cual murieron 52 internos.
Las policías de los siete municipios de la zona metropolitana de Monterrey también están en manos de militares: Apodaca, Escobedo, Juárez, Santiago, San Nicolás, San Pedro Garza García y Santa Catarina.
En San Luis Potosí, el general de división retirado Arturo Gutiérrez García tiene el mando de la SSP desde 2015. Llegó desde Tamaulipas, donde también tuvo ese cargo con el exgobernador Egidio Torre Cantú. Como en otros casos, llegó a jefe policial del estado luego de haber sido responsable operativo en la Doceava Zona Militar, en la capital potosina.
Fue jefe de Estado Mayor de la Cuarta Región Militar, que abarca los estados de Nuevo León y Tamaulipas, cuando el comandante era el general de división Noé Sandoval Alcázar, quien al inicio del actual sexenio fue subsecretario de la Defensa Nacional. El general Gutiérrez García salió de Tamaulipas ante un incremento de la inseguridad, en particular del secuestro.
Sinaloa es otra entidad en plena militarización. El nuevo gobernador, Quirino Ordaz Coppel, designó al general Genaro Robles Casillas, con más trayectoria administrativa que operativa, quien desde el sexenio pasado ha formado parte de la cúpula de la Sedena.
Robles Casillas armó su equipo en Seguridad Pública con 11 jefes y oficiales del Ejército, además de que ha recibido el apoyo de la Sedena con el envío de más de 2 mil efectivos, incluidos policías militares, y les está dando capacitación militar a policías municipales y estatales.
En una reciente comparecencia en el Congreso de Sinaloa, informó que jefes militares están al mando de la Seguridad Pública en 18 municipios.
Al igual que el general Cuauhtémoc Antúnez en Nuevo León, el general Robles Casillas enfrenta una grave crisis carcelaria. El hecho más reciente fue la fuga de un grupo de presuntos narcotraficantes, incluido Juan José Esparragoza Monzón, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, así como el presunto responsable de la emboscada en las afueras de Culiacán en la que murieron cinco soldados y 10 más resultaron heridos, en septiembre pasado.
En Zacatecas, el control de la seguridad también lo tiene desde hace años el Ejército. En septiembre pasado, bajo el nuevo gobierno de Alejandro Tello, fue designado el general retirado Froylán Carlos Cruz, en sustitución del también general Jesús Pinto Ortiz.
Licenciado en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, donde fue profesor, y con experiencia como jefe regional de Adiestramiento en la Sexta Región Militar y en la Novena, está certificado como poligrafista por la Academia de Ciencias Poligráficas de Estados Unidos.
El general Froylán Carlos Cruz llegó a Zacatecas precedido del escándalo. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo acusó de haber participado en la muerte de civiles en Nochixtlán, Oaxaca, cuando policías federales y estatales realizaron un operativo para despejar la carretera tomada en ese poblado por profesores de la CNTE en junio de 2016.
El general era entonces comisionado de la Policía Estatal, cargo al que llegó en diciembre de 2015. Cuatro años antes fue comandante de la Policía Municipal de Tuxtepec, Oaxaca. (Con información de Areli Villalobos.)


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