Los millonarios intereses del Corredor Reforma

Revista Proceso # 2120, 18 de junio de 2017.
Los millonarios intereses del Corredor Reforma/
ARELI VILLALOBOS
El dinero es el motor que impulsa a la Línea 7 del Metrobús. El gobierno capitalino y empresarios allegados buscan explotar un mercado publicitario y comercial multimillonario. Y la prisa de Miguel Ángel Mancera por erigir la nueva ruta sobre Paseo de la Reforma se explica también por ambiciones políticas: al jefe de Gobierno le urge concretar esa obra porque en septiembre proyecta destaparse rumbo a la Presidencia de la República.
Detrás de la construcción de la Línea 7 del Metrobús sobre el Paseo de la Reforma –el corredor vial más emblemático de la capital del país– se oculta toda una red de intereses económicos que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pretende opacar con argumentos ambientalistas y de movilidad.

Según se desprende de los contratos y permisos asignados –copias de los cuales tiene este semanario–, la idea del gobierno capitalino es explotar comercialmente Paseo de la Reforma-calzadas Misterios y de Guadalupe.
La empresa que se encargará de esa labor es Medios de Publicidad, S.A. de C.V., cuyos representantes legales son Pedro Corrales González y Olivier François Ranty. La Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) emitió a su favor el 15 de julio de 2016 un “dictamen técnico positivo condicionado” para gestionar la publicidad de la línea de transporte.


Un año después, el 27 de abril de este año, dicho consorcio formalizó con el director general del organismo público descentralizado de la administración pública capitalina Metrobús, Guillermo Calderón Aguilera, el “permiso administrativo temporal revocable” (PATR) para la comercialización, instalación y exhibición de 898 espacios de publicidad a lo largo de todo el corredor.
En los términos del acuerdo se establece que dicha actividad dejará a Medios de Publicidad ganancias por 11 millones 570 mil pesos anuales durante un periodo de 10 años, según establece la cláusula del contrato quinta, relacionada con las contraprestaciones.
A cambio, la empresa pagará en especie. Se compromete a ceder al gobierno capitalino 10% de los espacios digitales para la difusión de mensajes de información cívica y cultural, según lo disponga la Dirección General de Comunicación Social de la urbe.
El permiso MB/PATR/01/2017 ya prevé incluso los espacios públicos más rentables. Uno de ellos es el tramo comprendido entre la estación del metro Hidalgo y la Fuente de Petróleos, en particular, las dos estaciones que se habilitarán frente al Auditorio Nacional. Una tendrá 20 espacios (12 rotativos, cuatro fijos y cuatro más digitales) y, la otra, 17 (ocho rotativos, cinco fijos y cuatro digitales).
Llamativamente, el gobierno de Mancera adjudicó los espacios públicos susceptibles de ser comercializados un mes antes de tramitar la Manifestación de Impacto Ambiental Específica (MIAE), requisito básico para emprender cualquier obra en la ciudad. La autorización la obtuvo hasta el mes de noviembre de 2016.
La operación de la Línea 7 del Metrobús, que correrá de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos en una primera etapa (en una segunda se prevé que llegue hasta Santa Fe) estará a cargo de un viejo conocido de los gobiernos perredistas, Jesús Padilla Zenteno, en sociedad con Rafael Arzate López, representante de la Operadora Línea 7, S.A. de C.V.
Padilla Zenteno fue dirigente de la ­desaparecida Ruta 2, que tenía bajo su control los principales ramales de la ciudad. Actualmente preside el capítulo capitalino de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex-CDMX), la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) y el Grupo Movilidad de Vanguardia (Mova). Esta última aglutina a 52 grupos de transportistas de la capital.
Pero no es todo. También dirige la empresa Sky Bus Reforma, S.A. de C.V., la cual creó ex profeso para operar la Línea 7 del Metrobús.
En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Padilla Zenteno negoció la salida de cientos de microbuses de la avenida Insurgentes a cambio de la concesión para operar la primera línea del Metrobús, inaugurada el 19 de junio de 2005. Para ello formó la empresa Corredor Insurgentes, S.A. (CISA), en la que se ha eternizado como presidente de su Consejo de Administración.
Ya con Marcelo Ebrard en el gobierno capitalino, el ahora empresario transportista hizo otro gran negocio, al sacar 300 microbuses de Paseo de la Reforma y sustituirlos por autobuses Mercedes Benz, gracias a subsidios gubernamentales. En este caso constituyó la empresa Corredor Vial Reforma (Covilsa), que, desde el 2 de agosto de 2009, presta servicio de Santa Fe hasta Indios Verdes.
Durante el gobierno marcelista, Padilla ensanchó su territorio y participó en la formación de otros corredores de transporte: Periférico y Revolución, Toreo, Buenavista, Polanco, Pantitlán, Tepito y Aragón, entre otros.
Mancera también ha sido generoso con él. Le otorgó la concesión de la que será una de las líneas del Metrobús más rentables. Según el título de concesión Semovi/Metrobús/015/2016, el empresario explotará la línea por 20 años, con la posibilidad de una prórroga por un segundo periodo.
Padilla controlará 42 de los 90 autobuses de doble piso, similares a los que operan en la capital inglesa, con tecnología Euro VI que, presume Mancera, serán los primeros de su tipo en América Latina.
Su socio, Rafael Arzate, operará las otras 48 unidades con la empresa Operadora Línea 7, bajo la concesión Semovi/Metrobús/014/2016.
Ambas concesiones fueron otorgadas el 1 de julio de 2016 por el operador político de Mancera, Héctor Serrano, actual secretario de Movilidad del gobierno capitalino.
Las afectaciones
Aparte del negocio que hay detrás de la construcción de la Línea 7, en el amparo 841/2017, promovido por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), los opositores a la obra aducen factores ambientales de peso, como la afectación a la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que desde 1931 fue declarado monumento histórico.
La parte susceptible de sufrir alteraciones sería el parque Winston Churchill, mejor conocido como “El Mexicanito”, con una superficie de 366 metros cuadrados.
La MIAE no deja lugar a dudas. En una de sus partes, reconoce que esa área sufriría afectaciones “debido a que se tiene contemplada una estación y la adecuación geométrica de la banqueta para la construcción de dos bahías, una de ellas para el servicio del Metrobús y la otra para el transporte concesionado del Estado de México”.
El documento de la Sedema admite también que la obra del Metrobús provocará el “levantamiento forestal” (tala) de 640 árboles: 216 cipreses italianos, 110 jacarandas, 93 fresnos, 48 casuarinas y 25 cedros blancos.
Reconoce que la fauna silvestre que cohabita en el bosque también sufriría las consecuencias, y estima la generación total de 80 mil metros cúbicos de escombro y 20 mil metros cúbicos de construcción.
No obstante estos documentos, el martes 13 el consejero jurídico y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Manuel Granados, rechazó los argumentos y afirmó que era “una confusión de los quejosos”. Y aseguró: “La obra de la Línea 7 no entra al Bosque de Chapultepec, no afecta el área natural protegida del propio bosque”.
El amparo
Paseo de la Reforma es una de las vías comercialmente más redituables del país. Ahí se ubican sedes del gobierno federal como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Senado, así como del sector financiero, entre ellas la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y los principales corporativos de instituciones bancarias, además de hoteles de las cadenas internacionales de mayor prestigio en el mundo.
Cada día es recorrido por miles de automovilistas, así como más de 100 mil pasajeros que usan el transporte público para llegar a sus trabajos o centros escolares. Incluso, es la vía que los mexicanos suelen utilizar para manifestar sus inconformidades con el gobierno.

Esas características explican por qué es tan sensible el proyecto de la Línea 7: cualquier problema tendría repercusiones en incontables esferas de la vida pública.

Si bien desde junio de 2016 ya existían manifestaciones en contra que alegaban el carácter histórico del corredor (como lo documentó Proceso en su edición 2068), no fue hasta el pasado 18 de mayo cuando arrancó la verdadera batalla legal para evitar la edificación de dicha ruta.

Ese día, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental presentó un recurso contra diversos actos administrativos del gobierno local por las afectaciones ambientales e históricas que representaba el proyecto.

También denunció el retiro de 640 árboles, el ocultamiento de los contratos, permisos y licitaciones de las obras, y el hecho de que no contaba con un proyecto ejecutivo ni estudios de impacto ambiental. Los documentos con los que la AMDA sostuvo su amparo los obtuvo posteriormente, vía solicitudes de información por transparencia.

El recurso tomó fuerza el pasado jueves 1, cuando el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, admitió el amparo y concedió la suspensión provisional hasta que el gobierno de Mancera garantizara que el Metrobús no afectaría el Bosque de Chapultepec.

En el gobierno capitalino se prendieron las primeras alertas: el juez del caso (hijo de Juan Silva Meza, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) es conocido por los reveses que ha dado a algunas decisiones del gobierno local.

En marzo pasado Silva García declaró inconstitucional cinco artículos del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México relacionados con la aplicación y cobro de las fotomultas.

En abril de 2016, el mismo juzgador consideró que el abordaje gratuito de adultos mayores al Metrobús debía ser desde los 60 años y no desde los 70, como había dispuesto la administración local.

El pasado lunes 12, este letrado puso de nuevo en tela de juicio las órdenes del gobierno de Mancera al conceder la suspensión definitiva y total de la construcción de Línea 7 sobre Reforma. Consideró fundamental un documento de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, que reconoció que todo el Paseo de la Reforma es un monumento histórico protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Un día después, el INAH emitió un comunicado en el que reconoció haber “otorgado una autorización de trabajos iniciales, consistentes en el cambio de la carpeta asfáltica en el carril de baja velocidad en la circulación del Paseo de la Reforma”. No obstante, aclaró que no aún no ha emitido una autorización general al proyecto.

La decisión del juez de parar las obras provocó que Mancera prohibiera al director general del Metrobús, Guillermo Calderón, dar entrevistas a la prensa y pusiera a su hombre de confianza –el consejero Manuel Granados– a encargarse del asunto. Sin convocatoria oficial, el exasambleísta dio una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento, donde aseguró que “la obra no afecta el área natural protegida del bosque ni modifica la estructura urbana protegida”.

Aprovechó para cuestionar la resolución judicial, que calificó de “confusa”. Sostuvo que la determinación del juzgado no coincidía con el proyecto de la Línea 7. Más aún, dijo que le exigirían a Silva García aclarar su sentencia y presentarían un recurso de revisión esa misma semana.

“Imagínese que el juzgador me dice que debo permitir el tránsito, pero ahí tengo la maquinaria. Si muevo la maquinaria me puede decir que estoy en desacato de la suspensión provisional, pero al mismo tiempo cumpliría con su propia resolución”, ironizó Granados.

Ya envalentonado, desafió: “La verdad es que nosotros estamos preparados jurídicamente para dar la batalla a donde tengamos que llegar”.

Más tarde, el propio Mancera salió a atizar la contienda: “Soy respetuoso de las instituciones, pero todo tiene un límite. Entonces, vamos a ir de la mano a este litigio, pero si tengo que mover algo, si tengo que quitar algo para beneficio de la gente, no me importa que nos amenacen con que nos van a denunciar que violamos suspensiones. Yo tengo que ver por el beneficio de la gente. Además lo voy a hacer yo, el que lo va a hacer soy yo”.

Desde el lunes 12, luego de conocer la decisión del juez, Proceso solicitó una entrevista con el director general del Metrobús, Guillermo Calderón, y luego una más con Manuel Granados, para incluir sus posturas en este texto. Sin embargo, personal de Comunicación Social de la Consejería argumentó que la agenda del funcionario estaba llena y ofreció un espacio para el lunes 19.

La información contenida en los permisos y contratos y la manera en que se llevó a cabo el procedimiento delatan la prisa de Mancera por realizar la Línea 7 del Metrobús, aunque para ello deba pasar por encima de la ley federal y local, ignorar la crítica de los vecinos y los argumentos de los especialistas. Todo ello con el propósito de terminarla antes de septiembre, cuando se prevé que deje la Jefatura del Gobierno en pos de la candidatura presidencial perredista de 2018.

Los afectados  

Y mientras el gobierno capitalino y la AMDA discuten la legalidad o no del proyecto, los operadores del transporte público subsidiado y concesionado, pero, sobre todo, los capitalinos, padecen el tráfico ocasionado por las obras detenidas en el Paseo de la Reforma.

En un recorrido realizado por las reporteras por todo el trayecto que involucra la obra se constató el congestionamiento vial que ocasiona el cambio de pavimento en el carril derecho de la avenida en ambos sentidos. A partir de la avenida Bucareli y hasta después del Auditorio Nacional, barreras anaranjadas obstaculizan el paso de los autobuses, que se ven obligados a zigzaguear para avanzar y, en varios puntos, hacer parada en el segundo carril.


Un conductor del sistema M1 (antes RTP), quien pidió omitir su nombre por temor a represalias laborales, informó que desde que se iniciaron las obras su tiempo normal de recorrido ha aumentado hasta una hora y media. Y en las “horas pico” el retraso es mayor. Pero la afectación más importante, aclaró, es para el usuario. El operador comentó que desde que comenzaron las obras ha presenciado choques automovilísticos así como personas y ciclistas atropellados debido a la falta de personal de la obra y de agentes que ayuden a aligerar el tránsito.