29 abr. 2018

Leyzaola Pérez, acusado de tortura en Tijuana, candidato a diputado del PES/

Revista Proceso 2165, 29 de abril de 2018
Leyzaola Pérez, acusado de tortura en Tijuana, candidato a diputado del PES/
GLORIA LETICIA DÍAZ
La defensa de Julián Leyzaola Pérez –un teniente coronel en retiro postulado como candidato a una diputación plurinominal en Tijuana– llegará hasta donde tope, dice el Partido Encuentro Social, al tiempo que descalifica a sus detractores de carecer de pruebas. Sin embargo, un policía de Tijuana asegura que cuando fue funcionario de seguridad pública, Leyzaola fue un torturador. Además, dice en la querella que interpuso contra él, tiene una cauda de recomendaciones del ómbudsman nacional y otras comisiones estatales por reiteradas violaciones a los derechos humanos.
Desde principios de mes, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Guadalajara, Jalisco, dio entrada a una queja presentada por José Luis Hernández Gálvez contra la designación del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez como candidato a diputado de la alianza Juntos Haremos Historia por el distrito 8 de Baja California, además de que ocupa el primer lugar en la lista para la Primera Circunscripción por el Partido Encuentro Social (PES) como plurinominal.


El promotor de la querella, un policía de Tijuana, sostiene que Leyzaola tiene un historial de recomendaciones en su contra, así como denuncias penales por presuntas violaciones a derechos humanos cuando fue responsable de seguridad pública de Tijuana y Ciudad Juárez 

Once días después, Hernández Gálvez acudió a la Sala Regional para ampliar el recurso e impugnar la candidatura plurinominal a la que fue inscrito el militar, según consta en el expediente SG-JE-18/2018.

Leyzaola, sostiene Hernández Gálvez, es “un reconocido torturador y violador sistemático de los derechos humanos en Baja California y Chihuahua por parte de las comisiones estatales de derechos humanos en los estados antes mencionados y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”.

Hoy, esas imputaciones contra el militar forman parte de un juicio electoral en su contra, aunque él dice desconocer lo anterior. En entrevista con Proceso, el militar aclara que a principios de abril presentó su renuncia a la postulación por el distrito 8, pues se someterá a un tratamiento médico, aunque adelanta que defenderá su candidatura plurinominal.

“Si se me impugna –dice–, yo también voy a ampararme. El INE (Instituto Nacional Electoral) no me puede suspender mi derecho ciudadano, yo no tengo suspendidos mis derechos políticos.”

En su edición 2160, Proceso entrevistó a José Antonio Guevara y Óscar Enríquez, directores de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), respectivamente, así como el de Hernández Gálvez en torno a la postulación de Leyzaola como candidato a diputado federal.

Los tres recordaron que, como funcionario de los municipios fronterizos de Tijuana (2008-2010) y Ciudad Juárez (2011-2014), Leyzaola acumuló 19 recomendaciones por violaciones a derechos humanos, tres de ellas emitidas por el ómbudsman nacional.

Además de ello, subsisten 25 averiguaciones previas y actas circunstanciadas contra Leyzaola, 23 de las cuales se iniciaron ante autoridades ministeriales de Baja California; el resto se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y son por delitos como tortura y homicidio, además de una resolución de inhabilitación durante ocho años que el ayuntamiento de Tijuana emitió en agosto de 2013.

La querella más reciente

José Luis Hernández Gálvez, quien mantiene una denuncia penal contra Leyzaola por tortura, integró en su impugnación ante la Sala Regional del TEPJF copias de las recomendaciones y los números de averiguaciones previas y actas circunstanciadas integradas entre 2008 y 2015 contra el teniente coronel, quien en 2016 fue candidato del PES a la alcaldía de Tijuana.

El demandante aclaró que algunos de esos señalamientos contra Leyzaola forman parte de informes que organizaciones nacionales e internacionales han entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Penal Internacional (CPI). 

En su escrito ante la Sala Regional del TEPJF, Hernández Gálvez se presenta como “víctima de los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad, amenazas, allanamiento de morada, robo con violencia, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, tortura y tratos crueles y degradantes”.

Lo anterior, dice, fue acreditado por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y también ante la sindicatura municipal de Tijuana.

En el documento entregado a la Sala Regional de Guadalajara, del que Proceso tiene copia, Hernández Gálvez indica que recurrió al tribunal electoral “a efecto de que se anule la candidatura de dicho personaje, por ser un reconocido violador de derechos humanos en México y en el extranjero, lo cual contrapone los perfiles idóneos de cualquier aspirante a ocupar un cargo de elección popular”.

E insiste: la designación de Leyzaola como candidato a diputado federal –por mayoría relativa y por la vía plurinominal– “atenta gravemente contra la credibilidad del respeto a los derechos humanos en México y ante el extranjero”, toda vez que nuestro país “ha suscrito diversos tratados internacionales en donde se compromete a respetar los derechos humanos”.

El viernes 6, el magistrado ponente Eugenio Isidro Partida Sánchez giró instrucciones para que se notificara al Consejo General del INE de la demanda iniciada por Hernández Gálvez. El instituto respondió el miércoles 11, según lo constató el propio demandante cinco días después, es decir el lunes 16.

En entrevista con Proceso, Hernández Gálvez sostiene que su intención es “sentar un precedente” para que se revisen los perfiles de los candidatos a ocupar puestos de elección popular.

Está consciente, dice, de que puede sufrir un revés: “A lo mejor me van a decir que no tengo interés jurídico en la impugnación, a lo mejor no me otorgan lo que estoy pidiendo, pero quiero dejar un precedente de que los candidatos tienen que ser personas honorables; no puede ser candidato una persona considerada violador de derechos humanos, que en los requerimientos en un futuro se tenga que prever ese rubro porque es fundamental”.

En entrevista telefónica con la reportera, el militar narra que desde el momento en que el PES le ofreció la postulación, él advirtió a la dirigencia nacional que no podía hacer una campaña “de tierra” debido a su discapacidad, derivada de un atentado que sufrió en mayo de 2015 en Ciudad Juárez.

Sin embargo, aclara, “ellos insistieron. Me inscribieron como candidato al Distrito 8 y en el primer lugar de la lista plurinominal de la primera circunscripción”.

Leyzaola asegura que renunció a la candidatura por mayoría relativa a principios de mes y ratificó su decisión el martes 17. Por lo que atañe a su candidatura a la diputación plurinominal puntualiza que las recomendaciones emitidas por comisiones de derechos humanos y las denuncias penales en su contra no son motivo para suspenderle sus derechos políticos.

“Si se me impugna, yo también voy a ampararme –sostiene–. El INE no me puede suspender mi derecho ciudadano, y la candidatura es un derecho ciudadano.”

El entrevistado admite que no tiene “el perfil” para ser legislador federal –“a mí me gusta gobernar”–, pero dice estar dispuesto a asumir el reto si ello significa legislar en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

“Si alguien sabe cómo la LSI viola la soberanía de los estados y las instancias gubernamentales, soy yo. Soy militar y también he estado en el servicio civil. No estoy de acuerdo con esa ley porque premia la ineptitud, le quita responsabilidades a las instancias gubernamentales encargadas de combatir a la delincuencia y se las pasa a las Fuerzas Armadas, que no están adiestradas para eso; además, con esa ley los mexicanos estamos sujetos a los arrebatos de una persona; me refiero al presidente.

Y añade: “Voy a defender esto que estoy diciendo. Por eso quiero ser diputado, aunque sea cuatro meses, porque, después yo lo que quiero es ser presidente municipal de Tijuana, donde viven mi familia y mis amigos y yo mismo”.

“Es una guerra política”

En términos político electorales, a Leyzaola no le preocupan las recomendaciones de comisiones de derechos humanos en su contra; tampoco que en junio del año pasado la CNDH haya recomendado al gobierno municipal de Benito Juárez (Cancún) que desestimara contratarlo como asesor de seguridad.

“Esas acusaciones por abusos no tienen sustento. (La CNDH y las otras comisiones) creen que tienen la verdad absoluta”, dice.

Y agrega: “Todos los funcionarios de seguridad pública tienen denuncias… Todos los delincuentes, lo primero que hacen cuando son detenidos, es presentar una denuncia en derechos humanos”.

Según el militar, Hernández Gálvez –quien presentó la impugnación en la Sala Regional de Guadalajara del ­TEPJF y la denuncia penal por tortura– “está aferrado en terminar con mi carrera. Yo lo mandé detener y yo lo presenté a la procuraduría con un certificado médico. Quien ­determinó que era legal la detención fue el Ministerio Público, no yo”.

Berlín Rodríguez Soria, representante del PES ante el Consejo General de INE, asegura que hasta el jueves 19 su partido no había sido notificado de la impugnación contra la candidatura de Leyzaola a diputado plurinominal.

No obstante, dice a la reportera, el PES va a defender la postulación plurinominal del teniente coronel “hasta donde tope”. Relata que su partido mantiene una estrecha relación con Leyzaola, quien como su candidato en la contienda electoral por la alcaldía de Tijuana en 2016 perdió por poco más de 4 mil votos contra el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Cuestionado sobre si el PES tenía conocimiento de los señalamientos contra Leyzaola, Rodríguez Soria resalta que hasta ahora no hay una sentencia condenatoria contra el militar, quien sólo ha sido “objeto de guerra política”.

Y comenta: “La opinión pública y la sociedad lo tienen como alguien que sobresalió en la defensa de la seguridad pública y contribuyó a darle tranquilidad a la sociedad; por eso lo quieren castigar”.

Quienes acusan a Leyzaola de tortura y entre otros delitos son organismos públicos de derechos humanos, insiste la reportera.

El representante del PES ante el INE responde: “No dudo que se tuvo que haber hecho uso de la fuerza ante el crimen organizado. ¡Imagínese que llegue con un ramo de flores a los narcotraficantes!, Así no se va a poder (combatir a los delincuentes)”.

–Las recomendaciones de la CNDH y de las comisiones de derechos humanos de Baja California y Chihuahua contra ­Leyzaola, ¿no fueron elementos a considerar la legitimidad de su candidatura? –se le cuestiona.

–No dudo que al teniente coronel, con su actuar, haya afectado a muchos intereses de gente y que hoy la única forma que tienen para frenarlo es a través de este tipo de cosas. 

–Son recomendaciones que se emitieron antes de que fuera incluso candidato a la alcaldía de Tijuana…

–Eso es verdad, y curiosamente ahora que es candidato a diputado lo sacan. Por lo pronto, el único instrumento que tenemos es la ley; obvio que lo vamos a defender hasta donde nos den las fuerzas legales para mantenerlo.
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