23 jun. 2018

La normalidad/Jorge Volpi

"En aras de esa justicia reconozco, aquí, un error mío: una fuente que se reveló errada me llevó a escribir que quien le mostró la sentencia del ministro Arturo Zaldívar al abogado Miguel Carbonell, poco antes de que se hiciera pública, fue el abogado Jorge Ordóñez, entonces secretario de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ahora sé que no fue él: lamento profundamente la falsa atribución...."
¿Quién fue?
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La normalidad/Jorge Volpi
Reforma , 23 de junio de 2018..
Florence es inocente porque nuestra legislación recoge, al fin, la presunción de inocencia
Si algo misterioso tiene la escritura de una novela es que con frecuencia ni siquiera el autor mismo adivina sus alcances. Con una novela sin ficción, donde los perso- najes en realidad son personas, con sus propias vidas, destinos y creencias, el descontrol se recrudece. Han pasado tres meses des- de que publiqué Una novela criminal, el libro en el que pretendí contar, usando las armas de la literatura, la historia verídica de Florence Cassez e Israel Vallarta, y solo ahora he empezado a columbrar el sentido de sus páginas. Cuando inicié el recorrido por esta historia tan inverosímil como real, mi meta era contar de la mejor manera posible una trama con todos los ingredientes para seducir a un lector de ficción; poco a poco caí en la cuenta de que el tema central del libro era otro, más extenso y doloroso: un retrato de México, de lo peor de México -su sistema de justicia-, a través de un caso que me parecía excepcional.

Tres meses después, reviso este juicio. Sin duda el caso se volvió excepcional, pero en sus inicios no lo era. Volvamos por un segundo a aquel 9 de diciembre de 2005, cuando los dos principales noticieros de la televisión anuncian que transmitirán en vivo la captura de unos peligrosos secuestradores: ¿por qué ese día nadie nota las incongruencias de la grabación?, ¿por qué ninguno de los periodistas que llegan a Las Chinitas observa irregularidad alguna? Porque todo lo que ocurrió en ese "rancho" en las afueras de la capital era normal. Era -y es- normal que la policía detuviera a presuntos criminales un día y los presentara al siguiente; era -y es- normal que sembrara armas y pruebas; era -y es- normal que presionara a las víctimas; era -y es- normal que inventase testigos.
Lo que no vimos o apenas atisbamos ese día, también era normal: la complicidad entre los medios y el poder, la tortura, la falsificación de los hechos, la destrucción de la verdad. Mientras escribía este libro ocurría el caso Ayotzinapa: otro ejemplo de torturas e ineficacia, de intromisiones políticas y destrucción de los hechos, como acaba de demostrar una arriesgada sentencia judicial. El reportaje de Animal Político publicado en estos días, "Matar en México", comprueba lo mismo: 9 de cada 10 homicidios quedan impunes. Nuestra justicia simplemente no existe.
En aras de esa justicia reconozco, aquí, un error mío: una fuente que se reveló errada me llevó a escribir que quien le mostró la sentencia del ministro Arturo Zaldívar al abogado Miguel Carbonell, poco antes de que se hiciera pública, fue el abogado Jorge Ordóñez, entonces secretario de la ministra Olga Sánchez Cordero. Ahora sé que no fue él: lamento profundamente la falsa atribución.
En estos tres meses he sido acusado -lo esperaba- de defender a criminales. Mis detractores repiten la misma mentira: que el montaje de García Luna no implica que Florence e Israel sean inocentes. Y claman, en teoría, por las víctimas. No me sorprende que varios implicados en el caso lo hagan, ni tampoco periodistas asociados con el gobierno, sino voces que se pretenden críticas. Sorprende que defiendan al gobierno y a un sistema que violó los derechos tanto de los presuntos criminales como de esas víctimas, haciendo imposible desentrañar la verdad. Y sorprende aún más que tomen posiciones propias de la ultraderecha: no asumir que incluso los criminales tienen derechos los emparienta con Bush Jr. o con Trump. No: Florence no fue liberada por un pequeño error en su proceso, por la falta de asistencia consular o por el mero montaje: lo fue porque los encargados de buscar la verdad la destruyeron por completo.
Florence es inocente porque nuestra legislación recoge, al fin, la presunción de inocencia. El único culpable de que no haya justicia, ni para ella ni para Israel Vallarta y su familia, ni para las víctimas que los acusan, es el Estado. En estas semanas, Israel fue trasladado arbitrariamente de El Altiplano a Puente Grande, en Jalisco, otra cárcel de máxima seguridad, lo cual retrasará aún más su proceso. Como él, hoy en México todos somos ciudadanos a medias: víctimas potenciales de un sistema de justicia tan corrupto como ineficaz.
@jvolpi

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