Cuando la justicia se fragmenta al gusto del cliente..
El caso de Raúl Rocha Cantú, el empresario regiomontano detrás de los reflectores de Miss Universo, no es solo una nota roja más; es el retrato hablado de un sistema judicial que parece tener un código diferente según el código postal donde se litigue.
Mientras la FGR lo señala hoy como un capo del tráfico de armas e hidrocarburos, el aparato judicial mexicano se enreda en una batalla de interpretaciones que huele, para muchos, a una calculada estrategia de evasión.
Un país, dos leyes: El laberinto Querétaro-Nuevo León
La contradicción es pasmosa. En Querétaro, el juez Octavio Alarcón Terrón no dudó: ordenó su captura por delincuencia organizada, un delito que en México no permite libertad bajo fianza. Pero, casi al mismo tiempo, en Nuevo León, el juez Mario Jorge Melo Cardoso le lanzó un salvavidas procesal. Con una suspensión provisional bajo el brazo, Rocha Cantú logró lo que cualquier ciudadano de a pie consideraría un lujo: el permiso para "comparecer" desde la comodidad de una pantalla, evitando poner un pie en territorio mexicano.
Esta fragmentación de la justicia permite el sospechoso fenómeno del forum shopping: esa práctica donde quien tiene los recursos suficientes puede "ir de compras" por juzgados hasta encontrar al juez que mejor entienda sus necesidades. ¿Es garantismo tecnológico o un blindaje a medida para un empresario con alto poder adquisitivo?
El "testigo colaborador": ¿Estrategia de justicia o puerta de salida?
La figura del criterio de oportunidad —esa promesa de delatar a otros para salvarse uno mismo— quedó en ridículo en este caso. En apenas 26 días, Rocha Cantú pasó de ser el "aliado estrella" de la FGR a ser un prófugo con ficha roja.
La Fiscalía acusa un engaño monumental: domicilios inexistentes en tres estados y una total falta de información sobre la red criminal de su ex socio, Jacobo Reyes León, alias "Yaicob". Lo que queda claro es que, mientras el Estado confiaba, el empresario ganaba tiempo para mover sus piezas, sus activos y hasta las oficinas de Miss Universo hacia Nueva York.
¿Justicia para todos o solo para el que puede pagarla?
El punto más ríspido es la desconexión entre la realidad de la calle y la de los tribunales. Para la opinión pública, resulta difícil digerir que alguien acusado de financiar una red criminal y traficar combustible pueda litigar vía Zoom desde el extranjero. La narrativa es peligrosa: refuerza la idea de que, en México, la justicia tiene precio o, al menos, requiere de conexiones en los niveles más altos de la política.
Como bien se ha sugerido en espacios como Templo Mayor de Reforma, hoy los tentáculos de Rocha Cantú tocan fibras sensibles tanto en la vieja guardia como en la llamada 4T, especialmente por sus operaciones en Tabasco. Si la FGR de Ernestina Godoy realmente busca una "limpia", el caso Rocha es la prueba ácida.
Una credibilidad en juego
El "nuevo" Poder Judicial no puede seguir escudándose en la "autonomía técnica" para emitir fallos que, a ojos de cualquiera, parecen sabotear el combate al crimen organizado. Si las resoluciones judiciales se convierten en refugios para quienes pueden "administrar" su libertad desde el extranjero, entonces no estamos ante un sistema de justicia, sino ante una ventanilla de trámites para la impunidad.
Rocha Cantú es hoy el nombre propio de una crisis estructural que México ya no puede ignorar.
Para la historia inmediata!
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Le cancelaron una orden de aprehensión porque se hizo testigo colaborador, pero no dio información, no acudió a dos citas y falseó domicilios; ahora, está prófugo
El Universal, | 19/12/2025 |
Daniela Wachauf
El empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, engañó por lo menos en seis ocasiones a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabezaba Alejandro Gertz Manero, para concederle el criterio de oportunidad y que fuera testigo colaborador.
Según la nueva orden de aprehensión que se giró contra Rocha Cantú el 15 de diciembre pasado, se describe que primero se le canceló la primera orden de captura (emitida el pasado 15 de noviembre) a cambio de que fuera testigo colaborador; luego ofreció proporcionar información de la organización criminal que encabezaba y no ocurrió.
El hoy prófugo de la justicia no se presentó a comparecer en dos ocasiones ante la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FEMDO, argumentando que su seguridad personal había sido vulnerada, por lo que solicitó una videoconferencia, que le fue negada.
Además, dijo tener domicilios en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, y cuando fueron a buscarlo los agentes de la Fiscalía General de la República, detectaron que nunca pernoctó ahí.
Por todo esto, a 24 días de habérsele otorgado el criterio de oportunidad, este le fue retirado y a partir del 15 de diciembre está prófugo y se desconoce su paradero.
“En este momento no tiene establecido un arraigo domiciliario en donde pueda ser localizado y notificado por las autoridades, aunado a que es accionista en diversas empresas y tiene incluso un número importante de activos, diversos domicilios en varios estados del país de cuya ubicación no se tiene certeza y tienen además un alto flujo migratorio, lo que traducido al poder adquisitivo con el que cuenta actualiza incluso el riesgo de sustracción, debido a que en cualquier momento puede abandonar el país dada la capacidad económica con la que cuenta, dejando impune su actuar ilícito al irse a refugiar a otra nación”, expresa en el documento del cual EL UNIVERSAL posee una copia.
Rocha Cantú, originario de Monterrey, Nuevo León, está relacionado en el entramado de una organización criminal integrada por nueve personas, entre ellos una exservidora pública de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), así como Jacobo Reyes León, alías Yaicob, líder de la célula criminal y excandidato del PRD a alcalde de San Martín de las Pirámides, Estado de México.
El miércoles pasado Yaicob fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante, y permanece en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.
El 26 de noviembre de este año la FGR señaló que en el caso de Rocha Cantú se estaban obteniendo datos fundamentales para permitir al Ministerio Público Federal ahondar en la investigación.
El expediente, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, refiere que el empresario fue llamado a comparecer en la FEMDO, la primera vez el 8 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas para que los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pudieran hacer una entrevista formal y así obtener datos para abonar a la investigación.
El mismo día, en un escrito, Rocha Cantú solicitó que su comparecencia se realice por videoconferencia al indicar que su seguridad había sido vulnerada, petición que no fue acordada de conformidad.
El 12 de diciembre de este año nuevamente es requerido a las 11:00 horas para que el personal de la SSPC pudiera obtener datos del caso.
“Así como, en la misma data, atendiendo a la solicitud de actos de investigación de la defensa de la imputada Mari Carmen R.R. (quien permanece en el centro femenil de Morelos y se desempeñó como servidora pública en la FEMDO), se ordenó girar citatorio al testigo Raúl Rocha Cantú, esto mediante oficio FEITATA-B-EILII-C1-423/2025.
“Y se le requirió para que se apersonara en las instalaciones de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas a las 13:00 horas del 12 de diciembre con la finalidad de que la indicada defensa recabe su entrevista”, precisa el expediente.
En escrito del 10 de diciembre de 2025, firmado por un apoderado legal de Petróleos Mexicanos, solicita la revocación del criterio de oportunidad otorgado a Rocha Cantú, advierte que no están colmados los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La constancia ministerial de 12 de diciembre de este año enfatiza que Rocha Cantú no se presentó ante la autoridad ministerial en la fecha y hora en que fue citado.
“En consecuencia, se ordena realizar informe ejecutivo a efecto de solicitar al titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas se autorice la revocación del criterio de oportunidad, lo anterior a efecto de que se ejerza acción penal en su contra”, indica la causa penal.
La fiscalía remarca que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los policías investigadores, tanto de campo como de fuentes abiertas y cerradas a las cuales tienen acceso, se puede advertir que el imputado no cuenta con un domicilio cierto.
“Y mucho menos un arraigo domiciliario en el Estado de México, Querétaro y Ciudad de México o en alguna parte del país… En el domicilio que tiene registrado. Que ya fue investigado, nunca ha pernoctado ahí, sino que es un domicilio irregular que proporciona para que no sea ubicado por las autoridades.
“Además, se advierte que constantemente viaja de un país a otro, por ello hay una probabilidad muy alta de que ya no regrese a territorio mexicano y de esta forma se sustraiga de la acción de la justicia”, señala la causa penal.
Abunda en que el empresario es accionista en diversas empresas y tiene un número importante de activos con flujo migratorio.
La causa penal sostiene que de los datos de prueba se advierte que el regiomontano es miembro de esa organización delictiva por lo menos desde el 15 de diciembre de 2024 con funciones de dirección y, además, principal socio de Yaicob.
Rocha Cantú se encargaba de inyectar capital y comercializar al consumidor final el combustible obtenido ilícitamente, a través de sus estaciones de servicio (gasolinerías).
“Aunado a que también participaba dentro del negocio de armas, que dentro de las que llegaban se ubican Glock, Sig Sauger para intramuros, escopetas Hatsan y revólver de intramuros.
“Indicaron contar con 400 armas, así como los cargadores que trafican para ponerlas con posterioridad a la venta en territorio mexicano”, señala el documento.
En cuanto a las inversiones de Rocha Cantú en la empresa criminal, se describen como millonarias y obtenía ganancias a partir del monto de su participación.
Igualmente, se asoció con otro miembro de la organización criminal identificado como Sergio Hurtado Perea en la compra de acciones de Ferropolymers, lugar donde se almacena y se distribuye el combustible obtenido ilícitamente.
De acuerdo con la causa penal, la inyección de capital por parte de Rocha Cantú ha sido crucial para el incremento exponencial de las ganancias deducidas de la comercialización ilícita de hidrocarburo procedente de Guatemala y Estados Unidos; ha pagado millones de pesos a Yaicob, quien le conseguía información en la FEMDO.
Por otra parte, el expediente refiere que almacenan el armamento bélico y el hidrocarburo en sus inmuebles y posteriormente lo ponen a la venta.
Cuentan con el apoyo de empresas, algunas de las cuales son PTYH y MADA Energy, GN Oil y GMR, que les ayudan a facturar el hidrocarburo para de esta forma engañar a las autoridades.
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