"Somos el olvido que seremos" Héctor Abad Faciolince
En mayo de 2024, el exprocurador capitalino y entonces Consejero de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz, confirmó indirectamente la polémica generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su libro ¡Gracias!, López Obrador afirmó que la académica María Amparo Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se reunió con el procurador Bátiz para solicitarle que la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla —asesor de la Dirección Administrativa de Pemex, fallecido en octubre de 2004—, fuera asentada como accidental y no como suicidio. Según el mandatario, esto se hizo para que Casar pudiera cobrar la pensión correspondiente, una premisa que, legal y moralmente, el Presidente considera falsa.
En una entrevista con Azucena Uresti, el maestro Bátiz negó categóricamente haber modificado el dictamen de la muerte de Márquez Padilla. Sin embargo, su postura fue notablemente ambigua respecto a la supuesta reunión con Casar y Aguilar Camín para solicitar la alteración del caso.
Bátiz, quien en ese momento tenía 88 años y había sido nombrado Consejero del CJF por López Obrador (cargo que culminó en diciembre de 2024), afirmó "no acordarse" de dicho encuentro. Este olvido, que muchos interpretamos como un movimiento político, fue seguido por una declaración clave: evitó desmentir al Presidente. De hecho, concluyó el tema con Uresti dando la razón al titular del Ejecutivo: "No dudo que haya pasado si así lo recuerda el señor Presidente, porque el Presidente tiene muy buena memoria y no dice mentiras." (sic)
Esta ambigüedad es fundamental. Al validar la "buena memoria" del Presidente y evitar la confrontación directa, Bátiz —quien actuaba por lealtad a su jefe y amigo— desvió la atención de su propia falta de recuerdo. Con ello, reforzó la narrativa presidencial contra Amparo Casar, incluso sin confirmar explícitamente la reunión.
Esta postura contrasta con sus declaraciones hace 21 años, disponibles en video, donde Bátiz señaló que "nunca se podría saber" si la causa de la muerte fue accidente, suicidio o un "desvanecimiento".
La versión del suicidio, sin embargo, se documenta en un dictamen del Ministerio Público de la demarcación Miguel Hidalgo, que señala:
“… de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba para determinar que alguien hubiera participado en la muerte, ya que a ninguno de ellos les constaban los hechos, aunado al dictamen de peritos, se llegó al conocimiento que en los presentes hechos ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él se quitó voluntariamente la vida…”
Tal como lo recuerda el columnista Carlos Marín en Milenio al citar dicho dictamen, la conclusión es abrupta e insólita..
El quid es que el maestro Batiz es hoy hoy presidente del tribunal de disciplina del poder judicial, una persona con mucho poder..
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Una juez federal canceló la audiencia programada para mañana martes, en la que María Amparo Casar, iba a ser formalmente imputada por la supuesta obtención ilegal de una pensión vitalicia por viudez.
La jueza Diana Selene Medina Hernández determinó que el caso debe ser llevado por un juzgado del Reclusorio Norte, no del Oriente, porque la FGR ya había solicitado y obtenido allí dos autorizaciones previas para actos de investigación.
La juezs devolvió la solicitud de audiencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que pidan una nueva fecha para la imputación, pero ante el centro de justicia correcto (Reclusorio Norte).
a FGR obtuvo dos técnicas de investigación resueltas en 2024 por un juez del Reclusorio Norte: la ratificación de un "ingreso a un lugar sin autorización judicial" (junio) y una orden para intervenir comunicaciones privadas o extraer información de un dispositivo electrónico (septiembre).
En esencia, la audiencia se pospone y cambia de sede debido a un tema de jurisdicción judicial. (Nota de Abel Barajas
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La Presidenta Sheinbaum, se pronunció hoy sobre la investigación en curso de la FGR relacionada con la pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar.
Sheinbaum recordó que la pensión fue "muy cuestionada por cómo obtiene la pensión"…
Ante la Investigación Penal: Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el fondo penal del caso, indicando que este asunto corresponde exclusivamente a la FGR.
Insistió en que la parte penal debe ser gestionada por la autoridad ministerial: "ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía para que en todo caso ellos o la propia Fiscal, o quien correspondiera, explicara por qué es la denuncia penal cuando se presentó y el citatorio que creo que hicieron".
El pronunciamiento de la Presidenta se da después de que una jueza federal, Diana Selene Medina Hernández, cancelara una audiencia de imputación contra Casar.
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Las columnas políticas hoy, lunes 15 de diciembre de 2025
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No cesa el acoso contra María Amparo
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
La Fiscalía General de la República bajo la titularidad de Ernestina Godoy dice no tener que ver con el citatorio a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, para que mañana, martes 16 de diciembre, comparezca en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
El emplazamiento se basa en la ruin judicialización que inició la FGR en la gestión de Alejandro Gertz Manero, a partir de la canallesca petición del ex director de Pemex Octavio Romero (ahora director del Infonavit), para que se revoque la orden de pagarle a Casar su pensión de viudez por el fallecimiento de su marido, Carlos Fernando Márquez Padilla, hace 25 años (7 de octubre de 2004).
Con la señora fueron citados también dos ex funcionarios de la petrolera, pero la actual FGR pidió posponer la audiencia programada para “revisar la carpeta”.
Fue en mayo del año pasado cuando López Obrador inició la persecución político-policiaca de una de sus “adversarias” más odiadas.
En su libro ¡Gracias!, escribió que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, fue a pedirle al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, asentar que el deceso fue accidental, que no fue un suicidio porque, según AMLO, esto impediría que la doctora pudiera cobrar la pensión, lo cual es legal y moralmente falso.
Hoy miembro del inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial, ex consejero de la Judicatura Federal, Bátiz declaró en 2024 “no recordar” lo que AMLO afirmaba.
Sin embargo, 20 años atrás decía que no se podía saber si fue accidente, suicidio, o resultado de “un desvanecimiento”, y que “nunca lo vamos a saber”.
La versión del suicidio aparece en un silvestre dictamen del MP en la demarcación Miguel Hidalgo:
“… de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba para determinar que alguien hubiera participado en la muerte, ya que a ninguno de ellos les (sic) constaban los hechos, aunado al dictamen de peritos, se llegó al conocimiento (sic) que en los presentes hechos ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él se quitó voluntariamente la vida…”.
Ah chingá, vaya conclusión.
¿Y si fue accidente?
El más consistente de los testimonios recabados fue de la asistente de Carlos Fernando, Victoria Martínez Ramírez, quien declaró que él acostumbraba encaramarse en una ventana cuando quería fumar:
“Desde el sitio que ocupa físicamente al laborar, se percataba de que su jefe tomaba asiento en el filo de la ventana de su oficina (piso 12), que siempre tenía abierta; se recargaba contra la estructura del inmueble y fumaba, y en otras ocasiones abría la ventana, se sujetaba con una mano de la ventana fija y se asomaba hacia abajo…”.
Aquel día en la Torre Pemex corrieron chismes por igual de que Carlos Fernando “saltó” (lo cual nadie vio) o que fue un “accidente”.
Como haya sido, María Amparo Casar tiene todo su derecho a la pensión que el abusivo y mezquino obradorato pretexta para perseguirla...
cmarin@milenio.com
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María Amparo Casar, venganza y estupidez/ Jorge Fernandez Menéndez
Exceñsior,
“Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido”. Sandro Marai
Pensé, ingenuamente, que la acusación contra María Amparo Casar se había archivado hace año y medio cuando aparentemente había sido archivada, por la reacción pública que suscitó, la venganza del entonces presidente López Obrador contra una mujer y una organización Mexicanos contra la Corrupción, que habían logrado, paso a paso, desmitificar el legado que decía haber dejado al país, o sea los crímenes que él mismo cometió. Olvidaba que el entonces fiscal Gertz Manero se alimentaba de los mismos apetitos vengativos de su jefe.
Sabemos ahora que la averiguación contra Casar quedó viva y al llegar la nueva fiscal Ernestina Godoy fue revivida. Dice ahora la fiscalía que en realidad están estudiando la averiguación para ver si estuvo bien construida. Espero que sea desechada inmediatamente, porque es, simplemente, una infamia.
Hace año y medio decíamos aquí que “la venganza contra María Amparo Casar rompe cualquier límite ético en el ejercicio del poder. Carlos, el esposo de María Amparo, funcionario de Pemex entonces, murió cuando cayó de una ventana de un piso alto de Pemex. No hay constancia pericial de que haya sido un suicidio y como correspondía entonces y corresponde ahora, María Amparo cobró el seguro de vida y la pensión que otorga Pemex a la familia más cercana de la víctima”. Quien certificó el caso fue Bernardo Bátiz, entonces procurador de la ciudad de México y hoy presidente del tribunal de disciplina del poder judicial. Entonces y ahora un hombre cercanísimo a López Obrador.
Además de acusar injustamente a María Amparo, el gobierno federal liberó en aquella ocasión, sin autorización legal y sin testear (sin suprimir datos personal) 300 páginas de legajos legales con datos de María Amparo, sus hijos, su familia, con todos los datos personales de ella y los suyos. Una violación manifiesta de la leyes que tendría que haber obligado a la FGR a iniciar de facto una investigación penal para castigar al responsable. Por supuesto no hizo nada de eso. La condena entonces como ahora partió de la sociedad civil y de académicos y comunicadores que conocemos a María Amparo desde hace años, una mujer con la que se puede o no estar de acuerdo pero de absoluta honradez, inteligencia, y capacidad de debate que nunca utiliza como arma el agravio.
El problema, decíamos en mayo del año pasado, es que que “investiga, indaga y denuncia. María Amparo acaba de presentar el jueves pasado (mayo del 2024) un libro demoledor sobre esta administración que se llama Los Puntos sobre las Ies. Ahí afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene seis características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. Yo agregaría una séptima: deseo de venganza.
“La denuncia contra Casar está contaminada de esas siete características. Parte, además, de explotar una tragedia familiar. Hizo lo mismo (López Obrador) un día antes con Ceci Flores, la respetabilísima líder de las madres buscadoras, a la que tachó de mentirosa, mientras que Martí Batres terminó describiendo el hallazgo de restos humanos en una barranca de Iztapalapa como un intento de manipulación con fines electorales. De la misma forma que la denuncia contra María Amparo se basa en una mentira, la descalificación de Ceci Flores parte de una manipulación, pero gubernamental: una vez que Ceci encontró los restos, el lugar fue cerrado y con rapidez inaudita, en apenas dos horas, la fiscalía decidió que los restos eran de animales y cerró el caso. Antes limpió el lugar.
“Casar y Mexicanos contra la Corrupción han hechos decenas de denuncias, unas pocas me han parecido injustas o poco verosímiles, otras, la mayoría, terriblemente certeras. Esas denuncias paradójicamente contribuyeron a deslegitimar tanto al gobierno de Peña Nieto que le allanaron el camino a López Obrador en 2018. Pero a este sexenio que presume de incorruptible, le brota la corrupción por todos lados, y esas denuncias se le han hecho intolerables al presidente López Obrador, y para deslegitimarlas miente, descalifica, amenaza, paga desde Palacio para amplificar en redes sus infamias.
“Decía Confucio que quien decide seguir el camino de la venganza debería abrir dos tumbas, una para su enemigo y otra para sí mismo. Eso debería recordarlo el presidente López Obrador porque él mismo, como todos nosotros, ha tenido tragedias familiares. El presidente las sufrió en su infancia, con su primera esposa y de alguna manera las sufre ahora. Están en el plano personal y ahí deben quedar. Comenzar a lucrar políticamente con las tragedias personales ajenas nos lleva al escenario que plantea Confucio, la tumba para el vengador y para su enemigo”.
Eso decíamos en mayo de 2024. Los límites éticos en el ejercicio del poder están cada vez más difusos. Prefiero otorgarle a Ernestina Godoy, que apenas inicia su gestión como fiscal, un espacio para la duda: un primer paso podría y debería ser desechar definitivamente esta venganza contra Casar y comenzar a procesar a los verdaderos delincuentes, a todos esos que hemos visto en los últimos meses ser denunciados una y otra vez sin que el ex fiscal Gertz actuara. Así debería actuar la justicia.
Todos olvidan lo que decía Boy Casarez: el mundo atribuye sus males a grandes conspiraciones, me temo que se olvidan de la estupidez. La venganza es, por cierto, una forma de estupidez.
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Casar, cazada/Denise Dresser
REFORMA, 15 diciembre 2025;
Para Miguel Jáuregui.
No es un caso. Es un método. Un manual de instrucciones para disciplinar a quien investiga, incomoda y documenta. Lo que comenzó con López Obrador -el linchamiento desde la mañanera, el señalamiento moral, el "ahí les va el expediente"- hoy continúa bajo Claudia Sheinbaum, ya no sólo como narrativa, sino como engranaje judicial. La persecución se hereda. Y en el relevo, se perfecciona.
A María Amparo Casar la persiguió primero el micrófono presidencial. Hoy la persigue el Estado con tres frentes simultáneos: administrativo, civil y penal. Tres carriles para un mismo destino: desgastar, intimidar, distraer y mandar un mensaje a todos los demás.
El expediente arranca con la pensión por viudez derivada de la muerte de su esposo, exfuncionario de Pemex. Pemex suspendió pagos en 2024 y buscó recuperar lo que afirma fue cobrado indebidamente: alrededor de 31 millones de pesos, cifra que -según lo difundido entonces- incluye una pensión mensual (aprox. 125 mil pesos) y un seguro de alrededor de 17 millones. A la par, durante el tiempo que correspondía, sus hijos recibieron una pensión mensual de 15,434 pesos.
Hasta ahí, en cualquier democracia funcional, habría una discusión técnica: si el beneficio procede, si hubo error administrativo, si existió responsabilidad de servidores públicos que autorizaron, si corresponde reintegro o no. Y se litiga. Con reglas. Con proporcionalidad. Pero aquí no estamos en una democracia funcional. Estamos en una democracia de utilería con Fiscalía de utilería. Por eso el caso de Casar no sólo se litiga: se escenifica.
Primero, el juicio administrativo: se le exige reparación del daño al Estado. Segundo, el civil: se reclama la devolución de montos millonarios ligados a lo pagado durante años. Tercero, el penal: la joya de la corona del amedrentamiento. La Fiscalía la acusa del delito de "uso ilícito de atribuciones y facultades" -una figura típicamente diseñada para castigar a servidores públicos que abusan de su cargo. Lo absurdo salta a la vista: Casar no era funcionaria de Pemex cuando se otorgó el beneficio. Sin embargo, la acusación avanza.
Y avanzó con una cita que olía a escarmiento: audiencia en el Reclusorio Oriente para el 16 de diciembre de 2025. ¿Por qué en un reclusorio? Porque en México la forma también castiga. Porque no basta con acusar: hay que exhibir. Hay que hacer que el proceso huela a celda, aunque termine -por ahora- en trámite.
La indignación pública fue inmediata. Y entonces ocurrió la coreografía conocida: la Fiscalía salió a decir que "analiza detalladamente" la indagatoria para verificar que esté integrada conforme a derecho, y negó actuar "por consigna". Traducción: ante la presión, Ernestina Godoy pospone y patea el bote. No cancela el castigo; lo administra.
Peor aún: la propia Fiscalía subraya que el caso ya estaba judicializado desde septiembre, y no "recientemente". Como si la cronología limpiara la intencionalidad. Como si decir "esto viene de antes" borrara la continuidad de la cacería. Porque sí: el origen público del ataque es lopezobradorista y la continuación institucional es sheinbaumista.
Casar, frente a esto, decide quedarse y dar la batalla. Decisión valiente en un país donde la justicia es discrecional, el debido proceso es negociable y Godoy llega con la consigna de perseguir a unos y proteger a otros. Mientras a ella la cercan con tres litigios, en la 4T permanecen intocados los casos que sí gritan Estado capturado. Las denuncias y señalamientos sobre figuras del oficialismo -Adán Augusto, Rubén, Cuauhtémoc- que no reciben ni la diligencia mínima.
Aquí está la crítica de fondo y por eso este caso incendia: la justicia opera con dedicatoria. El aparato penal se vuelve herramienta para ajustar cuentas con críticos, y el aparato administrativo/civil se convierte en ariete económico para quebrar resistencia.
Y cuando se decide que alguien "merece" castigo -por investigar demasiado, por publicar demasiado, por no doblarse- entonces aparecen tres juicios, una audiencia en reclusorio y una carpeta que se "revisa" sin desistirse.
La pregunta no es solo si Casar ganará o perderá en tribunales, ante una jueza recién electa. ¿Cuántos más se autocensurarán por el miedo a convertirse en el siguiente expediente útil? Porque en esta "transformación", el mensaje es claro: la ley no se aplica para garantizar la justicia. Se usa con permiso para cazar.
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La persecución
Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA, 15 diciembre 2025
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no nació para denunciar a López Obrador. Aunque el megalómano imagine que todo existe por o contra él, la organización de la sociedad civil nació en 2015, a la mitad del sexenio de Peña Nieto. Era claro desde entonces que la batalla contra la corrupción necesitaba de la intervención ciudadana. Necesitaba periodismo crítico y organizaciones profesionales dedicadas a la vigilancia del gobierno y a la denuncia de los corruptos. En poco tiempo, gracias al profesionalismo de su equipo y a la valentía de su conducción, MCCI se convirtió en la organización más activa y de mayor impacto en la lucha contra la corrupción. Desde su nacimiento, una referencia indispensable del debate público. Todas las oposiciones se han alimentado de su trabajo. Todos los gobiernos han sido lastimados por sus revelaciones.
El liderazgo de María Amparo Casar ha sido crucial en la fundación de esa institución de la república. A la solidez de su preparación académica y su experiencia en el servicio público se suma una admirable determinación. Su atención ha estado concentrada en la calidad de sus investigaciones y reportes. Documentar rigurosamente el abuso, rastrear paso a paso las sendas de la trampa, cubrir la telaraña de las complicidades. Su valentía podría describirse, sobre todo en los tiempos recientes, como temeridad. María Amparo Casar no se ha detenido frente al poder de los uniformados, ni ante la rabia de un déspota de poder absoluto. Ante la intimidación, el insulto y la persecución, ella ha respondido con su trabajo. Investigaciones que se defienden solas, pruebas que se muestran al público, datos irrebatibles.
La radiografía que María Amparo Casar ha hecho de la corrupción del nuevo régimen no es simple documentación de pillerías. Es la denuncia de un régimen que, al borrar contrapesos, al intimidar críticos, al burlarse de la ley y al cortar el nervio de la independencia judicial hace de la corrupción la médula de su dominación. La corrupción que fue catapulta de la oposición lopezobradorista, que ha sido el núcleo de su discurso y bandera de superioridad moral, se instaló muy rápidamente en la médula de un régimen autoritario. Las escaleras no se barrieron de arriba abajo. Quedaron más sucias de lo que ya estaban porque quienes las enlodan están hoy más protegidos que nunca. Se ha constituido un régimen de intocables. Ahí están frente a nosotros, pavoneando sus trapacerías, exhibiendo sin pudor sus desfalcos. Riéndose abiertamente de una Presidenta que llama a misa.
Como cabeza de una organización insobornable, María Amparo Casar ha dado una batalla ejemplar. No se ha quedado en la crítica: ha documentado puntualmente los abusos. No le ha bastado la denuncia, ha aportado pruebas para exhibir la falsedad del moralismo autoritario. Sus investigaciones, junto con Animal Político fueron cruciales para exhibir las trampas y los abusos del último gobierno priista. Sin su trabajo la sociedad mexicana no habría conocido la compleja ingeniería de lo que conocemos como la "estafa maestra". Más de un centenar de empresas que simulaban prestar servicios al gobierno para enriquecer a un puñado de políticos. Exhibió los fraudes de Odebrecht durante tres gobiernos. Documentó puntualmente los desvíos multimillonarios de Segalmex, ya bajo el gobierno de López Obrador. Ha documentado nepotismos, sobreprecios, desvíos y desfalcos. Sus reportes han hecho trizas el discurso moral del nuevo régimen. Es por ello que Casar ha sufrido una persecución feroz desde la cúspide del poder presidencial que no ha cesado. Primero fue el intento de destrozar su prestigio con una campaña de lodo orquestada desde el gobierno. Después se han empleado todos los instrumentos del Estado para triturarla. Demandas absurdas que se acumulan y amenazan con quitarle no solamente su patrimonio sino su libertad.
Que el cálculo de intereses de la nueva Fiscalía haya cambiado puede ser un alivio momentáneo para María Amparo Casar. Pero no hay nadie seguro en un país que tiene como fiscal a una ejecutante de venganzas, que ha sometido a los jueces a la lógica de la popularidad y que se ha deshecho de todas las instancias de prudencia institucional.
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Persecución política
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 15 diciembre 2025;
"Los críticos, si se insiste en calificarlos
como enemigos, son un enemigo
pequeño... el verdadero enemigo
es la realidad". María Amparo Casar, 10.12.2025
El 3 de diciembre, al ser nombrada fiscal general, Ernestina Godoy declaró: "No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad". Días después se dio a conocer que la FGR judicializó una investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su "probable intervención" en "el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades".
El "uso ilícito de atribuciones y facultades" es un delito de servidores públicos. A Casar se le quiere aplicar un párrafo que habla de la responsabilidad de "toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o contratación indebidos" de operaciones ilícitas, el cual se usa para castigar a contratistas que corrompen a funcionarios. Además de la acusación penal, Casar está enfrentando un procedimiento administrativo de Pemex, que busca cancelar la pensión por viudez y en el que Casar ha ganado ya dos instancias, y una demanda civil que reclama la "devolución" de 33 millones de pesos por la pensión cobrada y de 10 millones por becas de sus hijos, la mayor parte por acumulación de intereses.
El expresidente López Obrador nunca ocultó su odio hacia Casar. En 111 ocasiones la atacó desde la mañanera, en 300 a MCCI. A ella la acusó de corrupción; a MCCI de ser una "organización opositora" por realizar investigaciones de corrupción de su régimen, aunque nunca protestó por las que hizo al gobierno de Peña Nieto. López Obrador ordenó, incluso, la publicación de información personal de Casar y su familia, en violación de la ley.
Las acusaciones contra Casar surgen de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, el 7 de octubre de 2004. Por ese hecho ella percibió una pensión de viudez y sus hijos becas. Además, la empresa Generali le pagó un seguro de vida. López Obrador afirmaba que la muerte fue un suicidio por lo que los pagos no serían válidos.
Generali mandó a México a un investigador que determinó que el fallecimiento fue accidental y pagó la cantidad asegurada. El entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, dijo entonces: "Vamos a descartar que haya sido un crimen... La barda de la ventana era muy bajita. Nos dicen algunos testigos que él solía sentarse allí a fumar o a meditar... Pudo haber caído... o también que haya tomado la decisión. Eso lamentablemente no lo vamos a saber porque él ya falleció. Es el único que podría decirlo".
La investigación descartó un homicidio y citó a Victoria Martínez Ramírez, secretaria asistente, quien afirmó que el occiso "se sentaba en el filo de la ventana, que siempre tenía abierta, y se recargaba contra la estructura del inmueble, para fumar y en otras ocasiones abría la ventana y se sujetaba con una mano para asomarse hacia abajo". Pese a las declaraciones del procurador, la carpeta se cerró con la conclusión de que el occiso "decidió privarse de la vida".
López Obrador afirmó que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, acudió a ver a Bátiz para cambiar la conclusión de la investigación. Ambos lo niegan, mientras que Bátiz ha dicho que no se acuerda, pero de haber ocurrido la visita habría quedado registrada en la bitácora de la Procuraduría.
Cobrar una pensión es un derecho, válido o no, pero no un delito. Si algún funcionario de Pemex cometió un error al autorizarla hace 21 años, hay procedimientos administrativos para resolverlo. Que el gobierno esté fincando a Casar acusaciones administrativas, civiles y penales sugiere una persecución política.
· ANALIZAN
La FGR señaló este 13 de diciembre que la investigación contra Casar se judicializó "en septiembre" y que ahora "analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho". ¿Enmendarán la acusación?
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