"Somos el olvido que seremos" Héctor Abad Faciolince
En mayo de 2024, el exprocurador capitalino y entonces Consejero de la Judicatura Federal (CJF), Bernardo Bátiz, confirmó indirectamente la polémica generada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su libro ¡Gracias!, López Obrador afirmó que la académica María Amparo Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se reunió con el procurador Bátiz para solicitarle que la muerte de su esposo, Carlos Márquez Padilla —asesor de la Dirección Administrativa de Pemex, fallecido en octubre de 2004—, fuera asentada como accidental y no como suicidio. Según el mandatario, esto se hizo para que Casar pudiera cobrar la pensión correspondiente, una premisa que, legal y moralmente, el Presidente considera falsa.
En una entrevista con Azucena Uresti, el maestro Bátiz negó categóricamente haber modificado el dictamen de la muerte de Márquez Padilla. Sin embargo, su postura fue notablemente ambigua respecto a la supuesta reunión con Casar y Aguilar Camín para solicitar la alteración del caso.
Bátiz, quien en ese momento tenía 88 años y había sido nombrado Consejero del CJF por López Obrador (cargo que culminó en diciembre de 2024), afirmó "no acordarse" de dicho encuentro. Este olvido, que muchos interpretamos como un movimiento político, fue seguido por una declaración clave: evitó desmentir al Presidente. De hecho, concluyó el tema con Uresti dando la razón al titular del Ejecutivo: "No dudo que haya pasado si así lo recuerda el señor Presidente, porque el Presidente tiene muy buena memoria y no dice mentiras." (sic)
Esta ambigüedad es fundamental. Al validar la "buena memoria" del Presidente y evitar la confrontación directa, Bátiz —quien actuaba por lealtad a su jefe y amigo— desvió la atención de su propia falta de recuerdo. Con ello, reforzó la narrativa presidencial contra Amparo Casar, incluso sin confirmar explícitamente la reunión.
Esta postura contrasta con sus declaraciones hace 21 años, disponibles en video, donde Bátiz señaló que "nunca se podría saber" si la causa de la muerte fue accidente, suicidio o un "desvanecimiento".
La versión del suicidio, sin embargo, se documenta en un dictamen del Ministerio Público de la demarcación Miguel Hidalgo, que señala:
“… de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba para determinar que alguien hubiera participado en la muerte, ya que a ninguno de ellos les constaban los hechos, aunado al dictamen de peritos, se llegó al conocimiento que en los presentes hechos ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él se quitó voluntariamente la vida…”
Tal como lo recuerda el columnista Carlos Marín en Milenio al citar dicho dictamen, la conclusión es abrupta e insólita..
El quid es que el maestro Batiz es hoy hoy presidente del tribunal de disciplina del poder judicial, una persona con mucho poder..
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Una juez federal canceló la audiencia programada para mañana martes, en la que María Amparo Casar, iba a ser formalmente imputada por la supuesta obtención ilegal de una pensión vitalicia por viudez.
La jueza Diana Selene Medina Hernández determinó que el caso debe ser llevado por un juzgado del Reclusorio Norte, no del Oriente, porque la FGR ya había solicitado y obtenido allí dos autorizaciones previas para actos de investigación.
La juezs devolvió la solicitud de audiencia a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción para que pidan una nueva fecha para la imputación, pero ante el centro de justicia correcto (Reclusorio Norte).
a FGR obtuvo dos técnicas de investigación resueltas en 2024 por un juez del Reclusorio Norte: la ratificación de un "ingreso a un lugar sin autorización judicial" (junio) y una orden para intervenir comunicaciones privadas o extraer información de un dispositivo electrónico (septiembre).
En esencia, la audiencia se pospone y cambia de sede debido a un tema de jurisdicción judicial. (Nota de Abel Barajas
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La Presidenta Sheinbaum, se pronunció hoy sobre la investigación en curso de la FGR relacionada con la pensión vitalicia otorgada por Pemex a María Amparo Casar.
Sheinbaum recordó que la pensión fue "muy cuestionada por cómo obtiene la pensión"…
Ante la Investigación Penal: Sheinbaum evitó pronunciarse sobre el fondo penal del caso, indicando que este asunto corresponde exclusivamente a la FGR.
Insistió en que la parte penal debe ser gestionada por la autoridad ministerial: "ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía para que en todo caso ellos o la propia Fiscal, o quien correspondiera, explicara por qué es la denuncia penal cuando se presentó y el citatorio que creo que hicieron".
El pronunciamiento de la Presidenta se da después de que una jueza federal, Diana Selene Medina Hernández, cancelara una audiencia de imputación contra Casar.
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Las columnas políticas hoy, lunes 15 de diciembre de 2025
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Templo Mayor REFORMA
NO ES UN TEMA menor el señalamiento de la Fiscalía General de la República de que César Duarte tenía en su nómina secreta a la hoy gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Sobre todo porque esa acusación es parte central de la vinculación a proceso del priista por lavado de dinero.
LA VERSIÓN de la FGR sostiene sin mostrar pruebas que Duarte le habría entregado 10 millones de pesos a la panista. Si bien Maru Campos tendrá que aclarar esos dichos, es imposible dejar de pensar que esta acusación a quien más beneficia es a Morena, pues se da de cara a los comicios por la gubernatura de 2027.
Y CASUALMENTE, en ese sentido, la senadora Andrea Chávez, del equipo de Adán Augusto López, es quien más anda haciendo campaña (aunque aún no son los tiempos legales) en busca de ser la candidata guinda. Muy seguramente los señalamientos contra la actual gobernadora le servirán para reforzar su proselitismo.
HAY QUE estar muy al pendiente de lo que suceda en Nuevo León, donde se quiere aprobar la "Ley Mariana". Se trata de un ordenamiento del Instituto Electoral que, casualmente, tendría como principal beneficiaria a Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García.
PARA NADIE es secreto del anhelo de ambos por heredarse la gubernatura, con todo y que ella perdió de calle la elección por la alcaldía de Monterrey. Pese a eso, el intento de que sea candidata a gobernadora se afianzaría con la intención del IEE para que sólo mujeres compitan por el cargo, así como por 16 presidencias municipales en el proceso de 2027.
Los que saben del asunto dicen que Samuel y Mariana están confundiendo la paridad de género con los bienes conyugales.
VAYA, VAYA, toda América Latina tomó nota de que también Chile se fue por el carril de la derecha. La elección de José Antonio Kast como nuevo Presidente, deja en claro que el experimento del joven presidente Gabriel Boric fracasó en aquel país.
NO HUBO GOLPE, no hubo injerencia externa. Hubo urnas. Y las urnas decidieron que regresara al poder un admirador de Augusto Pinochet, ni más ni menos.
LUEGO DE los virajes en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, los gobiernos de México y Brasil parecen aislarse y con el conflicto adicional de definirse frente al régimen de Venezuela de Nicolás Maduro, cada vez más presionado internacionalmente.
Y QUÉ DECIR de su silencio frente a los problemas en la Cuba de Miguel Díaz-Canel, y la Nicaragua del dictador Daniel Ortega. Todo un dilema para el gobierno mexicano teniendo por un lado a los radicales de Morena y, por el otro, al mismísimo Donald Trump.
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Posada VIP de Morena... con vapeadores
Bajo Reserva/ El Universal
Nos cuentan que el jueves pasado, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez, organizó una posada que muchos ya catalogan como VIP, pues la invitación no fue general para la bancada, sino sólo para unos cuantos. La fiesta congregó a cerca de 60 integrantes del grupo parlamentario y, a diferencia de otros años, no fue en un hotel o restaurante lujoso, sino en una residencia privada en Coyoacán. Algunos invitados llegaron con sus mejores botellas y nos aseguran que varios de los asistentes, quienes recientemente avalaron una reforma que establece la prohibición total de los vapeadores, fueron vistos vapeando muy quitados de la pena. Lo bueno es que cambiaron la iniciativa para eliminar la persecución a consumidores. Si no, ¡cárcel!
Voces disidentes por la reforma electoral
Nos dicen que dentro del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados hay quienes consideran que los foros para analizar la reforma electoral no han sido suficientes y, una vez que la Comisión Presidencial para el tema presente una propuesta unificada, quieren que se discuta en nuevas mesas de trabajo, antes de pasar de inmediato a la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones. Esta exigencia podría ser apoyada por la oposición con gran ánimo, pero retrasaría el arranque de un nuevo modelo electoral rumbo a las elecciones de 2027. ¿Será que al gobierno le conviene lo que algunos de sus diputados sueñan?
El vocero Ávila y sus autogoles
Nos comentan que en su afán de figurar en todos los debates habidos y por haber en radio, televisión y redes sociales, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, a veces se tropieza. El pasado 12 de diciembre, el legislador se enredó en su cuenta de X al responder a un posteo de la diputada panista Margarita Zavala. Don Arturo pidió a la “virgencita de Guadalupe” el “milagro” de que metan a la cárcel al expresidente Felipe Calderón por “robarse una elección; por declararle la guerra al pueblo de México y por asociarse con el cártel de Sinaloa”. Lo único que logró el entusiasta vocero fue la respuesta generalizada de que no se necesita ningún milagro porque el gobierno morenista tiene control de todos los poderes y sólo necesitaría decidirse para llevar a juicio al exmandatario, cosa que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no quiso hacer.
¿Acarreo librero?
Nos dicen que en algunas librerías del país el libro Grandeza, del expresidente López Obrador, aparece con el letrero de “agotado”. La coincidencia no pasa inadvertida puesto que la semana anterior el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, regaló cerca de 17 mil ejemplares a sus compañeros de bancada. Lo que también llama la atención, nos dicen, es el contraste con el libro de la presidenta Claudia Sheinbaum, Diario de una transición histórica, que permanece disponible en librerías. ¿Será que la maquinaria lopezobradorista opera ahora una especie de “acarreo librero”?
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Raymundo Riva Palacio centra su columna de hoy en destacar que las investigaciones de narcopolítica por parte de EU no se limitan al actual régimen . de Morena y aliados-, y subraya un caso avanzado de penetración del crimen organizado en el gobierno panista de Chihuahua; una de las averiguaciones más avanzadas se centra en el gobierno de la gobernadora Maru Campos, donde el crimen organizado ha penetrado los niveles más altos.
Nos enteramos que un funcionario de primer nivel de Chihuahua - no sabemos el nombre-, ya perdió la visa estadounidense, y otro de mayor rango está cerca de perderla. La gobernadora podría ser la segunda en tener su visa revocada por la administración de Donald Trump.
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Estrictamente Personal
La narcopolítica no sólo es morena/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, diciembre 15, 2025 |
Las investigaciones en Estados Unidos sobre la narcopolítica en México no tienen exclusivamente el sello del régimen que instauró Andrés Manuel López Obrador. De hecho, una de las averiguaciones más avanzadas es en Chihuahua, donde el crimen organizado ha penetrado en los más altos niveles del gobierno de Maru Campos. El Departamento de Estado canceló recientemente la visa a un funcionario de primer nivel, y otro, todavía de mayor rango, está próximo a perderla. Incluso, por omisión o comisión, hasta la gobernadora podría ser la segunda mandataria estatal a quien el gobierno de Donald Trump le revoque la visa.
Las investigaciones no son nuevas. Comenzaron con el repunte de extorsiones a los migrantes, que tuvieron un alza espectacular por la política de fronteras abiertas de López Obrador y del presidente Joe Biden, que detonó un negocio criminal estimado en 100 millones de dólares mensuales, muy superior a las ganancias por tráfico de cocaína. Al bajar la migración en la parte final del gobierno de Biden y el inicio de la administración de Trump, las extorsiones y los secuestros se volcaron hacia los mexicanos, con una crueldad para forzar a pagos rápidos que incluyó la difusión de videos de las víctimas en tiempo real, que mostraban cuando las torturan y mutilan.
Las pesquisas en Chihuahua se revigorizaron luego de que Trump clasificó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca. La orden ejecutiva de Trump le dio al Departamento de Seguridad Nacional las operaciones contraterroristas en las zonas fronterizas en Estados Unidos y en México, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, directora nacional de Inteligencia, lo que la convierte en la principal asesora del presidente y del Consejo Nacional de Seguridad en la materia.
Las operaciones contraterroristas se están manejando desde Fort Bliss, en El Paso, donde se encuentra la principal base militar para Texas y Nuevo México, y se alberga el Centro de Inteligencia de El Paso, donde desde hace 50 años la DEA coordina información sobre el narcotráfico en toda América Latina. El contraterrorismo, sin embargo, no es una tarea de la DEA.
Participan, como en el caso de Chihuahua, el área de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI, responsables de la captura de Ismael El Mayo Zambada el año pasado en Culiacán, con la ayuda de Joaquín López Beltrán, además del Servicio de Marshals, que decodificó las comunicaciones interceptadas por la CIA que sirvieron para la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, en 2016, en la llamada Operación Cisne Negro, que encabezó la Marina.
Las investigaciones, apoyadas por dos testigos protegidos del FBI, narran con detalles escalofriantes cómo fue la emboscada y asesinato de cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, en 2022. De acuerdo con lo que se ha podido conocer de sus declaraciones, los dos testigos señalaron que una abogada de narcos vinculada con un alto funcionario de la fiscalía estatal fue la que puso a los agentes, informando –porque mantuvo la comunicación con ellos todo el tiempo– del momento en que llegarían al punto donde planeaban atacar, consecuencia de sus investigaciones sobre la extorsión a migrantes.
La extorsión a migrantes la maneja La Línea, que se escindió del Cártel de Juárez y se ligó al Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese grupo, que se calcula controla 80% del crimen en el estado, tiene subordinada a La Empresa, que comenzó con cholos mexicano-estadounidenses en ambos lados de la frontera, y que manda en 20% restante. Los testigos protegidos estuvieron presentes cuando se decidió el asesinato de los agentes ministeriales y de Migración, que, para poder ser emboscados, fueron convocados a Chihuahua por un alto funcionario de la fiscalía estatal, con el pretexto de revisar sus trabajos.
Los secuestros y las extorsiones, de acuerdo con las investigaciones, son controlados desde el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, que constantemente se ve involucrado en temas de violencia. El criminal que las manejaba era Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, líder de la banda de Los Mexicles, también de origen mexicano-estadounidense, que se escapó de esa cárcel a finales de 2022 para morir días después en un enfrentamiento. Su muerte no eliminó el control desde el Cereso 3, sino que pasó a manos de La Línea, que ha crecido sus negocios criminales y expandido desde su origen en Ciudad Juárez.
Los Ceresos, que antes eran responsabilidad de la fiscalía, ahora lo son de la Secretaría de Seguridad, pero antes, como en la actualidad, se generan tensión y motines cuando se pretende mover a los reos de la prisión, porque se desarticula el entramado criminal. Pero el cambio de mando en la responsabilidad no eliminó las sospechas sobre la vinculación institucional en Chihuahua con el crimen organizado. Al contrario de lo que ha trascendido de las investigaciones en Estados Unidos, hay molestia contra la gobernadora Campos porque no ha hecho ningún ajuste en los cargos relevantes de la administración y procuración de justicia.
La investigación del gobierno de Trump en Chihuahua tiene una carga subjetiva adicional y un tono de venganza contra Biden. Se pudo notar públicamente a fines de octubre, cuando Gabbard habló de la detención de Martha Alicia Méndez, La Diabla, señalada de operar una red transfronteriza de tráfico de bebés, manejada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, y dijo que era parte del “horror” que prosperó durante el gobierno de Biden.
La gobernadora Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha: que dinero sucio sea inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027. En la medida en que avancen los tiempos sin acciones, el gobierno de Chihuahua se irá metiendo en más problemas, porque los estadounidenses, para estos momentos, están eliminando los límites para enfrentar a los cárteles.
Nota: En relación con una afirmación en este espacio el viernes pasado, el director de Desarrollo de Texas Ribs, Juan Carlos Perezcano, afirmó que la cadena de restaurantes no pertenece al facturero Raúl Beyruti, sino que ha sido propiedad de la familia Perezcano desde su fundación en 2004.
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No cesa el acoso contra María Amparo
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
La Fiscalía General de la República bajo la titularidad de Ernestina Godoy dice no tener que ver con el citatorio a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, para que mañana, martes 16 de diciembre, comparezca en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente ante la jueza Diana Selene Medina Hernández.
El emplazamiento se basa en la ruin judicialización que inició la FGR en la gestión de Alejandro Gertz Manero, a partir de la canallesca petición del ex director de Pemex Octavio Romero (ahora director del Infonavit), para que se revoque la orden de pagarle a Casar su pensión de viudez por el fallecimiento de su marido, Carlos Fernando Márquez Padilla, hace 25 años (7 de octubre de 2004).
Con la señora fueron citados también dos ex funcionarios de la petrolera, pero la actual FGR pidió posponer la audiencia programada para “revisar la carpeta”.
Fue en mayo del año pasado cuando López Obrador inició la persecución político-policiaca de una de sus “adversarias” más odiadas.
En su libro ¡Gracias!, escribió que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, fue a pedirle al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, asentar que el deceso fue accidental, que no fue un suicidio porque, según AMLO, esto impediría que la doctora pudiera cobrar la pensión, lo cual es legal y moralmente falso.
Hoy miembro del inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial, ex consejero de la Judicatura Federal, Bátiz declaró en 2024 “no recordar” lo que AMLO afirmaba.
Sin embargo, 20 años atrás decía que no se podía saber si fue accidente, suicidio, o resultado de “un desvanecimiento”, y que “nunca lo vamos a saber”.
La versión del suicidio aparece en un silvestre dictamen del MP en la demarcación Miguel Hidalgo:
“… de la declaración de los testigos no se desprende algún elemento de prueba para determinar que alguien hubiera participado en la muerte, ya que a ninguno de ellos les (sic) constaban los hechos, aunado al dictamen de peritos, se llegó al conocimiento (sic) que en los presentes hechos ninguna persona privó de la vida al ahora occiso, ya que él se quitó voluntariamente la vida…”.
Ah chingá, vaya conclusión.
¿Y si fue accidente?
El más consistente de los testimonios recabados fue de la asistente de Carlos Fernando, Victoria Martínez Ramírez, quien declaró que él acostumbraba encaramarse en una ventana cuando quería fumar:
“Desde el sitio que ocupa físicamente al laborar, se percataba de que su jefe tomaba asiento en el filo de la ventana de su oficina (piso 12), que siempre tenía abierta; se recargaba contra la estructura del inmueble y fumaba, y en otras ocasiones abría la ventana, se sujetaba con una mano de la ventana fija y se asomaba hacia abajo…”.
Aquel día en la Torre Pemex corrieron chismes por igual de que Carlos Fernando “saltó” (lo cual nadie vio) o que fue un “accidente”.
Como haya sido, María Amparo Casar tiene todo su derecho a la pensión que el abusivo y mezquino obradorato pretexta para perseguirla...
cmarin@milenio.com
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Los posibles cambios en el gabinete/Mario Maldonado
EL UNIVERSAL
En el gobierno federal ya se habla de posibles cambios en el gabinete presidencial, luego del relevo de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República, un movimiento que dentro y fuera de Morena fue leído como el banderazo de salida de una reconfiguración mayor rumbo a 2027.
Aunque en los Estatutos de Morena no hay una fecha específica para que los funcionarios que aspiren a una candidatura se separen del cargo, se habla de que el plazo se fijará para inicios del 2026. Para los comicios de 2024 las llamadas “corcholatas” presidenciales se separaron de sus cargos casi un año previo a la elección y se habla de que ahora podría ser incluso antes.
La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha intentado enfriar expectativas. El pasado 5 de diciembre descartó, por el momento, más cambios además de la FGR y la Consejería Jurídica, con la salida de Gertz y la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía. Sobre este tema, lo más probable es que la Consejería sea ocupada por otra mujer y no por Arturo Zaldívar, quien se mantendría como coordinador General de Política y Gobierno. Sin embargo, el mensaje de la mandataria no cerró la puerta. Dijo que todo el equipo está siempre a evaluación, “a que demos resultados a la gente”. “Por ahora no tengo pensado ningún cambio, pero eso no quiere decir que algún día se pueda dar”, expresó.
Entres los movimientos se habla de la salida del titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, en medio del descontento de productores y la falta de resultados, particularmente en el combate al gusano barrenador, un problema sanitario que lleva más de un año sin resolverse. En su lugar se menciona la posible promoción de Leonel Cota, actual subsecretario de la dependencia, con mayor capacidad de operación política dentro del movimiento.
Otro nombre que se menciona es el de Mario Delgado. El titular de la SEP podría dejar el cargo para competir políticamente en Colima, su estado natal, en un contexto marcado por polémicas sobre su gestión. La más reciente fue su declaración en el Senado, en noviembre de 2025, cuando afirmó que “los niños que no nacen no van a la escuela” para explicar la reducción de la matrícula por la baja natalidad. La frase se viralizó y fue interpretada como insensible y reduccionista, al minimizar problemas reales como el abandono escolar, el rezago educativo y la falta de acceso. Durante la glosa del Primer Informe de Gobierno también se le cuestionó por obesidad y desnutrición infantil, pese a los programas oficiales, así como por señalamientos de opacidad en la SEP. En la baraja para Colima también aparece César Yáñez, hoy subsecretario de Gobernación, cercano al núcleo político del movimiento.
En política exterior se habla del posible relevo en la Cancillería. Juan Ramón de la Fuente solicitó licencia temporal el 28 de noviembre por una operación de columna, y su lugar fue ocupado como encargado de despacho por Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte. Velasco podría ser ratificado como nuevo canciller para hacer mancuerna con Marcelo Ebrard en la compleja renegociación del T-MEC, que exigirá un ritmo trepidante de idas y vueltas a Washington D.C. y a Canadá.
Otro movimiento posible sería en la Secretaría de Gobernación, con una eventual salida de Rosa Icela Rodríguez, ya sea para buscar la candidatura al gobierno de San Luis Potosí o un curul en la Cámara de Diputados con la mira puesta en la coordinación parlamentaria. Para ese último cargo también suena el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. En caso de abrirse Gobernación, los nombres que circulan van desde Omar García Harfuch —más bien pensado para después de las elecciones de 2027—, Sergio Salomón, actual director del Instituto Nacional de Migración, y Rafael Marín Mollinedo, titular de Aduanas, quien a su vez busca evaluarse para ver si le alcanza para competir por la candidatura de Morena para Quintana Roo.
Así, aunque la presidenta ha insistido en que no habrá cambios inmediatos, los tiempos electorales por venir, la renovación del T-MEC y la coyuntura política —incluidas las elecciones intermedias en Estados Unidos—, hacen prácticamente inevitable una reconfiguración del gabinete de Claudia Sheinbaum.
Posdata 1
Por cierto que sigue habiendo muchas dudas sobre la embajada prometida a Alejandro Gertz Manero. Lo que se dice en su entorno es que el exfiscal —de 86 años— aceptó la embajada más como un acto de dignidad que porque realmente quiera irse a vivir a Alemania.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue sin concretarse y ni siquiera hay fecha para presentarla ante el Senado, ni el beneplácito del país receptor.
Más allá de la logística, llama la atención que personas cercanas a Gertz no vean el beneficio real de irse a un país con inviernos gélidos que, según sus allegados, él detesta. ¿Qué ganancia política y personal, más allá de un retiro con apariencia de honor, obtiene un funcionario veterano, con una carrera tan larga como polémica, al exiliarse en tierras frías si no hay certeza de cuándo ocurrirá? ¿Realmente le interesa a Gertz Manero asumir una embajada o se encaprichó ante la solicitud de entregar la Fiscalía?
Posdata 2
Por cierto que en la Secretaría de la Defensa Nacional también se anticipan reacomodos en el corto plazo. El general de División de Estado Mayor y Oficial Mayor, Enrique Martínez López, está por jubilarse. Dicho movimiento es relevante porque la Oficialía Mayor concentra presupuesto, adquisiciones y contratos, un eje sensible que suele marcar el inicio de ajustes más amplios en la cúpula castrense.
El subsecretario de la Defensa y segundo al mando, Enrique Covarrubias López, también se encuentra en la ventana de jubilación. Quien encabeza dicha Subsecretaría se convierte automáticamente en el segundo de a bordo del general secretario, Ricardo Trevilla. Es decir que no se trata sólo de un relevo administrativo, sino de una definición estratégica que ordena la cadena de mando en la Defensa.
Quien podría emerger como personaje de poder es Arturo Coronel Flores, actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Con menor antigüedad relativa y control directo de la planeación y la operación, su posición toma mayor relevancia ante eventuales salidas arriba de él.
Posdata 3
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) puso sobre la mesa un incremento salarial del 13% para las maestras y los maestros del país. La dirigencia sindical, encabezada por Alfonso Cepeda argumenta que el ajuste es no solo justo, sino necesario.
La expectativa del incremento es que sea equiparable al otorgado al salario mínimo, el cual fue anunciado a inicios de diciembre por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De visita por Baja California Sur este fin de semana, el secretario general del SNTE habló de la responsabilidad que implica atender a más de 30 millones de alumnos en el sistema educativo público. Esta reivindicación forma parte del Pliego Nacional de Demandas, donde el sindicato exigirá que se reconozca tanto “el esfuerzo y la responsabilidad social del magisterio” como su papel esencial en el desarrollo nacional.
La educación pública mantiene una cobertura nacional que descansa en más de un millón de docentes y representa uno de los rubros más sensibles del presupuesto federal. En ese contexto, el SNTE, que es el sindicato más grande de América Latina, vuelve a colocarse como un actor central en la negociación salarial y en la estabilidad operativa del sistema educativo.
@MarioMal
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En 2026 la presidenta mueve sus piezas/Salvador García Soto
El Universal, | 15/12/2025 |
El año 2026 traerá, en sus primeros meses, algunos reacomodos y cambios en el gabinete presidencial. Hay por lo menos dos secretarías que están en la mira de la presidenta para cambiar a sus actuales titulares, ya sea por desgaste o porque de plano no han estado a la altura de los retos del encargo.
Son movimientos, nos dicen fuentes de Palacio, que tienen que ver con la estrategia que ha comenzado la presidenta para pasar de un equipo y gabinete en el que recibió y aceptó varias “herencias” e imposiciones de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, para colocar ahora a sus propias piezas, gente cercana a ella y de mayor confianza para iniciar el segundo año de su sexenio y comenzar a definir un perfil propio para su gobierno, con miras a buscar la consolidación de su administración y sus objetivos programáticos.
La primera posición que suena para un cambio es la Secretaría de Gobernación, donde Rosa Icela Rodríguez saldría tras su fuerte tropiezo con las manifestaciones campesinas y de transportistas. La periodista metida a política tampoco quiere seguir al frente del despacho de Bucareli y ya decidió también cancelar la aventura política que le ofrecían en San Luis Potosí, su tierra natal, pero con la que no tiene mayor conexión que sus familiares que aún radican allá.
Se estaría pensando en una posición del gabinete social para Rodríguez, quien de hecho, cuando la invitó la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum, a integrarse a su gabinete, buscaba una posición “más tranquila, sin tanta complicación”, según ha comentado la misma secretaria, quien al final tuvo que aceptar Gobernación más por lealtad y compromiso, que porque realmente quisiera estar en una posición tan política y tan compleja como la Segob.
Y ahí es donde podría venir uno de los enroques que se comentan en Palacio Nacional. Porque la otra secretaría que cambiaría de titular en las primeras semanas del año es la Secretaría de Educación Pública, donde a Mario Delgado lo relevarían porque desde hace rato la presidenta ha querido removerlo por su mediocre desempeño y para colocar en esa posición a alguien de mayor confianza.
Para sustituir a Mario Delgado suenan la propia Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, quien ha desarrollado una relación muy cercana con la presidenta, a partir de que la apoyó en su campaña desde la Universidad de Guadalajara, y le ofreció impulsar a nivel nacional el modelo de crecimiento y desarrollo que ha tenido la casa de estudios tapatía que se convirtió en una universidad estatal con planteles y centros universitarios en todas las regiones de Jalisco.
Pero si el relevo en la SEP se puede resolver fácilmente, el que no se ve tan sencillo es el cambio en la Segob. Porque a raíz de que se habla de la salida de Rosa Icela se desató una pugna de poder al interior de la 4T por ocupar la estratégica posición política.
El choque, nos dicen fuentes de la Presidencia, es en las alturas entre a quién impulsa la doctora Sheinbaum para llegar a Segob, que sería el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, actual vicecoordinador de la bancada de diputados de Morena, y hombre de todas las confianzas de la mandataria, y el gobernador Alfonso Durazo, quien busca anticipar su salida de Sonora para llegar al despacho de la calle de Bucareli, impulsado directamente por el expresidente López Obrador.
Otro cambio que viene y que ya comenzó a sonar esta semana con trascendidos en algunos medios, es el relevo de la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. Las versiones que se escucharon intensamente la semana pasada dicen que la secretaria de Energía, Luz Elena González, no está nada conforme y más bien hasta molesta por el desempeño de la maestra que, según se dice, fue una recomendación directa del exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz.
El retraso en la implementación de programas y directrices en el sector eléctrico y la poca capacidad que ha demostrado la maestra Emilia para cumplir los objetivos que le pidieron desde la Sener, sería la causa para solicitarle la renuncia y colocar a alguien más del equipo de la secretaria González, que es la integrante más cercana del gabinete a la presidenta Sheinbaum.
Así que el 2026 será un año de ajustes y uno que otro enroque en el gabinete presidencial, en lo que los que conocen a la presidenta definen como la segunda etapa de su Presidencia, después del accidentado y difícil primer año, en la que la doctora comenzará a rodearse sólo de sus personas de confianza y se sacudirá imposiciones y herencias. Lo que sigue, según las fuentes de Palacio, será ver cómo la presidenta opera las candidaturas de Morena y decide quiénes serán sus candidatos a las 17 gubernaturas y a la Cámara de Diputados, en lo que representaría una toma de distancia, que no ruptura ni deslealtad, hacia su antecesor.
NOTAS INDISCRETAS… En medio de la polémica que rodea la detención y encarcelamiento del criminal de la Laguna, Edgar Rodríguez “El Limones”, y de las evidencias en fotos y videos sobre su pertenencia a la CATEM, del diputado Pedro Haces, el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, salió ayer a deslindar el caso y al presunto narcotraficante y extorsionador, de cualquier vínculo con un organismo sindical. “La investigación inició por denuncias específicas por extorsión, que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa, desde cobrarle a empresarios, agricultores, por agua, pozos de agua, varios delitos que se están investigando, pero ninguno está vinculado como tal con ningún sindicato o con algún vínculo político. Lo que lo tenemos relacionado es con una célula criminal que opera en Durango, Coahuila apodada 'Los Cabrera', que son como lo sabemos de ahí, y este sujeto ha mencionado que trabaja directamente para un líder delincuencial de esa organización. Eso es lo que tenemos hasta ahorita”, dijo ayer en conferencia de prensa el titular de la SSyPC. ¿Y entonces? ¿El “Limones” era o no CATEM? Pues según García Harfuch no investigan su vínculo con ningún sindicato ni las extorsiones que realizaba, y que denunciaron desde hace meses los empresarios y comerciantes laguneros, no tenían nada que ver con dicho organismo sindical. ¿Exonera el secretario al diputado Pedro Haces?... Se batieron los dados. Escalera para arrancar semana.
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¿Es justa una intervención militar en Venezuela?/León Krauze
EL UNIVERSAL
En las horas posteriores a la entrega del Premio Nobel de la Paz (precedida por una odisea en la que estuvo a punto de perder la vida en altamar), la heroica María Corina Machado concedió varias entrevistas. Varios colegas le preguntaron, naturalmente, por la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela.
La respuesta de Machado reunió dos ideas esenciales. La primera —una réplica implícita a quienes, como la presidenta de México, invocan la “autodeterminación de los pueblos” para evitar cualquier acción externa— subrayó que el pueblo venezolano ya decidió su destino: votó por un cambio, y el régimen de Maduro optó por ignorar esa voluntad. La segunda, más inquietante, señaló que Venezuela ya ha sido, en la práctica, invadida: sus instituciones, fuerzas armadas y servicios de inteligencia están infiltrados por Irán y Rusia. En otras palabras, Venezuela es una nación secuestrada por los aliados del régimen que la ha sumido en la miseria, provocando el exilio de ocho millones de personas y la fractura de millones de familias, incluida la de la propia Machado.
Esa descripción —la de un país ocupado desde dentro— plantea una pregunta moral inevitable: ¿qué responsabilidad tiene el mundo ante un pueblo así atrapado?
Desde la lógica de Michael Walzer en Just and Unjust Wars, podría construirse, al menos en teoría, un argumento para justificar una intervención militar destinada a liberar a Venezuela. Walzer define tres causas legítimas para usar la fuerza: la autodefensa, la ayuda a un pueblo que se defiende y la intervención humanitaria frente a atrocidades masivas.
Maduro ha destruido la democracia y provocado una catástrofe humanitaria. La represión, el colapso económico y la violencia estatal han llevado a una cuarta parte del país al exilio. Las cifras del derrumbe económico y social apenas alcanzan a reflejar la desesperanza de un país con la pobreza de Haití y las mayores reservas petroleras del mundo.
Desde esta mirada, no intervenir podría parecer moralmente peor que hacerlo: si un pueblo está completamente atrapado en un régimen depredador y tiránico, ¿no tendría la comunidad internacional la obligación de actuar? Pero incluso ese argumento exige, en clave walzeriana, condiciones estrictas: un llamado interno claro, una intervención proporcional y limitada, y un horizonte de salida que evite la ocupación o la imposición externa.
Es evidente que el pueblo venezolano pide ayuda. Pero Venezuela no vive un genocidio ni un exterminio sistemático. Su sufrimiento es atroz, pero no alcanza el umbral que Walzer considera indispensable para una intervención humanitaria. Además, cualquier acción encabezada —o percibida— como liderada por Estados Unidos cargaría con el fantasma del imperialismo.
Una causa justa también puede volverse injusta si sus consecuencias previsibles son catastróficas. En Venezuela, una intervención mal calibrada podría desatar una guerra prolongada alimentada por los restos del chavismo, las redes clientelares y las estructuras armadas corruptas, muchas vinculadas a Cuba.
Por eso, el camino correcto aun no es el militar. Es una acción firme, coordinada y sostenida de la comunidad democrática internacional para aumentar la presión sobre el régimen hasta provocar su salida. María Corina Machado tiene razón al insistir en que el pueblo venezolano ya decidió su destino, y también al recordar que el país ha sido secuestrado por Irán, Cuba y Rusia. Con esos argumentos y su legitimidad, puede unir las voluntades necesarias para ese objetivo.
El pueblo venezolano lo merece. La dictadura chavista les ha robado no sólo la prosperidad y la dignidad, sino, en muchos casos, la vida misma. Una Venezuela democrática y libre podría asombrar al mundo con una reconstrucción sin precedentes. Pero el futuro de esa nación deberá construirse a través de los medios que conduzcan a la inevitable caída de Nicolás Maduro de manera justa y prudente.
@LeonKrauze
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María Amparo Casar, venganza y estupidez/ Jorge Fernandez Menéndez
Exceñsior,
“Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido”. Sandro Marai
Pensé, ingenuamente, que la acusación contra María Amparo Casar se había archivado hace año y medio cuando aparentemente había sido archivada, por la reacción pública que suscitó, la venganza del entonces presidente López Obrador contra una mujer y una organización Mexicanos contra la Corrupción, que habían logrado, paso a paso, desmitificar el legado que decía haber dejado al país, o sea los crímenes que él mismo cometió. Olvidaba que el entonces fiscal Gertz Manero se alimentaba de los mismos apetitos vengativos de su jefe.
Sabemos ahora que la averiguación contra Casar quedó viva y al llegar la nueva fiscal Ernestina Godoy fue revivida. Dice ahora la fiscalía que en realidad están estudiando la averiguación para ver si estuvo bien construida. Espero que sea desechada inmediatamente, porque es, simplemente, una infamia.
Hace año y medio decíamos aquí que “la venganza contra María Amparo Casar rompe cualquier límite ético en el ejercicio del poder. Carlos, el esposo de María Amparo, funcionario de Pemex entonces, murió cuando cayó de una ventana de un piso alto de Pemex. No hay constancia pericial de que haya sido un suicidio y como correspondía entonces y corresponde ahora, María Amparo cobró el seguro de vida y la pensión que otorga Pemex a la familia más cercana de la víctima”. Quien certificó el caso fue Bernardo Bátiz, entonces procurador de la ciudad de México y hoy presidente del tribunal de disciplina del poder judicial. Entonces y ahora un hombre cercanísimo a López Obrador.
Además de acusar injustamente a María Amparo, el gobierno federal liberó en aquella ocasión, sin autorización legal y sin testear (sin suprimir datos personal) 300 páginas de legajos legales con datos de María Amparo, sus hijos, su familia, con todos los datos personales de ella y los suyos. Una violación manifiesta de la leyes que tendría que haber obligado a la FGR a iniciar de facto una investigación penal para castigar al responsable. Por supuesto no hizo nada de eso. La condena entonces como ahora partió de la sociedad civil y de académicos y comunicadores que conocemos a María Amparo desde hace años, una mujer con la que se puede o no estar de acuerdo pero de absoluta honradez, inteligencia, y capacidad de debate que nunca utiliza como arma el agravio.
El problema, decíamos en mayo del año pasado, es que que “investiga, indaga y denuncia. María Amparo acaba de presentar el jueves pasado (mayo del 2024) un libro demoledor sobre esta administración que se llama Los Puntos sobre las Ies. Ahí afirma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene seis características que lo definen: incompetencia, impunidad, incongruencia, ilegalidad, desinstitucionalización y desinformación. Yo agregaría una séptima: deseo de venganza.
“La denuncia contra Casar está contaminada de esas siete características. Parte, además, de explotar una tragedia familiar. Hizo lo mismo (López Obrador) un día antes con Ceci Flores, la respetabilísima líder de las madres buscadoras, a la que tachó de mentirosa, mientras que Martí Batres terminó describiendo el hallazgo de restos humanos en una barranca de Iztapalapa como un intento de manipulación con fines electorales. De la misma forma que la denuncia contra María Amparo se basa en una mentira, la descalificación de Ceci Flores parte de una manipulación, pero gubernamental: una vez que Ceci encontró los restos, el lugar fue cerrado y con rapidez inaudita, en apenas dos horas, la fiscalía decidió que los restos eran de animales y cerró el caso. Antes limpió el lugar.
“Casar y Mexicanos contra la Corrupción han hechos decenas de denuncias, unas pocas me han parecido injustas o poco verosímiles, otras, la mayoría, terriblemente certeras. Esas denuncias paradójicamente contribuyeron a deslegitimar tanto al gobierno de Peña Nieto que le allanaron el camino a López Obrador en 2018. Pero a este sexenio que presume de incorruptible, le brota la corrupción por todos lados, y esas denuncias se le han hecho intolerables al presidente López Obrador, y para deslegitimarlas miente, descalifica, amenaza, paga desde Palacio para amplificar en redes sus infamias.
“Decía Confucio que quien decide seguir el camino de la venganza debería abrir dos tumbas, una para su enemigo y otra para sí mismo. Eso debería recordarlo el presidente López Obrador porque él mismo, como todos nosotros, ha tenido tragedias familiares. El presidente las sufrió en su infancia, con su primera esposa y de alguna manera las sufre ahora. Están en el plano personal y ahí deben quedar. Comenzar a lucrar políticamente con las tragedias personales ajenas nos lleva al escenario que plantea Confucio, la tumba para el vengador y para su enemigo”.
Eso decíamos en mayo de 2024. Los límites éticos en el ejercicio del poder están cada vez más difusos. Prefiero otorgarle a Ernestina Godoy, que apenas inicia su gestión como fiscal, un espacio para la duda: un primer paso podría y debería ser desechar definitivamente esta venganza contra Casar y comenzar a procesar a los verdaderos delincuentes, a todos esos que hemos visto en los últimos meses ser denunciados una y otra vez sin que el ex fiscal Gertz actuara. Así debería actuar la justicia.
Todos olvidan lo que decía Boy Casarez: el mundo atribuye sus males a grandes conspiraciones, me temo que se olvidan de la estupidez. La venganza es, por cierto, una forma de estupidez.
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Casar, cazada/Denise Dresser
REFORMA, 15 diciembre 2025;
Para Miguel Jáuregui.
No es un caso. Es un método. Un manual de instrucciones para disciplinar a quien investiga, incomoda y documenta. Lo que comenzó con López Obrador -el linchamiento desde la mañanera, el señalamiento moral, el "ahí les va el expediente"- hoy continúa bajo Claudia Sheinbaum, ya no sólo como narrativa, sino como engranaje judicial. La persecución se hereda. Y en el relevo, se perfecciona.
A María Amparo Casar la persiguió primero el micrófono presidencial. Hoy la persigue el Estado con tres frentes simultáneos: administrativo, civil y penal. Tres carriles para un mismo destino: desgastar, intimidar, distraer y mandar un mensaje a todos los demás.
El expediente arranca con la pensión por viudez derivada de la muerte de su esposo, exfuncionario de Pemex. Pemex suspendió pagos en 2024 y buscó recuperar lo que afirma fue cobrado indebidamente: alrededor de 31 millones de pesos, cifra que -según lo difundido entonces- incluye una pensión mensual (aprox. 125 mil pesos) y un seguro de alrededor de 17 millones. A la par, durante el tiempo que correspondía, sus hijos recibieron una pensión mensual de 15,434 pesos.
Hasta ahí, en cualquier democracia funcional, habría una discusión técnica: si el beneficio procede, si hubo error administrativo, si existió responsabilidad de servidores públicos que autorizaron, si corresponde reintegro o no. Y se litiga. Con reglas. Con proporcionalidad. Pero aquí no estamos en una democracia funcional. Estamos en una democracia de utilería con Fiscalía de utilería. Por eso el caso de Casar no sólo se litiga: se escenifica.
Primero, el juicio administrativo: se le exige reparación del daño al Estado. Segundo, el civil: se reclama la devolución de montos millonarios ligados a lo pagado durante años. Tercero, el penal: la joya de la corona del amedrentamiento. La Fiscalía la acusa del delito de "uso ilícito de atribuciones y facultades" -una figura típicamente diseñada para castigar a servidores públicos que abusan de su cargo. Lo absurdo salta a la vista: Casar no era funcionaria de Pemex cuando se otorgó el beneficio. Sin embargo, la acusación avanza.
Y avanzó con una cita que olía a escarmiento: audiencia en el Reclusorio Oriente para el 16 de diciembre de 2025. ¿Por qué en un reclusorio? Porque en México la forma también castiga. Porque no basta con acusar: hay que exhibir. Hay que hacer que el proceso huela a celda, aunque termine -por ahora- en trámite.
La indignación pública fue inmediata. Y entonces ocurrió la coreografía conocida: la Fiscalía salió a decir que "analiza detalladamente" la indagatoria para verificar que esté integrada conforme a derecho, y negó actuar "por consigna". Traducción: ante la presión, Ernestina Godoy pospone y patea el bote. No cancela el castigo; lo administra.
Peor aún: la propia Fiscalía subraya que el caso ya estaba judicializado desde septiembre, y no "recientemente". Como si la cronología limpiara la intencionalidad. Como si decir "esto viene de antes" borrara la continuidad de la cacería. Porque sí: el origen público del ataque es lopezobradorista y la continuación institucional es sheinbaumista.
Casar, frente a esto, decide quedarse y dar la batalla. Decisión valiente en un país donde la justicia es discrecional, el debido proceso es negociable y Godoy llega con la consigna de perseguir a unos y proteger a otros. Mientras a ella la cercan con tres litigios, en la 4T permanecen intocados los casos que sí gritan Estado capturado. Las denuncias y señalamientos sobre figuras del oficialismo -Adán Augusto, Rubén, Cuauhtémoc- que no reciben ni la diligencia mínima.
Aquí está la crítica de fondo y por eso este caso incendia: la justicia opera con dedicatoria. El aparato penal se vuelve herramienta para ajustar cuentas con críticos, y el aparato administrativo/civil se convierte en ariete económico para quebrar resistencia.
Y cuando se decide que alguien "merece" castigo -por investigar demasiado, por publicar demasiado, por no doblarse- entonces aparecen tres juicios, una audiencia en reclusorio y una carpeta que se "revisa" sin desistirse.
La pregunta no es solo si Casar ganará o perderá en tribunales, ante una jueza recién electa. ¿Cuántos más se autocensurarán por el miedo a convertirse en el siguiente expediente útil? Porque en esta "transformación", el mensaje es claro: la ley no se aplica para garantizar la justicia. Se usa con permiso para cazar.
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La persecución
Jesús Silva-Herzog Márquez
REFORMA, 15 diciembre 2025
La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no nació para denunciar a López Obrador. Aunque el megalómano imagine que todo existe por o contra él, la organización de la sociedad civil nació en 2015, a la mitad del sexenio de Peña Nieto. Era claro desde entonces que la batalla contra la corrupción necesitaba de la intervención ciudadana. Necesitaba periodismo crítico y organizaciones profesionales dedicadas a la vigilancia del gobierno y a la denuncia de los corruptos. En poco tiempo, gracias al profesionalismo de su equipo y a la valentía de su conducción, MCCI se convirtió en la organización más activa y de mayor impacto en la lucha contra la corrupción. Desde su nacimiento, una referencia indispensable del debate público. Todas las oposiciones se han alimentado de su trabajo. Todos los gobiernos han sido lastimados por sus revelaciones.
El liderazgo de María Amparo Casar ha sido crucial en la fundación de esa institución de la república. A la solidez de su preparación académica y su experiencia en el servicio público se suma una admirable determinación. Su atención ha estado concentrada en la calidad de sus investigaciones y reportes. Documentar rigurosamente el abuso, rastrear paso a paso las sendas de la trampa, cubrir la telaraña de las complicidades. Su valentía podría describirse, sobre todo en los tiempos recientes, como temeridad. María Amparo Casar no se ha detenido frente al poder de los uniformados, ni ante la rabia de un déspota de poder absoluto. Ante la intimidación, el insulto y la persecución, ella ha respondido con su trabajo. Investigaciones que se defienden solas, pruebas que se muestran al público, datos irrebatibles.
La radiografía que María Amparo Casar ha hecho de la corrupción del nuevo régimen no es simple documentación de pillerías. Es la denuncia de un régimen que, al borrar contrapesos, al intimidar críticos, al burlarse de la ley y al cortar el nervio de la independencia judicial hace de la corrupción la médula de su dominación. La corrupción que fue catapulta de la oposición lopezobradorista, que ha sido el núcleo de su discurso y bandera de superioridad moral, se instaló muy rápidamente en la médula de un régimen autoritario. Las escaleras no se barrieron de arriba abajo. Quedaron más sucias de lo que ya estaban porque quienes las enlodan están hoy más protegidos que nunca. Se ha constituido un régimen de intocables. Ahí están frente a nosotros, pavoneando sus trapacerías, exhibiendo sin pudor sus desfalcos. Riéndose abiertamente de una Presidenta que llama a misa.
Como cabeza de una organización insobornable, María Amparo Casar ha dado una batalla ejemplar. No se ha quedado en la crítica: ha documentado puntualmente los abusos. No le ha bastado la denuncia, ha aportado pruebas para exhibir la falsedad del moralismo autoritario. Sus investigaciones, junto con Animal Político fueron cruciales para exhibir las trampas y los abusos del último gobierno priista. Sin su trabajo la sociedad mexicana no habría conocido la compleja ingeniería de lo que conocemos como la "estafa maestra". Más de un centenar de empresas que simulaban prestar servicios al gobierno para enriquecer a un puñado de políticos. Exhibió los fraudes de Odebrecht durante tres gobiernos. Documentó puntualmente los desvíos multimillonarios de Segalmex, ya bajo el gobierno de López Obrador. Ha documentado nepotismos, sobreprecios, desvíos y desfalcos. Sus reportes han hecho trizas el discurso moral del nuevo régimen. Es por ello que Casar ha sufrido una persecución feroz desde la cúspide del poder presidencial que no ha cesado. Primero fue el intento de destrozar su prestigio con una campaña de lodo orquestada desde el gobierno. Después se han empleado todos los instrumentos del Estado para triturarla. Demandas absurdas que se acumulan y amenazan con quitarle no solamente su patrimonio sino su libertad.
Que el cálculo de intereses de la nueva Fiscalía haya cambiado puede ser un alivio momentáneo para María Amparo Casar. Pero no hay nadie seguro en un país que tiene como fiscal a una ejecutante de venganzas, que ha sometido a los jueces a la lógica de la popularidad y que se ha deshecho de todas las instancias de prudencia institucional.
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Persecución política
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 15 diciembre 2025;
"Los críticos, si se insiste en calificarlos
como enemigos, son un enemigo
pequeño... el verdadero enemigo
es la realidad". María Amparo Casar, 10.12.2025
El 3 de diciembre, al ser nombrada fiscal general, Ernestina Godoy declaró: "No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo que tampoco habrá impunidad". Días después se dio a conocer que la FGR judicializó una investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su "probable intervención" en "el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades".
El "uso ilícito de atribuciones y facultades" es un delito de servidores públicos. A Casar se le quiere aplicar un párrafo que habla de la responsabilidad de "toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o contratación indebidos" de operaciones ilícitas, el cual se usa para castigar a contratistas que corrompen a funcionarios. Además de la acusación penal, Casar está enfrentando un procedimiento administrativo de Pemex, que busca cancelar la pensión por viudez y en el que Casar ha ganado ya dos instancias, y una demanda civil que reclama la "devolución" de 33 millones de pesos por la pensión cobrada y de 10 millones por becas de sus hijos, la mayor parte por acumulación de intereses.
El expresidente López Obrador nunca ocultó su odio hacia Casar. En 111 ocasiones la atacó desde la mañanera, en 300 a MCCI. A ella la acusó de corrupción; a MCCI de ser una "organización opositora" por realizar investigaciones de corrupción de su régimen, aunque nunca protestó por las que hizo al gobierno de Peña Nieto. López Obrador ordenó, incluso, la publicación de información personal de Casar y su familia, en violación de la ley.
Las acusaciones contra Casar surgen de la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, el 7 de octubre de 2004. Por ese hecho ella percibió una pensión de viudez y sus hijos becas. Además, la empresa Generali le pagó un seguro de vida. López Obrador afirmaba que la muerte fue un suicidio por lo que los pagos no serían válidos.
Generali mandó a México a un investigador que determinó que el fallecimiento fue accidental y pagó la cantidad asegurada. El entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, dijo entonces: "Vamos a descartar que haya sido un crimen... La barda de la ventana era muy bajita. Nos dicen algunos testigos que él solía sentarse allí a fumar o a meditar... Pudo haber caído... o también que haya tomado la decisión. Eso lamentablemente no lo vamos a saber porque él ya falleció. Es el único que podría decirlo".
La investigación descartó un homicidio y citó a Victoria Martínez Ramírez, secretaria asistente, quien afirmó que el occiso "se sentaba en el filo de la ventana, que siempre tenía abierta, y se recargaba contra la estructura del inmueble, para fumar y en otras ocasiones abría la ventana y se sujetaba con una mano para asomarse hacia abajo". Pese a las declaraciones del procurador, la carpeta se cerró con la conclusión de que el occiso "decidió privarse de la vida".
López Obrador afirmó que Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, acudió a ver a Bátiz para cambiar la conclusión de la investigación. Ambos lo niegan, mientras que Bátiz ha dicho que no se acuerda, pero de haber ocurrido la visita habría quedado registrada en la bitácora de la Procuraduría.
Cobrar una pensión es un derecho, válido o no, pero no un delito. Si algún funcionario de Pemex cometió un error al autorizarla hace 21 años, hay procedimientos administrativos para resolverlo. Que el gobierno esté fincando a Casar acusaciones administrativas, civiles y penales sugiere una persecución política.
· ANALIZAN
La FGR señaló este 13 de diciembre que la investigación contra Casar se judicializó "en septiembre" y que ahora "analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho". ¿Enmendarán la acusación?
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